En su Informe Mundial Anual 2012, Amnistía
Internacional, capítulo México, afirmó que los derechos humanos de los grupos
más vulnerables como mujeres, niñas y grupos indígenas siguen siendo violentados.
La violencia
contra las mujeres siguió siendo generalizada. Se denunció un gran número de
homicidios de mujeres en muchos estados y los responsables siguieron eludiendo
la justicia en la mayor parte de los casos. La legislación que mejoraba el
acceso a la justicia y la seguridad para las mujeres en situación de riesgo
siguió siendo inefectiva en muchas zonas.
- Más de 320
mujeres fueron asesinadas en Ciudad Juárez. Los responsables del
asesinato, en diciembre de 2010, de la defensora de los derechos humanos
Marisela Escobedo no rindieron cuentas de sus actos. En diciembre, Norma
Andrade, de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, fue tiroteada y resultó
gravemente herida frente a su casa. Ella y otras personas de la
organización recibieron amenazas de muerte durante el año y se vieron
obligadas a huir de la ciudad para salvaguardar su seguridad.
- En octubre,
Margarita González Carpio sufrió una agresión grave a manos de su ex
pareja, un alto cargo de la Policía Federal de la ciudad de Querétaro.
Inicialmente, las autoridades federales y estatales se negaron a adoptar
medidas para protegerla o investigar las denuncias de agresión. Al
concluir el año Margarita González seguía oculta y no se disponía de
información sobre los avances de la investigación.
La Suprema
Corte de Justicia de la Nación rechazó por un pequeño margen de votos una
acción de inconstitucionalidad para anular los cambios en las Constituciones de
los estados de Baja California y San Luis Potosí, que establecían el derecho a
la vida desde el momento de la concepción. Siete de los 11 jueces de la Suprema
Corte alegaron que los cambios eran inconstitucionales y limitaban los derechos
reproductivos de las mujeres. Sin embargo, esta mayoría era insuficiente para
anular los cambios, lo que hacía temer que las mujeres pudieran encontrarse con
obstáculos adicionales a la hora de acceder a servicios de aborto en los 17
estados que habían adoptado disposiciones similares.
Los pueblos
indígenas siguieron sufriendo discriminación y desigualdad sistémicas en
relación con el derecho a la tierra, la vivienda, el agua, la salud y la
educación. Continuaron realizándose proyectos económicos y de desarrollo en
tierras indígenas sin el consentimiento libre, previo e informado de las
comunidades afectadas. El proyecto de ley para regular las consultas con las
comunidades indígenas seguía paralizado.
- Los miembros de
la comunidad indígena wixárika protestaron contra la concesión minera
otorgada a una empresa canadiense para explotar los depósitos de plata de
la Reserva Ecológica y Cultural Wirikuta de Real de Catorce, en el estado
de San Luis Potosí, sin consultar a las comunidades afectadas ni obtener
su consentimiento.
- En diciembre, la
sequía que afectó al estado de Chihuahua incrementó los niveles de desnutrición
severa entre las comunidades indígenas tarahumaras, a lo que contribuyó la
desatención de sus derechos humanos y la marginación que venían sufriendo
durante muchos años.
Visitaron el
país varios mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos, como
el relator especial de la ONU sobre la libertad de expresión y el relator
especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la libertad de
expresión, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o
Involuntarias y el relator especial de la OEA sobre trabajadores migratorios y
sus familiares. En abril, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los
Trabajadores Migrantes y de sus Familiares, de la ONU, estudió el informe de
México y su cumplimiento de la Convención. En julio visitó México la alta
comisionada de la ONU para los derechos humanos.
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