Periodistas de Jalisco presentes en convocatoria a manifestación nacional #PrensaNoDisparen

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La mañana de hoy, trabajadores de la información, entre los que figuraban: periodistas, reporteros, reporteros gráficos, etc;  se manifestaron en 20 ciudades del país tras el clima de inseguridad que prevalece en el país.  Los manifestantes lo hicieron para exigir el esclarecimiento del asesinato del periodista de dos medios de Coatzacoalcos, Veracruz, Gregorio Jiménez de la Cruz, cuyo cuerpo fue hallado mutilado y con huellas de tortura el pasado 11 de febrero en una fosa común del municipio de Las Choapas, en la misma entidad. Tras la sospecha de que el profesional de la información, sufrió el atentado luego de salir a la luz pública que investigaba sobre giros negros en la entidad.

En Jalisco, alrededor de las 11:00 a.m. varias decenas de periodistas de todos los medios se sumaron a la protesta nacional contra las agresiones que han sufrido en los últimos años.

Con cartulinas, mantas y algunos performances los comunicadores leyeron un posicionamiento pidiendo un cese a las agresiones sufridas, entre ellas asesinatos.

Entre otros actos leyeron más de ciento veinte nombres de periodistas asesinados, gritando: ! Presente! al nombrarse cada uno de ellos.

Colocándose en los altos del cruce de Juárez y Federalismo, donde se encuentra el Parque Revolución, mejor conocido como Parque Rojo; los periodistas entregaron volantes a los automovilistas y ciclistas de la Vía recreativa.

Al acto asistieron, por lo menos 40 trabajadores de la información, así como alrededor de 200 personas integrantes de diversas organizaciones civiles y políticas como el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

"Les parece raro que hoy no estamos con libreta, cámara o grabadora persiguiendo las noticias; que hoy somos los protagonistas de las noticias. Pues hoy no vinimos a cubrir una manifestación, hoy vinimos a manifestarnos. Y sabemos que algo está podrido en una sociedad donde quienes deben dar la noticia se convierten en la noticia", dijo Sonia Serrano, al leer un comunicado que se leyó en todas las sedes de la manifestación.

De acuerdo con la periodista, "con Gregorio el gobierno de Javier Duarte se sacó un diez. Completó diez periodistas asesinados en Veracruz desde diciembre de 2010, cuando asumió la gubernatura, y cuatro desaparecidos. 

A la suma nefasta agregamos a decenas de reporteros que han tenido que salir huyendo de ese estado para salvar su vida y hoy se buscan la vida como pueden en otras ciudades de México o en el extranjero".

La respuesta de los ciudadanos y automovilistas fue positiva y de respeto a los manifestantes y profesionistas tapatíos.

No está garantizado en México ni la vida ni el trabajo de los periodistas: Anabel Hernández

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La periodista Anabel Hernández denuncia los nexos entre la Secretaría de Seguridad Pública de México y los grupos de narcotraficantes. A raíz de esas denuncias por medio de una investigación de cinco años, fue amenazada de muerte y sigue siendo acosada ella y su familia por Genaro García Luna, quien fuera el titular de esa dependencia gubernamental en tiempos de la presidencia de Felipe Calderón.

Para Anabel Hernández, le queda claro que los periodistas, la única forma de que puedan proteger sus vidas "es hacer pública las amenazas y hacer público quién los amenaza". También denunció que Edgar Valdez Villarreal "La Barbie", por su propia letra en una carta dirigida a ella, hacía públicos los sobornos del narcotraficante a los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública.

"Mi vida corre un gran riesgo", dice la periodista, por "los planes de Genaro Luna de asesinarla y simular un robo o un atentado".

losangelespress.org/Video subido por revotrespuntocero

México: Gobierno de Calderón uno de los más violentos para la prensa: CPJ

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En tanto que las fuerzas armadas luchaban contra los carteles de la droga --y los carteles se enfrentaban entre sí-- la prensa fue objeto de violencia por parte de la delincuencia organizada y funcionarios corruptos que buscaban controlar el flujo informativo. 

Los periodistas fueron blanco de desapariciones y de amenazas por ejercer la profesión, o se vieron obligados a huir de sus hogares, y varios medios de prensa fueron atacados. El periodista independiente Adrián Silva Moreno fue asesinado a tiros en Puebla poco después de haber recabado información sobre un robo de gasolina a gran escala y de haber presenciado un enfrentamiento entre soldados y delincuentes armados. Otros cinco periodistas resultaron asesinados durante el año. El CPJ continuaba sus investigaciones para determinar si los asesinatos estaban vinculados a la labor periodística de los comunicadores. Un diario, tras ser blanco reiterado de represalias, publicó un editorial donde declaró que dejaría de informar sobre la violencia desatada por los carteles. 

Como síntoma del rechazo público a la sangrienta ofensiva del mandatario Felipe Calderón Hinojosa contra los carteles, el opositor Partido Revolucionario Institucional regresó a la presidencia de la mano de Enrique Peña Nieto. La administración de Calderón sí alcanzó un logro histórico en materia de libertad de prensa en su último año. Después de varios años de esfuerzos por parte del CPJ y otras organizaciones de libertad de prensa, el Congreso y los estados aprobaron una enmienda constitucional respaldada por Calderón que federaliza los delitos contra la libertad de expresión, un paso clave para combatir la corrupción y la impunidad en todas las jurisdicciones del país. 

No obstante, aún no se ha aprobado la normativa legal necesaria para implementar la enmienda. Al menos 14 periodistas fueron asesinados en represalia por su labor durante la gestión de Calderón (diciembre del 2006 a diciembre del 2012), por lo cual su período ha sido uno de los más violentos para la prensa que jamás se haya registrado en el mundo.

Fuente: CPJ (Siglas en Inglés)

Comité para la Protección de Periodistas

Protección a Periodistas aún pendiente en México

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Protesta de periodistas en la cd. de México. Foto: libertaddepalabra

Desde hace más de un lustro México ha sido señalado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Los 71 periodistas asesinados presumiblemente por su ejercer su derecho a la libertad de expresión desde el año 2000, son una prueba fehaciente de este deshonroso reconocimiento.

Ante estos lamentables hechos la respuesta del Estado mexicano se podría resumir en “mucho ruido y pocas nueces”. A pesar de que se han tomado acciones, estas han probado ser insuficientes, inefectivas y muy limitadas. No han buscado ser una respuesta estructural y que ataquen el problema de raíz; han resultado ser un mero paliativo ante el grave problema que no sólo aqueja a las y los periodistas sino a la sociedad en general. Cuando se intimida o se busca callar a un o una periodista lo que se busca es inhibir el libre flujo de información, y así, evitar que la sociedad conozca cierta información. Una sociedad desinformada no puede llamarse democrática. Por eso la obligación y responsabilidad de los Estados de respetar y salvaguardar el derecho a la libre expresión.

Desde 2008 un grupo de organizaciones internacionales, entre ellas ARTICLE 19, promovieron la instauración de un Mecanismo de Protección para Periodistas en México. Desde entonces el Estado mexicano ha recibido constantes señalamientos y recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos en ese mismo sentido. Mientras que la cifra de asesinatos y desapariciones aumentaba, fue dos años después, en 2010, que el gobierno inició una serie de reuniones buscando establecer dicha instancia de protección. Y no fue hasta sino finales de ese mismo año que se firmó un “Convenio de Colaboración para la Implementación de Acciones de Prevención y Protección a Periodistas”. Dicho convenio lejos estuvo de cumplir con la exigencia de ser un verdadero Mecanismo de Protección. Su marco legal era totalmente limitado, su desempeño no fue óptimo y el presupuesto no se ejecutó de manera eficiente y clara. Además dejó mucho que desear ante la falta de transparencia y rendición de cuentas.

A mediados del 2011, la sociedad civil colaboró con el Poder Legislativo buscando establecer la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, misma que en abril del 2012 fue aprobada. En julio de ese año se instaló la Junta de Gobierno del mecanismo creado por dicha Ley, y sólo después de un proceso intenso de presión por parte de organizaciones de la sociedd civil, en octubre pasado se eligió al Consejo Consultivo que completa el Mecanismo para su cabal funcionamiento. El presupuesto para la operación del Mecanismo para el 2013 fue aprobado por lo que ahora tiene recursos para implementarse.

El camino para contar con un Mecanismo de Protección para periodistas no ha sido fácil (han pasado casi 5 años). Son varios los años de trabajo de organizaciones tanto de libertad de expresión como de periodistas, y de presión por parte de mecanismos de protección de derechos humanos internacionales para lograr contar con una estructura así. Este tipo de instancias son extraordinarias y buscan atender necesidades especiales, como es el caso del contexto adverso y violencia que viven las y los periodistas en México. Si bien, dicho Mecanismo no resolverá todos los problemas de agresiones contra periodistas, queda pendiente la impunidad, busca salvaguardar la integridad física de las personas que ejercen esta profesión.

Es fundamental monitorear el desempeño y dar seguimiento al Mecanismo de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos. No hay espacio para bajar la guardia en exigir transparencia y rendición de cuentas para así evitar que este “nuevo” Mecanismo sea una simulación más. Es deber de la sociedad civil y sobre todo el gremio periodístico exigir y estar pendiente del Mecanismo para poder garantizar su efectividad.

Por Omar Rábago Vital*
Libertad de Palabra

*Oficial de Libertad de Expresión y Protección a Periodistas en la Oficina de ARTICLE 19 para México y Centroamérica.

Recibe CNDH más de 800 quejas en agravios a periodistas

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De 2000 a noviembre de 2012,  la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que preside el  Doctor Raúl Plascencia Villanueva, ha recibido 807 quejas por agravios a periodistas y, desde 2005 ha registrado 82 homicidios y  18 desapariciones de comunicadores.

En los últimos cinco años, ha investigado 28 ataques en contra de instalaciones de medios de comunicación.

Este Organismo público autónomo ve con especial preocupación las agresiones a los comunicadores, que además de violentar sus derechos humanos, vulneran el derecho de la población a estar debidamente informada.

Considera de alto riesgo la labor que realizan los periodistas y comunicadores, en razón del incremento de las quejas y la gravedad de los ataques perpetrados en su contra.

Tan sólo del 1 de enero de 2005 al 30 de noviembre de 2012, dio entrada a 658 quejas de comunicadores, los principales motivos  esgrimidos en ellas fueron:  violaciones a los derechos a la seguridad jurídica; a la libertad; a la legalidad, a la integridad y seguridad personal; derecho a la propiedad y a la posesión.

Las autoridades presuntamente responsables, con mayor número de quejas  son: la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional y las Procuradurías Generales de Justicia de Veracruz y la de Oaxaca.

Las cinco entidades en las que se ha dado el mayor número de agravios a periodistas en este periodo fueron: Distrito Federal, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Estado de México.

Ante esta situación, la CNDH  ha  exigido  a las autoridades federales y locales actuar de manera pronta y expedita, con el propósito de evitar que se sigan cometiendo actos de esta naturaleza, que son contrarias al ejercicio de la libertad de expresión, consagrado en la Constitución, y que es un factor esencial para la vigencia del Estado de derecho y del régimen democrático.

Con su Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, la CNDH ha fomentado la cultura de la denuncia y formuló la Guía para implementar medidas cautelares en beneficio de periodistas y comunicadores en México.

Esta guía, que establece criterios para llevar a cabo esquemas y medidas de protección para los periodistas, así como su definición, urgencia y temporalidad, puede ser consultada en el portal www.cndh.org.mx

La SIP satisfecha por promulgación de ley de protección para periodistas en México

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Miami (22 de junio de 2012). La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su satisfacción por la firma que hoy estampó el presidente de México, Felipe Calderón, en la ley que servirá para proteger a periodistas y defensores de los derechos humanos. Al mismo tiempo instó al gobierno a acelerar las gestiones para la reglamentación de la reforma constitucional que permite procesar los crímenes contra periodistas a nivel federal.

Calderón, sancionó hoy el decreto de la Ley Para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas. La Ley consta de 67 artículos y establece, entre otras medidas de protección, la evacuación, reubicación temporal, asignación de escoltas y autos blindados para las víctimas de violencia; así como la entrega de equipo tecnológico y chalecos antibalas.

La norma también permitirá la aplicación de sanciones contra funcionarios públicos que de forma deliberada pongan en riesgo o causen daño a activistas de los derechos humanos y periodistas.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gustavo Mohme, dijo que “este es un paso enorme y muy esperado a favor de la libertad de prensa en México”. Reiteró el pedido de la SIP de se trate de manera expedita “la aprobación del reglamento sobre este norma”, así como la necesidad de que se activen las leyes secundarias que federalizan los delitos contra periodistas.

Mohme director del diario La República de Lima, Perú, dijo que “ambas disposiciones servirán para prevenir la violencia contra periodistas y disipar el marco general de impunidad que ensombrece a estos crímenes”. Recordó que este año han sido asesinados los periodistas Gabriel Huge, Guillermo Luna, Esteban Rodríguez, Regina Martínez, Marcos Antonio Ávila García y Víctor Manuel Báez Chino.

La SIP también mostró su consternación por las desapariciones en distintas ciudades del país hace un mes de dos fotógrafos, Federico Manuel García Contreras y Zane Plemmons, información que recién se conoció esta semana.

García Contreras, reportero gráfico del diario El Punto Crítico, de Ciudad de México está desaparecido desde el pasado 14 de mayo en el municipio de Tanquián de Escobedo, en el estado de San Luis Potosí, a donde viajó para tomar fotos y mostrar su portfolio profesional.

Zane Plemmons, fotógrafo independiente de Texas con nacionalidad estadounidense y mexicana, llegó hace un mes a Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas. Su familia que reside en la ciudad estadounidense de San Antonio, Texas, denunció el hecho anoche a los medios de comunicación.

La SIP urgió a las autoridades a movilizarse lo antes posible para dar con los periodistas y conocer las circunstancias que rodearon las desapariciones.

Fuente: SIP

Explicar cómo acabarán con la violencia contra periodistas, piden Asociaciones Internacionales a presidenciales

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Viena.- Tres importantes asociaciones internacionales de prensa solicitaron este martes a los candidatos a las elecciones presidenciales de México que expliquen cómo acabarán con la violencia contra los periodistas y la impunidad de los criminales.

El Instituto Internacional de prensa (IPI), la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) y el Foro Mundial de Editores (WEF) hicieron esta solicitud en una misiva dirigida a los tres candidatos presidenciales de México, según informaron en un comunicado en Viena.

“Estamos profundamente preocupados por el espantoso nivel de violencia al que se enfrentan los periodistas en México”, se lee en la carta dada a conocer este martes.

“Por lo menos 53 de esos profesionales han sido asesinados en los últimos cinco años; de muchos se desconoce el paradero. En muy pocos casos los responsables han sido llevados ante la justicia, y el asesinato y las amenazas a los profesionales de los medios se ven amparados por el clima de impunidad reinante”, se quejan las asociaciones de prensa.

Las tres organizaciones instan a Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional (PAN); Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y a Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que expliquen “cómo quieren poner fin a esta intolerable situación y restaurar así la reputación democrática de México”.

También hacen un llamado para que se acabe con la impunidad de los últimos asesinatos de periodistas en “el país más peligroso del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo”.

Y, por último, denuncian que en el clima de violencia por la guerra del Gobierno contra los carteles de la droga, “la autocensura reinante y el aislamiento informativo masivo se han convertido en algunas regiones en triste normalidad”.

El próximo 1 de julio están convocados a las urnas unos 79.5 millones de mexicanos para elegir más de 2 mil cargos públicos, entre ellos al presidente del país y a 628 legisladores. 

Fuente: Efe

Foto: Tomada de Internet

Homicidios de seis periodistas; graves ataques a la libertad de expresión

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Seis periodistas han sido asesinados en menos de un mes en México, lo que suscita una enorme preocupación por la libertad de expresión.

“ Esta nueva oleada de homicidios de trabajadores de medios de comunicación debe servir de llamada de atención a las autoridades mexicanas, que deben adoptar más medidas para proteger a los periodistas que corren peligro por desempeñar su labor.” Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional sobre México

Seis periodistas han sido asesinados en México en menos de un mes, lo que pone de manifiesto la incapacidad que siguen demostrando las autoridades para defender la libertad de expresión protegiendo a las plantillas de los medios de comunicación de las amenazas y los actos violentos de que son víctimas por desempeñar su trabajo.

El viernes, el cadáver mutilado de Marco Antonio Ávila García, de 39 años, experimentado periodista especializado en sucesos, fue hallado dentro de una bolsa de basura tirada en una cuneta en el estado de Sonora, al noroeste del país. Fue secuestrado el día anterior en un taller de lavado de Ciudad Obregón, donde residía y trabajaba para dos periódicos.

La muerte de Ávila se produjo unos días después de que se encontrase a un ex periodista muerto en el maletero de un vehículo en la ciudad mexicana de Cuernavaca, en el centro del país, y dos semanas después de que se hallaran en el estado de Veracruz, al este del país, los cadáveres mutilados de tres periodistas. El 28 de abril también fue hallada asesinada en su domicilio de Xalapa, Veracruz, una corresponsal de la publicación semanal Proceso.

“Esta nueva oleada de homicidios de trabajadores de medios de comunicación debe servir de llamada de atención a las autoridades mexicanas, que deben adoptar más medidas para proteger a los periodistas que corren peligro por desempeñar su labor”, ha declarado Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional sobre México.

“Las autoridades rara vez identifican o ponen a disposición de la justicia a quienes perpetran ataques contra periodistas, lo que crea un clima de temor y vulnerabilidad entre quienes son lo bastante valientes para seguir con su labor. Resulta de vital importancia que se lleven a cabo de inmediato investigaciones exhaustivas e imparciales sobre cada uno de estos casos, utilizando incluso nuevas atribuciones de investigación federales, a fin de garantizar que los autores son puestos a disposición judicial.”

Según el portavoz de la Procuraduría del estado de Sonora, la policía encontró junto al cadáver de Marco Ávila una nota firmada por un cártel de la delincuencia organizada, pero el contenido de la misma no se ha hecho público.

El 13 de mayo, unos días antes del secuestro y la muerte de Marco Ávila, se encontró en Cuernavaca, al sur de Ciudad de México, el cadáver del ex periodista René Orta Salgado, al que habían estrangulado y metido en el maletero de su vehículo. En enero Salgado había abandonado el periódico El Sol.

El 3 de mayo, la policía halló los cadáveres de tres fotógrafos y el trabajador de un periódico en Boca del Río, en el estado de Veracruz, situado en el Golfo de México, al este del país.

Los tres fotógrafos —Guillermo Luna, Gabriel Huge y Esteban Rodríguez— estaban todos especializados en informar sobre asuntos relacionados con la policía y la delincuencia organizada. Los nombres de los tres aparecían en una lista negra divulgada el año pasado por un grupo criminal organizado. También se halló muerta a Irasema Becerra, administrativa en un periódico que mantenía una relación con Luna.

Varios días antes, el 28 de abril, fue asesinada en Xalapa, capital del estado, la corresponsal de la revista Proceso Regina Martínez. También había llevado a cabo investigaciones sobre redes criminales y corrupción política.

Los últimos homicidios son la continuación de la actual oleada de violencia contra periodistas de todo México desencadenada en el contexto de la lucha del gobierno contra los grupos criminales organizados que se ha cobrado la vida de más de 50.000 personas en los últimos cinco años.

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, desde el año 2000 han sido asesinados en el país 81 periodistas y 14 más se encuentran desaparecidos. Los autores rara vez son puestos a disposición judicial.

El grave riesgo que corren las vidas de los periodistas ha llevado a algunas organizaciones de medios de comunicación a dejar de informar del todo sobre la delincuencia organizada —entre otros, el periódico El Mañana de la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, al norte del país, que anunció su decisión de autocensurarse después de que a principios de este mes tirotearan sus oficinas—.

El 14 de mayo, un grupo de cuatro expertos sobre libertad de expresión de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una declaración por la que instan a las autoridades mexicanas a actuar con presteza para acabar con la amenaza constante a que están expuestos periodistas y defensores de los derechos humanos.

Amnistía Internacional también ha instado en repetidas ocasiones a las autoridades mexicanas a adoptar más medidas para garantizar que se protege la libertad de expresión, entre las que se incluye aplicar la nueva Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que fue aprobada en marzo por la Cámara de Diputados Federal de México, pero que aún no ha sido firmada por el Presidente.

Asimismo siguen sin entrar en vigor las reformas constitucionales que permiten la investigación federal de delitos cometidos contra periodistas.

“Las autoridades estatales y federales mexicanas deben redoblar sus esfuerzos para proteger a periodistas y defensores de los derechos humanos y acabar con los homicidios selectivos, que representan una grave amenaza a la libertad de expresión”, ha dicho Knox.

“La nueva ley no valdrá ni el papel en que está impresa si no viene acompañada de un esfuerzo serio y coordinado sobre el terreno para proteger a las organizaciones de medios de comunicación y activistas de derechos humanos de México que cada vez más son blanco de ataques.

Lamentan asesinato de Periodistas en Veracruz, exigen atención inmediata

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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Organización Reporteros sin Fronteras y el Ministerio francés de Asuntos Exteriores, condenaron la mañana de hoy, el asesinato de tres periodistas gráficos en Veracruz, al tiempo que reiteraron su defensa de la libertad de prensa.

Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras en México, afirmó que Veracruz vive prácticamente en un estado de emergencia sobre el cual las autoridades estatales y federales tienen que poner una atención inmediata.

Aunque al inicio de su administración eliminó la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas, el gobernador Javier Duarte de Ochoa anunció hoy que creará dos organismos para la protección de los comunicadores y uno para atender a las víctimas del delito.

Por su parte, Duarte de Ochoa, acompañado por jefes navales y castrenses, confirmó que su compromiso y obligación es dar certeza y tranquilidad a los periodistas en el libre ejercicio de su trabajo.

En un mensaje emitido en el Casino Naval, indicó es un deber y convicción de su administración -en la cual suman nueve asesinatos de periodistas y dos desapariciones- atender a quienes han sufrido la delincuencia.

El Ejecutivo Estatal fue acompañado por el Comandante de la 26 Zona Militar, General de Brigada DEM, Efrén Soriano Aguirre y el Vicealmirante de la Tercera Zona Naval, Víctor Manuel Gamboa Carvallo, ante quienes reconoció el trabajo de los medios de comunicación y les expresó su solidaridad absoluta frente a los hechos que los han agraviado.

En la última semana, se reporta el asesinato de cuatro periodistas, entre ellos Regina Martínez, corresponsal en Veracruz de la Revista Proceso y tres reporteros Gabriel Huge, Esteban Rodríguez, Guillermo Luna y su pareja sentimental Irasema Becerra.

Solicita SIP a México investigación expedita por asesinato en Nuevo León

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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió a las autoridades de México indagar de manera diligente y exhaustiva el reciente asesinato de un reportero en Nuevo León, para conocer el móvil, dar con los responsables y frenar la cultura de impunidad que arropa al país, según informa proyectoimpunidad.com

Según medios locales, Raúl Régulo Garza Quirino, reportero de La Última Palabra, periódico de Cadereyta, municipio del estado de Nuevo León, en la frontera con los Estados Unidos, habría sido perseguido la tarde del viernes 6 de enero por sujetos armados que viajaban en otro vehículo.

El reportero intentó escapar en su automóvil, pero fue alcanzado por los disparos de sus atacantes. Garza Quirino, de 30 años, también laboraba como empleado municipal de la Secretaría de Desarrollo Social. Las autoridades estudian varias hipótesis, entre ellas, intento de robo o que el periodista haya sido confundido con otra persona.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gustavo Mohme, expresó que “aunque en este caso no se ha vinculado el asesinato a la actividad periodística, es una hipótesis que a partir de nuestra experiencia tampoco podemos descartar, dado el nivel de violencia contra periodistas que se observa en México”.

Mohme, director del diario peruano La República, expresó también su confianza de que las autoridades conduzcan una investigación expedita y concluyente”.

La SIP ha registrado el asesinado de 46 periodistas y la desaparición de otros 18 entre 2005 y 2011 en México, país considerado el más peligroso de las Américas para ejercer el periodismo.

75 son los periodistas asesinados en 11 años en México

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Sin duda, ejercer la profesión de periodista en México, se ha tornado como una de las profesiones más peligrosas, igualada en el riesgo que también conlleva la actividad de los defensores de derechos humanos.

Tan sólo el año pasado, 9 fueron los casos registrados de periodistas asesinados en el país, según informes de la CNDH. En México del año 2000 a 2011; lamentablemente 75 periodistas han sido asesinados.

Ante estas cifras, la CNDH pidió a las autoridades garantizar la seguridad de los periodistas, cuyas continuas agresiones han quedado impunes.

El organismo destacó que en el país se debe garantizar el ejercicio periodístico, ya que todas las agresiones inhiben y limitan la libertad de expresión.