La revolución de las conciencias y la participación popular y ciudadana en los asuntos públicos crean las condiciones para que florezca una ética republicana que regenere a la nación, moralice la política, con servidores públicos con vocación de servicio.
El servicio público es una distinción en sí misma y no debe basarse en altas remuneraciones y derroches que ofenden a los gobernados.
Toda vez que en la vida política e institucional existe gran dispendio de recursos públicos, excesivos salarios y prestaciones de la alta burocracia, proponemos, entre otras medidas: la reducción de la mitad de los salarios de todos los servidores públicos de mandos medios y superiores, en los tres niveles de gobierno, eliminando bonos extraordinarios y privilegios de los altos funcionarios, así como acabar con los dispendios en la operación del gobierno.
La corrupción implica la violación al sistema normativo para obtener un enriquecimiento ilícito, mediante el tráfico de influencias, el clientelismo, el cohecho y el fraude, prácticas ilícitas que en la actualidad no son castigadas casi nunca.
Queremos acabar con las conductas indebidas y la impunidad; aprobar una ley general que evite los conflictos de interés; que establezca el delito de corrupción y que castigue el uso electoral del presupuesto público.
Los órganos de fiscalización actúan bajo consigna, no son independientes y carecen de competencias para revisar el ejercicio de los recursos públicos.
Frente a los graves niveles de corrupción en la administración pública federal proponemos crear una comisión de que investigue la corrupción y haga públicas sus conclusiones; hacer de la Auditoría Superior de la Federación un órgano constitucional autónomo con mayores atribuciones que las que ahora tiene; eliminar los fondos y fideicomisos en la administración pública; aprobar una Ley General de Contraloría Social para abrir canales de participación ciudadana y control social; rechazar la aprobación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas que pretende liquidar las áreas estratégicas y la rectoría del Estado en ámbitos fundamentales de la vida nacional como educación, salud, seguridad pública, comunicaciones e infraestructura.
La fiscalización efectiva por parte de la sociedad y de la opinión pública depende de la transparencia.
La fiscalización efectiva por parte de la sociedad y de la opinión pública depende de la transparencia.
Más vigilancia sobre los poderes formales y fácticos mediante la autonomía constitucional del IFAI y órganos equivalentes en los Estados; se requiere una ley de transparencia y acceso a la información pública, para todos los poderes y órganos del Estado; una ley de transparencia que obligue a abrir su información a partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, empresas nacionales, trasnacionales y medios de comunicación electrónica, entre otros; los fideicomisos, fondos, mandatos o figuras análogas, vigentes deberán ser totalmente transparentes; construir un sistema nacional de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas que sustituya a las actuales instituciones y mecanismos anticorrupción.
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