San José.- Sin contener la creciente violencia ni derrotar o hacer retroceder a los cárteles mexicanos del narcotráfico, como los más importantes motores externos de las redes criminales internas, Centroamérica utilizará en 2013 los mismos múltiples instrumentos locales y regionales —policiales, militares, judiciales, financieros y políticos— para combatir a la delincuencia organizada, pero con una duda emergente: ¿se está perdiendo la batalla contra la criminalidad?
Al cierre de 2012, algunos gobiernos centroamericanos exhibieron cifras para intentar demostrar que la lucha anticrimen está surtiendo efecto. Costa Rica anunció que el año pasado duplicó (de 7.2 a 15.5 toneladas) los decomisos de cocaína y Panamá aseguró que tras intensos operativos, el sector sur del litoral Pacífico de la oriental zona del Tapón del Darién, fronteriza con Colombia, es “territorio libre de narco-guerrilla”.
Guatemala proclamó que la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes bajó de 37 en 2011 a 32 en 2012.
En un fenómeno ligado al narcotráfico, las tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes aumentaron de 2002 a 2011 en la zona, según la Organización de Naciones Unidas. En ese periodo, la de Honduras pasó de 69 a 92 y la de Guatemala de 32 a 37, mientras la de El Salvador de 39 a 69, la de Panamá de 12 a 19, la de Nicaragua de 10 a 13 y la de Costa Rica de 6 a 11. La de Belice, tercera frontera mexicana, avanzó de 30 a 39.
Por eso, la crisis centroamericana de inseguridad sigue siendo un hervidero de repercusión política, mientras las narcomafias mexicanas continúan asentándose en un área que, por su ubicación entre los centros productivos de droga en Colombia, Perú y Bolivia, y los grandes mercados de consumo en EU, es clave para el contrabando de estupefacientes por tierra, aire y mar hacia México, con su secuela de violencia e impacto en diversas modalidades de delincuencia.
“El crimen organizado sigue campante”, advirtió el guatemalteco Arturo Chub Ikal, subdirector ejecutivo de la ONG guatemalteca Seguridad en Democracia (Sedem). “El problema principal es que al fenómeno se le combate como guerra convencional y lo que comete el crimen organizado son delitos. La denominación debería ser, por lo menos, persecución y sanción penal del crimen organizado”, agregó, entrevistado por EL UNIVERSAL.
“El abordaje meramente policial y de vigilancia es insuficiente. Hay que sancionar con castigos penales ejemplares, pero nuestros estados no tienen capacidad para eso. La impunidad persiste y es un mensaje malísimo, porque a los criminales les favorece. Se les está diciendo que tienen más de 90% de probabilidades de que no sean castigados. En Guatemala se castiga apenas el 4% de los delitos”, explicó.
Mientras tanto, los ejércitos siguen asumiendo tareas de seguridad pública en Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, como en México. “Se puede conducir perfectamente a la ‘mexicanización’ de Centroamérica. El temor es una creciente militarización en Centroamérica por el ‘efecto derrame’ producido por la guerra en México, que obligó a los cárteles a trasladar algunas operaciones a Centroamérica”, alertó el nicaragüense Roberto Cajina, directivo de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina, entidad no estatal basada en Argentina.
Los ejércitos de Guatemala, El Salvador y Honduras, así como “unidades militarizadas” de Costa Rica y Panamá —que carecen de fuerzas armadas— ya cumplen un papel “protagónico” en combatir al narcotráfico, agregó Cajina, consultado por este diario.
En este panorama, Honduras, Costa Rica, El Salvador y Panamá entrarán este año en el calendario político-electoral, lo que complicará que gobiernos que finalizarán funciones en 2014 avancen hacia soluciones como las propuestas, en febrero de 2012, por el presidente de Guatemala, Otto Pérez, de abrir un debate acerca de legalizar la producción, el transporte y la comercialización de drogas. La represión al narcotráfico seguirá por la “fracasada” política de represión de hace más de 40 años, alegó Pérez.
“La batalla se está perdiendo… bastante”, declaró el panameño Miguel Antonio Bernal, catedrático de la Facultad de Derecho de la estatal Universidad de Panamá, a EL UNIVERSAL.
Por José Meléndez
Universal-México
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