Protección a Periodistas aún pendiente en México

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Protesta de periodistas en la cd. de México. Foto: libertaddepalabra

Desde hace más de un lustro México ha sido señalado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Los 71 periodistas asesinados presumiblemente por su ejercer su derecho a la libertad de expresión desde el año 2000, son una prueba fehaciente de este deshonroso reconocimiento.

Ante estos lamentables hechos la respuesta del Estado mexicano se podría resumir en “mucho ruido y pocas nueces”. A pesar de que se han tomado acciones, estas han probado ser insuficientes, inefectivas y muy limitadas. No han buscado ser una respuesta estructural y que ataquen el problema de raíz; han resultado ser un mero paliativo ante el grave problema que no sólo aqueja a las y los periodistas sino a la sociedad en general. Cuando se intimida o se busca callar a un o una periodista lo que se busca es inhibir el libre flujo de información, y así, evitar que la sociedad conozca cierta información. Una sociedad desinformada no puede llamarse democrática. Por eso la obligación y responsabilidad de los Estados de respetar y salvaguardar el derecho a la libre expresión.

Desde 2008 un grupo de organizaciones internacionales, entre ellas ARTICLE 19, promovieron la instauración de un Mecanismo de Protección para Periodistas en México. Desde entonces el Estado mexicano ha recibido constantes señalamientos y recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos en ese mismo sentido. Mientras que la cifra de asesinatos y desapariciones aumentaba, fue dos años después, en 2010, que el gobierno inició una serie de reuniones buscando establecer dicha instancia de protección. Y no fue hasta sino finales de ese mismo año que se firmó un “Convenio de Colaboración para la Implementación de Acciones de Prevención y Protección a Periodistas”. Dicho convenio lejos estuvo de cumplir con la exigencia de ser un verdadero Mecanismo de Protección. Su marco legal era totalmente limitado, su desempeño no fue óptimo y el presupuesto no se ejecutó de manera eficiente y clara. Además dejó mucho que desear ante la falta de transparencia y rendición de cuentas.

A mediados del 2011, la sociedad civil colaboró con el Poder Legislativo buscando establecer la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, misma que en abril del 2012 fue aprobada. En julio de ese año se instaló la Junta de Gobierno del mecanismo creado por dicha Ley, y sólo después de un proceso intenso de presión por parte de organizaciones de la sociedd civil, en octubre pasado se eligió al Consejo Consultivo que completa el Mecanismo para su cabal funcionamiento. El presupuesto para la operación del Mecanismo para el 2013 fue aprobado por lo que ahora tiene recursos para implementarse.

El camino para contar con un Mecanismo de Protección para periodistas no ha sido fácil (han pasado casi 5 años). Son varios los años de trabajo de organizaciones tanto de libertad de expresión como de periodistas, y de presión por parte de mecanismos de protección de derechos humanos internacionales para lograr contar con una estructura así. Este tipo de instancias son extraordinarias y buscan atender necesidades especiales, como es el caso del contexto adverso y violencia que viven las y los periodistas en México. Si bien, dicho Mecanismo no resolverá todos los problemas de agresiones contra periodistas, queda pendiente la impunidad, busca salvaguardar la integridad física de las personas que ejercen esta profesión.

Es fundamental monitorear el desempeño y dar seguimiento al Mecanismo de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos. No hay espacio para bajar la guardia en exigir transparencia y rendición de cuentas para así evitar que este “nuevo” Mecanismo sea una simulación más. Es deber de la sociedad civil y sobre todo el gremio periodístico exigir y estar pendiente del Mecanismo para poder garantizar su efectividad.

Por Omar Rábago Vital*
Libertad de Palabra

*Oficial de Libertad de Expresión y Protección a Periodistas en la Oficina de ARTICLE 19 para México y Centroamérica.