El proyecto de Peña Nieto sobre la corrupción ha sido modificado. En el borrador original se proponía una comisión con capacidad de acción penal, es decir, atribuciones de Ministerio Público. En el proyecto presentado en el Senado se trata sólo de un organismo semejante a la Secretaría de la Función Pública: “investigar y sancionar, en la vía administrativa, los actos de corrupción cometidos por los servidores públicos de la Federación, y en vía de atracción, de Estados y Municipios, así como por cualquier persona física o moral involucrada en tales actos o que resulte beneficiada por los mismos.”
En otra dirección, el Senado aprobó en la pasada legislatura un proyecto para crear una fiscalía anticorrupción con plena capacidad de acción penal, a partir de una iniciativa presentada por Ricardo García Cervantes.
Existe una inmensa diferencia entre ambos proyectos pues las sanciones administrativas ya están previstas a nivel federal y estatal. Lo que se necesita ahora es un fiscal que persiga los delitos de corrupción de servidores públicos y particulares.
Para mantener el esquema más o menos igual al que se encuentra ahora no se requiere una reforma constitucional. En cambio, para crear el instrumento de procuración de justicia especializado en la lucha contra la corrupción sí sería indispensable adicionar la Carta Magna.
Pero, ¿por qué Peña dio marcha atrás en su borrador inicial (o el que le hicieron)? Lo que los ilusos esperaban no era que el nuevo gobierno saliera a dorarle la píldora al país en el tema del Estado corrupto mexicano sino una propuesta nunca menor al proyecto ya aprobado por el Senado.
El PRI va a tener que explicar (que lo haga Beltrones) cómo es que hace meses votó en el Senado a favor de un proyecto para crear una fiscalía y, ahora, ya lo convenció Peña de que eso no estuvo bien y, por tanto, se va a crear una comisión administrativa, eso sí, declarada “autónoma”, pero cuyos integrantes serán designados por el Presidente de la República, mientras el Senado sólo podría bloquear los nombramientos ¡con el voto de dos tercios de sus integrantes!, lo cual es una tomadura de pelo: el gobierno cuenta con más de un tercio de los senadores y Peña podría nombrar a quienes quisiera.
La PGR está diseñada para no perseguir la corrupción. Lo hace en casos extraordinarios y sólo por mandato de “arriba”. Esperar que la corrupción en México sea combatida mediante un mecanismo administrativo convencional es de plano volver a creer en los Santos Reyes.
Hay dos posibles caminos: la fiscalía anticorrupción aprobada ya por el Senado o dar a la Auditoría Superior autonomía plena y la capacidad de ejercer acción penal. No se venga ahora con una comisión aderezada por un organismo llamado “Consejo Nacional por la Ética Pública”, el cual con seguridad se convertirá en una caricatura de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
En el borrador se intentaba dar a la nueva comisión el ámbito administrativo y el de fiscalía, con lo cual se hubiera introducido en la Constitución un ente por completo diferente a lo conocido. Una doctrina en la que el órgano encargado de combatir la corrupción pudiera sancionar y, al mismo tiempo, consignar ante jueces penales no estaría nada mal para un país que sufre un Estado corrupto. El enorme poder de esa institución sería controlado sólo por el Poder Judicial. Pero Peña se echó para atrás o quizá nunca había llegado tan lejos.
Ahora, vamos a tener un problema peculiar. El Senado aprobará previsiblemente (¿qué va a decir el PAN?) un proyecto de comisión administrativa después de haber aprobado otro de fiscalía anticorrupción. Si esto fuera así, ¿qué harían los diputados? De seguro, aprobar la propuesta de Peña y olvidarse de un proyecto votado antes en el Senado. Eso sería inconstitucional, ya que las cámaras no están autorizadas a ignorar los proyectos de la colegisladora. Pero en México es difícil luchar contra la corrupción y más difícil combatir la ilegalidad en general. Así seguiremos. Qué pena.
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