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sábado, 9 de agosto de 2014

Fortalecer vida comunitaria de los pueblos indígenas: Arturo Peimbert







Los tres niveles de gobierno, tienen la obligación de respetar los derechos humanos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, sentenció fuerte y claro el defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, al mismo tiempo que hizo un llamado para que se implementen acciones estructuradas que fortalezcan la vida comunitaria y el desarrollo de estas.

En el marco de la celebración este 9 de agosto, del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, establecido por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas desde 1994 como tal, el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert, señaló que esta fecha es una oportunidad para centrar la atención en acortar las diferencias y hacer efectivos los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

La Defensoría señaló el titular, está en estos momentos pregonando con el ejemplo y dando seguimiento a diversas medidas que buscan el respeto de estos derechos colectivos, en especial el derecho a la consulta y al consentimiento previo libre e informado, como lo es el caso del informe especial que emitió sobre el decreto de veda de agua que afecta a las comunidades zapotecas de los municipios de Ocotlán de Morelos, Zimatlán de Álvarez, Etla, Tlacolula, Oaxaca de Juárez, Zaachila, Trinidad de Zaachila y Santa Inés del Monte.

Insistió el Defensor en la importancia de que las políticas y programas públicos sean construidos en consulta y con la participación de los pueblos y comunidades originarios, respetando siempre los derechos humanos colectivos.

El ombudsman recordó que en la entidad se han presentado diversos casos en los que se han vulnerado los derechos de comunidades indígenas al intentar establecer megaproyectos, como el de la presa hidroeléctrica Paso de la Reina, en el que 47 comunidades de la región de la Costa, han reclamado la violación del derecho a la consulta libre, previa e informada.

En otros casos, señaló, son los procesos políticos los que ocasionan que las autoridades de comunidades indígenas vulneren los derechos humanos de sus propios pobladores, como en los recientes conflictos de Amoltepec y Cotzocón.

Para estos casos, la Defensoría emitió sendas recomendaciones, y en el caso de Cotzocón, todas las autoridades a las que se dirigió señalamientos, los han aceptado, destacó Peimbert Calvo.

Agregó que es de suma trascendencia que los diferentes órganos del Estado reconozcan que el diálogo, esuna práctica cultural adoptada de los propios pueblos indígenas, así que es vital para crear enlaces entre los habitantes, las autoridades y los proyectos a emprender, y para generar acuerdos de respeto a los derechos fundamentales.

Al fomentar estas actitudes, la Defensoría trabaja por lograr un ámbito óptimo para el desarrollo y la protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, finalizó el titular de la DDHPO.

DDHPO
Por Redacción/vocesoaxaca.com

Indígenas: Víctimas principales de discriminación, marginación, explotación y falta de oportunidades: investigador





Los pueblos indígenas enfrentan nuevas amenazas a sus derechos fundamentales. A la par de la discriminación, marginación, explotación y falta de oportunidades, son víctimas del despojo de sus riquezas y territorios, consideró Federico Navarrete Linares, del Instituto de Investigaciones Históricas (IIH) de la UNAM.




Viven en rezago social y económico en comparación con el resto de la población, sin acceso a servicios básicos de salud, vivienda, educación o protección social, lo que redunda en índices elevados de analfabetismo, enfermedades, muertes infantiles y maternas, desnutrición, con una esperanza de vida menor a la del resto de los mexicanos, puntualizó con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora este 9 de agosto.

No se reconoce a estas comunidades como sujetos con historias, creencias y tradiciones únicas. En el fondo, ésta es una visión paternalista, racista y discriminatoria sin cabida en una sociedad moderna, aseveró el también académico de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) y del posgrado en Estudios Mesoamericanos de esta casa de estudios.

Con las modificaciones constitucionales recientes, estos pueblos corren el riesgo de perder el control sobre sus territorios y recursos naturales y ser vulnerados en sus derechos por distintos intereses, lo que puede provocar despojos, advirtió.

La riqueza natural de sus espacios no es cuestión de suerte; por generaciones la han protegido y potenciado. La sociedad debería reconocerlos como propietarios legítimos por su trabajo y creatividad. Las nuevas disposiciones ignoran el valor de sus aportaciones y los colocan en una posición vulnerable, aseguró.

Panorama nacional

Navarrete Linares expuso que la relación con ellos es compleja. A la vez que nos enorgullecemos de nuestro pasado prehispánico y definimos nuestra identidad nacional a partir de éste, en pleno siglo XXI sus integrantes son marginados, discriminados y explotados.

Se encuentran presentes casi en la totalidad de los municipios —sólo en 30 no están— y en todas las entidades federativas. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas cataloga su diversidad en 11 familias y 68 agrupaciones lingüísticas, con 364 variantes.

En 2010 residían en 64 mil 172 localidades. En 34 mil 263 se registró una proporción poblacional mayor o igual al 40 por ciento del total de sus habitantes, de acuerdo con el Catálogo de Localidades Indígenas 2010, elaborado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

El Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México —publicado en el año referido— advierte que, en general, alcanzan niveles de desarrollo humano inferiores a los demás, al vivir en localidades rurales, en condiciones precarias de educación, vivienda, infraestructura y salud.

Navarrete Linares, autor del libro “Los orígenes de los pueblos indígenas delValle de México”, refrendó que sus derechos fundamentales son vulnerados por el racismo y discriminación, a lo que se suma el despojo de sus territorios, la amenaza más reciente.

Asimismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) alerta que más de siete de cada 10 de los integrantes no son derechohabientes de alguna institución federal de salud. Además, el acceso a los servicios sanitarios se dificulta por la lejanía de las comunidades, lo costoso que resulta acudir a los centros de salud y por la calidad del servicio.

Se calcula que 38 de cada 100 niños procedentes de una comunidad originaria padecen desnutrición infantil crónica, cifra tres veces mayor a la registrada en aquellos no pertenecientes a este sector, y las enfermedades respiratorias afectan a 39 de cada 100 menores de estos grupos, detalló el organismo.

No se trata de decirles lo que deben hacer, sino de comprender sus criterios de bienestar y buen vivir y colaborar para desarrollar políticas públicas de acuerdo con sus prioridades, dijo.


Información: Invides
regeneración.mx

miércoles, 6 de agosto de 2014

Mayas le ganan demanda a Monsanto; el Multinacional dejará de sembrar transgénicos





El trozo de tierra en el que Leydi Pech tiene sus colmenares no es grande. Tiene, si acaso, dos hectáreas y de él proviene el sustento no solo de esta indígena maya, sino de los diez integrantes de su familia. Forma parte de un ejido en el estado de Campeche, donde los integrantes de su comunidad tienen parcelas similares. La mayoría se dedica a lo mismo: cultivar miel de la delicada abeja melipona, que no posee aguijón, por lo que no puede defenderse de sus depredadores.
Forma parte de un ejido en el estado de Campeche, donde los integrantes de su comunidad tienen parcelas similares. La mayoría se dedica a lo mismo: cultivar miel de la delicada abeja melipona, que no posee aguijón, por lo que no puede defenderse de sus depredadores.

No, no es un terreno grande el de Leydi. Sin embargo, ahora mismo está en el centro de una batalla de alcances globales: la de quienes están a favor o en contra de los cultivos transgénicos.

Apicultores como Leydi temen que los cultivos transgénicos puedan contaminar la miel que producen artesanalmente. México es el tercer exportador mundial de este producto y la mayoría de quienes la trabajan son indígenas.

Amparos

La semana pasada, un juez concedió un amparo a indígenas y campesinos de Yucatán por medio del cual se suspendía la siembra de soya transgénica en la región por parte de la empresa Monsanto.

Dos amparos similares habían sido otorgados en marzo y abril a campesinos e indígenas de Campeche, entre los que se encuentra Leydi.

Según medios de comunicación y activistas, las medidas cobijan a unos 30 mil apicultores con sus familias, en su mayoría de pueblos originarios.

En los fallos de Campeche se indica que el gobierno no consultó a las comunidades indígenas mayas sobre una decisión que las tocaría directamente.

En el dictamen de Yucatán, además de este argumento, también se contempla la posibilidad de que las semillas transgénicas puedan afectar los cultivos y en especial la producción de miel.

“Es el derecho a que no se puede implementar ningún tipo de biotecnología hasta que no se garantice plenamente los efectos secundarios” explica el abogado Jorge Fernández, quien forma parte del colectivo Ma OGM , que asesora a los apicultores.

En los tres amparos -que han sido calificados de “históricos” por defensores del medio ambiente-, además de suspender los cultivos transgénicos se ordena realizar las debidas consultas con las comunidades indígenas.

Guerra jurídica

Esta nueva batalla entre agricultores y activistas contra la siembra de semillas transgénicas se viene desarrollando con especial intensidad en México desde junio de 2012.

Ese mes, el gobierno autorizó al gigante Monsanto a sembrar soya transgénica a nivel comercial en más de 253.000 hectáreas distribuidas en siete estados.

Según dijo Ariel Álvarez Morales, secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) a la periodista Elva Mendoza -especialista en medio ambiente de la revista Contralínea- “cuando el Estado da permisos para la liberación, en este caso de soya, es porque no hay elementos de bioseguridad que nos digan que algo malo va a pasar”.

No es lo que opinan activistas ecológicos ni los indígenas y campesinos que tienen sus sembradíos en los alrededores de las áreas donde se cultivaría la soya, quienes de inmediato interpusieron demandas en cuatro de los siete estados donde se concedieron los permisos.

No son los únicos que se oponen. En una serie de reportajes publicados en 2013, Elva Mendoza indica que, antes de que se concedieran los permisos, tres organismos gubernamentales -la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad; el Instituto Nacional de Ecología y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas- se habían pronunciado de manera negativa a la solicitud de siembra de Monsanto.

Sus argumentos iban desde “la posible filtración de agroquímicos (glifosato) a los mantos acuíferos”, hasta “la colindancia de los polígonos liberados con áreas naturales protegidas y zonas prioritarias terrestres, marinas e hídricas”.

A pesar de eso, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que estudió esos conceptos, dio luz verde a la siembra.

De hecho, según el diario El Financiero, en la decisión del juez de Yucatán influyó que no se tomaran en cuenta las opiniones técnicas de los mencionados organismos. El juez además “desechó los argumentos de las autoridades demandadas quienes exigían a los apicultores mayas pruebas científicas plenas de que los permisos otorgados influyen negativamente en la producción de miel”.

¿Qué dice Monsanto?

Desde su sede en México se indica que la gigante trasnacional, especializada en investigaciones tecnológicas agrícolas (en su sitio de internet dicen que invierte US$2 millones diarios en investigar), no está concediendo entrevistas sobre el tema.

Sin embargo, luego del dictamen en Yucatán dio a conocer un comunicado en el que fija su posición.

En él se indica que “cualquier afectación resultante de la liberación de organismos genéticamente modificados debe ser evaluada por las autoridades competentes en estricto apego a la ley y con base en evidencias y estudios científicos concluyentes”.

Se agrega que durante la rueda de prensa en la que se dio a conocer el fallo “terceros distintos a quienes interpusieron el amparo” divulgaron información “que genera confusión ante la opinión pública”.

Esa información, añaden, también “ignora la afectación que incide sobre los productores de soya de la región, quienes han subsistido su cultivo durante años y tienen derecho a acceder de forma voluntaria a mejores tecnologías agrícolas en beneficio propio de sus familias”.

En el comunicado también se anuncia que Monsanto está analizando el amparo “a efecto de interponer los recursos que por ley le asisten para defender sus derechos”.

Además de en México, Monsanto sostiene -o ha sostenido- batallas jurídicas en diferentes partes del mundo, como Estados Unidos, Brasil (donde los cultivos transgénicos ya superarían a los naturales), Chile o Francia.

La miel de la melipona

México es el tercer exportador de miel a nivel mundial (detrás de Argentina y China) y el sexto productor global. Según reportes, anualmente se producen en este país unas 57.000 toneladas de miel.

Más del 40% de la miel mexicana proviene de la llamada península de Yucatán, que se adentra como una espuela en el Mar Caribe y que incluye al estado del mismo nombre, así como a Campeche y Quintana Roo.

Casi la totalidad de la miel que produce la península -donde unas 30.000 familias dependen de su cultivo- se exporta a la Unión Europea. Uno de los temores que existen entre los apicultores es que la UE rechace su miel si encuentra que supera los limites aceptados de polen transgénico.

Y la miel más preciada de Yucatán es la que proviene de la abeja melipona, que puede venderse hasta por diez veces el precio de la miel común.

La voz de Leydi Pech se endulza cuando habla de ella.
“Es una abeja ancestral que los mayas hemos utilizado por mucho tiempo. Para nuestro consumo y para curarnos. Lo que tiene de especial esta abejita es que selecciona la floración que recolecta. También produce menos cantidad de miel”, dice con el español golpeado que caracteriza a los maya-hablantes.

Luego, un toque de hiel: “es una abeja que está en peligro de extinción en la península de Yucatán”.

El cultivo de la miel entre los mayas es prehispánico. En un estudio, la doctora Alejandra García Quintanilla, de la Universidad Autónoma de Yucatán, indica que tanto en la cerámica del período maya clásico (200 a 1.000 DC), como en los libros del Chilam Balam, se encuentran testimonios sobre la importancia de este néctar en la vida de las comunidades indígenas.

Es un conocimiento que sigue vivo: Leydi aprendió todo lo que sabe de la apicultura a los doce años, de su abuelo. Él, a su vez, recibió el saber de sus padres.

“Lo que más recuerdo de lo que me enseñó mi abuelo es que no hay que dejar que las abejas se mueran, siempre hay que defenderlas. Porque las abejas no sólo sirven para hacer la miel, sino para polinizar nuestros alimentos, lo que consumimos. Eso las comunidades mayas lo tenemos muy claro: es un servicio que nuestras abejas nos están dando. Y gratis”.

Lo que se viene

Lo más seguro es que, como lo insinúa en su comunicado, Monsanto impugne las decisiones de los jueces de Campeche y Yucatán. Y un tribunal superior bien puede ordenar la reanudación de los cultivos de soya. Quienes apoyan los cultivos transgénicos insisten en que no hay pruebas de que hayan contaminado la miel.

A nivel global, quienes respaldan los cultivos genéticamente modificados aseguran que son indispensables para alimentar a una población mundial en aumento.

De vuelta en México, los amparos plantean enormes retos logísticos. Los jueces ordenaron que se consulte a las comunidades. El de Yucatán incluso dio plazo: seis meses. El abogado Jorge Fernández cree esto en inviable en tan corto período: hay que traducir al maya -y en un lenguaje comprensible- el proyecto. Luego viene la consulta interna no sólo entre los apicultores, sino entre sus comunidades. Además, es algo que nunca antes se ha hecho.

Leydi no tiene dudas en que, como sea, hay que consultarlos: “nosotros tenemos asambleas. Cada comunidad, cada ejido hace su asamblea por usos y costumbres y tomamos nuestras decisiones… Estamos peleando esa parte: que nos pregunten. Porque tenemos derecho a opinar. Conocemos nuestro medio ambiente, nuestra biodiversidad, porque la hemos cuidado por miles de años”.

Según recuerda la periodista Elva Mendoza, los permisos para cultivar maíz transgénico -contra el que también se han presentado fuertes protestas- se encuentran asimismo suspendidos desde el año pasado por la interdicción de un juez que recibió una demanda colectiva. Según Mendoza, las transnacionales afectadas, entre ellas Monsanto, ya interpusieron los recursos jurídicos necesarios.

Leydi Pech tiene la esperanza de que la Suprema Corte de Justica de México “atraiga” los casos y de un dictamen definitivo.

Mientras tanto, lo que ha ocurrido con Leydi y sus compañeros apicultores es visto por sus simpatizantes como otra victoria local en medio de una enorme batalla global.

Ecoportal.net

El Cantor
http://www.elcantor.com/

jueves, 5 de junio de 2014

Dialéctica territorial y conflictos socio ambientales en LA: su compleja objetivación



Para las comunidades locales y pueblos originarios de Latinoamérica, los problemas sobre territorio y ambiente son una expresión histórica de antiguas reivindicaciones y demandas insatisfechas en torno a la defensa de sus culturas y hábitats, a contracorriente de las prácticas de explotación de recursos naturales y de las externalidades ambientales negativas producidas por operadores externos. De hecho las dinámicas territoriales de hoy en día son controversiales y condicionadas por grupos económicos dominantes, al amparo de las políticas desreguladoras de los gobiernos, la expansión del capitalismo global y sus implicaciones con la crisis ambiental y el cambio climático, generando una nueva dialéctica territorial y un alto impacto y conflictividad socio ambiental.




Las políticas de orden internacional, nacional y sectorial ensayadas en Latinoamérica, en particular en territorios de los pueblos originarios, vienen determinando escenarios sociales muy complejos y disímiles que están en conflicto continuo con los operadores externos de las industrias extractivas de recursos naturales. De allí que la desarticulación y reordenamiento de los componentes de su espacio-territorio tradicional, ocurren al amparo de las contradicciones y tensiones propias del modelo económico hegemónico; y por ende condicionando, marginando o invisibilizando otras consideraciones básicas sobre cultura e identidad territorial de los pueblos, conocimientos locales y biodiversidad, consulta previa e informada y derechos fundamentales.

Ensayar en tal contexto un proceso de ordenamiento del territorio, implicará reconocer la compleja dialéctica territorial inmersa en el escenario físico social y geopolítico de intervención, donde problemas de deterioro ambiental y pobreza de las poblaciones más vulnerables por efecto de sobrepastoreo, erosión, deforestación, pérdida de biodiversidad, contaminación, etc., se explican por la injerencia de operadores externos y de otros factores exógenos que también influyen o incluso pueden ser determinantes de su problemática territorial: por ejemplo, el calentamiento global y la variabilidad climática extrema.

Espacio-territorio: realidad concreta y percepción local Existen varias definiciones sobre los términos espacio y territorio, que suelen usarse indistintamente como sinónimos sin serlos en realidad. La noción de espacio implica límites establecidos principalmente por la propia estructura y composición biofísica de la naturaleza: por ejemplo un borde litoral marino, un bosque amazónico primario o una cuenca hidrográfica. Esta última presenta límites físicos definidos por la divisoria de las aguas que conforman la cadena de cerros en su nivel más alto -divortium aquarium- delimitando en forma natural el curso de las aguas caídas por precipitación entre un río y sus afluentes conformantes de la cuenca, y otro río vecino que conforma otra cuenca. La noción de espacio se relaciona con una materialidad dada de hecho en el paisaje y que se percibe como parte de una realidad concreta a la que se añade el componente social, sin que los agentes sociales establezcan otros límites más allá de los propios establecidos por cada espacio natural. Al respecto la realidad espacial y social involucrará siempre un principio de interacción y contradicción permanente.

La noción de territorio, en cambio, alude al sentido de pertenencia ejercido por distintos grupos humanos establecidos en un espacio dado, y, por tanto, que consienten en establecer límites específicos a dicho espacio en función de determinados fines (intereses) geopolíticos, administrativos, económicos, sociales, culturales, etc. La noción de territorio se percibe con claridad a partir de los límites de índole político, administrativo o jurisdiccional preestablecidos por distintos grupos humanos o agentes sociales-culturales sobre el espacio ocupado, atribuyéndose un sentido de pertenencia y propiedad sobre el mismo. Así, en el ejemplo anterior de la cuenca hidrográfica, la noción de territorio implicará adicionar (o superponer) límites no naturales (políticos-administrativos) establecidos en función a determinados fines de ordenamiento y manejo del espacio de la cuenca.

La problemática territorial y ambiental: su compleja objetivación El estudio de las interacciones al interior y exterior del espacio-territorio de una comunidad o población local configura problemáticas específicas que no siempre se analizan de forma lineal o unicausal, a partir de una variable predominante, porque la realidad concreta es compleja y heterogénea, involucrando más bien un escenario multidimensional. No siempre la percepción común y aparente en la objetivación del problema analizado desde la subjetividad de los agentes externos (tecnócratas) resultará suficiente para lograr un diagnóstico territorial adecuado. Lo más probable es que existan otros elementos subsumidos en la configuración de la problemática territorial: los relativos a identidad o sentido de pertenencia, culturalidad, espiritualidad, tradiciones o incluso rasgos sicológicos que no siempre serán explícitos en el análisis, pudiendo por omisión sesgar el diagnóstico y las posibles soluciones.

Es importante referir los problemas ambientales a los límites de un determinado correlato territorial, según el cual será posible: 1) Establecer un tipo de racionalidad en la relación recursos locales-potencialidad-necesidades; 2) Definir un marco de referencia según el enfoque de desarrollo territorial, para establecer los términos y pautas de las posibles soluciones; y 3) Estimar los límites de los subsidios al territorio en cuestión, tanto de lo que ofrezca o de lo que reciba, en función de los servicios ambientales, la sostenibilidad de su stock natural y las posibles interacciones con las dinámicas sociales y político administrativas.

En diferentes regiones del mundo, los procesos de ocupación de espacios-territorios son resultado de relaciones de tensión y conflicto permanente entre múltiples grupos humanos y sociedades ante diversos factores: crecimiento demográfico de los países, incremento de la presión de uso sobre los recursos naturales y capacidad de carga de los ecosistemas, expansión de la economía de libre mercado, políticas centralistas y excluyentes de desarrollo, transferencia y dependencia tecnológica norte-sur, expansión de las corporaciones transnacionales a costo de los recursos naturales de los países del sur, etc. De hecho la realidad territorial y ambiental involucra siempre un principio de interacción y contradicción constante que es necesario objetivar y analizar en todas sus dimensiones posibles (técnicas y políticas). Siendo importante esclarecer algunas interrogantes claves: ¿Cómo percibe la población local el problema territorial-ambiental? ¿Quiénes lo definen, reconocen y miden? ¿Cómo entendemos los roles de los distintos actores, sus juicios e intereses en la caracterización del problema-potencialidad y luego en su manejo operativo? Así pues, las dinámicas territoriales son inestables, irregulares e incluso arbitrarias y no siempre siguen una línea evolutiva ascendente (son inciertos).

Ordenamiento Territorial Participativo: ¿una alternativa posible? Si bien la problemática territorial involucra -en el tiempo- ajustes y desajustes en la interacción de sus distintos componentes espaciales, como parte de su dialéctica territorial, nos interesa al respecto enfatizar que la planificación del desarrollo en base al instrumento de ordenamiento territorial, debe intentar responder a problemas territoriales específicos, con particular vinculación y expresión sobre la variable ambiental. En ese sentido los criterios e indicadores de sostenibilidad ambiental son fundamentales en los procesos de diagnóstico y planeamiento con enfoque de desarrollo territorial.

El ordenamiento territorial debe ser parte de una política de Estado, porque no es un elemento independiente de los objetivos de la política económica del país en materia de crecimiento, redistribución, inclusión social, competitividad, empleo, equidad, sostenibilidad ni de las políticas sociales y ambientales. Se requiere del marco de una ley específica que supedite las consideraciones de orden externo a las de orden interno y que haga prevalecer el interés general sobre el particular, así como la integralidad y la equidad.

El ordenamiento territorial debiera concebirse como un instrumento metodológico participativo, inclusivo y flexible, que si bien parte de supuestos de análisis de la realidad concreta. El planteamiento de los fines, objetivos y estrategias deben ser resultado de un proceso participativo interactivo continuo que involucre a las partes en el diagnóstico de la problemática. Siendo factible que este proceso se diseñe a distinta escala y temporalidad, según los recursos disponibles y del marco institucional existente. Lo importante es concordar y explicitar los fines, objetivos, principios, criterios y estrategias a seguir entre quienes participan y conducen el proceso de diagnóstico y de quiénes planifican y toman las decisiones para desarrollar acciones concertadas por el cambio social, alcanzando metas de desarrollo en forma gradual y ascendente.

De los innumerables casos registrados de problemas y conflictos territoriales y ambientales en Latinoamérica, se sabe que estos responden a una serie de factores e intereses de orden político, económico, social, institucional relacionados mayormente con actividades extractivas como la minera, petrolera, gasífera, maderera, etc. Por ende en la región tenemos escenarios muy complejos y variables donde se vienen recreando principios, criterios y metodologías disímiles de ordenamiento territorial por cuestión de escala, temporalidad, recursos disponibles (instrumental, técnico, etc.), marco institucional-legal, participación y articulación de los actores, dimensión cultural, étnica, etc. En ese sentido resulta inconveniente pensar en la aplicación de una metodología estándar o rígida de este instrumento, máxime si no se incorpora el componente de participación que es fundamental.





No obstante la evolución del marco teórico del ordenamiento territorial, todavía existen criticidades referidas a su nivel aplicativo, porque en muchos casos mantienen esquemas más bien muy técnicos, burocráticos, rígidos y poco funcionales a los escenarios altamente complejos y dinámicos donde se aplican o pretenden aplicar. En la caracterización del problema, por ejemplo, no siempre todos los actores involucrados tienen la misma condición y posición de participación. Por lo que hay que desarrollar de forma creativa mecanismos y metodologías que aminoren (o compensen) estas diferencias y faciliten espacios plurales, equilibrados y plenos de diálogo y participación de todas las partes, incluso en aquellos territorios altamente heterogéneos y conflictivos. Esto de hecho es una condición sine qua non para una región tan desigual como Latinoamérica.

Los cambios ocurridos a través de la historia latinoamericana, primero con la desestructuración del espacio-territorio de las culturas originarias por el eurocentrismo, luego durante la independencia y la república y hoy con el proceso de globalización, nos muestra que la imposición de modelos de ordenamiento territorial exógenos han acontecido y acontecen muchas veces en función de episodios violentos y de alta mortandad y violación de derechos humanos, de degradación ambiental y de mayor pobreza e inseguridad alimentaria de las poblaciones locales. En estos y otros casos, como lamentablemente ocurre en los países de la región, la falta de políticas alternativas e inclusivas de desarrollo, la carencia de políticas específicas sobre gestión territorial y ambiental, y la ausencia de gobiernos comprometidos con mecanismos de concertación plural y de diálogo institucional continuo, han devenido en ensayos fallidos de modelos de desarrollo mal impuestos que siguen afectando principalmente las condiciones y medios de vida de las poblaciones locales de menores recursos. Mientras tanto el auge de las exportaciones mineras sigue limitando las posibilidades de los diferentes gobiernos de visionar un nuevo rumbo y transición hacia escenarios post-extractivistas. 

Por Walter Chamochumbi
Ecoportal.net

martes, 25 de febrero de 2014

Artistas y creadores llaman a poner un fin a proyectos de muerte



Foto: Leticia Ánimas Vargas


Huauchinango, Pue.- A poner un límite a la estrategia que avasalla los bienes naturales y los territorios de los pueblos indígenas a través de los proyectos mineros, hidroeléctricos y los gasoductos, llamaron artistas y creadores que participaron en el Festival de la Palabra que se realizó en Huauchinango para conmemorar el Día Internacional de las Lenguas Maternas.

En diversas actividades realizadas desde el viernes pasado y hasta este domingo, poetas, escritores, pintores, músicos y actores hablantes del náhuatl, zapoteco, totonaco, mazateco, ñhañhu y español condenaron la puesta en marcha de los denominados “proyectos de muerte”, por considerar que atentan contra los derechos de los pueblos originarios y persiguen su exterminio.

Por ello llamaron a las autoridades a rechazar el modelo extractivo minero y en el caso particular de Huauchinango, municipio sede del festejo de las lenguas, manifestaron su solidaridad con la lucha que desarrollan los habitantes de la comunidad de Cuacuila que se oponen a la instalación del gasoducto Tuxpan-Atotonilco por parte de la empresa Gasomex.

En entrevista, el pintor Francisco Javier Regalado “Puga”, de origen zapoteco señaló que debe impedirse que se sigan viendo los recursos naturales de los pueblos indígenas como una mercancía y no se les permita decidir sobre los mismos.

“Para mi Huauchinango es un referente porque aquí comulgan las culturas nahua, otomí, totonaca y la tepehua, por lo que deben defenderse y estos pueblos deben hacer un frente común para protegerse de las mineras o cualquier intromisión que pretenda acabar con su patrimonio natural”, agregó.

Llamó a los empresarios a dialogar con los pueblos y sobre todo a conocer su opinión, “porque la violencia engendra violencia. En mi pueblo hay empresas eólicas que no tomaron en cuenta los acuerdos a los que llegaron los indígenas con las empresas que promueven ‘la energía limpia’, porque los recursos naturales son de los pueblos”, dijo Regalado.

Sin embargo alertó que las consultas se han convertido en una simulación debido a que no se reconoce la decisión de los pobladores indígenas y si persisten en esta actitud “habrá choques” con las autoridades que siguen viendo a los habitantes como “un objeto sujeto al intercambio por un precio”.

Las jornadas en las que hubo venta de libros, exposiciones pictóricas, conciertos, huapango, lectura de poemas y prosa, y se discutió acerca de la situación de las lenguas indígenas en el estado de Puebla, fue organizado por la Unidad Regional de Culturas Populares, la Univerisdad Pedagógica Nacional y el ayuntamiento de Huauchinango.

Por Leticia Ánimas Vargas
http://regeneracion.mx/causas-justas

lunes, 17 de febrero de 2014

Jóvenes indígenas, las más olvidadas en América Latina



Jóvenes tzotziles del estado de Chiapas, México


Las adolescentes y jóvenes de las comunidades indígenas de América Latina (AL) carecen de información científica para prevenir embarazos e infecciones de transmisión sexual, dijo la peruana Tania Pariona, ante el Grupo Coordinador Global para la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, a realizarse en la ONU el 22 y 23 de septiembre próximo.

Pariona explicó que no hay información accesible apropiada en el idioma de cada uno de los territorios indígenas, y que cuando las y los jóvenes acuden al sistema estatal de salud en muchos casos se violentan los principios culturales.

Las charlas sobre educación sexual y prevención del embarazo se siguen realizando de manera general sin tomar en cuenta las diferencias particulares de las y los jóvenes indígenas, sostuvo.

Pariona participó en Managua en el Encuentro de Pueblos Indígenas Latinoamericanos, como parte del taller regional previo a la Primera Conferencia Mundial.

En este espacio, las y los indígenas le dieron continuidad a la agenda definida en encuentros anteriores en Guatemala y Lima, Perú, donde coincidieron en proyectar sus demandas a los Estados en función del cumplimiento de las conferencias de Beijing +20, Cairo+20 y los Objetivos del Milenio Post 2015.

En el caso de las personas indígenas jóvenes, Pariona insistió en que son las que tienen menos oportunidades de acceso a la educación superior, representan los índices de embarazo en adolescentes más alto en sus países, al igual que los niveles de analfabetismo y la falta de oportunidades laborales.

En Perú, como en otros países de AL, las y los jóvenes siguen demandando una verdadera participación pero inclusiva, donde se les escuche sus principales demandas y se les brinde respuesta, explicó Pariona.

Las muertes maternas afectan principalmente a las comunidades indígenas, donde muchas jóvenes sólo acuden una vez al chequeo médico y la mayoría sigue en manos de parteras, aunque muchas de las políticas públicas no reconocen el trabajo de estas mujeres pese a que son las más cercanas en la comunidad durante los partos.

En el caso de Nicaragua, el embarazo temprano es aún uno de los más altos en AL. Al respecto, Mirna Cunningham, del Centro para el Desarrollo y Autonomía de los Pueblos Indígenas de Nicaragua, dijo que efectivamente en la región el embarazo en adolescentes está relacionado a diferentes causas como violencia sexual, falta de educación sexual y estrategias de prevención.

Cunningham dijo que sin embargo el Estado nicaragüense estaba haciendo su esfuerzo para llevar la salud y la educación a todos los territorios indígenas, aunque reconoció que todavía hay debilidades sobre todo porque los centros de salud no son interculturales y están muy distantes en algunos casos.

Otro problema que afecta a las y los jóvenes indígenas es la ocurrencia de nuevas enfermedades vinculadas a la invasión de sus territorios, a la presencia del narcotráfico y hasta la trata de personas a lo interno y externo de la región, precisó Cunningham.

Toda la problemática que afecta a las y los indígenas de AL fue consensuada en este encuentro en Nicaragua y será expuesta en la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas.

Por: Nelson Rodríguez, corresponsal
http://www.cimacnoticias.com.mx/

lunes, 6 de enero de 2014

TLCAN y EZLN: veinte años








Hace 20 años, en enero de 1994, los dos extremos del México moderno celebraban sus respectivas victorias históricas. La oligarquía brindó con júbilo ante la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que garantizaría sus inversiones y abriría nuevas oportunidades para el saqueo de las riquezas y la sobrexplotación del trabajo nacionales por el capital internacional. En el mismo momento, la sociedad mexicana celebró el renacimiento de la esperanza democrática con el levantamiento indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas. Hoy los oligarcas son más ricos y las comunidades zapatistas avanzan con paso firme hacia la consolidación de su autonomía, pero el resto de la sociedad mexicana se hunde en un pozo de olvido, pobreza y desesperanza que pareciera no tener fondo.

El resultado más importante del TLCAN ha sido la total subordinación de la política económica mexicana a los dictados de Washington y del gran capital internacional. Todos los estudios demuestran que si bien el TLCAN ha generado un aumento en lainversión extranjera directa, sobre todo desde Estados Unidos, este flujo de recursos no ha propiciado procesos de desarrollo sostenible o sustentable de largo plazo. En los últimos 20 años el crecimiento económico se ha estancado, la desigualdad se ha profundizado, el medio ambiente se ha degradado y la pobreza se mantiene en un nivel totalmente inaceptable.

Sin embargo, lo más grave ha sido la desarticulación estructural de la economía mexicana. Los campesinos y los indígenas han sido obligados a abandonar sus tierras y migrar hacia Estados Unidos a una tasa sin precedentes; una multitud de pequeños y medianos empresarios han tenido que cerrar sus negocios y, en general, se han debilitado las cadenas productivas nacionales en favor de una insercióncada vez más subordinada y desigual en los circuitos internacionales del capital. Las oportunidades laborales disponibles hoy para los jóvenes, mal pagadas, sobrexplotadas y con pésimas condiciones de trabajo, son el espejo más fiel del gran fracaso del TLCAN, y el proyecto neoliberal que lo acompaña, para traer justicia, paz y desarrollo a México.

Este desmembramiento nacional ha sido la verdadera causa para el desastre de violencia, inseguridad y muerte que ha acompañado la guerra contra las drogas iniciada por Felipe Calderón y mantenida sin cambio alguno por Enrique Peña Nieto. La lógica delsálvense quien pueda que hoy predomina en el país convierte el abuso y la acumulación en la única forma para garantizar un mínimo patrimonio familiar para millones de ciudadanos. La inseguridad económica deviene en inseguridad pública y corrupción gubernamental.

En este escenario, los dignos indígenas rebeldes de Chiapas han logrado evitar su exterminio por la máquina de destrucción neoliberal. Tal y como han documentado en estas mismas páginas Luis Hernández Navarro, Adolfo Gilly y Gilberto López y Rivas, los saldos del levantamiento armado del 1º de enero de 1994 son positivos para quienes participaron en ello. El EZLN también hizo una enorme contribución a la democratización de la República y al movimiento global en contra de la globalización neoliberal. La reforma electoral de 1996 fue resultado directo del valiente levantamiento y la ola mundial de protestas históricas en las reuniones de la Organización Mundial del Comercio y de otros organismos multilaterales antes y después del cambio de milenio debe gran parte de su fuerza al ejemplo de los indígenas mexicanos.


Sin embargo, el EZLN no tuvo suficiente fuerza para articular un movimiento más amplio que pudiera transformar las coordenadas de la política nacional. Hoy nuestrademocracia es igual de falsa y fraudulenta que la de 1994. Hoy como entonces las elecciones no sirven para empoderar a los ciudadanos, sino simplemente para aparentar legitimidad para el dominio de los mismos poderes fácticos de siempre. Y hoy como entonces la solución no se encuentra en esperar a los siguientes comicios, sino actuar desde ahora de manera organizada y consciente para desarticular el discurso de dominación y la realidad de la explotación.

La inédita velocidad con que se aprobaron las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética ratifican una vez más que nuestra Carta Magna sigue siendo un instrumento sumamente maleable a los designios del poder. Así como hoy Peña Nieto y sus socios en el PAN y el PRD han aprovechado de su efímero control sobre las instituciones gubernamentales para complacer a sus amigos de las empresas petroleras internacionales, mañana una nueva coalición de ciudadanos dignos inspirados por la lucha zapatista y forjados por la experiencia de las imposiciones electorales de 2006 y 2012 podrán revertir con la misma rapidez los cambios constitucionales realizados.

El pasado 20 de diciembre el pueblo le hizo el vacío a la corrupta clase política en el acto formal de promulgación de la contrarreforma energética. Así como nadie salió a las calles para celebrar la victoria de Peña Nieto el pasado 1º de julio de 2012, hoy la sociedad vuelve a dejar solo a un presidente que solamente representa el poder del dinero y la corrupción. Tal como señaló la académica Irma Eréndira Sandoval en la Marcha en Defensa de México, el pasado 20 de diciembre: “Así como un río sin agua no es un río, unademocracia sin pueblo simplemente no es democracia”. Ha llegado la hora para construir una nueva fuerza social capaz de derrocar, pacíficamente, pero sin un horizonte electoral inmediato, al puñado de corruptos y explotadores que hoy nos malgobierna.


Por John M. Ackerman
La Jornada/Lunes 6 de enero de 2013

johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman







viernes, 29 de noviembre de 2013

La desigualdad social muy marcada para los indígenas en México: Concha Malo



El ex rector Pablo González Casanova y el sacerdote Miguel Concha Malo. Foto Víctor Camacho

México, DF. Las condiciones de pobreza y marginación a las que se somete a los pueblos indígenas en México "siguen estando marcadas por la desigualdad, reflejada en la falta de acceso a la salud, la alimentación y la educación, aseguró el sacerdote dominico Miguel Concha Malo.

Al participar en el curso de investigación-docencia sobre desarrollo autosostenible, coordinado por el ex rector de la UNAM, Pablo González Casanova, dijo que las luchas por la autonomía "han costado en los pueblos violencia extrema, con la complicidad del Estado mexicano".

Ante ello, planteó que debe garantizarse el respeto y pleno ejercicio de los derechos a la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas para preservar y determinar sus formas de gobierno, sus sistemas normativos y sus prioridades de desarrollo económico, social, cultural y ambiental".

En un análisis sobre los problemas a que se enfrentan los pueblos indígenas "en un sistema económico y político que no reconoce su capacidad para autodeterminarse", lamentó que recursos aplicados en las políticas y programas públicos en México continúan "siendo utilizados como mecanismos clientelares y asistencialistas".






Subrayó que "una grave situación es también la persistencia de límites al acceso a la justicia de los pueblos indígenas, pues continúa la falta de una defensa adecuada, la ausencia de intérpretes durante todo el proceso penal, la falta de garantía de libertad asequible bajo fianza y el abuso del plazo legal para ser juzgado".

Apuntó que en la búsqueda del "crecimiento económico desmedido, los Estados coloniales y modernos construyen el desarrollo predominante sobre la reafirmación de un paradigma concretado en el último siglo".

Concha Malo manifestó que ese desarrollo está concebido como "el mero crecimiento económico sin límites, donde la acumulación del capital determina la mejora o no de los países" y los Estados "deniegan ampliamente a los pueblos indígenas su derecho al disfrute y gestión de sus bienes naturales".

Advirtió que los pueblos indígenas son "sin duda alguna una confrontación y una posibilidad para no repetir errores que nos han llevado a la crisis civilizatoria en la que nos encontramos, la cual, de seguir así, ocasionará daños irreversibles al planeta y a la humanidad".

Tomado de La Jornada
Noviembre 29, 2013

jueves, 11 de julio de 2013

Denuncian Líderes de pueblos indígenas maltrato en México y Centroamérica




Niña indígena tzotzil del estado de Chiapas, México. Foto: Archivo



Líderes de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Centroamérica y México, reunidos en Nicaragua, denunciaron hoy que los Gobiernos de la región les reprimen cuando exigen el cumplimiento de sus derechos.

El pronunciamiento fue presentado por 115 firmantes durante el “Segundo Encuentro de Autoridades de Pueblos Originarios y Afrodescendientes de Centroamérica y México”, en la provincia de Jinotega, ubicada a 168 kilómetros al norte de Managua.

Los dirigentes indígenas y afrodescendientes aseguraron que las autoridades les reprimen cuando exigen la protección a las mujeres y los recursos naturales, se oponen a los proyectos mineros y reclaman el derecho a la propiedad.

“Muchas de estas reivindicaciones son criminalizadas por las autoridades y en consecuencia reprimidas”, señalaron los firmantes en el pronunciamiento.

El documento destaca el caso de Guatemala, país donde se reportan “los casos de violencia más extremos, donde las mujeres originarias han denunciado feminicidios y el exterminio indígena a punta de bombas y balas”.

Según el pronunciamiento, “la desvalorización a las mujeres genera persecución, violaciones sexuales, asedio militar, hasta culminar en asesinatos atroces”.

“Ante esta cruel realidad, las mujeres demandan que el exigir el pleno goce de sus derechos no les signifique perder sus vidas”, señalaron los asistentes al encuentro en Nicaragua.

Sobre la minería, a la que llamaron “proyectos de muerte”, los representantes de los pueblos originarios aseguraron que “los estados propician la ocupación territorial y explotación irracional de los recursos naturales”.

Por esta razón, acordaron “unidad y fortalecimiento de acciones” para proteger sus territorios ante “las pretensiones público-privadas de apoderarse de las tierras”.

Los firmantes del pronunciamiento recordaron que los gobiernos tienen tareas pendientes, como en el caso de El Salvador, que no los reconoce constitucionalmente ni poseen territorios, o en Costa Rica, donde “las leyes son papel mojado”, según denunciaron.

También reclamaron que, tanto en El Salvador como en Nicaragua, las constituciones de esos países reconozcan “específicamente” a los pueblos originarios y respeto por sus territorios. 

Con información de Efe


Efe

lunes, 3 de diciembre de 2012

Mujeres indígenas, víctimas de violencia institucional




Mujeres indígenas de La Montaña. Foto: Red

TLAPA, Guerrero.- Urge la atención inmediata a mujeres indígenas en La Montaña, Guerrero, que son víctimas de violencia institucional y discriminación, expresaron activistas y funcionarios ante la necesidad de que el Centro de Atención y Justicia para Mujeres Indígenas de La Montaña abra ya sus puertas para que no sea un “elefante blanco”.
Junto a este centro, se solicita la instauración de un refugio para mujeres víctimas de violencia ya que no existe un albergue para atenderlas, pese a que hay una infraestructura por ahora inhabilitada en el Centro de Justicia de Tlapa.
Ante esta violencia del Estado, una decena de mujeres provenientes de Tlapa, Iliatenco, Copanatoyac, Atlixtac y Olinalá narraron sus situaciones de violencia y otras que han observado en sus comunidades en el marco de un taller realizado para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres del estado de Guerrero, por la consultora CARAN a encargo de la Secretaría de la Mujer.
Los representantes del Instituto Municipal de la Mujer en Tlapa, por su parte, plantearon por la necesidad de que los Centros de Atención en Acapulco, Chilpancingo (CAIV´s) y el Centro de Justicia en Chilpancingo para mujeres, reduzcan sus requisitos y modifiquen sus formatos para admitir a mujeres que padecen violencia.
Se afirmó que en dichos centros se exige que la mujer sufra violencia extrema y que no tenga ningún familiar que la pueda alojar así como detalles en las edades de los hijos que pueden llevar al refugio por lo cual se solicitó la disminución de los requisitos para su atención ya que pareciera no llenar a las autoridades ver el ojo morado de una mujer.
Las representantes apremiaron a que la Secretaría de Asuntos Indígenas mejore su atención con las mujeres incluyendo abogadas que las orienten en su lengua original y se cite a jueces, presidentes municipales y autoridades para talleres que les orienten hacia un servicio con perspectiva de género.
Ita, activista que trabaja desde hace años en Cochoapa y Metlatónoc mencionó el alcoholismo como uno de los problemas que acrecientan la violencia familiar, aunados a la discriminación y sobre todo al racismo que sufren las mujeres en su entorno rural indígena.
Señaló que existe una mala aplicación de programas de gobierno como el de Oportunidades anexándoles a la situación procesos de aculturación de los pueblos y la falta de aplicación de justicia por parte de ayuntamientos municipales, comisarías, delegaciones a los agresores de mujeres y sus familias.
La activista criticó, en otro ejemplo, que las mujeres después de guardarse sus sentimientos viajan al médico desde la madrugada para encontrarse con que el médico no está o no hay laboratorios, rayos X ni ginecólogas que las atiendan; eso es violencia del Estado, atajó, así como las mismas festividades religiosas han llegado a fomentar el alcoholismo y por ende la pobreza.
En espera de atención en Tlapa Foto: red
Casos de maltratos
Mary, mujer de Iliatenco señaló que aunque se ha buscado informar a la gente del municipio, aún hay casos de niñas maltratadas obligadas a no ir a la escuela por el padre con el permiso de la madre.
Joaquina por su parte, recordó que una abuela de su comunidad no les proporciona buen trato a sus cinco nietos, los deja solos, los golpea e incluso a una de las niñas al no llegar a dormir a la casa le untó chile en la vagina, sin embargo sus padres llevan varios años en los Estados Unidos de Norteamérica sin responder por sus hijos e hija.
En casos de aborto, recordó que comisarios no han atendido los casos diciendo que no pasaba nada o hay mujeres que aunque el marido las golpea se echan la culpa o lo justifican, ella pidió labores de prevención de violencia contra las mujeres pero también atención a los jóvenes estudiantes.
En otra participación, Ita, na savi originaria de Metlatónoc reprochó que “se quiere aplicar modelos mundiales cuando no ayudan a entender la región ni municipios como Cochoapa o Metlatónoc en los que prevalece violencia y discriminación, en las escuelas se quieren aplicar enseñanzas que traen contextos estatales o nacionales pero son inadecuadas las políticas de gobierno”.
Tras preguntar ¿dónde están las candidatas? Incluídas dentro de nuevos cargos públicos, pidió que las y los jóvenes sean incluidos en programas relativos al tema de atención y prevención de violencia contra las mujeres para que acompañen la difusión de información, salud, medicina preventiva, es decir, fuentes de empleo para gente de las propias comunidades e inclusión de la juventud en le desarrollo social.
Jaquelin, mujer activista sugirió una coordinación interstitucional entre el Estado, y la sociedad civil para que así se acepte y gratifique el trabajo de las ONG que han trabajado sin soporte económico labores en pro de la mujer, remarcó que es obligación de los ayuntamientos gastar verdaderamente sus partidas en atención a la mujer.
Otra opinión, abrió el cuestionamiento de la atención que brinda las instancias para la mujer a las trabajadoras sexuales.
Por Sergio Ferrer
losangelespress.org

miércoles, 25 de julio de 2012

Martínez Veloz desmiente a Luis H. Álvarez en Facebook







En relación a la nota aparecida el día de hoy en el Diario Milenio, titulada “Marcos padece cáncer de pulmón” en la que se narra un fragmento de hechos sucedidos en el año 2010, descritos en el Libro “Corazón Indígena. Lucha y esperanza de los pueblos originarios de México” escrito por Don Luis H Álvarez, de próxima publicación por el Fondo de Cultura Económica, me permito hacer los siguientes comentarios y aclaraciones:


1. Lamento mucho que una comunicación privada, de un tema tan delicado, donde no existen las certezas que amerita el caso, sean narradas en forma pública, dando lugar a la múltiple cantidad de interpretaciones que se pudieran tener al respecto.


2. Tal y como lo comenta Don Luis H. Álvarez en la nota, un día que nos encontramos en el Aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, al platicar sobre la problemática de las comunidades indígenas de Chiapas, le comenté mi preocupación sobre lo que se escuchaba en algunos medios y comunidades, acerca del deterioro de la salud de Subcomandante Marcos. Al preguntarme sobre el tipo de enfermedad que tenía, le expresé que yo no tenía contacto con el EZLN, pero que había varias versiones, no descartando la posibilidad de que tuviera algún tipo de cáncer, aunque era algo que yo no podía confirmar.


3. Al conocer esta información, Don Luis H. Álvarez, preocupado, me comentó que si se llegara a tener algún contacto con personas cercanas al EZLN, se les hiciera saber que él personalmente gestionaría que los recursos del Estado en materia de salud, se pusieran al servicio de la atención de la salud del subcomandante.


4. Cabe aclarar, que nunca conocí solicitud o petición alguna realizada por el EZLN, a nadie, para la atención de la supuesta enfermedad del Subcomandante Marcos. Algunos amigos que habían conocido la versión de la enfermedad, preocupados por esa posibilidad, expresaron que de ser necesario, los zapatistas contaran con la solidaridad incondicional para un caso de esta naturaleza.


5. Posterior a ello, recibí la llamada de una persona cercana al EZLN, para aclararme que no era cierto lo que se decía acerca del padecimiento del subcomandante; y meses después, el propio Subcomandante Marcos desmintió públicamente la información con respecto a la supuesta enfermedad.


6. Realizó esta aclaración, porque estoy convencido que el largo caminar de la lucha zapatista, es uno de los referentes morales más importantes del pueblo mexicano y la digna actitud de resistencia que han mantenido desde el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, tiene una enorme significación para la lucha del pueblo mexicano.


Atentamente


Jaime Martínez Veloz


México, D.F., a 25 de Julio de 2012.


lunes, 28 de mayo de 2012

Mujeres, niñas e indígenas entre los grupos con violencia más generalizada: AI






En su  Informe Mundial Anual 2012, Amnistía Internacional, capítulo México, afirmó que los derechos humanos de los grupos más vulnerables como mujeres, niñas y grupos indígenas siguen siendo violentados.
La violencia contra las mujeres siguió siendo generalizada. Se denunció un gran número de homicidios de mujeres en muchos estados y los responsables siguieron eludiendo la justicia en la mayor parte de los casos. La legislación que mejoraba el acceso a la justicia y la seguridad para las mujeres en situación de riesgo siguió siendo inefectiva en muchas zonas.
  • Más de 320 mujeres fueron asesinadas en Ciudad Juárez. Los responsables del asesinato, en diciembre de 2010, de la defensora de los derechos humanos Marisela Escobedo no rindieron cuentas de sus actos. En diciembre, Norma Andrade, de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, fue tiroteada y resultó gravemente herida frente a su casa. Ella y otras personas de la organización recibieron amenazas de muerte durante el año y se vieron obligadas a huir de la ciudad para salvaguardar su seguridad.
  • En octubre, Margarita González Carpio sufrió una agresión grave a manos de su ex pareja, un alto cargo de la Policía Federal de la ciudad de Querétaro. Inicialmente, las autoridades federales y estatales se negaron a adoptar medidas para protegerla o investigar las denuncias de agresión. Al concluir el año Margarita González seguía oculta y no se disponía de información sobre los avances de la investigación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó por un pequeño margen de votos una acción de inconstitucionalidad para anular los cambios en las Constituciones de los estados de Baja California y San Luis Potosí, que establecían el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Siete de los 11 jueces de la Suprema Corte alegaron que los cambios eran inconstitucionales y limitaban los derechos reproductivos de las mujeres. Sin embargo, esta mayoría era insuficiente para anular los cambios, lo que hacía temer que las mujeres pudieran encontrarse con obstáculos adicionales a la hora de acceder a servicios de aborto en los 17 estados que habían adoptado disposiciones similares.

Los pueblos indígenas siguieron sufriendo discriminación y desigualdad sistémicas en relación con el derecho a la tierra, la vivienda, el agua, la salud y la educación. Continuaron realizándose proyectos económicos y de desarrollo en tierras indígenas sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas. El proyecto de ley para regular las consultas con las comunidades indígenas seguía paralizado.
  • Los miembros de la comunidad indígena wixárika protestaron contra la concesión minera otorgada a una empresa canadiense para explotar los depósitos de plata de la Reserva Ecológica y Cultural Wirikuta de Real de Catorce, en el estado de San Luis Potosí, sin consultar a las comunidades afectadas ni obtener su consentimiento.
  • En diciembre, la sequía que afectó al estado de Chihuahua incrementó los niveles de desnutrición severa entre las comunidades indígenas tarahumaras, a lo que contribuyó la desatención de sus derechos humanos y la marginación que venían sufriendo durante muchos años.
Visitaron el país varios mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos, como el relator especial de la ONU sobre la libertad de expresión y el relator especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la libertad de expresión, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el relator especial de la OEA sobre trabajadores migratorios y sus familiares. En abril, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares, de la ONU, estudió el informe de México y su cumplimiento de la Convención. En julio visitó México la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos.