La crisis actual se originó en buena medida por la falta de crecimiento económico en los últimos treinta años. De 1983 a la fecha el crecimiento del Producto Interno Bruto ha sido en promedio de 2.3 por ciento y, si consideramos el aumento de la población, el per cápita es de 0.4 por ciento anual, una de las tasas más bajas del continente americano y del mundo.
La falta de crecimiento ha limitado la creación de empleos. En los pasados 15 años, por ejemplo, solo se han generado anualmente 500 mil empleos formales en promedio, cuando se requieren un millón 200 mil. Es decir, cada año 700 mil mexicanos han tenido que emigrar, buscarse la vida en la economía informal o tomar el camino de las conductas antisociales. Además, en la actualidad, de cada 10 trabajadores con empleo 7 reciben ingresos que no superan los tres salarios mínimos, o sea, 13 dólares o 10 euros diarios y, como es evidente, con esos sueldos nadie podría vivir en Estados Unidos ni en Europa.
El estancamiento económico, aunado a la corrupción imperante, ha llevado a un mayor empobrecimiento de la población y a la descomposición social que hoy se expresa en inseguridad y violencia. En otras palabras, la violencia en México se ha originado, en lo fundamental, por la falta de desarrollo. Por eso nuestra propuesta para enfrentar la actual decadencia se basa en impulsar el crecimiento económico para crear empleos y garantizar el bienestar y la tranquilidad del pueblo.
¿Cómo se impulsará el crecimiento económico?
Sostenemos que el país no ha crecido porque el Estado ha dejado de promover el desarrollo. No existen planes ni programas para fomentar actividades productivas y crear empleos. La inversión pública se ha reducido al mínimo, es meramente simbólica. Por eso nuestra propuesta representa un cambio de fondo. Consiste en aumentar la inversión pública y convertirla en un instrumento para el desarrollo y, en particular, para el desarrollo regional.
La agenda de prioridades de desarrollo regional contempla proyectos analizados y evaluados desde hace mucho tiempo. Se incluye el impulso al sector agropecuario con miras a la soberanía alimentaria; el apoyo a las pequeñas y medianas empresas que se consideran importantes fuentes de empleo; grandes obras de ingeniería civil e hidráulica y manejo integral de cuencas de grandes ríos. Asimismo, trenes de alta velocidad del centro al norte del país; un corredor en el Istmo de Tehuantepec para transporte de contenedores entre el Pacífico y el Atlántico y un nuevo aeropuerto en Tizayuca, Hidalgo.
Este Plan comprende la construcción de 4 refinerías y la ampliación de la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, como medio óptimo para ahorrar costos por masivas importaciones de productos elaborados. De 2006 a la fecha, la importación de gasolinas ha crecido a más del doble; en la actualidad representa el 51 por ciento del consumo nacional, con una erogación anual de alrededor de 25 mil millones de dólares. Con el proyecto de refinar aquí el petróleo crudo daremos mayor valor agregado a la materia prima, ahorraremos costos en fletes, se generarán empleos y tendremos precios competitivos de energéticos en beneficio de consumidores y de las empresas.
Y, finalmente, un proyecto de desarrollo turístico para la región maya con la construcción de un tren rápido de Cancún a Palenque, con estaciones en Chichén Itzá, Mérida, Uxmal y Campeche. Estos proyectos harán crecer la frontera productiva de México, fortalecerán el mercado interno y aumentarán la competitividad con el exterior, dando sustento a un nuevo periodo de crecimiento con empleo y justicia. Se trata de un esfuerzo por aumentar la inversión pública que se utilizará como semilla para atraer inversión privada y social en un modelo tripartita para el desarrollo.
El aumento en la inversión pública será de 300 mil millones de pesos o 2 puntos porcentuales del producto interno bruto, sostenidos cada año a lo largo del sexenio. Con ello se duplicaría la raquítica inversión física que en el periodo de 2001 a 2010 fue en promedio 1.4 por ciento del PIB, sin considerar a los pidiregas. Aquí conviene decir que no estamos apostando simplemente a gastar más, sino a invertir con honestidad, en forma inteligente y responsable. A los 2 puntos porcentuales del PIB que aumentaría la inversión del estado, calculamos que podrán sumarse 3 más por inversión privada y social, llegando la inversión total a 25 por ciento o 26 por ciento del PIB, en lugar de 20 por ciento a 21 por ciento como es actualmente.
El aumento de la inversión bruta fija será el sustento para llevar la tasa de crecimiento del producto de 2.5 al 6 por ciento o más. Y así es factible crear un millón 200 mil empleos anuales, con lo cual el desempleo estructural iría bajando. Como es sabido, todo proyecto de desarrollo iniciado con inversión pública trae consigo un aumento de inversión privada, cuando las empresas anticipan que habrá necesidades de materias primas, construcciones, proveeduría de partes y eventualmente todo tipo de servicios. Y, sobre todo, un ambiente de confianza entre gobierno y empresarios y un cumplimiento riguroso del estado de derecho.
Además, los proyectos serán diseñados para que en su capitalización inicial se reserve un porcentaje significativo a la inversión privada y social, pues no tendría el Estado capacidad por sí solo para hacer crecer la economía ni es recomendable que asfixie la iniciativa de la sociedad civil. Esta es mi experiencia de cuando fui Jefe de Gobierno de la ciudad de México y se llevó a cabo, por ejemplo, el proyecto de remodelación de Paseo de la Reforma y del Centro Histórico, en el cual el sector privado invirtió 15 pesos por cada peso invertido por el gobierno.
Ahora bien, para disponer de suficientes recursos públicos, el Plan tiene como meta lograr ahorros en el presupuesto federal de 300 mil millones de pesos con el combate a las prácticas de corrupción, las cuales representan sobre-precios en el costo de las adquisiciones y aun más en proyectos de obras públicas y contratación de servicios. Asimismo, nos proponemos obtener 300 mil millones de pesos con la eliminación y reducción de renglones del gasto corriente que no son necesarios para la buena marcha de la administración, aplicando una verdadera política de austeridad.
Tómese en cuenta que del año 2000 al 2012, el presupuesto público pasó de 1.2 billones a 3.7 billones de pesos, es decir, aumentó 2.5 billones. Como parte de este aumento, el gasto corriente saltó de 705 mil millones a más de 2 billones, dejando poco espacio para el gasto de inversión.
En otras palabras, el gasto se triplicó, en su mayor parte para realizar las mismas actividades de administración que en el año 2000.
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