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| Sacerdote Samuel Ruíz García (qepd) defensor de los derechos humanos de los indígenas. |
- La violencia en contra de activistas, testigos y familiares de víctimas se ha incrementado en el Gobierno de Peña, denunció Amnistía Internacional
- El investigado de AI para México, Rupert Knox, rechazó que existan acciones contundentes para reducir la violencia contra activistas.
Bruselas, Bélgica.- Los patrones de violencia registrados en contra de testigos, familiares de víctimas y activistas van al alza en México pese al cambio de Gobierno, denunció Amnistía Internacional.
En el primer semestre del año, la organización dedicada a la defensa de los Derechos Humanos emitió 15 solicitudes de protección con carácter de urgente para activistas cuyas vidas corren peligro inminente, mientras que en los últimos seis meses de 2012 giró 11 alertas.
La organización sostiene que esto demuestra que la campaña de violencia, intimidación y persecución sigue teniendo lugar sin que el Gobierno responda debidamente.
"Estas acciones de urgencia resaltan la continuidad de las agresiones y los asesinatos contra defensores de los Derechos Humanos, es una evidencia más de la situación de inseguridad y de desprotección que se vive en el País", dijo a REFORMA Rupert Knox, investigador para México de Amnistía Internacional.
"No hay una señal de reducción de casos, ni una acción contundente para prevenir y sancionar las amenazas contra los defensores".
Las acciones urgentes son llamados que realiza la ONG para atraer la atención de las autoridades y la comunidad internacional hacia casos específicos.
Las alertas responden a casos documentados y atendidos directamente con las personas afectadas, por lo que no reflejan la gravedad de la situación, la cual rebasa por mucho la capacidad de la organización para atender cada una de las denuncias.
Admitió que sólo los casos más visibles reciben atención de las autoridades, pero que éstas solo emiten respuesta mientras se mantiene la presión mediática sobre el caso, de manera que las víctimas vuelven a ser vulnerables a mediano y largo plazo, ya que ningún caso es investigado.
La última alerta tiene fecha del 27 de junio y en ella se solicita protección para todos los miembros de la Unidad Popular (UP), luego de que tres de sus colegas fueron encontrados sin vida tras ser levantados a las afueras de Iguala, en Guerrero.
Otra acción responde a las amenazas de muerte contra los trabajadores del albergue para migrantes La 72, en Tenosique, en riesgo por sus denuncias contra grupos criminales.
Además, corren peligro Alba Cruz Ramos y Susana Ramírez, del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC (CODIGO-DH), por defender las garantías individuales en Oaxaca.
También los integrantes del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua, particularmente su coordinadora, Luz Estela Castro.
Para Knox, en lo que va de la Presidencia de Peña Nieto, en materia de Derechos Humanos sólo destaca la decisión de implementar la ley de protección a activistas y periodistas.
"Pero la realidad muestra que el Gobierno está muy lejos de cumplir con el mecanismo, tanto por cuestiones burocráticas como por la falta de compromiso a nivel de secretarios y Presidencia para asegurar el reconocimiento institucional de ese mecanismo, es decir, existe pero es ignorado por instancias Federales y autoridades Estatales".
"Esto es un símbolo de la falta de claridad de este Gobierno respecto a la verdadera puesta en marcha de los mecanismos de protección de defensores y periodistas", sostuvo.
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