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miércoles, 13 de agosto de 2014
martes, 5 de agosto de 2014
Un tercio de mujeres en el mundo son agredidas por sus parejas
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A nivel mundial el desarrollo de las mujeres es 8 por ciento inferior al de los varones, a lo que se suma que un tercio de ellas sufrirá violencia de cualquier tipo a lo largo de su vida, según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2014, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Un informe publicado la semana pasada señala: “Sostener el progreso humano: Reducir vulnerabilidades y construir resiliencia” expone que además de que el desarrollo humano aumenta a un ritmo más lento que antes, la desigualdad entre los sexos y la violencia contra la mujeres son persistentes.
El reporte da cuenta que a nivel mundial casi 1.5 billones de personas vive en pobreza “multidimensional” (que se refleja en carencias en salud, educación, alimentación y nivel de vida), al mismo tiempo que 800 mil personas están en riesgo de caer en ella si se enfrentan a desastres naturales, crisis financieras o conflictos violentos.
En América Latina (AL) el número de personas vulnerables ante la pobreza “multidimensional” es de 45 millones de habitantes.
En el documento también se analiza el Índice de Inequidad de Género, que mide la desigualdad en el desarrollo de mujeres y hombres con base en la representación política femenina en sus países, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, participación en el mercado laboral, y acceso a la educación.
A nivel mundial el valor de desarrollo de las mujeres es 8 por ciento más bajo que el de los varones, ya que “las mujeres enfrentan diversos tipos de desventajas y discriminación”.
Las naciones con los índices de inequidad de género más bajos están en Europa y son encabezados por Eslovenia; mientras que las inequidades más amplias se concentran en el sur de Asia.
De acuerdo con el informe, la pobreza en los servicios de salud reproductiva contribuye en mayor medida a las inequidades entre los sexos, especialmente en países en desarrollo.
Dentro de los problemas más preocupantes se destaca la muerte materna, que además de tener un alto impacto en las mujeres tiene implicaciones en las hijas o hijos, quienes se quedan sin cuidado materno y pueden ver interrumpido su desarrollo y enfrentar varios obstáculos a lo largo de su vida.
Por ejemplo, la razón de muerte materna en África Subsahariana es de 474 muertes por cada 100 mil niños nacidos vivos.
La falta de acceso a servicios de salud adecuados también se refleja en los nacimientos de hijas o hijos de madres adolescentes, lo que debilita el desarrollo humano para las mujeres jóvenes y sus descendientes.
Por otro lado, las deficiencias en la educación también son amplias entre mujeres y hombres; en promedio 60 por ciento de las mujeres de 25 años o más tienen al menos estudios de secundaria en comparación con el 67 por ciento de los varones con ese nivel de estudios.
Al mismo tiempo, las mujeres permanecen detrás de los varones con respecto a su participación en el mercado laboral, pues hay una presencia femenina de sólo 51 por ciento, mientras que la participación masculina es de 77 por ciento. Aunque se destaca que la participación de las mujeres es mayor en empleos forzados derivados de la trata de personas.
En tanto, la violencia contra las mujeres, de “proporciones epidémicas”, pone diversos desafíos para que ellas “puedan participar en la vida de su sociedad, así como en garantizar la seguridad” de esta población, ya que la violencia de pareja va ligada a las condiciones de pobreza.
En el informe se da cuenta de que alrededor de un tercio de las mujeres a nivel mundial experimentará violencia sexual u otro tipo de violencia física a lo largo de su vida, principalmente a manos de su pareja, quienes se han identificado como responsables de cerca del 40 por ciento de todos los casos de feminicidio en el mundo.
A lo que se suma que en 143 países las mujeres dicen sentirse temerosas de padecer alguna agresión basada en género, y sostienen que se sienten más inseguras que los varones ante la violencia.
Información: CIMAC
A nivel mundial el desarrollo de las mujeres es 8 por ciento inferior al de los varones, a lo que se suma que un tercio de ellas sufrirá violencia de cualquier tipo a lo largo de su vida, según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2014, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Un informe publicado la semana pasada señala: “Sostener el progreso humano: Reducir vulnerabilidades y construir resiliencia” expone que además de que el desarrollo humano aumenta a un ritmo más lento que antes, la desigualdad entre los sexos y la violencia contra la mujeres son persistentes.
El reporte da cuenta que a nivel mundial casi 1.5 billones de personas vive en pobreza “multidimensional” (que se refleja en carencias en salud, educación, alimentación y nivel de vida), al mismo tiempo que 800 mil personas están en riesgo de caer en ella si se enfrentan a desastres naturales, crisis financieras o conflictos violentos.
En América Latina (AL) el número de personas vulnerables ante la pobreza “multidimensional” es de 45 millones de habitantes.
En el documento también se analiza el Índice de Inequidad de Género, que mide la desigualdad en el desarrollo de mujeres y hombres con base en la representación política femenina en sus países, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, participación en el mercado laboral, y acceso a la educación.
A nivel mundial el valor de desarrollo de las mujeres es 8 por ciento más bajo que el de los varones, ya que “las mujeres enfrentan diversos tipos de desventajas y discriminación”.
Las naciones con los índices de inequidad de género más bajos están en Europa y son encabezados por Eslovenia; mientras que las inequidades más amplias se concentran en el sur de Asia.
Globalmente las mujeres están en desventaja en la representación política nacional, pues en promedio ellas ocupan el 21 por ciento de los parlamentos. AL tiene el porcentaje de representación más amplio con el 25 por ciento, y en los Estados árabes la proporción es apenas de 14 por ciento.
De acuerdo con el informe, la pobreza en los servicios de salud reproductiva contribuye en mayor medida a las inequidades entre los sexos, especialmente en países en desarrollo.
Dentro de los problemas más preocupantes se destaca la muerte materna, que además de tener un alto impacto en las mujeres tiene implicaciones en las hijas o hijos, quienes se quedan sin cuidado materno y pueden ver interrumpido su desarrollo y enfrentar varios obstáculos a lo largo de su vida.
Por ejemplo, la razón de muerte materna en África Subsahariana es de 474 muertes por cada 100 mil niños nacidos vivos.
La falta de acceso a servicios de salud adecuados también se refleja en los nacimientos de hijas o hijos de madres adolescentes, lo que debilita el desarrollo humano para las mujeres jóvenes y sus descendientes.
Por otro lado, las deficiencias en la educación también son amplias entre mujeres y hombres; en promedio 60 por ciento de las mujeres de 25 años o más tienen al menos estudios de secundaria en comparación con el 67 por ciento de los varones con ese nivel de estudios.
Al mismo tiempo, las mujeres permanecen detrás de los varones con respecto a su participación en el mercado laboral, pues hay una presencia femenina de sólo 51 por ciento, mientras que la participación masculina es de 77 por ciento. Aunque se destaca que la participación de las mujeres es mayor en empleos forzados derivados de la trata de personas.
En tanto, la violencia contra las mujeres, de “proporciones epidémicas”, pone diversos desafíos para que ellas “puedan participar en la vida de su sociedad, así como en garantizar la seguridad” de esta población, ya que la violencia de pareja va ligada a las condiciones de pobreza.
En el informe se da cuenta de que alrededor de un tercio de las mujeres a nivel mundial experimentará violencia sexual u otro tipo de violencia física a lo largo de su vida, principalmente a manos de su pareja, quienes se han identificado como responsables de cerca del 40 por ciento de todos los casos de feminicidio en el mundo.
A lo que se suma que en 143 países las mujeres dicen sentirse temerosas de padecer alguna agresión basada en género, y sostienen que se sienten más inseguras que los varones ante la violencia.
Información: CIMAC
miércoles, 30 de octubre de 2013
Solalinde arremete contra machismo fomentado desde la iglesia
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LEÓN, Gto. (apro).- El sacerdote Alejandro Solalinde responsabilizó a la Iglesia católica de mantener vigente la cultura del machismo, sobre todo en la región del Bajío, y a los gobernadores los acusó de ser simuladores al “firmar pactitos” y decir que todo está bien en lugar de declarar la alerta de violencia de género”.
Durante una visita para participar en un foro de migración en esta ciudad, el sacerdote defensor de los migrantes centroamericanos que ingresan a México dijo sin rodeos que los gobernantes están influidos por ese machismo que mantiene la Iglesia católica.
“Pregúntenselo y verán que (esos gobernantes) son católicos y como católicos, están influidos por ese machismo”, señaló a pregunta expresa sobre los asesinatos de mujeres que hoy tienen a Guanajuato en el primer lugar nacional en la estadística de feminicidios, de acuerdo con los datos de las organizaciones de la sociedad civil, que el gobierno de Guanajuato no reconoce.
Solalinde vislumbró un fin de sexenio desastroso en este tema. “Los feminicidios van a aumentar” porque los gobernadores tienen miedo de declarar la Alerta de violencia de género, que es lo que deberían de hacer, y son simuladores.
Agregó que se prefiere hacer congresitos o firmas de pactitos, “para decir que todo va bien y ya no va a haber violencia intrafamiliar”.
También lanzó críticas a la procuración e impartición de justicia, al aseverar que les falta visión, a partir de la experiencia de valorar a las mujeres y verlas de otra manera.
“Las mujeres son sagradas porque son sacramento del amor de Dios y si ellos no lo pueden ver, es porque son religiosos pero no han sido evangelizados; son católicos de membrete”, afirmó.
Los ministerios públicos son los primeros que deberían tener ese tacto y no pisotear los derechos de las mujeres, pues según expresó, “es impúdica la forma en que a veces los ministerios públicos las tratan. Deberían recibir una formación integral”.
Sobre el tema de la atención a los migrantes, el sacerdote dijo creer que el gobernador panista Miguel Márquez Márquez “tiene buena voluntad y es sensible”, pero falta que se dé una respuesta estructural y aplicar las leyes que se han promulgado para proteger a los migrantes.
Recordó que Guanajuato es una de las entidades marcadas por la expulsión de trabajadores. “La verdad no entiendo por qué; aquí en León, Guanajuato y en todo el estado de Guanajuato hay oportunidades, pero no son suficientes para las necesidades de la gente”, comentó.
Esto obedece, dijo, a una falta de visión y de dar prioridad a todo el fenómeno migratorio y a los derechos humanos.
“Esta tendencia de ver todo desde arriba y desde el escritorio tomar decisiones, necesitamos que los gobiernos se bajen, que escuchen a los jóvenes, que escuchen a las mujeres, por ejemplo ellas tienen tanta experiencia, tanto que decir y cómo ignorarlas, cómo permitir tantos feminicidios”, señaló en esta visita a León.
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| El sacerdote Alejandro Solalinde |
LEÓN, Gto. (apro).- El sacerdote Alejandro Solalinde responsabilizó a la Iglesia católica de mantener vigente la cultura del machismo, sobre todo en la región del Bajío, y a los gobernadores los acusó de ser simuladores al “firmar pactitos” y decir que todo está bien en lugar de declarar la alerta de violencia de género”.
Durante una visita para participar en un foro de migración en esta ciudad, el sacerdote defensor de los migrantes centroamericanos que ingresan a México dijo sin rodeos que los gobernantes están influidos por ese machismo que mantiene la Iglesia católica.
“Pregúntenselo y verán que (esos gobernantes) son católicos y como católicos, están influidos por ese machismo”, señaló a pregunta expresa sobre los asesinatos de mujeres que hoy tienen a Guanajuato en el primer lugar nacional en la estadística de feminicidios, de acuerdo con los datos de las organizaciones de la sociedad civil, que el gobierno de Guanajuato no reconoce.
Solalinde vislumbró un fin de sexenio desastroso en este tema. “Los feminicidios van a aumentar” porque los gobernadores tienen miedo de declarar la Alerta de violencia de género, que es lo que deberían de hacer, y son simuladores.
Agregó que se prefiere hacer congresitos o firmas de pactitos, “para decir que todo va bien y ya no va a haber violencia intrafamiliar”.
También lanzó críticas a la procuración e impartición de justicia, al aseverar que les falta visión, a partir de la experiencia de valorar a las mujeres y verlas de otra manera.
“Las mujeres son sagradas porque son sacramento del amor de Dios y si ellos no lo pueden ver, es porque son religiosos pero no han sido evangelizados; son católicos de membrete”, afirmó.
Los ministerios públicos son los primeros que deberían tener ese tacto y no pisotear los derechos de las mujeres, pues según expresó, “es impúdica la forma en que a veces los ministerios públicos las tratan. Deberían recibir una formación integral”.
Sobre el tema de la atención a los migrantes, el sacerdote dijo creer que el gobernador panista Miguel Márquez Márquez “tiene buena voluntad y es sensible”, pero falta que se dé una respuesta estructural y aplicar las leyes que se han promulgado para proteger a los migrantes.
Recordó que Guanajuato es una de las entidades marcadas por la expulsión de trabajadores. “La verdad no entiendo por qué; aquí en León, Guanajuato y en todo el estado de Guanajuato hay oportunidades, pero no son suficientes para las necesidades de la gente”, comentó.
Esto obedece, dijo, a una falta de visión y de dar prioridad a todo el fenómeno migratorio y a los derechos humanos.
“Esta tendencia de ver todo desde arriba y desde el escritorio tomar decisiones, necesitamos que los gobiernos se bajen, que escuchen a los jóvenes, que escuchen a las mujeres, por ejemplo ellas tienen tanta experiencia, tanto que decir y cómo ignorarlas, cómo permitir tantos feminicidios”, señaló en esta visita a León.
Tomado de Proceso/Octubre 30, 2013
sábado, 26 de octubre de 2013
En defensa de las mujeres
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¡
ENF Dosmiltrece Jalisco
¡PERSONAS LIBRES, ESTADOS LAICOS! ¡NI DE LA IGLESIA, NI DEL ESTADO: MI CUERPO ES MÍO!
jueves, 30 de mayo de 2013
Mujeres na savi demandan servicios de salud en Cochoapa, Guerrero
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COCHOAPA EL GRANDE, Guerrero.- Mujeres na savi de Cochoapa el Grande reclamaron en el Primer Encuentro de Mujeres Indígenas por los Derechos Humanos acceso a la salud; un hospital regional, y servicios de ultrasonido son parte de las demandas básicas.
Denunciaron que persiste la violencia familiar y económica, y faltan apoyos para el desarrollo de la confección manual de huipiles. L La violencia contra las mujeres en Cochoapa llegó a su punto máximo en marzo cuando ocurrió una violación tumultuaria en contra de una adolescente de 16 años.
El encuentro para estas denuncias y demandas fue convocado por la Secretaría de la Mujer de Guerrero y tuvo como ponente a la activista de origen amuzgo Martha Sánchez Néstor, quien entre otros puntos indicó que apoyada con la interpretación del castellano a tu´un savi, que las mujeres deben romper el miedo y el temor a exigir sus derechos.
Tras recordar que de adolescente comprendió que era necesario conocer sus derechos, aseguró que los médicos y enfermeras no deben discriminar a las mujeres. La activista también habló del logro que representa el acceso al voto y afirmó que las mujeres deben alzar su voz para denunciar los maltratos o abusos de donde provengan.
Después llamó a las mujeres dar sus testimonios. Maura Chávez Víctor relató que de niña sufrió maltrato llegando sus padres hasta quererla colgar. Ahora las agresiones siguen a través de sus hermanos que la golpearon incluso frente al comisario municipal.
Maura no sabe leer ni escribir pero lo anterior no impidió que solicitará a las autoridades asistentes apoyarla con su situación, la titular de la Semujer Rosario Herrera tomó el micrófono y llamó al alcalde y al síndico a evitar esas cuestiones además de solicitar el apoyo de la Procuraduría general de Justicia del Estado de Guerrero para la presentación de la denuncia.
Nieves partera tradicional y una de las 250 mujeres que asistieron al encuentro pidió atención para ultrasonidos para su comunidad porque en el centro de salud no hay por lo cual deben acudir a Tlapa o Metlatónoc pero en éste último no cuentan con lo necesario siendo recurrente que en el traslado que se mueran mujeres o los bebés.
Otro reclamó fue por la falta de médicos que cubran el turno nocturno del Centro de Salud Básico Comunitario, en este respecto de forma indirecta la Secretaría de Salud informó a la titular de la Semujer que habían pedido al alcalde apoyo con dos mil 200 pesos a manera de bono que se les ofrezca a los médicos para que logren subir a este municipio con alto índice de marginación.
Aunque salud estatal lo ha negado faltan médicos en La Montaña. Rosario Herrera le preguntó al presidente municipal de Cochoapa el Grande Luciano Moreno López ¿cuándo daría ese apoyo? El edil trató de dar salida política asegurando que lo revisaría pero ante la insistencia de la funcionaria acordó dar el dinero para junio.
Moreno López aprovechó su participación para asegurar que le había sido negada la petición de un Hospital Regional que pudiera atender a comunidades de Cochoapa y Metlatónoc que se encuentran a una distancia de hasta seis horas de Tlapa u Ometepec, por lo cual hará la gestión de un Centro de Salud Ampliado.
Na savi Josefina pidió a la Semujer intervenir para que Fonart trabaje directamente con la adquisición de prendas regionales. Fonart es un programa federal que acude cada uno o dos años a realizar un concurso en el que participan miles de prendas elaboradas en telar de cintura, huipiles principalmente pero sólo algunas son elegidas.
Silvia reclamó que sufren mucho porque sus maridos se van al norte a trabajar y ya no regresan, luego se casan allá y dejan a su anterior mujer con hijos, por lo cual pidió proyectos para madres solteras.
La secretaría de la mujer aseguró que apoyaría en la gestión de una unidad móvil de ultrasonido para que acudan regularmente a dichos municipios y se dijo preocupada porque las mujeres sufren violencia. “Cuando nos pegan, cuando nos dicen que no servimos, cuando quieren tener relaciones sexuales por la fuerza, aunque sean nuestros maridos eso es violación y no es algo normal ni que se debe permitir ni tampoco que haya quienes aún quieran vender a sus hijas”, atajó.
Adelantó que habrá dos traductoras en las agencias del Ministerio Público en Tlapa aunque aseguró que no tenían conocimiento de denuncias por venta de jóvenes.
Al evento acudieron también, la representante del secretario de salud Alba Patricia Batani quien no se quedó hasta el final del evento, el fiscal regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero Rogelio Cuenca Nava, la directora del DIF en la región Rafaela Cruz, el síndico de Cochoapa Bernardo Ponce, Adelaida García subdelegada de la Semujer, representante de la SAI presidenta del DIF en Cochoapa, Zacaría Aguilar, funcionarias del ayuntamiento de Metlatónoc y la organización Savi Yoko.
La lluvia cayó sobre aquella parte de La Montaña alta de Guerrero que entre sus problemas tiene las afectaciones de la piel que presentan niñas y niños.
Por Sergio Ferrer
losangelespress.org
COCHOAPA EL GRANDE, Guerrero.- Mujeres na savi de Cochoapa el Grande reclamaron en el Primer Encuentro de Mujeres Indígenas por los Derechos Humanos acceso a la salud; un hospital regional, y servicios de ultrasonido son parte de las demandas básicas.
Denunciaron que persiste la violencia familiar y económica, y faltan apoyos para el desarrollo de la confección manual de huipiles. L La violencia contra las mujeres en Cochoapa llegó a su punto máximo en marzo cuando ocurrió una violación tumultuaria en contra de una adolescente de 16 años.
El encuentro para estas denuncias y demandas fue convocado por la Secretaría de la Mujer de Guerrero y tuvo como ponente a la activista de origen amuzgo Martha Sánchez Néstor, quien entre otros puntos indicó que apoyada con la interpretación del castellano a tu´un savi, que las mujeres deben romper el miedo y el temor a exigir sus derechos.
Tras recordar que de adolescente comprendió que era necesario conocer sus derechos, aseguró que los médicos y enfermeras no deben discriminar a las mujeres. La activista también habló del logro que representa el acceso al voto y afirmó que las mujeres deben alzar su voz para denunciar los maltratos o abusos de donde provengan.
Después llamó a las mujeres dar sus testimonios. Maura Chávez Víctor relató que de niña sufrió maltrato llegando sus padres hasta quererla colgar. Ahora las agresiones siguen a través de sus hermanos que la golpearon incluso frente al comisario municipal.
Maura no sabe leer ni escribir pero lo anterior no impidió que solicitará a las autoridades asistentes apoyarla con su situación, la titular de la Semujer Rosario Herrera tomó el micrófono y llamó al alcalde y al síndico a evitar esas cuestiones además de solicitar el apoyo de la Procuraduría general de Justicia del Estado de Guerrero para la presentación de la denuncia.
Nieves partera tradicional y una de las 250 mujeres que asistieron al encuentro pidió atención para ultrasonidos para su comunidad porque en el centro de salud no hay por lo cual deben acudir a Tlapa o Metlatónoc pero en éste último no cuentan con lo necesario siendo recurrente que en el traslado que se mueran mujeres o los bebés.
Otro reclamó fue por la falta de médicos que cubran el turno nocturno del Centro de Salud Básico Comunitario, en este respecto de forma indirecta la Secretaría de Salud informó a la titular de la Semujer que habían pedido al alcalde apoyo con dos mil 200 pesos a manera de bono que se les ofrezca a los médicos para que logren subir a este municipio con alto índice de marginación.
Aunque salud estatal lo ha negado faltan médicos en La Montaña. Rosario Herrera le preguntó al presidente municipal de Cochoapa el Grande Luciano Moreno López ¿cuándo daría ese apoyo? El edil trató de dar salida política asegurando que lo revisaría pero ante la insistencia de la funcionaria acordó dar el dinero para junio.
Moreno López aprovechó su participación para asegurar que le había sido negada la petición de un Hospital Regional que pudiera atender a comunidades de Cochoapa y Metlatónoc que se encuentran a una distancia de hasta seis horas de Tlapa u Ometepec, por lo cual hará la gestión de un Centro de Salud Ampliado.
Na savi Josefina pidió a la Semujer intervenir para que Fonart trabaje directamente con la adquisición de prendas regionales. Fonart es un programa federal que acude cada uno o dos años a realizar un concurso en el que participan miles de prendas elaboradas en telar de cintura, huipiles principalmente pero sólo algunas son elegidas.
Mujer de Cochoapa sin atención médica. Foto: Sergio Ferrer
Silvia reclamó que sufren mucho porque sus maridos se van al norte a trabajar y ya no regresan, luego se casan allá y dejan a su anterior mujer con hijos, por lo cual pidió proyectos para madres solteras.
La secretaría de la mujer aseguró que apoyaría en la gestión de una unidad móvil de ultrasonido para que acudan regularmente a dichos municipios y se dijo preocupada porque las mujeres sufren violencia. “Cuando nos pegan, cuando nos dicen que no servimos, cuando quieren tener relaciones sexuales por la fuerza, aunque sean nuestros maridos eso es violación y no es algo normal ni que se debe permitir ni tampoco que haya quienes aún quieran vender a sus hijas”, atajó.
Adelantó que habrá dos traductoras en las agencias del Ministerio Público en Tlapa aunque aseguró que no tenían conocimiento de denuncias por venta de jóvenes.
Al evento acudieron también, la representante del secretario de salud Alba Patricia Batani quien no se quedó hasta el final del evento, el fiscal regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero Rogelio Cuenca Nava, la directora del DIF en la región Rafaela Cruz, el síndico de Cochoapa Bernardo Ponce, Adelaida García subdelegada de la Semujer, representante de la SAI presidenta del DIF en Cochoapa, Zacaría Aguilar, funcionarias del ayuntamiento de Metlatónoc y la organización Savi Yoko.
La lluvia cayó sobre aquella parte de La Montaña alta de Guerrero que entre sus problemas tiene las afectaciones de la piel que presentan niñas y niños.
Por Sergio Ferrer
losangelespress.org
miércoles, 15 de mayo de 2013
Llama AI a gobierno de México asumir compromiso regional con los derechos humanos
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El día de hoy, 13 de mayo, Amnistía Internacional (AI) ha dirigido una carta a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México llamando a las autoridades mexicanas a mostrar su compromiso con los derechos humanos a nivel regional. AI considera que los compromisos públicos hechos por las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos y de defensa y fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos deben también transformarse en acciones concretas en su política internacional.
La organización considera urgente que México muestre este compromiso instando al gobierno de El Salvador a cumplir pronta y efectivamente con las medidas cautelares dictadas por Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la ciudadana salvadoreña Beatriz. Hasta el momento las autoridades de El Salvador no han cumplido estas medidas, poniendo en grave riesgo la vida de Beatriz.
Beatriz es una joven salvadoreña de 22 años, y debe afrontar un embarazo de alto riesgo, y con muy escasas posibilidades de éxito debido a sus graves problemas de salud y a una severa malformación del feto. Ante esta situación los médicos han dictaminado que Beatriz necesita un aborto terapéutico.
El 29 de abril del presente año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares al Estado de El Salvador para proporcionar a Beatriz un tratamiento médico adecuado, según lo prescrito por sus médicos y conforme a los deseos de la paciente, en un plazo no mayor a 72 horas. A pesar de esta resolución el gobierno de El Salvador aún no ha actuado, poniendo su vida en riesgo.
El 26 de abril, los Relatores de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud, la Cuestión de la Tortura y la Violencia Contra las Mujeres, así como también la Presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU especializado en la discriminación contra las mujeres, pidieron al gobierno salvadoreño que se proporcione urgentemente el tratamiento médico adecuado a Beatriz para salvar su vida.
La Corte Suprema de El Salvador actualmente está considerando el caso a petición de los médicos involucrados, quienes alertan que Beatriz podría morir si continúa con su embarazo, y no han intervenido debido al riesgo de ser procesados bajo las estrictas leyes antiaborto del país. Sin embargo, la Corte no ha respondido con la urgencia exigida por el caso.
“Queremos que su caso se resuelva lo antes posible. Que Beatriz no se muera, así de sencillo. Cada día que pasa, su situación de salud se agrava. Ella solo quiere salvar su vida, y estar con su familia” expresó Dennis Muñoz, uno de los abogados de Beatriz.
Para Amnistía Internacional este es un claro caso de discriminación, y de violación al derecho a la salud, así como de sometimiento a un trato cruel, inhumano y degradante por parte de las autoridades salvadoreñas. El caso de Beatriz es simbólico en uno de los pocos países del mundo donde el aborto está penado en todas las circunstancias, incluyendo el riesgo para la vida de la madre o abuso sexual, y donde las mujeres de bajos recursos carecen de los servicios médicos necesarios para garantizar su salud.
México, cómo país que se ha mostrado activamente comprometido con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y que según el Pacto por México asume los derechos humanos en una política de estado, debe instar a las autoridades salvadoreñas a cumplir con las medidas cautelares dictadas por la Comisión.
Información Adicional
Beatriz, madre de un niño, está embarazada de 22 semanas y seriamente enferma. Actualmente está hospitalizada con lupus y problemas de riñón. Su situación de salud es tan grave que 15 médicos del Hospital Nacional de Maternidad de El Salvador recomendaron la intervención médica cuando Beatriz tenía solo 13 semanas de embarazo, pues podría morir si continúa con su embarazo. Los médicos también han diagnosticado al feto de anencefalia (le falta gran parte del cerebro y cráneo), lo que en la mayoría de los casos resulta en la muerte del bebé a las horas o días de nacer.
Sin embargo, los médicos de Beatriz no le han brindado el aborto que puede salvarle la vida, y que ésta ha solicitado, porque temen ser procesados bajo las leyes salvadoreñas que imponen sentencias de prisión a cualquiera que lleve a cabo o tenga un aborto.
Hace dos meses, los médicos escribieron a las autoridades solicitando protección explícita contra un posible procesamiento si proveen a Beatriz el tratamiento que tanto necesita. A pesar de la obvia urgencia del caso, ninguna autoridad ha respondido.
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| Foto: Red |
El día de hoy, 13 de mayo, Amnistía Internacional (AI) ha dirigido una carta a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México llamando a las autoridades mexicanas a mostrar su compromiso con los derechos humanos a nivel regional. AI considera que los compromisos públicos hechos por las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos y de defensa y fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos deben también transformarse en acciones concretas en su política internacional.
La organización considera urgente que México muestre este compromiso instando al gobierno de El Salvador a cumplir pronta y efectivamente con las medidas cautelares dictadas por Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la ciudadana salvadoreña Beatriz. Hasta el momento las autoridades de El Salvador no han cumplido estas medidas, poniendo en grave riesgo la vida de Beatriz.
Beatriz es una joven salvadoreña de 22 años, y debe afrontar un embarazo de alto riesgo, y con muy escasas posibilidades de éxito debido a sus graves problemas de salud y a una severa malformación del feto. Ante esta situación los médicos han dictaminado que Beatriz necesita un aborto terapéutico.
El 29 de abril del presente año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares al Estado de El Salvador para proporcionar a Beatriz un tratamiento médico adecuado, según lo prescrito por sus médicos y conforme a los deseos de la paciente, en un plazo no mayor a 72 horas. A pesar de esta resolución el gobierno de El Salvador aún no ha actuado, poniendo su vida en riesgo.
El 26 de abril, los Relatores de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud, la Cuestión de la Tortura y la Violencia Contra las Mujeres, así como también la Presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU especializado en la discriminación contra las mujeres, pidieron al gobierno salvadoreño que se proporcione urgentemente el tratamiento médico adecuado a Beatriz para salvar su vida.
La Corte Suprema de El Salvador actualmente está considerando el caso a petición de los médicos involucrados, quienes alertan que Beatriz podría morir si continúa con su embarazo, y no han intervenido debido al riesgo de ser procesados bajo las estrictas leyes antiaborto del país. Sin embargo, la Corte no ha respondido con la urgencia exigida por el caso.
“Queremos que su caso se resuelva lo antes posible. Que Beatriz no se muera, así de sencillo. Cada día que pasa, su situación de salud se agrava. Ella solo quiere salvar su vida, y estar con su familia” expresó Dennis Muñoz, uno de los abogados de Beatriz.
Para Amnistía Internacional este es un claro caso de discriminación, y de violación al derecho a la salud, así como de sometimiento a un trato cruel, inhumano y degradante por parte de las autoridades salvadoreñas. El caso de Beatriz es simbólico en uno de los pocos países del mundo donde el aborto está penado en todas las circunstancias, incluyendo el riesgo para la vida de la madre o abuso sexual, y donde las mujeres de bajos recursos carecen de los servicios médicos necesarios para garantizar su salud.
México, cómo país que se ha mostrado activamente comprometido con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y que según el Pacto por México asume los derechos humanos en una política de estado, debe instar a las autoridades salvadoreñas a cumplir con las medidas cautelares dictadas por la Comisión.
Información Adicional
Beatriz, madre de un niño, está embarazada de 22 semanas y seriamente enferma. Actualmente está hospitalizada con lupus y problemas de riñón. Su situación de salud es tan grave que 15 médicos del Hospital Nacional de Maternidad de El Salvador recomendaron la intervención médica cuando Beatriz tenía solo 13 semanas de embarazo, pues podría morir si continúa con su embarazo. Los médicos también han diagnosticado al feto de anencefalia (le falta gran parte del cerebro y cráneo), lo que en la mayoría de los casos resulta en la muerte del bebé a las horas o días de nacer.
Sin embargo, los médicos de Beatriz no le han brindado el aborto que puede salvarle la vida, y que ésta ha solicitado, porque temen ser procesados bajo las leyes salvadoreñas que imponen sentencias de prisión a cualquiera que lleve a cabo o tenga un aborto.
Hace dos meses, los médicos escribieron a las autoridades solicitando protección explícita contra un posible procesamiento si proveen a Beatriz el tratamiento que tanto necesita. A pesar de la obvia urgencia del caso, ninguna autoridad ha respondido.
martes, 9 de abril de 2013
Diputada presenta queja ante la COPRED vs artículo discriminatorio de Daniel Bisogno
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Tal y como lo expuso el pasado jueves ante el Pleno de la Asamblea Legislativa, la diputada Rocío Sánchez Pérez, acudió a las instalaciones del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), con el fin de interponer una queja/reclamación en contra del periodista de espectáculos, Daniel Bisogno, por su artículo discriminatorio en contra de las y los trabajadores domésticos.
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| Foto: Red |
Tal y como lo expuso el pasado jueves ante el Pleno de la Asamblea Legislativa, la diputada Rocío Sánchez Pérez, acudió a las instalaciones del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), con el fin de interponer una queja/reclamación en contra del periodista de espectáculos, Daniel Bisogno, por su artículo discriminatorio en contra de las y los trabajadores domésticos.
Al exponer el Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno de la Asamblea Legislativa, la diputada Rocío Sánchez Pérez exhortó al periodista a retractarse de sus dichos y pedir una disculpa pública a las y los trabajadores domésticos, que constituyen uno de los grupos laborales más útiles, pero más desfavorecido de nuestra sociedad.
La también presidenta de la Comisión de Equidad y Género, acudió a las instalaciones de la COPRED, en donde fue recibida por la Directora del Consejo, Jacqueline L’Hoist Tapia, y el Director de Cultura por la No Discriminación Iván Pérez, a quienes les entregó la queja en contra del periodista Daniel Bisogno.
El documento fue signado con el número de expediente COPRED-DCND-K-Q-014-2013, y los funcionarios del Consejo se comprometieron a dar seguimiento a la denuncia y hacer una invitación de conciliación al periodista, con el objeto de llamar a reconsiderar sus expresiones, así como realizar una disculpa pública a las y los trabajadores domésticas.
Asimismo plantearon una agenda de trabajo con la Asamblea Legislativa, para buscar un mecanismo a través del cual se determinen los derechos de las personas trabajadoras del hogar en la ciudad de México.
“Desde el Consejo estaremos haciendo un llamado para que el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se reconocen los derechos de este sector productivo sea reconocido por el Estado Mexicano, lo cual es una tarea que tiene que hacer el Senado”, puntualizaron.
Finalmente, los funcionarios hicieron un llamado público al periodista Daniel Bisogno, para que esté atento a la comunicación que establecerán con él, invitándolo al diálogo y a la reflexión, esperando tener buenos resultados.
La también presidenta de la Comisión de Equidad y Género, acudió a las instalaciones de la COPRED, en donde fue recibida por la Directora del Consejo, Jacqueline L’Hoist Tapia, y el Director de Cultura por la No Discriminación Iván Pérez, a quienes les entregó la queja en contra del periodista Daniel Bisogno.
El documento fue signado con el número de expediente COPRED-DCND-K-Q-014-2013, y los funcionarios del Consejo se comprometieron a dar seguimiento a la denuncia y hacer una invitación de conciliación al periodista, con el objeto de llamar a reconsiderar sus expresiones, así como realizar una disculpa pública a las y los trabajadores domésticas.
Asimismo plantearon una agenda de trabajo con la Asamblea Legislativa, para buscar un mecanismo a través del cual se determinen los derechos de las personas trabajadoras del hogar en la ciudad de México.
“Desde el Consejo estaremos haciendo un llamado para que el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se reconocen los derechos de este sector productivo sea reconocido por el Estado Mexicano, lo cual es una tarea que tiene que hacer el Senado”, puntualizaron.
Finalmente, los funcionarios hicieron un llamado público al periodista Daniel Bisogno, para que esté atento a la comunicación que establecerán con él, invitándolo al diálogo y a la reflexión, esperando tener buenos resultados.
radioamlo.org
viernes, 8 de marzo de 2013
La "pandemia" que está matando a la mujer latinoamericana
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En las notas publicadas a continuación encontrarán historias que no suelen aparecer en los medios.
Son crónicas de mujeres que han sido asesinadas por el hecho de ser mujer.
La palabra no aparece en la Real Academia.
Sus casos son ejemplos significativos de un crimen que cada año mata a una enorme cantidad de mujeres en todo el mundo.
Pero a pesar de ser un problema tan grave, no tiene ni nombre ni hay cifras oficiales.
Se le llama "feminicidio" o "femicidio", según el país, pero cuando se busca en la Real Academia de la Lengua, la respuesta es que esas palabras "no están registradas en el Diccionario".
Pero obviamente existe. Y en América Latina es especialmente grave.
Tanto que un informe de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) publicado en 2012 indica que en algunos casos alcanza "niveles cercanos a los de pandemia".
Carmen Moreno, secretaria ejecutiva de la CIM, le contó a BBC Mundo por qué es tan difícil cuantificar este delito que ella misma definió como "la suma de todas las violencias".
clicLea la entrevista
En el contexto de esa precariedad de datos, BBC Mundo preparó un mapa que -usando diferentes fuentes- intenta echar luz sobre la magnitud del feminicidio en América Latina (este gráfico no funciona en Internet Explorer).
En las notas publicadas a continuación encontrarán historias que no suelen aparecer en los medios.
Son crónicas de mujeres que han sido asesinadas por el hecho de ser mujer.
La palabra no aparece en la Real Academia.
Sus casos son ejemplos significativos de un crimen que cada año mata a una enorme cantidad de mujeres en todo el mundo.
Pero a pesar de ser un problema tan grave, no tiene ni nombre ni hay cifras oficiales.
Se le llama "feminicidio" o "femicidio", según el país, pero cuando se busca en la Real Academia de la Lengua, la respuesta es que esas palabras "no están registradas en el Diccionario".
Pero obviamente existe. Y en América Latina es especialmente grave.
Tanto que un informe de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) publicado en 2012 indica que en algunos casos alcanza "niveles cercanos a los de pandemia".
Carmen Moreno, secretaria ejecutiva de la CIM, le contó a BBC Mundo por qué es tan difícil cuantificar este delito que ella misma definió como "la suma de todas las violencias".
clicLea la entrevista
En el contexto de esa precariedad de datos, BBC Mundo preparó un mapa que -usando diferentes fuentes- intenta echar luz sobre la magnitud del feminicidio en América Latina (este gráfico no funciona en Internet Explorer).
fUFclic
Las mujeres y las niñas necesitan acciones y compromisos más efectivos
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Elena, una niña de 10 años violada por un sacerdote en Nicaragua, sufrió presiones para que guardase silencio y no denunciase el abuso antes de que el violador fuese por fin procesado y condenado a 30 años de cárcel.
El cuerpo de María fue encontrado sin vida en México, después de que la policía se hubiera negado a atender un llamado de emergencia por considerarlo un asunto familiar.
Latifah, una niña Indonesia de 14 años, fue acusada de adulterio por la policía local cuando acudió a denunciar que había sido violada.
Los nombres de estas mujeres son ficticios, pero sus historias muestran las consecuencias de la arraigada discriminación que sufren millones de mujeres y niñas de todo el mundo, simplemente debido a su género.
Amnistía Internacional ha atestiguado, cuando las mujeres y las niñas carecen de servicios de salud efectivos y de información sobre ellos, las consecuencias son a menudo catastróficas. En muchos países, la falta de autonomía y capacidad a la que se enfrentan las mujeres y las niñas para tomar decisiones que afectan su vida constituye un impedimento crucial para acceder a sus derechos.
La ONU ha denunciado recientemente que cada día mueren en torno a 800 mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto, y que, por cada una de ellas, otras 20 soportan sufrimiento durante toda la vida como consecuencia de lesiones, infecciones, enfermedades o discapacidades derivadas del embarazo, el parto o abortos practicados en condiciones de riesgo.
En gran parte del mundo, la impunidad caracteriza la violencia contra las mujeres, escandalosos casos en India, México, Pakistán y Colombia han creado titulares y han arrojado luz sobre los preocupantes niveles de impunidad que facilitaron estas tragedias. En México, solo el 20% de las denuncias de violación terminan en sentencia y si se considera que el 80% de los casos no son denunciados, se puede deducir que se castiga en menos del 5% de las violaciones sexuales contra mujeres.
De Indonesia a México, de Sierra Leona a Estados Unidos, millones de mujeres y niñas pagan con su vida las políticas de salud fallidas, atención insuficiente, y las leyes discriminatorias. Muchas sufren discriminación y violencia en sus familias y comunidades, con poca o ninguna esperanza de obtener justicia o recibir apoyo de sus gobiernos, afirmó hoy Amnistía Internacional.
En 1994, en una conferencia pionera celebrada en El Cairo, dirigentes de 179 países reafirmaron los derechos humanos de las mujeres y las niñas a tomar sus propias decisiones sobre la sexualidad, el embarazo y la maternidad, y se comprometieron a convertir el empoderamiento de las mujeres en un elemento central de sus políticas sobre población y desarrollo.
Amnistía Internacional considera que en los años transcurridos desde la Conferencia de El Cairo se han tomado algunas medidas importantes para cumplir los compromisos adquiridos en ella. Pero estos progresos han tardado en llegar y, en algunas áreas como la salud sexual y reproductiva, han sido, como mucho, irregulares.
Representantes de los Estados miembros de la ONU se reunirán de nuevo en 2014 para revisar los avances logrados con el Programa de Acción aprobado 20 años antes en El Cairo. En concreto, examinarán las iniciativas de los gobiernos para cumplir sus compromisos.
Amnistía Internacional llama los Estados tomar seriamente esta oportunidad y que tomen compromisos para asegurar que toda persona pueda vivir sin violencia y tomar decisiones independientes e informadas sobre su salud, su cuerpo y su vida.
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El cuerpo de María fue encontrado sin vida en México, después de que la policía se hubiera negado a atender un llamado de emergencia por considerarlo un asunto familiar.
Latifah, una niña Indonesia de 14 años, fue acusada de adulterio por la policía local cuando acudió a denunciar que había sido violada.
Los nombres de estas mujeres son ficticios, pero sus historias muestran las consecuencias de la arraigada discriminación que sufren millones de mujeres y niñas de todo el mundo, simplemente debido a su género.
Amnistía Internacional ha atestiguado, cuando las mujeres y las niñas carecen de servicios de salud efectivos y de información sobre ellos, las consecuencias son a menudo catastróficas. En muchos países, la falta de autonomía y capacidad a la que se enfrentan las mujeres y las niñas para tomar decisiones que afectan su vida constituye un impedimento crucial para acceder a sus derechos.
La ONU ha denunciado recientemente que cada día mueren en torno a 800 mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto, y que, por cada una de ellas, otras 20 soportan sufrimiento durante toda la vida como consecuencia de lesiones, infecciones, enfermedades o discapacidades derivadas del embarazo, el parto o abortos practicados en condiciones de riesgo.
En gran parte del mundo, la impunidad caracteriza la violencia contra las mujeres, escandalosos casos en India, México, Pakistán y Colombia han creado titulares y han arrojado luz sobre los preocupantes niveles de impunidad que facilitaron estas tragedias. En México, solo el 20% de las denuncias de violación terminan en sentencia y si se considera que el 80% de los casos no son denunciados, se puede deducir que se castiga en menos del 5% de las violaciones sexuales contra mujeres.
De Indonesia a México, de Sierra Leona a Estados Unidos, millones de mujeres y niñas pagan con su vida las políticas de salud fallidas, atención insuficiente, y las leyes discriminatorias. Muchas sufren discriminación y violencia en sus familias y comunidades, con poca o ninguna esperanza de obtener justicia o recibir apoyo de sus gobiernos, afirmó hoy Amnistía Internacional.
En 1994, en una conferencia pionera celebrada en El Cairo, dirigentes de 179 países reafirmaron los derechos humanos de las mujeres y las niñas a tomar sus propias decisiones sobre la sexualidad, el embarazo y la maternidad, y se comprometieron a convertir el empoderamiento de las mujeres en un elemento central de sus políticas sobre población y desarrollo.
Amnistía Internacional considera que en los años transcurridos desde la Conferencia de El Cairo se han tomado algunas medidas importantes para cumplir los compromisos adquiridos en ella. Pero estos progresos han tardado en llegar y, en algunas áreas como la salud sexual y reproductiva, han sido, como mucho, irregulares.
Representantes de los Estados miembros de la ONU se reunirán de nuevo en 2014 para revisar los avances logrados con el Programa de Acción aprobado 20 años antes en El Cairo. En concreto, examinarán las iniciativas de los gobiernos para cumplir sus compromisos.
Amnistía Internacional llama los Estados tomar seriamente esta oportunidad y que tomen compromisos para asegurar que toda persona pueda vivir sin violencia y tomar decisiones independientes e informadas sobre su salud, su cuerpo y su vida.
Así mismo, la organización recuerda a los gobiernos que no deben esperar esta conferencia para poner en marcha políticas efectivas que permitan a las mujeres y las niñas acceder a una vida sin violencia, sin discriminación y con un adecuado acceso a la salud.
Fuente: AI
viernes, 15 de febrero de 2013
Compromisos y acciones efectivas necesitan las niñas y mujeres en el Mundo: AI
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Elena, una niña de 10 años violada por un sacerdote en Nicaragua, sufrió presiones para que guardase silencio y no denunciase el abuso antes de que el violador fuese por fin procesado y condenado a 30 años de cárcel.
El cuerpo de María fue encontrado sin vida en México, después de que la policía se hubiera negado a atender un llamado de emergencia por considerarlo un asunto familiar.
Latifah, una niña Indonesia de 14 años, fue acusada de adulterio por la policía local cuando acudió a denunciar que había sido violada.
Los nombres de estas mujeres son ficticios, pero sus historias muestran las consecuencias de la arraigada discriminación que sufren millones de mujeres y niñas de todo el mundo, simplemente debido a su género.
Amnistía Internacional ha atestiguado, cuando las mujeres y las niñas carecen de servicios de salud efectivos y de información sobre ellos, las consecuencias son a menudo catastróficas. En muchos países, la falta de autonomía y capacidad a la que se enfrentan las mujeres y las niñas para tomar decisiones que afectan su vida constituye un impedimento crucial para acceder a sus derechos.
La ONU ha denunciado recientemente que cada día mueren en torno a 800 mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto, y que, por cada una de ellas, otras 20 soportan sufrimiento durante toda la vida como consecuencia de lesiones, infecciones, enfermedades o discapacidades derivadas del embarazo, el parto o abortos practicados en condiciones de riesgo.
En gran parte del mundo, la impunidad caracteriza la violencia contra las mujeres, escandalosos casos en India, México, Pakistán y Colombia han creado titulares y han arrojado luz sobre los preocupantes niveles de impunidad que facilitaron estas tragedias. En México, solo el 20% de las denuncias de violación terminan en sentencia y si se considera que el 80% de los casos no son denunciados, se puede deducir que se castiga en menos del 5% de las violaciones sexuales contra mujeres.
De Indonesia a México, de Sierra Leona a Estados Unidos, millones de mujeres y niñas pagan con su vida las políticas de salud fallidas, atención insuficiente, y las leyes discriminatorias. Muchas sufren discriminación y violencia en sus familias y comunidades, con poca o ninguna esperanza de obtener justicia o recibir apoyo de sus gobiernos, afirmó hoy Amnistía Internacional.
En 1994, en una conferencia pionera celebrada en El Cairo, dirigentes de 179 países reafirmaron los derechos humanos de las mujeres y las niñas a tomar sus propias decisiones sobre la sexualidad, el embarazo y la maternidad, y se comprometieron a convertir el empoderamiento de las mujeres en un elemento central de sus políticas sobre población y desarrollo.
Amnistía Internacional considera que en los años transcurridos desde la Conferencia de El Cairo se han tomado algunas medidas importantes para cumplir los compromisos adquiridos en ella. Pero estos progresos han tardado en llegar y, en algunas áreas como la salud sexual y reproductiva, han sido, como mucho, irregulares.
Representantes de los Estados miembros de la ONU se reunirán de nuevo en 2014 para revisar los avances logrados con el Programa de Acción aprobado 20 años antes en El Cairo. En concreto, examinarán las iniciativas de los gobiernos para cumplir sus compromisos.
Amnistía Internacional llama los Estados tomar seriamente esta oportunidad y que tomen compromisos para asegurar que toda persona pueda vivir sin violencia y tomar decisiones independientes e informadas sobre su salud, su cuerpo y su vida.
Así mismo, la organización recuerda a los gobiernos que no deben esperar esta conferencia para poner en marcha políticas efectivas que permitan a las mujeres y las niñas acceder a una vida sin violencia, sin discriminación y con un adecuado acceso a la salud.
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El cuerpo de María fue encontrado sin vida en México, después de que la policía se hubiera negado a atender un llamado de emergencia por considerarlo un asunto familiar.
Latifah, una niña Indonesia de 14 años, fue acusada de adulterio por la policía local cuando acudió a denunciar que había sido violada.
Los nombres de estas mujeres son ficticios, pero sus historias muestran las consecuencias de la arraigada discriminación que sufren millones de mujeres y niñas de todo el mundo, simplemente debido a su género.
Amnistía Internacional ha atestiguado, cuando las mujeres y las niñas carecen de servicios de salud efectivos y de información sobre ellos, las consecuencias son a menudo catastróficas. En muchos países, la falta de autonomía y capacidad a la que se enfrentan las mujeres y las niñas para tomar decisiones que afectan su vida constituye un impedimento crucial para acceder a sus derechos.
La ONU ha denunciado recientemente que cada día mueren en torno a 800 mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto, y que, por cada una de ellas, otras 20 soportan sufrimiento durante toda la vida como consecuencia de lesiones, infecciones, enfermedades o discapacidades derivadas del embarazo, el parto o abortos practicados en condiciones de riesgo.
En gran parte del mundo, la impunidad caracteriza la violencia contra las mujeres, escandalosos casos en India, México, Pakistán y Colombia han creado titulares y han arrojado luz sobre los preocupantes niveles de impunidad que facilitaron estas tragedias. En México, solo el 20% de las denuncias de violación terminan en sentencia y si se considera que el 80% de los casos no son denunciados, se puede deducir que se castiga en menos del 5% de las violaciones sexuales contra mujeres.
De Indonesia a México, de Sierra Leona a Estados Unidos, millones de mujeres y niñas pagan con su vida las políticas de salud fallidas, atención insuficiente, y las leyes discriminatorias. Muchas sufren discriminación y violencia en sus familias y comunidades, con poca o ninguna esperanza de obtener justicia o recibir apoyo de sus gobiernos, afirmó hoy Amnistía Internacional.
En 1994, en una conferencia pionera celebrada en El Cairo, dirigentes de 179 países reafirmaron los derechos humanos de las mujeres y las niñas a tomar sus propias decisiones sobre la sexualidad, el embarazo y la maternidad, y se comprometieron a convertir el empoderamiento de las mujeres en un elemento central de sus políticas sobre población y desarrollo.
Amnistía Internacional considera que en los años transcurridos desde la Conferencia de El Cairo se han tomado algunas medidas importantes para cumplir los compromisos adquiridos en ella. Pero estos progresos han tardado en llegar y, en algunas áreas como la salud sexual y reproductiva, han sido, como mucho, irregulares.
Representantes de los Estados miembros de la ONU se reunirán de nuevo en 2014 para revisar los avances logrados con el Programa de Acción aprobado 20 años antes en El Cairo. En concreto, examinarán las iniciativas de los gobiernos para cumplir sus compromisos.
Amnistía Internacional llama los Estados tomar seriamente esta oportunidad y que tomen compromisos para asegurar que toda persona pueda vivir sin violencia y tomar decisiones independientes e informadas sobre su salud, su cuerpo y su vida.
Así mismo, la organización recuerda a los gobiernos que no deben esperar esta conferencia para poner en marcha políticas efectivas que permitan a las mujeres y las niñas acceder a una vida sin violencia, sin discriminación y con un adecuado acceso a la salud.
Fuente: www.amnistia.org.mx
sábado, 9 de febrero de 2013
Esperan mujeres en México seguridad y justicia: AI
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El pasado lunes 4, medios locales e internacionales dieron informaron sobre seis turistas españolas fueron víctimas de violación durante sus vacaciones en Acapulco, en el estado de Guerrero.
Tras inicialmente haber minimizado los hechos, las autoridades del Estado de Guerrero se vieron forzadas a reafirmar que se conduciría una investigación completa para procesar a los responsables. Este cambio de discurso pareció obedecer una creciente ola de indignación pública así como a presiones internacionales.
pecialmente lamentable, es que este trágico suceso no es ajeno a la realidad a la que se enfrentan incontables mujeres, ya que de acuerdo a información recopilada por Amnistía Internacional (AI) cada año miles de niñas y mujeres son víctimas de violencia sexual en México.
De acuerdo con la información que el año pasado presentó Amnistía Internacional al Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, más de 14.000 mujeres son víctimas de violación cada año. Además, de acuerdo a estudios, está cifra podría representar solo un 20% de los casos reales, pues el 80% de los casos no son denunciados.
De acuerdo a información de condenas ocurridas en 2009 – la última a la que la organización ha tenido acceso - en México solamente se produjeron 2.795 condenas por violación.
De esta forma, la organización puede concluir que la impunidad sigue siendo uno de las características de la violencia sexual contra las mujeres en México.
Amnistía Internacional reconoce que si bien han habido algunos avances positivos, como la aprobación de la ley “de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”, la violencia de género sigue siendo generalizada. Tanto las autoridades federales como estatales han fracasado sistemáticamente a la hora de garantizar la aplicación efectiva de muchos aspectos de esta ley, lo que contribuido a que la impunidad subsista.
El pasado mes de enero, familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, ciudad fronteriza con Estados Unidos, donde cientos de mujeres han sido víctimas de asesinatos o desapariciones, se manifestaron en una caminata a la Ciudad de Chihuahua para exigir a las autoridades que investiguen adecuadamente los delitos y lleven a los responsables ante la justicia.
Las organizaciones de mujeres de otros estados, como Nuevo León, Oaxaca y México, han señalado pautas similares de violencia de género –que las autoridades no combaten con eficacia–.
La justicia es crucial cuando se trata de abordar la violencia contra las mujeres y acabar con ella. Si quien viola a una mujer no recibe ningún castigo, el mensaje que se está transmitiendo es que tales abusos son aceptables –es una firme invitación a que otros cometan ese mismo delito–.
Amnistía Internacional considera que las autoridades mexicanas no pueden seguir esperando para atender las demandas de las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres y exige que se tomen medidas concretas y efectivas que mejoren la investigación y logren que se incremente la cifra de procesamientos y condenas y de esta forma reducir la impunidad.
Además, el gobierno mexicano debe urgentemente implementar políticas destinadas a poner fin a la violencia y apoyar a las mujeres y niñas sobrevivientes de abusos sexuales.
Fuente: www.amnistiainternacional.com.mx
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| Jóvenes trabajadoras de una maquiladora en el norte del país. Foto: Red |
El pasado lunes 4, medios locales e internacionales dieron informaron sobre seis turistas españolas fueron víctimas de violación durante sus vacaciones en Acapulco, en el estado de Guerrero.
Tras inicialmente haber minimizado los hechos, las autoridades del Estado de Guerrero se vieron forzadas a reafirmar que se conduciría una investigación completa para procesar a los responsables. Este cambio de discurso pareció obedecer una creciente ola de indignación pública así como a presiones internacionales.
pecialmente lamentable, es que este trágico suceso no es ajeno a la realidad a la que se enfrentan incontables mujeres, ya que de acuerdo a información recopilada por Amnistía Internacional (AI) cada año miles de niñas y mujeres son víctimas de violencia sexual en México.
De acuerdo con la información que el año pasado presentó Amnistía Internacional al Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, más de 14.000 mujeres son víctimas de violación cada año. Además, de acuerdo a estudios, está cifra podría representar solo un 20% de los casos reales, pues el 80% de los casos no son denunciados.
De acuerdo a información de condenas ocurridas en 2009 – la última a la que la organización ha tenido acceso - en México solamente se produjeron 2.795 condenas por violación.
De esta forma, la organización puede concluir que la impunidad sigue siendo uno de las características de la violencia sexual contra las mujeres en México.
Amnistía Internacional reconoce que si bien han habido algunos avances positivos, como la aprobación de la ley “de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”, la violencia de género sigue siendo generalizada. Tanto las autoridades federales como estatales han fracasado sistemáticamente a la hora de garantizar la aplicación efectiva de muchos aspectos de esta ley, lo que contribuido a que la impunidad subsista.
El pasado mes de enero, familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, ciudad fronteriza con Estados Unidos, donde cientos de mujeres han sido víctimas de asesinatos o desapariciones, se manifestaron en una caminata a la Ciudad de Chihuahua para exigir a las autoridades que investiguen adecuadamente los delitos y lleven a los responsables ante la justicia.
Las organizaciones de mujeres de otros estados, como Nuevo León, Oaxaca y México, han señalado pautas similares de violencia de género –que las autoridades no combaten con eficacia–.
La justicia es crucial cuando se trata de abordar la violencia contra las mujeres y acabar con ella. Si quien viola a una mujer no recibe ningún castigo, el mensaje que se está transmitiendo es que tales abusos son aceptables –es una firme invitación a que otros cometan ese mismo delito–.
Amnistía Internacional considera que las autoridades mexicanas no pueden seguir esperando para atender las demandas de las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres y exige que se tomen medidas concretas y efectivas que mejoren la investigación y logren que se incremente la cifra de procesamientos y condenas y de esta forma reducir la impunidad.
Además, el gobierno mexicano debe urgentemente implementar políticas destinadas a poner fin a la violencia y apoyar a las mujeres y niñas sobrevivientes de abusos sexuales.
Fuente: www.amnistiainternacional.com.mx
lunes, 3 de diciembre de 2012
Mujeres indígenas, víctimas de violencia institucional
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| Mujeres indígenas de La Montaña. Foto: Red |
TLAPA, Guerrero.- Urge la atención inmediata a mujeres indígenas en La Montaña, Guerrero, que son víctimas de violencia institucional y discriminación, expresaron activistas y funcionarios ante la necesidad de que el Centro de Atención y Justicia para Mujeres Indígenas de La Montaña abra ya sus puertas para que no sea un “elefante blanco”.
Junto a este centro, se solicita la instauración de un refugio para mujeres víctimas de violencia ya que no existe un albergue para atenderlas, pese a que hay una infraestructura por ahora inhabilitada en el Centro de Justicia de Tlapa.
Ante esta violencia del Estado, una decena de mujeres provenientes de Tlapa, Iliatenco, Copanatoyac, Atlixtac y Olinalá narraron sus situaciones de violencia y otras que han observado en sus comunidades en el marco de un taller realizado para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres del estado de Guerrero, por la consultora CARAN a encargo de la Secretaría de la Mujer.
Los representantes del Instituto Municipal de la Mujer en Tlapa, por su parte, plantearon por la necesidad de que los Centros de Atención en Acapulco, Chilpancingo (CAIV´s) y el Centro de Justicia en Chilpancingo para mujeres, reduzcan sus requisitos y modifiquen sus formatos para admitir a mujeres que padecen violencia.
Se afirmó que en dichos centros se exige que la mujer sufra violencia extrema y que no tenga ningún familiar que la pueda alojar así como detalles en las edades de los hijos que pueden llevar al refugio por lo cual se solicitó la disminución de los requisitos para su atención ya que pareciera no llenar a las autoridades ver el ojo morado de una mujer.
Las representantes apremiaron a que la Secretaría de Asuntos Indígenas mejore su atención con las mujeres incluyendo abogadas que las orienten en su lengua original y se cite a jueces, presidentes municipales y autoridades para talleres que les orienten hacia un servicio con perspectiva de género.
Ita, activista que trabaja desde hace años en Cochoapa y Metlatónoc mencionó el alcoholismo como uno de los problemas que acrecientan la violencia familiar, aunados a la discriminación y sobre todo al racismo que sufren las mujeres en su entorno rural indígena.
Señaló que existe una mala aplicación de programas de gobierno como el de Oportunidades anexándoles a la situación procesos de aculturación de los pueblos y la falta de aplicación de justicia por parte de ayuntamientos municipales, comisarías, delegaciones a los agresores de mujeres y sus familias.
La activista criticó, en otro ejemplo, que las mujeres después de guardarse sus sentimientos viajan al médico desde la madrugada para encontrarse con que el médico no está o no hay laboratorios, rayos X ni ginecólogas que las atiendan; eso es violencia del Estado, atajó, así como las mismas festividades religiosas han llegado a fomentar el alcoholismo y por ende la pobreza.
En espera de atención en Tlapa Foto: red
Casos de maltratos
Mary, mujer de Iliatenco señaló que aunque se ha buscado informar a la gente del municipio, aún hay casos de niñas maltratadas obligadas a no ir a la escuela por el padre con el permiso de la madre.
Joaquina por su parte, recordó que una abuela de su comunidad no les proporciona buen trato a sus cinco nietos, los deja solos, los golpea e incluso a una de las niñas al no llegar a dormir a la casa le untó chile en la vagina, sin embargo sus padres llevan varios años en los Estados Unidos de Norteamérica sin responder por sus hijos e hija.
En casos de aborto, recordó que comisarios no han atendido los casos diciendo que no pasaba nada o hay mujeres que aunque el marido las golpea se echan la culpa o lo justifican, ella pidió labores de prevención de violencia contra las mujeres pero también atención a los jóvenes estudiantes.
En otra participación, Ita, na savi originaria de Metlatónoc reprochó que “se quiere aplicar modelos mundiales cuando no ayudan a entender la región ni municipios como Cochoapa o Metlatónoc en los que prevalece violencia y discriminación, en las escuelas se quieren aplicar enseñanzas que traen contextos estatales o nacionales pero son inadecuadas las políticas de gobierno”.
Tras preguntar ¿dónde están las candidatas? Incluídas dentro de nuevos cargos públicos, pidió que las y los jóvenes sean incluidos en programas relativos al tema de atención y prevención de violencia contra las mujeres para que acompañen la difusión de información, salud, medicina preventiva, es decir, fuentes de empleo para gente de las propias comunidades e inclusión de la juventud en le desarrollo social.
Jaquelin, mujer activista sugirió una coordinación interstitucional entre el Estado, y la sociedad civil para que así se acepte y gratifique el trabajo de las ONG que han trabajado sin soporte económico labores en pro de la mujer, remarcó que es obligación de los ayuntamientos gastar verdaderamente sus partidas en atención a la mujer.
Otra opinión, abrió el cuestionamiento de la atención que brinda las instancias para la mujer a las trabajadoras sexuales.
Por Sergio Ferrer
losangelespress.org
lunes, 15 de octubre de 2012
"Mujeres para violarlas": sobre José Manuel Castelao
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| José Manuel Castelao Bragaña |
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| Rafael Jiménez Claudín, el autor |
Políticos dementes
Inauguro esta columna sobre políticos instalados en la demencia con José Manuel Castelao Bragaña y su frase “las leyes son como las mujeres, están para violarlas”, pronunciadas en su calidad de presidente del Consejo de la Emigración de España a propuesta de la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, quien no ha tenido más remedio que forzar su dimisión por “motivos personales”.
Según publicó el diario El País, la frase fatídica la pronunció José Manuel Castelao el martes 3 de octubre ante algunos de los consejeros a la vez que reclamaba falsificar un acta a la que le faltaba un voto para su formalización.
Los miembros presentes en la mesa redactaron un escrito exigiendo que se disculpase públicamente y Castelao Bragaña, exdiputado del PP por Galicia, intentó primero zafarse argumentando que se había malinterpretado su frase, pero la polémica levantada ha impedido que su partido pueda apoyarle y finalmente dimitió.
“Estoy completamente en contra de cualquier tipo de violación, soy un admirador educado y respetuoso de la mujer. Soy hijo de mujer, esposo de mujer y soy de una tierra, Galicia, donde la mujer ha tenido un papel muy importante”, aseguró el político en la cadena Ser, pero en esta ocasión le traicionó el subconsciente.
Tengo curiosidad por ver dónde emerge de nuevo este ínclito político popular, porque creo sinceramente que esa forma de conceptuar a las mujeres está arraigada en muchos varones del Partido Popular que simpatizarán en su desgracia y le rescatarán a la menor oportunidad para otra función pública.
Inauguro esta columna sobre políticos instalados en la demencia con José Manuel Castelao Bragaña y su frase “las leyes son como las mujeres, están para violarlas”, pronunciadas en su calidad de presidente del Consejo de la Emigración de España a propuesta de la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, quien no ha tenido más remedio que forzar su dimisión por “motivos personales”.
Según publicó el diario El País, la frase fatídica la pronunció José Manuel Castelao el martes 3 de octubre ante algunos de los consejeros a la vez que reclamaba falsificar un acta a la que le faltaba un voto para su formalización.
Los miembros presentes en la mesa redactaron un escrito exigiendo que se disculpase públicamente y Castelao Bragaña, exdiputado del PP por Galicia, intentó primero zafarse argumentando que se había malinterpretado su frase, pero la polémica levantada ha impedido que su partido pueda apoyarle y finalmente dimitió.
“Estoy completamente en contra de cualquier tipo de violación, soy un admirador educado y respetuoso de la mujer. Soy hijo de mujer, esposo de mujer y soy de una tierra, Galicia, donde la mujer ha tenido un papel muy importante”, aseguró el político en la cadena Ser, pero en esta ocasión le traicionó el subconsciente.
Tengo curiosidad por ver dónde emerge de nuevo este ínclito político popular, porque creo sinceramente que esa forma de conceptuar a las mujeres está arraigada en muchos varones del Partido Popular que simpatizarán en su desgracia y le rescatarán a la menor oportunidad para otra función pública.
Por Rafael Jiménez Claudín
domingo, 16 de septiembre de 2012
Las desaparecidas de Querétaro
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De dos años a la fecha Querétaro se ha convertido en una especie de agujero negro para las adolescentes. El número de muchachas de entre 13 y 16 años que simplemente “desaparecen” ha aumentado exponencialmente a partir de 2010. Y en lugar de investigar y atender el problema, las autoridades locales falsean las cifras, criminalizan a las víctimas y se escudan en una ley ambigua para justificar su inacción. Son las familias de las desaparecidas y organismos de derechos humanos los que se dan a la tarea de averiguar qué pasa… Todo apunta a la operación de una red de tratantes de mujeres.
QUERÉTARO, QRO.- El número de mujeres jóvenes desaparecidas en esta entidad se ha multiplicado en años recientes mientras la Procuraduría General de Justicia de Querétaro (PGJQ) “maquilla” la información para tratar de mostrar la cara de una entidad segura.
En su portal de Internet la PGJQ publica las fichas de cuatro varones menores de edad, cinco hombres adultos, tres mujeres adultas y 15 jovencitas, todos en calidad de extraviados, pero el procurador local, Arsenio Durán Becerra dijo a organizaciones civiles que este año tiene “reportes activos” de 53 mujeres desaparecidas, de las cuales 48 son menores de edad.
Durán presentó estos datos en una reunión de organizaciones defensoras de los derechos humanos con funcionarios de varios estados para revisar el seguimiento a las recomendaciones internacionales por el caso Campo Algodonero.
“Quién sabe hasta cuándo las autoridades estatales podrán sostener esa imagen de que en Querétaro no pasa nada. Los queretanos nos estamos dando cuenta de que sí pasa, de que la violencia también nos alcanza, de que ocurren cosas; hay mujeres asesinadas, hay mantas de grupos delictivos mientras todo el tiempo el discurso oficial es que son casos aislados, que aquí no hay violencia”, dice a Proceso la coordinadora en Querétaro de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), Lluvia Cervantes Contreras.
Alude a las tres mantas que el miércoles 12 aparecieron en el municipio de Corregidora supuestamente firmadas por Los Zetas, en las que se propone una tregua a Los Caballeros Templarios, grupo que ya ha dado señales de presencia en Querétaro.
La activista alerta sobre el hecho de que según datos de la PGJQ –obtenidos mediante solicitudes de información gubernamental– “se está advirtiendo la desaparición de chicas de entre 13 y 16 años”.
En octubre de 2010 desaparecieron siete menores de edad –todas mujeres– en un periodo de 10 días. “Aparentemente después de eso no hubo nuevos casos hasta julio de este año, cuando desaparecieron otras siete. Y a principios de este mes la Procuraduría publica en el portal otro número igual de casos, pero resulta que estas niñas habían desaparecido entre 2009 y 2010”, detalla Cervantes.
Con este manejo de la información las dudas sobre lo que realmente ocurre son muchas, dice. La actualización de datos que publica la Procuraduría es confusa, agrega, pero se advierten patrones al revisar los perfiles de las jóvenes desaparecidas; incluso esa institución advierte acerca de la posibilidad de que las muchachas hayan caído en manos de tratantes de personas para la explotación sexual o laboral.
“Observamos la dinámica nacional de las redes de trata que operan en el país. Hace poco la CNDH dio a conocer varias estadísticas que nos indican que no son casos aislados que sólo pasan en Ciudad Juárez o en el Estado de México, sino que son redes que operan para la trata de personas en muchas partes. No podemos pensar que Querétaro es un caso aislado”, advierte.
Los familiares de estas jóvenes, por su parte, entran en la misma dinámica que se ha descrito ante tantos otros casos en otras regiones del país: Hacen el trabajo de las autoridades, siguen pistas, buscan a las jóvenes con sus amigos o en las redes sociales.
No ayuda que, al menos en las escasas fichas que divulga el portal de internet de la PGJQ, a varias de ellas se les etiquete como “rebeldes” o “con problemas de conducta” o se describa que “es la tercera vez que se va de su casa”; detalles “agregados” recientemente.
“Esto es violencia oficial”, dice Cervantes: “En cada foto que vemos la explicación que se pone del momento en que desapareció esa chica tiene que ver con que es muy rebelde, tiene problemas de conducta. Y en un país con un contexto de violencia hacia las mujeres, esta violencia se oficializa, las culpables son las mismas mujeres: Si te golpea tu pareja es porque algo hiciste para que te lo merecieras y si desapareces es porque tenías una conducta rebelde”.
La entrevistada rechaza tajante esos juicios de valor. “El trabajo de la Procuraduría tendrá que ser apegarse a la ley y a la objetividad, no juzgar por qué se fueron”.
Aunque prevalece el pesimismo en cuanto a la modificación de esas posturas oficiales, pues lo mismo ocurre en el ámbito legislativo y en el gobierno estatal, donde no se ha terminado de instrumentar cabalmente la ley de atención a mujeres víctimas de violencia.
Querétaro es una entidad que aún no tipifica el delito de feminicidio. “Algunas organizaciones de la sociedad civil han tratado de poner sobre la mesa esta tipificación, pero la Legislatura que está por irse no abordó el tema”, lamenta Cervantes y el panorama para la siguiente no es más alentador, dice. El próximo Congreso sólo tendrá dos diputadas.
(Extracto del reportaje que se publica esta semana en Proceso 1872, ya en circulación)
De dos años a la fecha Querétaro se ha convertido en una especie de agujero negro para las adolescentes. El número de muchachas de entre 13 y 16 años que simplemente “desaparecen” ha aumentado exponencialmente a partir de 2010. Y en lugar de investigar y atender el problema, las autoridades locales falsean las cifras, criminalizan a las víctimas y se escudan en una ley ambigua para justificar su inacción. Son las familias de las desaparecidas y organismos de derechos humanos los que se dan a la tarea de averiguar qué pasa… Todo apunta a la operación de una red de tratantes de mujeres.
QUERÉTARO, QRO.- El número de mujeres jóvenes desaparecidas en esta entidad se ha multiplicado en años recientes mientras la Procuraduría General de Justicia de Querétaro (PGJQ) “maquilla” la información para tratar de mostrar la cara de una entidad segura.
En su portal de Internet la PGJQ publica las fichas de cuatro varones menores de edad, cinco hombres adultos, tres mujeres adultas y 15 jovencitas, todos en calidad de extraviados, pero el procurador local, Arsenio Durán Becerra dijo a organizaciones civiles que este año tiene “reportes activos” de 53 mujeres desaparecidas, de las cuales 48 son menores de edad.
Durán presentó estos datos en una reunión de organizaciones defensoras de los derechos humanos con funcionarios de varios estados para revisar el seguimiento a las recomendaciones internacionales por el caso Campo Algodonero.
“Quién sabe hasta cuándo las autoridades estatales podrán sostener esa imagen de que en Querétaro no pasa nada. Los queretanos nos estamos dando cuenta de que sí pasa, de que la violencia también nos alcanza, de que ocurren cosas; hay mujeres asesinadas, hay mantas de grupos delictivos mientras todo el tiempo el discurso oficial es que son casos aislados, que aquí no hay violencia”, dice a Proceso la coordinadora en Querétaro de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), Lluvia Cervantes Contreras.
Alude a las tres mantas que el miércoles 12 aparecieron en el municipio de Corregidora supuestamente firmadas por Los Zetas, en las que se propone una tregua a Los Caballeros Templarios, grupo que ya ha dado señales de presencia en Querétaro.
La activista alerta sobre el hecho de que según datos de la PGJQ –obtenidos mediante solicitudes de información gubernamental– “se está advirtiendo la desaparición de chicas de entre 13 y 16 años”.
En octubre de 2010 desaparecieron siete menores de edad –todas mujeres– en un periodo de 10 días. “Aparentemente después de eso no hubo nuevos casos hasta julio de este año, cuando desaparecieron otras siete. Y a principios de este mes la Procuraduría publica en el portal otro número igual de casos, pero resulta que estas niñas habían desaparecido entre 2009 y 2010”, detalla Cervantes.
Con este manejo de la información las dudas sobre lo que realmente ocurre son muchas, dice. La actualización de datos que publica la Procuraduría es confusa, agrega, pero se advierten patrones al revisar los perfiles de las jóvenes desaparecidas; incluso esa institución advierte acerca de la posibilidad de que las muchachas hayan caído en manos de tratantes de personas para la explotación sexual o laboral.
“Observamos la dinámica nacional de las redes de trata que operan en el país. Hace poco la CNDH dio a conocer varias estadísticas que nos indican que no son casos aislados que sólo pasan en Ciudad Juárez o en el Estado de México, sino que son redes que operan para la trata de personas en muchas partes. No podemos pensar que Querétaro es un caso aislado”, advierte.
Los familiares de estas jóvenes, por su parte, entran en la misma dinámica que se ha descrito ante tantos otros casos en otras regiones del país: Hacen el trabajo de las autoridades, siguen pistas, buscan a las jóvenes con sus amigos o en las redes sociales.
No ayuda que, al menos en las escasas fichas que divulga el portal de internet de la PGJQ, a varias de ellas se les etiquete como “rebeldes” o “con problemas de conducta” o se describa que “es la tercera vez que se va de su casa”; detalles “agregados” recientemente.
“Esto es violencia oficial”, dice Cervantes: “En cada foto que vemos la explicación que se pone del momento en que desapareció esa chica tiene que ver con que es muy rebelde, tiene problemas de conducta. Y en un país con un contexto de violencia hacia las mujeres, esta violencia se oficializa, las culpables son las mismas mujeres: Si te golpea tu pareja es porque algo hiciste para que te lo merecieras y si desapareces es porque tenías una conducta rebelde”.
La entrevistada rechaza tajante esos juicios de valor. “El trabajo de la Procuraduría tendrá que ser apegarse a la ley y a la objetividad, no juzgar por qué se fueron”.
Aunque prevalece el pesimismo en cuanto a la modificación de esas posturas oficiales, pues lo mismo ocurre en el ámbito legislativo y en el gobierno estatal, donde no se ha terminado de instrumentar cabalmente la ley de atención a mujeres víctimas de violencia.
Querétaro es una entidad que aún no tipifica el delito de feminicidio. “Algunas organizaciones de la sociedad civil han tratado de poner sobre la mesa esta tipificación, pero la Legislatura que está por irse no abordó el tema”, lamenta Cervantes y el panorama para la siguiente no es más alentador, dice. El próximo Congreso sólo tendrá dos diputadas.
(Extracto del reportaje que se publica esta semana en Proceso 1872, ya en circulación)
Por Verónica Espinosa
Septiembre 15 de 2012
jueves, 9 de agosto de 2012
Critican activistas evasión del gobierno federal a cuestionamientos de CEDAW
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A casi un mes de la presentación de los informes de México ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), representantes de organizaciones sociales reclamaron al gobierno de Felipe Calderón su evasión a los cuestionamientos de los expertos durante la audiencia realizada en Nueva York.
En conferencia de prensa, activistas que acudieron a la 52 Sesión del Comité CEDAW resaltaron la preocupación de los integrantes de ese mecanismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en lo referente a la violencia contra las mujeres en el contexto de combate al narcotráfico y la militarización.
Acompañadas por el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Javier Hernández Valencia, las activistas mostraron su indignación porque a la audiencia acudieron funcionarios “de tercera” que no pudieron responder a los cuestionamientos de las expertas de la ONU.
Sobre las recomendaciones formuladas a México, Hernández Valencia consideró que “lo ideal es que sean tomadas en cuenta para hacer los cambios legislativos o reformas necesarias y se pongan en marcha antes de que en 2013 México sea sometido al Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.
El representante de la OACNUDH reconoció que las expertas de la ONU se mostraron muy consternadas por el incremento de la violencia contra las mujeres, y manifestó su confianza en que las recomendaciones de ese mecanismo internacional sean retomadas en el plan nacional de desarrollo de la siguiente administración, “sea la que sea”.
En su oportunidad, la coordinadora del Observatorio Nacional Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, mencionó que los representantes del Estado mexicano “no supieron responder cómo es que se habla de disminución de la violencia contra las mujeres, si ni siquiera son capaces de ofrecer cifras para comparar sus dichos”.
Los representantes mexicanos, añadió, aseguraron tener documentadas 200 desapariciones de mujeres en todo el país, cuando a través de solicitudes de información pública de nueve estados el OCNF registró 3 mil 149 casos.
“Los números son muy claros, la discriminación contra las mujeres se ha agudizado y, para las expertas, uno de los parámetros que lo demuestra es que los representantes tuvieron que reconocer que de 14 mil investigaciones abiertas por violación, sólo en 2% se llegó a sentencias condenatorias. En los casos de asesinatos de periodistas y de defensoras de derechos humanos, no hay ni una sola sentencia”, apuntó Estrada.
De acuerdo con Martha Sánchez, coordinadora de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, una de las preocupaciones expresadas durante la sesión por parte de las expertas del Comité CEDAW fue la militarización de las zonas indígenas bajo el argumento de combate al narcotráfico.
“Los representantes del gobierno negaron que México esté militarizado y que menos aún se ejerza violencia contra las mujeres indígenas, cuando es de todos conocido los casos de violaciones sexuales contra las mujeres, en particular las indígenas, así como la violencia contra las comunidades de los pueblos, la violencia estructural, la criminalización que se desata con el pretexto del combate al crimen organizado”, subrayó.
Sánchez Néstor aprovechó la oportunidad para exhortar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que en la discusión sobre el fuero militar que se está llevando a cabo, “retomen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo”, indígenas violadas por soldados en 2002.
Destacó que las especialistas de la ONU también manifestaron su preocupación por la indiferencia del Estado hacia “prácticas culturales nocivas dentro de los sistemas indígenas que están basadas en el género, en roles estereotipados de hombres y mujeres –como la figura del ‘precio de la novia’– que perpetúan la discriminación contra las indígenas”.
Yunuhen Rangel, de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), destacó que durante la sesión del pasado 7 de julio en Nueva York, los representantes del Estado mexicano “no pudieron demostrar con datos objetivos la disminución de los ataques y las agresiones” a periodistas y defensoras de derechos humanos.
No se aportó información sobre las 13 periodistas asesinadas de 2005 a 2011, ni sobre los 11 homicidios de defensoras ocurridos de 2010 a 2011, casos todos que siguen en la impunidad, añadió.
Por su parte, Ibeth Huerta, de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, comentó el lastre que arrastra México en materia de incumplimiento de recomendaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos.
De 2000 a 2011, señaló, México ha recibido mil 361 recomendaciones de 36 instrumentos internacionales, de las cuales 314 están relacionadas con mujeres.
Entre los temas de los que surgieron observaciones a México destacan: la situación de defensoras y periodistas, trata y explotación sexual, derechos políticos de las mujeres, derechos reproductivos, impacto de la crisis de seguridad en las mujeres y violencia de género, discriminación educativa y laboral, y derechos de las mujeres indígenas.
Por Gloria Leticia Díaz
Revista Proceso
A casi un mes de la presentación de los informes de México ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), representantes de organizaciones sociales reclamaron al gobierno de Felipe Calderón su evasión a los cuestionamientos de los expertos durante la audiencia realizada en Nueva York.
En conferencia de prensa, activistas que acudieron a la 52 Sesión del Comité CEDAW resaltaron la preocupación de los integrantes de ese mecanismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en lo referente a la violencia contra las mujeres en el contexto de combate al narcotráfico y la militarización.
Acompañadas por el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Javier Hernández Valencia, las activistas mostraron su indignación porque a la audiencia acudieron funcionarios “de tercera” que no pudieron responder a los cuestionamientos de las expertas de la ONU.
Sobre las recomendaciones formuladas a México, Hernández Valencia consideró que “lo ideal es que sean tomadas en cuenta para hacer los cambios legislativos o reformas necesarias y se pongan en marcha antes de que en 2013 México sea sometido al Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.
El representante de la OACNUDH reconoció que las expertas de la ONU se mostraron muy consternadas por el incremento de la violencia contra las mujeres, y manifestó su confianza en que las recomendaciones de ese mecanismo internacional sean retomadas en el plan nacional de desarrollo de la siguiente administración, “sea la que sea”.
En su oportunidad, la coordinadora del Observatorio Nacional Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, mencionó que los representantes del Estado mexicano “no supieron responder cómo es que se habla de disminución de la violencia contra las mujeres, si ni siquiera son capaces de ofrecer cifras para comparar sus dichos”.
Los representantes mexicanos, añadió, aseguraron tener documentadas 200 desapariciones de mujeres en todo el país, cuando a través de solicitudes de información pública de nueve estados el OCNF registró 3 mil 149 casos.
“Los números son muy claros, la discriminación contra las mujeres se ha agudizado y, para las expertas, uno de los parámetros que lo demuestra es que los representantes tuvieron que reconocer que de 14 mil investigaciones abiertas por violación, sólo en 2% se llegó a sentencias condenatorias. En los casos de asesinatos de periodistas y de defensoras de derechos humanos, no hay ni una sola sentencia”, apuntó Estrada.
De acuerdo con Martha Sánchez, coordinadora de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, una de las preocupaciones expresadas durante la sesión por parte de las expertas del Comité CEDAW fue la militarización de las zonas indígenas bajo el argumento de combate al narcotráfico.
“Los representantes del gobierno negaron que México esté militarizado y que menos aún se ejerza violencia contra las mujeres indígenas, cuando es de todos conocido los casos de violaciones sexuales contra las mujeres, en particular las indígenas, así como la violencia contra las comunidades de los pueblos, la violencia estructural, la criminalización que se desata con el pretexto del combate al crimen organizado”, subrayó.
Sánchez Néstor aprovechó la oportunidad para exhortar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que en la discusión sobre el fuero militar que se está llevando a cabo, “retomen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo”, indígenas violadas por soldados en 2002.
Destacó que las especialistas de la ONU también manifestaron su preocupación por la indiferencia del Estado hacia “prácticas culturales nocivas dentro de los sistemas indígenas que están basadas en el género, en roles estereotipados de hombres y mujeres –como la figura del ‘precio de la novia’– que perpetúan la discriminación contra las indígenas”.
Yunuhen Rangel, de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), destacó que durante la sesión del pasado 7 de julio en Nueva York, los representantes del Estado mexicano “no pudieron demostrar con datos objetivos la disminución de los ataques y las agresiones” a periodistas y defensoras de derechos humanos.
No se aportó información sobre las 13 periodistas asesinadas de 2005 a 2011, ni sobre los 11 homicidios de defensoras ocurridos de 2010 a 2011, casos todos que siguen en la impunidad, añadió.
Por su parte, Ibeth Huerta, de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, comentó el lastre que arrastra México en materia de incumplimiento de recomendaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos.
De 2000 a 2011, señaló, México ha recibido mil 361 recomendaciones de 36 instrumentos internacionales, de las cuales 314 están relacionadas con mujeres.
Entre los temas de los que surgieron observaciones a México destacan: la situación de defensoras y periodistas, trata y explotación sexual, derechos políticos de las mujeres, derechos reproductivos, impacto de la crisis de seguridad en las mujeres y violencia de género, discriminación educativa y laboral, y derechos de las mujeres indígenas.
Por Gloria Leticia Díaz
Revista Proceso
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