IFE: de joven promesa a viejo decrépito: analista

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El fracaso por la corrupción. Foto tvciudadana.com

El Consejo General del IFE habrá de pronunciarse sobre el dictamen emitido por la Unidad de Fiscalización en torno a las quejas interpuestas por la oposición en torno a los gastos desbordantes de campaña de EPN y, de modo particular, del caso Monex. Salvo una sorpresa de última hora, no es de esperarse que el árbitro electoral encuentre nada que empañe su obsesión narcisista de que las elecciones de 2012 "entrañaron una organización comicial ejemplar" y que "el IFE ciñó su desempeño en todos y cada uno de sus actos a lo estrictamente dispuesto en la ley".

Si uno revisa los juicios emitidos por los consejeros Marco Antonio Baños y Leonardo Valdés en las sesiones del Consejo General posteriores a la elección, por sólo citar a estos supuestos y conspicuos paladines del interés público político, no encontrará ni un asomo de crítica al desempeño arbitral del Consejo General ni mucho menos de autocrítica por lo mucho este órgano colegiado dejó de hacer para preservar la contienda dentro de un umbral razonable de equidad. Así las cosas, la sesión de hoy será la reedición de la crónica de una autocomplacencia anunciada: por decreto del Consejo General hecho público a unas horas de concluida la jornada comicial, nada hubo que empañara la legitimidad democrática de los comicios ni la del desempeño arbitral.

Mientras eso sucede en la idílica y narcisista visión de la máxima autoridad electoral, entre otras cosas, los electores "de a pie" deberemos seguir lidiando con los datos fehacientes de la infra realidad electoral mexicana, en la que los competidores, sin distinción de emblemas y colores, hacen gala del vasto arsenal de trucos y trampas de que disponen para eludir el espíritu y la letra genuinamente democráticas del 41 constitucional y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).

El mutismo del árbitro electoral frente a la cruda realidad de las atrocidades de las jocosamente denominadas estructuras de promoción del voto puestas en operación por todos los partidos políticos en los 300 distritos electorales existentes es, quizás, el síntoma más preocupante e inaceptable de la disfuncionalidad del IFE y, para no ir muy lejos, de los 32 organismos electorales locales. El común denominador en los organismos electorales, bajo el ejemplo escamoteador del IFE, es la ignorancia deliberada de la operación ilegal de compra-venta-coacción-inducción operada a ras de tierra, entre abierta y sigilosamente a lo largo y ancho de la geografía electoral por los "promotores profesionales del voto" pagados por los partidos políticos y los candidatos, casi sin excepción.

A 22 años del inicio de nuestra aventura electoral democratizante, sin menoscabo de los logros sorprendentes alcanzados durante la primera década del IFE y del buen oficio que siguen mostrando sus órganos distritales, la brecha entre el ideal ético-constitucional y la realidad de nuestra democracia electoral observa una tendencia ascendente. Cada vez pesa más en el IFE, de joven promesa a viejo decrépito ánimo y el cálculo de los partidos y sus candidatos determinar cuánto dinero se requiere para costear la estrategia de promoción-compra-venta-inducción ilegal del voto que cuánta información y arrestos se requieren para seducir la voluntad de representación del elector.

Cada vez es más claro que la variable determinante en el resultado de las contiendas electorales federales y locales? es el monto de recursos materiales disponible para medrar con la pobreza, el pragmatismo, la ignorancia, el pragmatismo cortoplacista y/o la precariedad cívica del elector.

El IFE que la reforma de 1989-1990 hizo emerger de las entrañas del presidencialismo autoritario era mucho más que un simple aparato para gestionar la admisión y cómputo del voto. Entre sus tareas constitucionales estaban las de proveer una organización comicial libre de trucos y de trampas, pero también las de fortalecer la democracia mexicana y educar cívicamente a los mexicanos. A juzgar por los sesgos y perversiones plutocráticas que acusa el régimen político mexicano actual ?una forma de gobierno en la que el dinero se usa para comprar voluntades y hacer más dinero?, es evidente que no sólo se ha producido un divorcio, sino que éste pone en tela de juicio la naturaleza democrática de nuestro régimen.

El IFE que emergió y funcionó en la década de los noventa, incluso en un contexto preñado por las prácticas presidencialistas, tomó muy en serio su papel y, a fuerza de buenos resultados, se hizo de una autoridad moral sin precedentes en la historia del país. Sobre esa base fue posible, en plena paz y civilidad, lograr la alternancia presidencial en el año 2000. Por desgracia, esa brillante etapa del IFE como la joven promesa de los organismos públicos del Estado mexicano, sobre todo a raíz de la poco afortunada reforma electoral de 2007, ha quedado bastante atrás.

El desempeño actual del IFE como árbitro, juez sancionador, educador cívico, fiscalizador, administrador de los tiempos oficiales dista mucho de ser el que los imperativos democráticos reclama. En tanto la brecha crece, resulta cada vez más patético escuchar la fraseología de la alta dirigencia que sólo ve perfección en su obra y que, frente a los señalamientos críticos, apenas acierta a decir que "su desempeño es conforme a la ley". En el fondo, he aquí la razón del por qué la joven promesa, en tiempo récord, se trasmutó en viejo decrépito. Urge una reforma electoral que reconcilie al IFE con la ciudadanía y con su brillante etapa inicial. Ojala lo sucedido en el IFAI, el premio a la improvisación y la falta de compromiso de su reciente presidente, no sea el presagio de lo que al IFE le espera.

Por Francisco Bedolla Cancino*
*El autor es analista político.

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