Se complican las cosas para el PRI y la derecha. La legitimidad, esa construcción política –no siempre jurídica– que hace la ciudadanía de una nación para dotar de consenso social y hacer fuerte a un nuevo régimen surgido de un reciente proceso electoral y que no otorgan nunca las instituciones de un Estado, se despedaza y se desenvuelve mortalmente electoral, se hace añicos y se pulveriza.
La legitimidad, esa precisamente que se construye desde las relaciones sociales ciudadanas más heridas.
La legitimidad, ese reconocimiento que hace la ciudadanía del derecho a decidir de aquellos que gobiernan por ellos, sacude la conciencia de millones de mexicanos que no quieren ni más PRI y ni que sea presidente Enrique Peña Nieto.
La legitimidad, esa que no necesariamente es sinónimo de legalidad.
Suciedad sin precedentes, pero que es necesaria para obedecer al Estado y sus instituciones, sin necesidad del uso de la fuerza, se hace a un lado para dar paso al ejercicio de la fuerza y la violencia legítima del Estado. Como en Atenco. Como lo dijo Peña Nieto.
Con elementos sucios y fraudulentos como se observaron el pasado 1 de julio no es posible hacer el más mínimo análisis del comportamiento electoral.
Con un voto comprado y manipulado cualquier análisis estadístico pierde razón de ser. De nada sirve cualquier reflexión al respecto: saber cuántas mujeres, cuántos jóvenes, de qué nivel sociocultural, de qué edad, si el voto estuvo viciado de origen.
Fueron numerosas las omisiones del Instituto Federal Electoral (IFE), organismo que dejó hacer y dejó pasar; que nunca quiso ver los golpes bajos del competidor rudo y sucio; que nunca atendió denuncias de rebase de tope de gastos; de coacción del voto, de financiamientos indebidos y campañas sucias en los medios; que simplemente no quiso actuar como un auténtico árbitro.
Todavía a escasos días de la elección presidencial hubo un despliegue inmisericorde de guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador, en la que se señalaba que “México no quiere a López Obrador”. ¿Quién la pagó? ¿Quién la patrocinó?
Pero no sólo el réferi ha actuado con dolo y mala fe. El mismo juez de jueces, el presidente del Supremo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Alejandro Luna Ramos, ha decidido actuar de la forma sesgada e irresponsable al informar que “no se podrá ganar en la mesa lo que no se ganó en las urnas”.
¿De cuándo acá un juez califica de antemano que un asunto se ganará o perderá con él? Con ello se viola un principio muy elemental que dice que en cualquier proceso judicial un juez nunca debe prejuzgar.
No hay duda. Los consejeros del IFE, los magistrados del TEPJF, los directivos de Televisa, los poderes fácticos y el gobierno calderonista están profundamente nerviosos e inquietos.
Violaciones sistemáticas
Cuando menos pensaban y creían haber “superado” todas las pruebas para imponer y ejecutar un fraude sofisticado aparece en el escenario una presencia fuerte de la sociedad civil, y en resistencia, encabezada por el movimiento estudiantil #YoSoy132.
Existen razones para suponer que las cosas pueden estar igual o peor. De manera que de aquí al 1 de diciembre todo puede suceder. Las movilizaciones pueden crecer y la imposición de Enrique Peña Nieto se puede caer.
Carlos Gabriel Quiroz Sánchez, un consejero electoral ciudadano del distrito 6 del Instituto Federal Electoral en Nuevo León, enumeró 17 delitos electorales que vistos conjuntamente pueden ser causal de anulación de elecciones:
1. Compra de votos. 2. Regalos por votos. 3. Acarreo. 4. Coerción del voto. 5. Violación del voto secreto. 6. Gasto en las campañas. 7. Favoritismo y manipulación de la información en medios. 8. Manipulación de las encuestas / las encuestas como propaganda. 9. Violencia electoral. 10. Robo de urnas. 11. Pago a representantes de casilla. 12. Pasividad del Instituto Federal Electoral y la FEPADE. 13. Boletas que sobraron y duplicación de folios. 14. Paquetes electorales en manos de simpatizantes de partidos políticos. 15. Desconfianza de los lápices por su posible facilidad de ser borrados o cambiados. 16. El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), y, 17. Coordinación del mensaje del consejero presidente Leonardo Valdés Zurita con el mensaje de felicitación del presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Por ejemplo, de ser cierto que dos empresas privadas pagaron 165 millones 33 mil 669 pesos al Grupo Financiero Monex, sólo por carga de saldos en un número desconocido de tarjetas de prepago son razón más que suficiente para anular un proceso electoral, ya que equivale a casi la mitad de los 336 millones 112 mil 84 pesos que los partidos tenían permitido gastar.
Lo anterior sin tomar en cuenta las miles de tarjetas con monedero electrónico de Soriana.
“En este país no podemos permitir que sea el dinero, la compra del voto y las actividades ilegales las que definan la elección. Si nosotros lo permitimos, entonces ya no habrá forma de tener elecciones libres y auténticas en este país.” dijo Ricardo Monreal de forma atinada.
Por eso, “el PRI no ganó la elección, la compró”, complementó Jesús Zambrano.
¿Qué sigue?
Lo que sigue es: o se declaran fraudulentas, inequitativas y nulas las elecciones presidenciales o se impone contra la voluntad del pueblo al Príncipe…de las telenovelas.
En todo esto Andrés Manuel López Obrador está tranquilo, muy tranquilo; con una creciente estatura moral y con el respaldo del pueblo.
Fuente: La Jornada Jalisco
Por: Jaime Hernández Ortíz Julio 10 de 2012
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