Jaime Cárdenas, asesor jurídico de Andrés Manuel López Obrador dijo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pudo haber ejercido atribuciones de investigación y haberse allegado de elementos, porque era evidente que el Movimiento Progresista no tenía la posibilidad de probar totalmente los argumentos por el secreto bancario.
Indicó que mucha de esa información que era clave, está en los bancos y en la Secretaria de Hacienda, incluso en la PGR, información que está protegida por el secreto bancario y aunque nosotros la hubiésemos pedido a las distintas autoridades era evidente que no se iba a entregar y, el tribunal pudo requerirla.
El ex consejero del IFE mencionó que no se sabe si se declarará a Felipe Calderón como traidor, "no lo sé si lo van hacer, si esto forme parte de las medidas legales que vamos a tomar y el 9 de septiembre Andrés Manuel anunciará las medidas legales y nosotros las vamos a discutir el 7 de septiembre y entonces se sabrá qué medidas particulares se adoptarán en materia legal, social y política ante la decisión del tribunal".
La desobediencia civil es un instrumento totalmente constitucional que ha sido empleado en distintos países del mundo y previsto en constituciones como de Grecia, de Portugal y El Salvador que prevén la resistencia también y en la declaración universal de los derechos del hombre en las Naciones Unidas ese derecho de resistencia esta previsto.
Nosotros consideramos que el orden constitucional está roto y se violó el principio de libertad y de autenticidad en el proceso electoral y con los actos de desobediencia y resistencia civil pacífica que se van a emprender se busca que vuelva a reintegrarse el respeto pleno de la constitución mexicana.
Resaltó que esta decisión del tribunal es un asunto que va a dar mucho qué decir en los próximos días y meses porque la resolución debe ser estudiada de dos puntos de vista: el primero porque declara infundado los argumentos del Movimiento Progresista al argumentar que no se aportaron pruebas suficientes.
El asunto que planteamos en el juicio no es privado ni de interés donde se dirima un conflicto entre particulares si no que tiene que ver con el respeto a la constitución.
Indicó que es posible que se acuda a la Comisión Interamericana de Derechos Humano eso se va valorar y esta lucha será larga y de carácter pacífico, se realizarán movilizaciones y diversos actos de protesta, se dará seguimiento a todo lo que haga el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando se trate de medidas antipopulares.
Será una oposición social, política que pide que reivindique la recuperación del texto constitucional y de los principios previstos en la Carta Magna.
Fuente: Revista Emet
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