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viernes, 25 de enero de 2013

El hombre detrás del montaje contra Florence Cassez



García Luna envuelto en una tormenta política, parece que hoy, la suerte le ha cambiado



Fue uno de los personajes más influyentes y poderosos en el gobierno del ex presidente Felipe Calderón. Sorteó escándalos y peticiones de ciudadanos y legisladores para que renunciara al gabinete. Pero ahora la suerte de Genaro García Luna parece haber cambiado.

El ex secretario de Seguridad Pública se encuentra en medio de una tormenta política, después que la Suprema Corte de Justicia de México ordenó la liberación de la francesa Florence Cassez, acusada de secuestro.

Los ministros (jueces) de la Corte establecieron que un montaje televisivo, organizado por policías al mando de García Luna, contaminaron el juicio contra Cassez y obligaron a suspender la sentencia de 60 años de prisión que había recibido.

Tras la decisión, activistas, diputados y organizaciones civiles piden que el ex funcionario rinda cuentas de su participación en el montaje, y algunos incluso han dicho que promoverán un juicio en su contra.

Incluso senadores del Partido Acción Nacional (PAN), que encabezó el gobierno anterior, cuestionaron el papel del ex secretario.

"No vamos a justificar, ni mucho menos a defender a quien haya cometido una actividad irregular en el ejercicio de su responsabilidad", dijo el senador Roberto Gil Zuarth.

Esto lo coloca en una situación muy distinta a la que tuvo en años anteriores, le dice a BBC Mundo el analista José Reveles, autor del libro El Cartel Incómodo, donde critica el papel del ex secretario en la guerra contra el narcotráfico.

"Era el intocable del gobierno, un policía de consigna que cuidaba sus intereses y servía como mensajero del poder", explica.


El origen


Genaro García Luna es ingeniero, pero casi toda su vida laboral se desempeñó en organismos policíacos y de espionaje.

En 1989 fue reclutado como investigador del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el área de Inteligencia de la Secretaría de Gobernación, que iniciaba en esa época un proceso de transformación por el que pretendía convertirse más una institución de análisis que una corporación policíaca.

Así, durante sus primeros años en el Cisen el ingeniero se encargó de monitorear la actividad de los grupos guerrilleros activos en México, y después se especializó en el combate a bandas de secuestradores.

Quienes lo conocen de esa época cuentan que García Luna logró el rescate de varios personajes importantes, especialmente empresarios que años después lo ayudaron en su carrera dentro del gobierno.

Del Centro de inteligencia, el funcionario pasó a la Policía Federal Preventiva, y luego se hizo cargo de la Agencia Federal de Investigación (AFI), responsable del montaje en la presunta captura de Cassez, en diciembre de 2005.

Las dos corporaciones desaparecieron cuando García Luna se encargó de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a partir de 2006.


Telenovela

La polémica no faltó durante los seis años que permaneció en la SSP. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por ejemplo, criticó la costumbre de mostrar ante los medios a muchos detenidos que frecuentemente eran presentados como líderes de bandas y carteles.

Muchas de estas personas, sin embargo, fueron absueltas o no se les comprobaron las acusaciones de la SSP, lo que derivó en abusos de sus derechos humanos, según la Comisión.

Organizaciones civiles criticaron también el uso de testigos protegidos en procesos judiciales, o bien para pretender vincular a activistas y medios de comunicación con bandas de narcotráfico, como ocurrió con el semanario Proceso, uno de los más críticos del país.

A pesar de la polémica por el montaje en el caso de Florence Cassez -García Luna dijo que fue una "recreación" a petición de los medios-, el funcionario mantuvo una relación muy cercana a las principales televisoras.

A principios de 2011 se transmitió la telenovela El Equipo, que narraba la historia de un grupo de policías de élite, que fue grabada en instalaciones de la Policía Federal.

La serie fue criticada porque mostró en televisión áreas consideradas como de seguridad nacional, además que se financió con fondos públicos.

La filmación de El Equipo costó US$9 millones que sirvieron "para promover la imagen" de García Luna, según denunció en su momento la diputada Leticia Quezada.

Colección


Al terminar el gobierno anterior García Luna abandonó las actividades públicas. Algunos medios locales han dicho que se podría radicar en Estados Unidos.

Hasta ahora el ex secretario no ha respondido a las acusaciones sobre el montaje contra Cassez, ni tampoco se conoce respuesta alguna a la intención de someterlo a juicio político en el Congreso.

De hecho su última aparición fue el 29 de noviembre de 2011, dos días antes de concluir su tarea en la SSP, cuando compareció ante el Senado.

Ese día se publicó una carta del narcotraficante Egar Valdez Villarreal, conocido como "La Barbie", donde lo vinculaba con carteles de narcotráfico. La denuncia no fue comprobada, e incluso la Comisión de Seguridad del Senado lo respaldó.

"No se puede dar más crédito a las declaraciones de un delincuente que a un servidor público dedicado al combate de los criminales", dijo el senador Omar Fayad.

Pero este apoyo no hizo olvidar la polémica gestión del funcionario, que la senadora Layda Sansores pareció definir en la última audiencia a la que asistió García Luna.

"Señor secretario, tal parece que usted se dedicó a coleccionar denuncias", dijo.

Por Alberto Nájar
bbcmundo.com

miércoles, 7 de noviembre de 2012

Pide la CNDH al gobierno de Guerrero responder por caso Ayotzinapa






La CNDH, que preside el Doctor Raúl Plascencia Villanueva, considera que debe cumplirse a cabalidad la Recomendación 1VG/2012, por violaciones graves a los derechos humanos, en los hechos registrados el 12 de diciembre de 2011, en Chilpancingo, Guerrero, donde fallecieron dos estudiantes y el despachador de una gasolinera.

Se trata del caso de la Normal Rural de Ayotzinapa. La citada Recomendación, formulada el 27 de marzo del presente año, fue dirigida al gobierno de Guerrero, a la Secretaría de Seguridad Pública federal y a la mesa directiva de la LIX Legislatura del Congreso local.

Este Organismo nacional autónomo determinó que hubo lugar a violaciones graves a los derechos humanos de las víctimas, por actos y omisiones de ex servidores públicos del gobierno estatal, entre ellos, Alberto López Rosas, quien fungía como Procurador General de Justicia, y Ramón Almonte Borja, quien se desempeñaba como Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, por lo que dentro de las acciones se ordenó presentar denuncia de juicio político contra ellos.

La Comisión Nacional sostiene que el juicio político es procedente de acuerdo con lo establecido en los artículos 112 y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y en el artículo 7, fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos de la entidad.

En la Recomendación 1/VG/2012, la CNDH determinó que hubo violaciones graves a derechos humanos  y esa documental pública, con eficacia demostrativa plena, es suficiente, para declarar procedente el juicio político y ordenar la sanción correspondiente a los ex servidores públicos de que se trata.

Según lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, el juicio político es de naturaleza eminentemente administrativa, por lo que la sanción que se dicte deberá consistir en la inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde uno hasta 20 años.La CNDH considera, con base en lo anterior, que existen elementos suficientes para declarar la procedencia del juicio político en contra de los ex servidores públicos mencionados, por haber incurrido en violaciones graves a derechos humanos, elevados a rango constitucional.

La Comisión Nacional hace un llamado al gobierno del estado de Guerrero, a la Secretaría de Seguridad Pública federal y a la mesa directiva de la LIX Legislatura del Congreso local, para que asuman su compromiso con la cultura de la legalidad y del respeto a los derechos humanos de los mexicanos, y cumplan en los términos señalados con la Recomendación 1/VG/2012.

Fuente: www.cndh.org.mx