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| Peña Nieto y Luis Videgaray responsables de la reforma fiscal. Foto: redesquintopoder.com |
Todo está a punto de parecer tan real —al margen de algunas protestas empresariales y otras por el IVA en rentas y colegiaturas—, que hasta parece un sueño hecho realidad. Pocos, casi nadie ha reparado en las letras chiquitas de la reforma —a decir verdad un documento muy tímido y muy pobre— y del Programa de Egresos Federal (PEF) que se pondrá en marcha en 2014 y que ya está a en el Congreso de la Unión.
Si se debatirán o no entra en el terreno de la especulación, pero alguien debe pagar por el arrepentimiento de Peña y compañía de meter la reversa en los cambios al IVA. Veamos, pues: el gobierno sólo tiene dos formas de allegarse recursos propios: los gravámenes —y puede uno llamarles: Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Sobre la Renta (ISR) o cualquier otro nombres que se le quiera dar— y, la segunda, a través de lo que genera el país mediante la producción y venta de bienes y servicios.
Como está el país, ni una cosa ni la otra será suficiente para cubrir las necesidades del gobierno. Prestando un poco de atención, las letras chiquitas de los proyectos hacendarios-fiscales para 2014 incluyen otro rubro: déficit fiscal —que aumentará de 0.4 a 1.5 por ciento—. En otras palabras, recurrirán al financiamiento, interno y externo, mediante la colocación o emisión de deuda por algunos cientos de miles de millones de pesos.
La presidencia de Peña y la Hacienda de Videgaray han decidido seguir el ejemplo de José López Portillo, Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón Hinojosa para mantener su engaño: endeudar al país. Con esas dos palabras, el nuevo gobierno priista le ha dado atole con el dedo al PRD y al país en general. Picado el anzuelo, vale aclarar que esa deuda y sus intereses se pagarán alguna vez.
Peña y Videgaray no impondrán gravámenes a los alimentos y a los medicamentos porque sean “hermanas” de la caridad ni porque el PRD los haya metido en cintura o los haya hecho entender. No, no y no. No lo harán porque la crisis o estancamiento de la economía los ha obligado a ello. Abortaron los nuevos impuestos y eliminarán algunos, poquísimos, privilegios —a los empresarios y la escasísima clase media— porque estarían haciéndose el harakiri.
Además, argumentan que la reforma será “justa” porque no gravará con el IVA a alimentos y medicamentos. Pero será una “justicia” muy cara e ineficiente. Veamos, cada año la llamada tasa cero beneficia con 2 mil 400 pesos a cada hogar del decil de menores ingresos; pero esa ayuda representa otro apoyo de 18 mil 200 pesos para cada familia del decil más rico.
La llamada gran reforma terminó en una leve miscelánea, que sólo permitirá el aumento del ISR a una tasa de 32 por ciento a quienes ganen entre 400 mil y 500 mil pesos anuales; esto es, entre 33 mil y 41 mil pesos mensuales.
También pondrá en marcha un gravamen a las aguas azucaradas o refrescos, así como a algunos productos de confitería —chicles, entre otros—, con el pretexto de apoyar la lucha contra la obesidad y enfermedades que provoca tanto dulce. Ya el tiempo la descubrirá tan inútil, como ha pasado con medidas para abatir el consumo y abuso del cigarrillo.
Peña, Videgaray y sus asesores olvidaron que la demanda de dulces y refrescos —como la de alcohol y cigarrillos— es inelástica. En términos comprensibles, eso significa que el producto se consumirá al precio que le pongan. Si no, habría que preguntarle a Banco de México (Banxico) y al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) por qué el vino y el tabaco están dentro de la canasta básica Sin temor a la equivocación, la respuesta sería clara: los mexicanos prefieren desayunar un cigarrillo o una cerveza antes que un vaso de leche o un pan.
También se han propuesto otro impuestos a las mineras, alguno más a las comunicaciones —como al uso de 700 Mhz y 2.5 Hgz. para telefonía móvil y televisión— y se eliminarán el IETU y el IDE. También se extenderá el IVA de 16 por ciento, en todo el territorio nacional, y se propuso quitar algunos privilegios fiscales —como la consolidación— y gravar utilidades en la Bolsa Mexicano de Valores (BMV).
Cierto, también un impuesto a universidades privadas, con lo que el gobierno pretende recaudar unos 11 mil millones de pesos; sin embargo, el impacto sería mínimo porque el gobierno deberá erogar, de entrada, al menos, 260 millones de pesos para ofrecer nuevos lugares en las universidades públicas. Es decir, dar la posibilidad de estudios superiores a más jóvenes, con el apoyo del Estado.
Al margen de lo que decida el Congreso de la Unión, Peña y Videgaray solicitaron imponer un gravamen o impuesto a la compra venta y renta de casas, a los autobuses foráneos y a la comida para las mascotas. E incluyeron otro a la diversión: toros, futbol, conciertos, box, lucha y toda clase de espectáculos o presentaciones, excepto cine y teatro… ¿Por qué será?
Quieren 650 mil millones
Si los legisladores aprobaran todas las peticiones de Peña —incluida la eliminación de unos cuantos privilegios a los empresarios—, el gobierno federal obtendría en 2014 apenas unos 261 mil millones de pesos adicionales, algo así como entre 1.4 y 2 por ciento respecto del Producto Interno Bruto (PIB), nivel muy bajo para las necesidades del país, tomando en cuenta un presupuesto de egresos de 4.5 billones de pesos.
Pues sí, 4.5 billones de pesos es lo que el gobierno piensa gastar. Pero, sumados todos los impuestos, derechos, aprovechamientos y eliminación de privilegios Peña y Videgaray apenas obtendrían 3.9 billones de pesos el año próximo.
Habrá que hacer, entonces, otro razonamiento: en cualquier negocio e incluso en el hogar sólo hay dos cuentas: gasto e ingreso. Si el primero es mayor al segundo, sólo hay dos soluciones: recortar el gasto —Peña y Videgaray jamás se atreverán a hacerlo— o pedir prestado. En el Estado de México, ambos probaron que saben cómo pedir a la banca y hacer pagar a los contribuyentes para mantener a la marcha de la economía. Por temor a perder privilegios políticos, que expondrían al PRI, ninguno de los dos se atreverá a recortar.
Ambos prefieren jugar con el futuro de México y recurrir al endeudamiento, aunque los pasivos netos del país —el endeudamiento— rebasan en 40 por ciento el valor total de la economía, mientras la deuda recomendada por organismos como Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional es del 27 por ciento, como porcentaje del PIB.
Y si entra de lleno a las letras chiquitas o déficit fiscal: para equilibrar ingresos y egresos en 2014 Peña propuso un endeudamiento neto por 650 mil 478 millones de pesos, los cuales provendrían de la emisión de deuda interna por un monto de 550 mil millones de pesos, y un endeudamiento adicional a entidades de control directo —Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre otros— por otros 150 mil millones de pesos.
No, para los especialistas no hay sorpresa. El gobierno mexicano reciente —bajo cualquier apellido: Luis Echeverría, López Portillo, De la Madrid, Zedillo, Fox, Calderón o Peña— han recurrido a la creatividad —porque ninguno la ha tenido— ni han tenido el valor de proponer una verdadera reforma fiscal y hacendaria. A estas alturas, la deuda total del sector público federal se ubica en la línea de los 6 billones de pesos.
Y los mexicanos han pagado bastante caro el precio de la deuda y sus intereses. ¿El resultado?: empobrecimiento inexorable de la población o 60 millones de pobres, la mitad de la población.
Vale hacer algunas precisiones. El “costo financiero” de la deuda actual o lo que los especialistas llaman los intereses a pagar en 2014 se ubicarán en el orden de 384 mil millones de pesos, o el equivalente a 60 por ciento de lo que está solicitando, para deuda, la Secretaria de Hacienda. Y eso significa en términos llanos que 60 de cada 100 pesos que costará la nueva deuda en 2014 serán para pagar solo los intereses de la deuda actual.
Según el proyecto de egresos, 310 mil 646 millones serán para el pago de deuda del gobierno federal; 60 mil 980 millones para deuda de los estados, 21 mil 548 millones para programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca — dinero para seguir pagando la venta de los bancos a extranjeros, luego de “los errores de diciembre” de 1994 y que derivó en la crisis financiera más fuerte en la historia moderna.
Visto en esa perspectiva, los dineros de la nueva deuda serán transferidos íntegramente a inversionistas y organismos multinacionales —Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo o FMI—, así como a los bolsillos de distinguidos” banqueros. Esos recursos, pues, enriquecerán más a los dueños del dinero. No irán a parar a ningún programa social, ni a educación, seguridad, investigación ni serán destinados para los más desprotegidos de este país. Terminarán, valga, en el bolsillo sin fondo de algunos vivales que, a cambio del dinero y sus dividendos, le otorgan a México calificaciones de grado de inversión.
En el pasado —los 80 y 90— esto ha sucedido. El resultado ha sido siempre el mismo: el empobrecimiento. Según las cifras más confiables, unos 58 millones de mexicanos —17 de ellos en grado extremo— viven en la pobreza. Para el gobierno es más importante pagar los intereses y la deuda. Y para Peña resultó más fácil aumentar la deuda y el déficit hasta 1.5 por ciento en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos —unos 21 mil 476.9 millones de dólares o 270 mil 608 millones de pesos—, que cobrar nuevos impuestos.
Es mejor, parece, seguir viviendo del petróleo; no hacer nada para mejorar la recaudación y seguir beneficiando a los empresarios. Según la Auditoria Fiscal de la Federación 2009, el sector privado adeudaba 453 mil millones de pesos a la Secretaría de Hacienda en créditos fiscales; y sólo 46 empresas tenían privilegios por 214 mil 665 millones de pesos.
Por temor al impacto político, las “finanzas públicas” seguirán petrolizadas: tres de cada 10 pesos de los ingresos presupuestarios los seguirá proveyendo el monopolio paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) a través de recursos propios y el pago de impuestos petroleros.
Nulificado también el principio básico de la tributación o fiscalizar para poder subsistir y no vivir de un solo insumo, la deuda que el gobierno espera contratar para 2014 por 650 mil millones de pesos equivale a 2.25 veces el presupuesto para educación. En otras palabras, eso significaría que si en lugar de ocupar el dinero para pagar deuda se destinara a educación, podría triplicarse la matrícula escolar en todos los niveles, se atendería a todos los niños y jóvenes en edad de ir a la escuela.
Los 650 mil millones de pasivos que se pagarán, equivaldrán a cinco veces lo que se destinará a seguridad social. Esa misma cantidad equivaldrá a 5.7 veces el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social. Cansado y tedioso como parece sacar tantos números, esos 650 mil millones podrían usarse servir para sacar de la pobreza a los 58 millones de mexicanos, mientras se mantiene en el más oscuro de los secretos el destino de los recursos de 600 fideicomisos del gobierno federal y nadie se preocupa por transparentar el gasto.
La Reforma Fiscal-Hacendaria considera la creación de un seguro universal a través de algunas vertientes: La ley para seguro de desempleo; la ley para la pensión a personas de 65 años y más; y el acceso al servicio médico gratuito de toda la población. Pero los recursos para estos tres nuevos programas saldrán de algún lado: a falta de impuestos, Peña optó por el camino más fácil en el corto plazo: el endeudamiento.
Parece fácil, pero, a largo plazo, la medida será catastrófica considerando que entre más deuda haya más pobres generara el país y menos posibilidades de atenderlo. Se crea un círculo vicioso entre la deuda y los pobres.
La conclusión: una borrachera o bonanza de corto plazo. A la larga, como pasó en el pasado reciente, la “cruda” realidad será de consecuencias serias: bajo crecimiento, escasa productividad, marginación, pobreza y crisis.
Por Francisco Cruz *
y Marco A. Durán **
*Autor de Los amos de la mafia sindical; Los Golden Boys; Tierra narca, y Negocios de familia, La biografía no autorizada de Enrique Peña Nieto.
**Maestro en Economía por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) especialista en ciclos económicos.
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