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| Leonardo Valdés Zurita, presidente del Consejo General del IFE. Foto: Red |
El primer paso en el nuevo despropósito del IFE está dado. La Unidad de Fiscalización concluyó de nueva cuenta el dictamen sobre los gastos de campaña en las pasadas elecciones presidenciales y lo puso en manos del Consejo General. Si nada extraño sucede, como que se posponga la deliberación sobre este punto a petición de los sancionados, el dictamen se habrá votado en la sesión del martes, 2 de julio, y allí la razón pública podría recibir un nuevo insulto. De acuerdo con el dictamen en comento, sólo hubo un candidato presidencial dispendioso, que habría rebasado en 70 millones de pesos el límite de 338 millones fijado por la autoridad electoral: Andrés Manuel López Obrador. En tal virtud, los tres partidos que le postularon, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, deberán cubrir una multa de alrededor de 190 millones de pesos. ¿Y qué de Monex, Soriana y demás indicios irregulares en torna a la campaña presidencial del PRI? La pregunta queda ahí. De acuerdo con el IFE, AMLO fue un candidato dispendioso y EPN, austero.
La pregunta obligada para los consejeros que votarán a favor del dictamen es, ¿cómo piensan convencer a los ciudadanos de que es verdad que la campaña de AMLO fue dispendiosa y la de EPN austera, cuando en la percepción mayoritaria ocurrió exactamente lo contrario? Buenos abogados como son algunos de ellos, seguramente recurrirán a la famosa distinción entre la verdad jurídica y la verdad material, y armarán una enorme perorata para demostrar que, en el marco de las leyes y las regulaciones de fiscalización aplicables, los elementos de prueba recopilados cuadran perfectamente: AMLO es dispendioso y EPN es austero. Si bien nos va, los consejeros electorales instruirán una estrategia de comunicación política extensa para probar a propios y extraños que el dictamen es conforme a la ley y que ellos, en su calidad de funcionarios públicos, están para acatar la ley.
Las condiciones en las que esta verdad jurídica puede imponerse en franca contradicción con la verdad material es un tema del que hay que hacerse cargo. No dispongo del dictamen para emitir juicios categóricos al respecto, pero de acuerdo con mi experiencia en la materia puedo suponer que los informes presentados por los el PRD, PT y Movimiento Ciudadano acusan, además de problemas de coordinación entre sus unidades responsables, desconocimiento de la ley, errores y falta de oficio. A diferencia de esto, los informes presentados por el PRI exhiben la presencia de un equipo de fiscalistas y contadores altamente especializado y de una cuidadosa estrategia de inteligencia financiera. Resultado de ello: un dictamen que produce una verdad jurídica que contraviene la verdad material y que obliga a los consejeros electorales del IFE a mostrar el cobre de los intereses partidarios a los que sirven.
A casi año y medio de distancia de los hechos dictaminados, poco o nada puede hacerse para contrapesar las omisiones, y lo menos conveniente sería pedirles a los consejeros del IFE que violenten la verdad jurídica, para agregar a sus defectos de facciosos y desconfiables el de ilegales. A propósito de ello, y no existiendo ley alguna que les mandate a violentar la verdad material, la cuestión que les resulta más criticable en su gestión arbitral es su pasividad para intervenir preventivamente en las trampas, las triquiñuelas y las ilegalidades abiertas, de las que cualesquier ciudadanos medianamente informados se dan cuenta, porque son flagrantes, pero que para ellos, instalados en la comodidad banal de sus estratosféricos sueldos, pasan desapercibidas.
Una cuestión digna de estudio sería explorar las percepciones individuales y el aprendizaje ciudadano provocados por el desempeño de las instituciones electorales que consiste en escamotear la verdad material y construir verdades jurídicas que, cual cámara fotográfica casera, reproducen punto por punto la primera, pero de manera invertida. Si las lecciones de la historia electoral del primer tercio del siglo XX nos dicen algo, es que la recurrencia en las versiones invertidas de la realidad alimenta las dinámicas perversas de la simulación, el vaciamiento institucional y, si la indignación crece, las movilizaciones de protesta.
Los procesos de la competencia político-electoral en el México actual, por desgracia, poco o nada tienen que ver con el espíritu democrático consagrado en las leyes electorales vigentes; precisamente por ello requiere de esfuerzos monumentales para construir y propalar versiones expertas de que todo está bien, al amparo de la ley. Probablemente, si no se aplaza la decisión, lo que en los próximos días veremos será el monumental despliegue de la estrategia de comunicación del IFE y sus aliados para sostener contra el viento y la marea de la percepción y la inteligencia colectiva que, en buena lógica y mejores pruebas jurídicas, AMLO fue dispendioso y EPN fue austero.
En el cálculo de las probabilidades, se antoja que nada extraordinario pasará, por lo menos en el cortísimo plazo. Las expectativas ciudadanas no sufrirán disonancia alguna y, por el contrario, se verá compensada su confianza en que, indefectiblemente, el IFE actuará en los mismos términos en que viene haciéndolo de unos diez años para acá: de espaldas a la verdad material y, por ende, contra la democracia. Dicho con toda crudeza, la sintonía está asegurada: nadie espera que los consejeros del IFE hagan lo que es correcto y los señores consejeros no tienen pensado hacer lo que es correcto. He aquí la clave explicativa del síndrome de la debacle de la confianza en el IFE y otras instituciones, documentada por la Encuesta Nacional de Culturas Políticas y Prácticas Ciudadanas (ENCUP 2012), auspiciada por la Secretaría de Gobernación.
En el mediano plazo, sin embargo, los escenarios no pintan bien para el IFE y en general para el sistema electoral. El vaciamiento experimentado tras dos cuestionables elecciones presidenciales, un sinnúmero de decisiones facciosas e incluso de sospechas de actos de corrupción al más alto nivel, pueden pasar factura en las elecciones intermedias. No son pocos los síntomas del hartazgo y el cansancio por la simulación que se perciben en las redes sociales, de tal suerte que ni pintado el escenario para la proliferación del síndrome del candigato Morris y una corrida nutrida en contra de los partidos y los candidatos, todos, y a favor del ejercicio del voto en blanco. Si ese fuese el caso, habrá que prepararse para atestiguar quizás las primeras elecciones en las que el candidato ganador sea la más minúscula de las opciones votadas, después del abstencionismo y el voto nulo. Posiblemente, tal escenario no preocupe al IFE, porque obsesionado como está por la verdad jurídica, igual podrá declarar legalmente vencedor al candidato que tenga más votos, sin importar cuántos sean. La pregunta de si será legal una democracia sin ciudadanía queda en el aire.
Por Francisco Bedolla Cancino*
Analista Político
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