Informe oficial sobre crisis de víctimas de desaparición forzada en México, ahondan más las dudas: AI

Twittear

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de desaparición forzada, el pasado 30 de agosto, el gobierno de México no ha demostrado que está atendiendo debidamente a los reclamos de los familiares de personas desaparecidas en el país. Por el contrario, prevalece la confusión que ha marcado diferentes aspectos de la política para abordar esta crisis.

El 21 de agosto de 2014, la Subprocuraduría Jurídica y de asuntos internacionales de la PGR, anunció que el número de personas no localizadas sobre las que se presentó una denuncia suman 22, 322.

Al parecer, estos datos corresponden a la Base del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) que existe desde 2011, y que contiene los datos con la información que proporcionan las procuradurías y fiscalías locales.

Una vez más, el gobierno mexicano aporta una nueva cifra sobre personas no localizadas, sin claridad sobre cómo se obtuvo, ni transparencia alguna. No queda claro cómo estas 22, 322 personas se relacionan con los datos aportados por la Secretaría de Gobernación el 22 de mayo que se referían a 8,000 personas y el 16 de junio que explicaron que en realidad se trataba de 16,000 personas.

A pesar de anunciar que este tema es prioridad para el gobierno federal, las cifras aportadas siguen creciendo sin tener ninguna coherencia entre las declaraciones que se van realizando, no existe ningún documento oficial que explique claramente el proceso de depuración de datos y el por qué las cifras han variado de forma tan drástica en tan poco tiempo. Tampoco hay claridad en cuanto a las personas localizadas después de haber sido reportado como sustraído por la fuerza.

Resulta preocupante que en las cifras no se especifique cuántas personas son presuntas víctimas de desaparición forzada, - es decir cuando existen indicios del involucramiento directo o indirecto en la sustracción de la persona por un funcionario público, y que se le niega información sobre el paradero de la víctima. Es de recordar que, a pesar de que en muchos casos funcionarios públicos están implicados, no hay casi procesos judiciales en su contra ni víctimas encontradas.

Se anunció también que se ha avanzado en la construcción de un Plan Nacional de Búsqueda sistematizado y de carácter permanente que incluye medidas que deben resultar importantes, entre las que se encuentran la implementación de un software para la recopilación de información útil que permita localizar a personas con vida, así como la recopilación de información forense para personas fallecidas sin identificar, la Red Nacional de Procuración de Justicia para la Búsqueda de Personas, la creación de una Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR y unidades especializadas de las fiscalías y procuradurías del país, así como acciones de fortalecimiento y capacitación y de atención a los familiares de las personas no localizadas a través de audiencias y reuniones periódicas.

Si bien, este plan es un paso importante para abordar el tema de personas no localizadas, no se ha brindado evidencia de que en el día a día las personas víctimas y sus familiares estén recibiendo una mejor atención, que las búsquedas sean más rápidas, enfocadas, coordinadas o eficaces y que lleven ante la justicia a las personas responsables, sea funcionarios públicos o delincuentes. Es a raíz de información como ésta, que demostrará un impacto decisivo en favor de las víctimas, donde el gobierno empezará a mostrar que realmente está abordando la crisis de las personas desaparecidas.

Fuente: AI

"Mientras suena otra vez la sirena antimisiles en Gaza, mi hijo me pregunta que tienen en Gaza para proteger a los niños"

Twittear

Testimonio de Yonatan Gher - Director de Amnistía Internacional Israel


Mi hermano y yo estamos viviendo el actual conflicto de Israel y Gaza de manera muy distinta. Él tiene 20 años, está haciendo el servicio militar y ha combatido en Gaza. Yo, por mi parte, soy el director ejecutivo de Amnistía Internacional Israel, organización que está realizando ahora un intenso trabajo de documentación y activismo sobre los aparentes crímenes perpetrados por ambos bandos en este conflicto. Soy también objetor de conciencia.

Mi trabajo no quita para que esté todo el tiempo muy preocupado por mi hermano y por otros familiares en situación similar. Cuanto se tiene una situación familiar tan complicada, lo mejor suele ser tomarse las cosas con humor, así que a veces bromeamos diciendo que si el resto del mundo responde al llamamiento de Amnistía Internacional a imponer un embargo de armas, yo iré primero a por su fusil.

En esta parte del mundo, el humor es una forma de hacer frente a situaciones tan espantosamente tristes. Desde el comienzo de este conflicto han muerto más de 1.800 palestinos y 64 soldados israelíes, así como 3 civiles a quienes han matado en Israel. Todas y cada una de estas vidas –de niños y niñas, bebés, personas ancianas, mujeres y hombres de Gaza e Israel por igual– son una tragedia. En Israel, el discurso público promueve la relatividad: si debes expresar tristeza por las personas que mueren en Gaza al menos no estés tan triste como cuando es un israelí al que matan. Y asegúrate de señalar que la culpa es de Hamás, también. Expresar tristeza sin más significa que algo malo pasa contigo: te deben de preocupan más ellos que tu propia gente, traidor.

Como me niego a tomar parte en esto y prefiero considerar sagrada toda vida, sin relatividad, sin contexto y sin justificación, me parece que el discurso de los derechos humanos es un buen refugio. Aunque los derechos humanos son un marco jurídico, están basados en un código moral superior de las naciones del mundo en su mejor forma. En Israel deberíamos tener una afinidad especial con los derechos humanos, pues se crearon tras la II Guerra Mundial para que, por medio de ellos, el mundo dijera “nunca más”.

Las naciones se reunieron y decidieron que tenía que haber límites al poder absoluto de una nación sobre su ciudadanía, así como sobre la de los países con los que esté en guerra. Es un código existente en el judaísmo desde hace siglos: Arvut Hadadit, responsabilidad mutua entre todas las personas o, como lo llama a menudo Amnistía Internacional, solidaridad. Se trata de que los países se ocupen los unos de los otros para garantizar que se reconoce a todas y cada una de las personas del mundo un conjunto de derechos adoptados colectivamente.

Israel ha apoyado siempre la creación de instrumentos de derechos humanos. Prueba de ello son la función activa que desempeñó en el establecimiento de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados en la década de 1950 o algunas de las primeras buenas medidas adoptadas con respecto al Tratado sobre el Comercio de Armas, recién aprobado el año pasado.

Sin embargo, como hemos visto incontables veces, Israel usa un patrón para el resto del mundo y otro para sí mismo. Actos que constituyen claras violaciones de derechos humanos cuando los comete otro país son calificados de “políticos” cuando ocurren aquí, y si los criticas te acusan de “ignorar el contexto” o de lo preferido en Israel: “si nos criticas eres antisemita”.

Son las dos y media de la madrugada y acabo de sacar a mi hijo de cinco años de la cama. Estoy con él en el hueco de la escalera, la “zona segura” que nos corresponde, mientras suena la sirena antimisiles. Dentro de un minuto oiremos fuertes estallidos, que esperamos que sean del escudo defensivo al interceptar cohetes –cohetes que han lanzado para matarnos–. Mi hijo pasa las mañanas en el jardín de infancia, oyendo hablar de cómo nos protegen los soldados. Se jacta de su tío, el valiente soldado. Los niños hacen dibujos para enviárselos a las unidades militares de combate y colgarlos de los tanques y las piezas de artillería. Por la noche, mientras suena otra vez la sirena, me pregunta si en Gaza hay también sirenas. Le explico que los niños de Gaza no tienen ninguna, ni tienen tampoco escudo defensivo. “¿Qué tienen allí para proteger a los niños?”, pregunta.

Parece que la última línea defensiva que tienen los niños de Gaza, mi hijo y todos los civiles de ambos bandos es el respeto de los derechos humanos. Espero verdaderamente que haya más personas de todo el mundo dispuestas a entrar en acción para pedir a todas las partes combatientes que dejen de atacar a civiles e instar a su propio país a valerse de la Corte Penal Internacional y a imponer un embargo de armas, para protegernos así a todos.

Fuente: AI

La Ley de Telecomunicaciones debe proteger plenamente los derechos humanos: AI

Twittear

Amnistía Internacional hizo hoy un llamado a las y los legisladores a garantizar que la Ley de Telecomunicaciones aprobada por las Comisiones del Senado, y que será discutida por el Pleno mañana viernes, proteja plenamente los derechos humanos, en particular los derechos a la privacidad y la libertad de expresión.


El dictamen de ley, tal como fue aprobada el día de ayer, otorgaría acceso irrestricto a los datos personales de las y los usuarios a una serie de instituciones policíacas y agencias de seguridad, incluyendo la geolocalización en tiempo real sin que medie ninguna orden judicial o causa razonable. Más aún, la ley obligaría a los proveedores del servicio a mantener los metadatos de las comunicaciones por un año. Hasta ahora, no han sido incorporadas salvaguardas adicionales, y diversos procedimientos de protección son relegados a otras leyes no especificadas. Amnistía Internacional considera que cualquier vigilancia, ya sea de contenidos o de metadatos, debe ser autorizada de conformidad con leyes que sean públicamente accesibles y previsibles. La ley debe ser suficientemente clara en todos sus términos para brindar a la ciudadanía indicaciones adecuadas sobre las condiciones y circunstancias bajo las cuales las autoridades cuentan con la facultad para solicitar medidas de vigilancia secreta y recolección de datos.


La recolección indiscriminada de datos y la retención de metadatos constituyen una violación al derecho a la privacidad, especialmente cuando los datos son almacenados por un periodo prolongado de tiempo, tal como un año. Además, el acceso ilimitado y no regulado a esta información por la policía y fuerzas de seguridad constituye una vigilancia masiva de forma indiscriminada y es también una violación al derecho a la privacidad. Este tipo de leyes deben fijar expresamente la extensión y el alcance, así como los métodos, de cualquier facultad concedida a autoridades públicas para autorizar e implementar medidas de vigilancia. Las salvaguardas mínimas para evitar abusos deben estar fijadas por ley, incluyendo la naturaleza, alcance y duración de las posibles medidas de vigilancia, las razones para su solicitud, las autoridades competentes para permitir, implementar y supervisar las medidas, así como el tipo de recursos establecidos. Los abusos potenciales de estas facultades pudieran generar serias amenazas a diversos derechos humanos en México.


Amnistía Internacional ha hecho llamados con anterioridad para garantizar un rápido acceso a datos de celulares para la investigación y localización de personas reportadas desaparecidas o secuestradas. Sin embargo, resulta esencial que éstas sean llevadas a cabo mediante la supervisión judicial para asegurar que los datos personales únicamente sean obtenidos únicamente por motivos legítimos. Hasta ahora, el dictamen aprobado permite a policías y agentes de seguridad acceso sin ninguna restricción a datos personales, sin ninguna protección contra su abuso. Las medidas de vigilancia deben ser estrictamente necesarias y proporcionales para un fin legítimo, los cuales únicamente se cumplen cuando existen las garantías adecuadas y efectivas contra su uso arbitrario. Existe una mayor preocupación de que esta información pueda ser utilizada con fines corruptos, los cuales pudieran poner en gran riesgo a las personas.


El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión ha señalado que “la vigilancia de las comunicaciones debe ser entendida como un acto altamente intrusivo que potencialmente interfiere con los derechos a la libertad de expresión y a la privacidad, y amenaza las bases de una sociedad democrática. La legislación debe estipular que la vigilancia de las comunicaciones por parte del Estado únicamente sucedan bajo las circunstancias más excepcionales y exclusivamente bajo la supervisión de una autoridad judicial independiente. Las salvaguardas deben ser estipuladas por la ley, incluyendo la naturaleza, alcance y duración de las posibles medidas, los motivos para su solicitud, las autoridades competentes para autorizarlas, llevarlas a cabo y supervisarlas, y el tipo de recursos previstos por la ley doméstica”.


En este mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre un caso de escuchas telefónicas en Brasil, señalando que toda medida de intervención debe“estar fundada en ley, que debe ser precisa e indicar reglas claras y detalladas sobre la materia, tales como las circunstancias en que dicha medida puede ser adoptada; las personas autorizadas a solicitarla, a ordenarla y a llevarla a cabo; el procedimiento a seguir, entre otros elementos.”


Amnistía Internacional está preocupada que las salvaguardas requeridas por el derecho internacional no han sido incluidas en la ley, en particular el riesgo de que los proveedores estén obligados a retener por un año los metadatos de todos los usuarios, los cuales estarán abiertos a un acceso irrestricto por parte de la policía y agentes de seguridad sin ninguna supervisión judicial. La vigilancia es compatible con el derecho internacional de los derechos humanos únicamente cuando esta es dirigida, establecida por ley, es suficientemente previsible para permitir a la persona prever las consecuencias, basada en una sospecha razonable, y autorizada por orden judicial; debe ser además estrictamente necesaria y proporcional a un fin legítimo, como combatir delitos graves; y estar sujeta a controles democráticos y supervisión judicial.


Amnistía Internacional se encuentra también preocupada por las facultades propuestas en el dictamen para bloquear o limitar el acceso a internet de forma arbitraria, sin establecer criterios claros, como la necesidad y proporcionalidad, o establecer salvaguardas esenciales para garantizar la libertad de expresión. Hasta ahora, la orden de una “autoridad competente” basta para bloquear el acceso para “hacer cesar la comisión de delitos”, sin la necesidad de justificar los motivos de la orden o la obtención de una autorización judicial. La ley, tal como ha sido aprobada por las Comisiones, violaría los derechos humanos al no cumplir con los estándares mínimos del derecho internacional que requieren que sea previsible, necesario y proporcional a un fin legítimo. Amnistía Internacional considera que bloquear el acceso individual a internet prácticamente nunca sería una interferencia proporcional a la libertad de expresión.


Los Relatores Especiales sobre la Libertad de Expresión, tanto de la ONU como de la OEA, han expresado que “la interrupción del acceso a Internet, o a parte de este, aplicada a poblaciones enteras o a determinados segmentos del público (cancelación de Internet) no puede estar justificada en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional. Lo mismo se aplica a las medidas de reducción de la velocidad de navegación de Internet o de partes de este.”


En particular, el Relator sobre la Libertad de Expresión de la ONU ha considerado que “la interrupción del acceso de los usuarios a Internet, sea cual sea la justificación aducida, incluso por motivos de violación de la legislación en materia de derechos de propiedad intelectual, es una medida desproporcionada y, en consecuencia, una violación del artículo 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.”


Amnistía Internacional llama al Congreso mexicano a proteger plenamente los derechos a la privacidad y la libertad de expresión en la Ley de Telecomunicaciones, mediante la inclusión de las salvaguardas necesarias de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.

Fuente: AI

Concluye Relator Especial de Naciones Unidas que en México si se tortura

Twittear

La tortura es inaceptable, sentencia la CNDH. Foto: sipse.com

Tras la presentación del informe preliminar del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura sobre su reciente visita a México, Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades mexicanas de los distintos niveles de gobierno a implementar a la brevedad las diversas recomendaciones para hacer frente a la prevalencia de esta aberrante práctica.

Las conclusiones preliminares del Relator confirman una situación que Amnistía Internacional ha documentado por varios años. Si el gobierno es serio en el compromiso que ha hecho para combatir la tortura y otros malos tratos, es esencial que, como primer paso, reconozca públicamente la gravedad de la situación constatada por el Relator y la urgencia de implementar las medidas señaladas.

El Relator Especial, Juan Méndez, calificó como generalizada la práctica de la tortura en México, especialmente utilizada frecuentemente como una técnica de investigación para la obtención de confesiones autoinculpatorias o conseguir información. El Relator señaló que la tortura es practicada por las diferentes fuerzas de seguridad en los distintos niveles de gobierno, incluyendo a las Fuerzas Armadas.

Amnistía Internacional comparte las preocupaciones expresadas por el Relator Especial, particularmente frente a las graves deficiencias identificadas en la implementación de salvaguardas para prevenir la aplicación de la tortura. Uno de los principales focos de preocupación continúan siendo los vacíos aún existentes entre el momento de la detención y la puesta a disposición de las autoridades correspondientes, incluyendo la falta de registros adecuados y la detención en sitios no identificados. Asimismo, es preocupante la prevalencia de ciertas figuras que incentivan el uso de la tortura, como el arraigo y una aplicación laxa de la detención bajo flagrancia.

Por otra parte, han sido identificadas múltiples deficiencias en la implementación del Protocolo de Estambul para la detección de señas de tortura, el cual no es aplicado de conformidad a los estándares internacionales y en muchas ocasiones es llevado a cabo meses, o incluso años, después de los hechos. Asimismo, es preocupante la adscripción de los peritos oficiales a las procuradurías de justicia pues ello resta independencia e imparcialidad en su aplicación. Por ello, Amnistía Internacional respalda la recomendación del Relator Especial para fortalecer la aplicación de éstos peritajes, así como la aceptación y valoración en juicio de peritajes realizados por instancias o expertos independientes distintas a las procuradurías de justicia.

Finalmente, la organización reitera el llamado al Poder Judicial tanto federal como estatal, a fin de que ninguna prueba obtenida bajo tortura sea admitida como válida en los procesos judiciales. Asimismo, las autoridades mexicanas deben asegurarse que en toda investigación de hechos de tortura o malos tratos, la carga de la prueba recaiga sobre el Estado y no sobre las víctimas.

Amnistía Internacional hace un enérgico llamado a las autoridades mexicanas a implementar con prontitud las recomendaciones emitidas por el Relator Especial con el fin de prevenir y erradicar la tortura en el país. Para ello, resulta fundamental dar pasos firmes en la investigación y sanción de todos los responsables para poner fin a la impunidad prevalente y garantizar reparaciones adecuadas a todas las víctimas.

Fuente: AI 

México debe garantizar el respeto a los derechos humanos de los civiles víctimas del Ejército Mexicano: AI

Twittear

Foto: Red

Amnistía Internacional celebra la decisión del Congreso de aprobar por unanimidad la reforma al Código de Justicia Militar para restringir la jurisdicción militar y otorgar a la justicia ordinaria la responsabilidad de investigar, procesar y sancionar a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas implicados en violaciones de derechos humanos contra civiles.


La organización insta al Presidente a publicar a la brevedad dichas reformas en el Diario Oficial de la Federación para así asegurar su entrada en vigor y garantizar la implementación de las nuevas disposiciones sin dilación.


El monopolio del sistema de justicia militar sobre aquellos casos en que militares han estado implicados en la comisión de graves violaciones de derechos humanos ha dejado una profunda herencia de impunidad. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de ninguna sentencia de tribunales civiles contra militares responsables de cometer violaciones a derechos humanos hasta la fecha.


Con anterioridad a la reforma, el gobierno había anunciado que más de 400 casos de presuntos abusos cometidos por militares habían sido turnados a la justicia ordinaria. Sin embargo, es esencial asegurar que la Procuraduría General de la Republica (PGR) se encuentra investigando y procesando éstos y todos los demás casos de forma pronta, imparcial y exhaustiva para esclarecer los hechos y asegurar la justicia para las víctimas. Asimismo, resulta de primordial relevancia asegurar la colaboración de las Fuerzas Armadas para la investigación, detención y procesamiento de los acusados, así como la inmediata declinación de aquellos casos que aún mantengan bajo su jurisdicción.


Las reformas aprobadas no garantizarán por sí mismas el acceso a la justicia para las víctimas de abusos militares. Es necesario que el gobierno de Enrique Peña Nieto tenga como prioridad el combate a la impunidad por estos abusos, y que dote de los recursos y la autoridad necesaria a la PGR para llevar a cabo sus obligaciones. El gobierno debe asegurar que cualquier funcionario público, sea civil o militar, que incumpla con las obligaciones establecidas en la ley reformada rinda cuentas con el fin de enviar un mensaje claro de que la impunidad no será tolerada.


En múltiples casos documentados por Amnistía Internacional, las autoridades civiles han sido renuentes a investigar los hechos y llevar ante la justicia a militares responsables de cometer violaciones a derechos humanos. En un caso en que se llevó a cabo la presunta desaparición forzada de cuatro personas en Nuevo Laredo por miembros de la Marina en 2013, el Ministerio Público Federal a cargo de la investigación ha sido muy reticente en investigar a fondo lo ocurrido, prefiriendo aceptar la versión oficial de las Fuerzas Armadas en lugar de indagar de forma exhaustiva las denuncias presentadas por familiares y testigos.


El cambio de la ley abre una puerta a la justicia para las víctimas, pero dependerá de las autoridades demostrar su compromiso para asegurar la protección de los derechos humanos y garantizar el acceso a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de abusos militares.


Existe una gran oportunidad de hacer avanzar la justicia por las víctimas de abusos cometidos por las Fuerzas Armadas. Sin embargo, es importante recordar que la reforma no excluye de la justicia militar los casos de militares víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas. Es esencial que estas víctimas no queden desamparadas. Amnistía Internacional recuerda a las autoridades que deben garantizar su igualdad ante la ley y la protección de sus derechos.

Fuente: AI

Preocupa a AI la propuesta de ley de manifestaciones públicas en México

Twittear

Amnistía Internacional (AI) manifestó su preocupación por las propuestas de ley de manifestaciones públicas presentadas en Estados de la República como Quintana Roo, San Luis Potosí y el Distrito Federal.

La organización consideró que tales iniciativas emplean terminología ambigua para definir manifestaciones; limitan las manifestaciones legítimas a las que tienen un objetivo conforme con “las buenas costumbres”; el “aviso” requerido en realidad constituye una autorización con criterios confusos y potencialmente arbitrarios; imponen lugares sin tomar en cuenta criterios de necesidad y proporcionalidad; y podrían resultar en el uso de la fuerza para disolver una manifestación pacífica que no haya recibido autorización o en casos en los cuales solo una minoría de manifestantes cometan actos de violencia.

Es por esto que Amnistía Internacional consideró que estas propuestas de ley tal y como están actualmente redactadas atentan contra el derecho de libertad de expresión y asociación establecido por las normas y mecanismos internacionales de derechos humanos.

Amnistía Internacional recordó a las autoridades mexicanas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino, en todo caso, uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática: el socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente al nervio principal del sistema democrático”.

En reiteradas ocasiones, la organización ha declarado que las recientes iniciativas de ley relativas a manifestaciones imponen un régimen legal que no garantiza el derecho a la manifestación pacífica sin discriminación al privilegiar el uso de espacios públicos para los intereses comerciales y de tránsito por encima de los intereses legítimos de manifestaciones pacificas. Así mismo, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que esto es incompatible con las obligaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional considera especialmente preocupante el caso de la Ley de Cultura Cívica del estado de Quintana Roo pues esta fue ya aprobada el pasado 25 de marzo, y faltaría tan solo su ratificación por el gobierno estatal para que esta entre en vigor.

La organización llamo a las autoridades del estado de Quintana Roo a no ratificar la Ley de Cultura Cívica mientras ésta no se haya armonizado con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Así mismo, Amnistía Internacional instó a las y los legisladores a que se aseguren que durante las discusiones en torno a estas iniciativas, se escuchen las voces de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y se cumplan los más altos estándares internacionales de protección a los derechos humanos.

Comunicado AI

México debe pasar de las promesas a las acciones en materia de derechos humanos: AI

Twittear

México debe traducir en acciones las promesas que hará mañana al Consejo de Derechos Humanos de la ONU si quiere abordar la grave situación de los derechos humanos en el país, ha declarado el pasado 19 de marzo Amnistía Internacional.

“Deben adoptarse medidas eficaces y duraderas para abordar las constantes vigentes de desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias y ataques habituales contra defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, mujeres y personas migrantes. México no debe volver a incumplir sus promesas a la comunidad internacional”, ha afirmado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

México anunciará mañana a los miembros del Consejo de Derechos Humanos cuáles de sus 176 recomendaciones, formuladas en el pasado Examen Periódico Universal (EPU) adoptará. En 2009, en su última comparecencia ante este órgano de derechos humanos, México dijo que implementaría la mayoría de las recomendaciones. Sin embargo, posteriormente no tomó medidas en muchas áreas para prevenir la crisis de derechos humanos, que continúa hasta la fecha.

Aunque es positivo que el gobierno mexicano haya anunciado que aceptará la mayoría de las recomendaciones, hay indicios preocupantes de que esto sólo represente que todo sigue igual y su cumplimiento sea sólo retórico.

No se han aceptado las recomendaciones para abolir la práctica del arraigo (detención preventiva sin cargos), una importante cuestión de derechos humanos. Con arreglo a esta extendida modalidad de detención preventiva, se puede mantener detenida a una persona un máximo de 80 días sin que comparezca ante un juez.

“Las órdenes de arraigo abren la puerta a múltiples violaciones de derechos humanos, como la tortura y las confesiones forzadas, que dan pie a juicios injustos. La negativa a abolir esta práctica es una señal muy negativa del compromiso real del gobierno de defender los derechos humanos de todas las personas”, dijo Salil Shetty.

Otra cuestión importante es la reforma del Código de Justicia Militar. México ha aceptado las recomendaciones encaminadas a garantizar que se investigan, persiguen y juzgan en el sistema de justicia civil todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas.

Precisamente esta semana, el Senado está debatiendo una reforma que potencialmente excluiría de la justicia militar las violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra civiles. Sin embargo, dicha medida no se aplicaría a las violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra otro personal militar. Aunque la propuesta va en la dirección correcta, sigue sin cumplir totalmente las normas internacionales de derechos humanos, pese a las afirmaciones del gobierno en sentido contrario.

“Detectamos una preocupante autocomplacencia en la actitud de México ante el Consejo. Afirma que las medidas legislativas y administrativas en curso equivalen al cumplimiento de muchas de las recomendaciones de la ONU, pero no son suficientes para solucionar los críticos problemas que tiene el país en el campo de los derechos humanos”, prosiguió Salil Shetty.

“Esta actitud hace caso omiso del drama de quienes sufren las consecuencias de las violaciones de derechos humanos. La experiencia cotidiana de las familias de los desaparecidos y de las víctimas de la tortura, los homicidios y la violencia no ha cambiado. Para ellas las promesas del gobierno parecen vacías e ineficaces; la impunidad impera.”

Amnistía Internacional ha pedido en reiteradas ocasiones al gobierno mexicano que implemente con carácter urgente las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos para abordar las violaciones de derechos humanos y la impunidad generalizadas. Esto incluye:

* Garantizar la protección de las normas internacionales de derechos humanos en todas las operaciones policiales y de seguridad, lo que incluye una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial de todas las violaciones de estos derechos;

* Adoptar medidas concretas y eficaces para prevenir y castigar la tortura y los malos tratos;

* Reforzar las medidas para investigar los secuestros y las desapariciones forzadas, lo que incluye procedimientos para localizar a las víctimas y hacer que los responsables rindan cuentas de sus actos;

* Reforzar los mecanismos de protección integral para los defensores y defensoras de derechos humanos y los periodistas a fin de detener los ataques contra ellos y garantizar que los responsables de estos ataques comparecen ante la justicia;

* Implementar medidas eficaces para prevenir y castigar todas las formas de violencia contra las mujeres;

* Reforzar las medidas para proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres poniendo fin a la penalización del aborto y garantizando que las mujeres y niñas tienen acceso a un aborto sin riesgos en casos de violación, incesto y cuando corra peligro la salud de la mujer o la niña;

* Garantizar que los proyectos de extracción de recursos y desarrollo económico que afectan a los pueblos indígenas se llevan a cabo únicamente tras obtener su consentimiento libre, previo e informado;

* Prevenir y castigar los abusos contra las personas migrantes en tránsito, sean cometidos por bandas delictivas o por funcionarios públicos.

“Es vital que el gobierno trabaje con la sociedad civil para implementar unas medidas concretas y eficaces para abordar la crítica situación de los derechos humanos en México. El gobierno debe aportar recursos económicos y el apoyo político de las altas esferas en todos los niveles del Estado federal”, concluyó Salil Shetty.

Fuente: AI

Exigen ONG´s a México cumplir con mecanismos internacionales sobre la figura del arraigo

Twittear

Foto: Red

MÉXICO DF, 24 DE FEBRERO DE 2014.- Ante la discusión que ha comenzado en días recientes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la aplicación de la figura del arraigo, las organizaciones de la sociedad civil y personas en lo individual que suscribimos la presente instamos a las y los Ministros a incorporar los estándares internacionales en la materia y dar cumplimiento a las diversas recomendaciones que más de nueve mecanismos internacionales de derechos humanos han emitido a México.

Desde 2002, antes de que el arraigo fuera elevado a rango constitucional, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias concluyó que el arraigo representaba una forma de detención arbitraria debido a la insuficiencia de recursos judiciales.

Desde que en 2008 se incorporó el arraigo en la Constitución, diversos mecanismos internacionales han recomendado a México su eliminación. En 2010 el Comité de Derechos Humanos de la ONU también expresó su gran preocupación sobre la utilización del arraigo en la lucha contra el crimen organizado en el que una persona puede ser detenida sin cargos durante un máximo de 80 días y sin las garantías jurídicas prescritas por los tratados internacionales. Asimismo, el Subcomité para la Prevención de la Tortura, tras haber visitado el Centro Nacional de Arraigo condenó la figura pues encontró que cerca del 50% de las personas detenidas bajo arraigo presentaban señas de tortura.

Más recientemente, en 2012, el Comité Contra la Tortura reiteró su preocupación expresada ya desde 2007 sobre la aplicación del arraigo, e instó decididamente a México a que “elimine la detención mediante arraigo de la legislación y la práctica, tanto a nivel federal como estatal”.

Otros mecanismos que se han pronunciado en este mismo sentido son la Relatora Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cabe recordar que, en el marco de la segunda evaluación de México ante el Examen Periódico Universal, nuevamente se recomendó la eliminación del arraigo del ordenamiento jurídico nacional.

El arraigo constituye, en sí misma, una figura que contraviene a los principios de justicia de un sistema democrático que consiste en “detener para investigar”, y que a la vez viola diversos derechos humanos. La SCJN debe hacer valer el reciente reconocimiento que recibió por parte las Naciones Unidas por su labor en la protección de los derechos humanos en el país y eliminar la posibilidad de que esta figura se aplique en el país.


Por todo lo anterior, las organizaciones de derechos humanos y personas que suscribimos la presente hacemos un llamado respetuoso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver la inconstitucionalidad de la aplicación de la figura del arraigo a nivel local y la inconvencionalidad de la aplicación a nivel federal.



Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, ACAT

Amnistía Internacional

Asistencia Legal por los Derechos Humanos, (ASILEGAL)

Casa del Migrante de Saltillo

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC. (CEPAD)

Centro Nacional de Comunicación Social, Cencos

CIARENA, A.C .

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, CADHAC

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.

Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa

Espolea

Equis: Justicia para las Mujeres

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

Geraldina González de la Vega

Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C.

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.

JASS (Asociadas por lo Justo)

Jorge Israel Hernández

Mariclaire Acosta

Organización Mundial contra la Tortura

Propuesta Cívica A.C.

Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. Serapaz

Sin Fronteras IAP

Fuente: AI

Estará en México Secretario General de Amnistía Internacional; presentará análisis de la situación de derechos humanos

Twittear

Salil Shetty, Secretario General de Amnistía Internacional. Foto: Red

El próximo 15 al 18 de febrero tendrá lugar una visita a México de Salil Shetty, Secretario General de Amnistía Internacional. Esta visita conformaría la primera visita a México de Shetty desde que en 2010 asumiera el cargo.

Durante esta visita, Salil Shetty sostendrá encuentros con diversas autoridades y presentará públicamente un documento que resume las preocupaciones de Amnistía Internacional sobre la situación de derechos humanos en México.

El secretario general realizará también una visita la Ciudad de Saltillo en la cual sostendrá encuentros con personas migrantes, víctimas de tortura y familiares de víctimas de desaparición.

Información para medios de comunicación:

La conferencia de medios durante la cual Salil Shetty presentará en análisis de la situación de los derechos humanos en México tendrá lugar a las 10.30 horas del día martes 18 de febrero en las instalaciones del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

Para solicitar entrevistas o información adicional sobre la visita de Salil Shetty pueden ponerse en contacto con Arturo Ávila mediante la dirección de correo electrónico comunica@amnistia.org.mx o mediante el número 55 51 80 99 18

Con Información de AI 

Fallecimiento de activista social debe ser investigado: AI

Twittear

La madrugada del día sábado el 25 de enero, falleció Juan Francisco Kuykendall, quien sufrió una grave herida a causa del impacto de un proyectil en la cabeza durante las manifestaciones que tuvieron lugar el 1 de diciembre de 2012 en el contexto de la toma de poder del presidente Enrique Peña Nieto.

Amnistía Internacional lamentó la muerte de Juan Francisco Kuykendall y expresó su solidaridad con su familia.

Francisco Kuykendall, originario de Tamaulipas, un profesor, dramaturgo y director de teatro, se encontraba en una situación de salud crítica desde el 1 de diciembre de 2012. El proyectil, al parecer fue disparado desde detrás del muro protector construido alrededor del Congreso donde la policía federal prevenía la entrada de manifestantes en el Congreso. Las autoridades no han esclarecido las circunstancias que rodearon la lesión craneal grave sufrida por Juan Francisco Kuykendall.

De acuerdo a reportes, el proyectil que impacto a Francisco, forma parte de las armas “menos letales” y que incluyen balas de goma y gases lacrimógenas.

Amnistía Internacional considera que el uso de las denominadas armas “menos letales” no exime a las fuerzas de seguridad de su obligación de respetar los principios de necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza y ni de rendir cuentas cuando el uso de estar armas haya supuesto un daño o riesgo a la salud o la integridad de una persona, especialmente cuando son utilizadas de forma inadecuada o en contextos en los cuales no es posible garantizar que los proyectiles no impactarán directamente a manifestantes.

Es esencial que las autoridades den a conocer los detalles de ese tipo de armas, la capacitación recibida por los policías que utilizan estas armas, así como los protocolos sobre su uso. Amnistía Internacional también llama a las autoridades que sometan cualquier uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad a los estándares internacionales de derechos humanos.

Amnistía Internacional ha mostrado en reiteradas ocasiones su preocupación ante el crecimiento de abusos cometidas contra manifestantes por fuerzas policiales que se han registrado en México en los últimos 18 meses, entre los que se incluyen detenciones arbitrarias y brutalidad policial. A pesar de la aceptación de la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal entorno a algunos de los abusos cometidos el 1 de diciembre de 2012, ningún agente encargado de proteger el orden publico ha sido llevado a ante la justicia.

Amnistía Internacional exige a las autoridades una investigación completa e imparcial sobre el fallecimiento de Juan Francisco Kuykendall y los demás abusos cometidos el 1 de diciembre de 2012 que permita garantizar que las personas responsables rindan cuentas ante la justicia ir.

Es de igual importancia que las autoridades aseguran que las fuerzas policiales estén capacitadas debidamente y se rigen a las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y el uso de las armas “menos letales.”

Fuente: AI

Pide AI protección de autoridades mexicanas a defensor de víctimas de trata en Chiapas

Twittear

Foto: Red

El pasado viernes 10 de enero, el Hermano Ramón Verdugo regresó a la Ciudad de Tapachula, Chiapas para reanudar su labor en defensa de migrantes menores de edad víctimas de explotación laboral y sexual.


Tras haber sido objeto de amenazas contra su vida y la de su familia, Ramón Verdugo – director del albergue “Todo por Ellos A.C.” - tomó la decisión de salir de Tapachula en julio de 2013. La decisión de regresar a Tapachula para retomar la conducción del albergue ocurre tras el compromiso de las autoridades, a través del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de tomar medidas para garantizar su seguridad.


Amnistía Internacional (AI) ha recibido con buenos ojos los compromisos de las autoridades de asegurar que Ramón Verdugo pueda continuar con su labor en condiciones de seguridad y sin temor a represalias. Así mismo la organización ha llamado a las autoridades federales y estatales a que cumplan de forma inmediata con estas medias, y que estas mediadas sean extensivas a los integrantes de su familia quienes también han tenido que salir de Tapachula.


La organización también ha hecho un llamado a las autoridades mexicanas para que estas investiguen de forma inmediata e imparcial las amenazas en contra la de vida de Ramón Verdugo y de su familia, y que las personas responsables de estos actos de intimidación rindan cuentas ante la justicia.

Fuente: AI

Rendirá hoy Amnistía Internacional homenaje a Nelson Mandela

Twittear



Amnistía Internacional rinde hoy homenaje a Nelson Mandela, uno de los líderes más visionarios del mundo en la lucha para proteger y promover los derechos humanos.

La muerte de Nelson Mandela no es sólo una pérdida para Sudáfrica. Es una pérdida para las personas de todo el mundo que luchan por la libertad, la justicia y el fin de la discriminación.

Como un líder mundial que se negó a aceptar la injusticia, la valentía de Nelson Mandela ayudó a cambiar nuestro mundo entero. Su muerte deja un enorme vacío, no sólo en Sudáfrica, sino en todo el mundo.

En palabras del Secretario General de Amnistía Internacional Salil Shetty, "El compromiso de Nelson Mandela con los derechos humanos se reflejó en toda su vida, desde su determinación inquebrantable para acabar con la desigualdad racial durante elApartheid, hasta su lucha contra el VIH/SIDA en Sudáfrica, pasando por su compromiso por la reconciliación nacional en Sudáfrica. La huella de su legado a través de África, y del mundo, se mantendrán durante generaciones."

Mandela asumió un fuerte compromiso por las personas afectadas por VIH/SIDA

La vida de compromiso político y sacrificio de Nelson Mandela se erige como un ejemplo para millones de personas alrededor del mundo. Su resistencia bajo la presión, su valor y su integridad y su compromiso con la reconciliación y el perdón sobre la venganza y el odio marcaron la vida de Mandela.

"Nadie podía dejar de verse conmovido por esta persona excepcional", dijo Louis Blom -Cooper, quien participó en la fundación de Amnistía Internacional y fue observador en el juicio contra Nelson Mandela y otros líderes anti-apartheid, en el que se les acusó de traición en 1961, y del que fue absuelto.

"Literalmente , al encararse a Mandela y oírle hablar, uno sentía que estaba ante una persona muy importante que jugaría un papel central en Sudáfrica."

"Su rostro resultaba conmovedor y al hablar con él te hacía sentir que la persona más importante eras tú y no él".

Tras dejar la presidencia de Sudáfrica, Nelson Mandela continuó su activismo en defensa de diferentes causas, incluyendo la lucha por los millones de personas que viven con VIH, en particular en África Subsahariana. Continuó mostrando que su pasión por la defensa de la dignidad humana, el derecho a la igualdad y la justicia no se había debilitado con el tiempo.

Su insistencia en mostrar que la crisis causada por el VIH/SIDA era una crisis de derechos humanos contribuyó a poner sobre la mesa de la agenda mundial la situación de millones de personas que permanecían olvidadas para la comunidad internacional.

En noviembre de 2006 , Amnistía Internacional nombró a Nelson Mandela "Embajador de Conciencia" en reconocimiento a su trabajo a lo largo de muchos años contra las violaciones de derechos humanos no sólo en Sudáfrica, sino en todo el mundo .

Al aceptar el premio Nelson Mandela declaró:

"Al igual que Amnistía Internacional, llevo muchos años luchando en favor de la justicia y de los derechos humanos. Ahora me he retirado de la vida pública. Pero mientras la injusticia y la desigualdad persistan en nuestro mundo, ninguno de nosotros puede descansar realmente. Debemos ser todavía más fuertes. (...) Continúo luchando en favor de los derechos humanos.

Deseo que este premio pueda ayudar a los activistas de todo el mundo a hacer brillar la vela de la esperanza para las personas olvidadas presas de la pobreza. Como la esclavitud y el apartheid, la pobreza no es un estado natural. Son las personas las que han generado y tolerado la pobreza y son las personas también las que la superarán.

La superación de la pobreza no es un gesto caritativo. Es un acto de justicia. Es la protección de los derechos humanos fundamentales. En todos los lugares, cada persona tiene derecho a vivir con dignidad, libre del miedo y de la opresión, del hambre y de la sed y de expresarse y asociarse si así lo desea.

Sin embargo, en este nuevo siglo, millones de personas siguen encarceladas, esclavizadas y encadenadas."

Durante la ceremonia de reconocimiento, Amnistía Internacional también entregó a Nelson Mandela 5 volúmenes de informes y campañas lanzadas por Amnistía Internacional entre 1961 y 1994 sobre las violaciones de los derechos humanos en Sudáfrica .

Al aceptar el Premio Embajador de Conciencia, Nelson Mandela reconoció la contribución de Amnistía Internacional en la lucha por los derechos humanos y animó a continuar el activismo en defensa de la dignidad humana.

Nelson Mandela fue víctima la injusticia convertida en sistema de gobierno. Sufrió la discriminación del apartheid contra la mayor parte de la población de Sudáfrica, fue juzgado y condenado por un sistema basado en el racismo y que le negó el derecho a un juicio justo.

Como señaló Amnistía Internacional en su informe de 1978 sobre la prisión política en Sudáfrica: "Mientras que el apartheid siga existiendo, no podrá haber ninguna estructura que cumpla con las normas y garantías de respeto a los derechos humanos."

Nelson Mandela fue un prisionero político. Nelson Mandela entendió como la exclusión destruye el tejido social de un país al fomentar políticas de desigualdad. El movimiento de derechos humanos en todo el mundo tiene un gran deuda de gratitud con Mandela, quién contribuyó a inspirar a una generación de personas que dedicaron su vida a la lucha por los derechos humanos.

Fuente: AI

Primer año de gobierno de Peña Nieto; un año perdido para los derechos humanos: AI

Twittear

A un año del inicio del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la trágica situación de los derechos humanos en México ha dado pocas señales de mejorar, afirmó hoy Amnistía Internacional (AI).

Durante este primer año, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha lanzado múltiples iniciativas en diferentes áreas de la política nacional, prometiendo que dichas iniciativas servirán para promover la modernización del país. Sin embargo los derechos humanos están fundamentalmente ausentes de esta actividad.

Los avances positivos como la publicación de la Ley General de Víctimas, la creación de una Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas en la Procuraduría General de la República y el anuncio de un Programa Nacional de Derechos Humanos no han tenido impacto real en la situación en el país.

Uno de los compromisos realizados hace un año por Peña Nieto fue el de poner fin a la epidemia de violencia y abusos contra los derechos humanos que caracterizó a la gestión de Felipe Calderón. Sin embargo, durante su primer año de gestión, los graves abusos tales como desapariciones forzadas, feminicidios, abusos contra personas migrantes y ataques contra personas defensores de derechos humanos y periodistas han continuado, amparados por la impunidad. Al mismo tiempo los casos de brutalidad policial contra manifestantes y las detenciones arbitrarias han ido en aumento.

Durante este año no se han dado pasos ciertos para poner fin a este tipo de abusos, y la estrategia de seguridad que generó numerosas violaciones de derechos humano se mantiene en sus líneas generales.

“Poner fin a los graves abusos a los derechos humanos y a la escandalosa impunidad para quienes los cometen requiere un liderazgo fuerte, voluntad política, acciones coordinadas, recursos adecuados y un dialogo efectivo con la sociedad civil. Estos elementos han estado evidentemente ausentes de la agenda política.” Afirmó Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional en México.

A pesar de los anuncios públicos hechos desde el inicio del actual gobierno, de compromiso con los derechos humanos, Amnistía Internacional considera que la actual administración ha fallado en demostrar que los derechos humanos son su prioridad, y que por el contrario, parecería que más bien constituyen una cuestión accesoria limitada a compromisos que no se traducen en acciones efectivas.

En octubre pasado, integrantes de Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas transmitieron al gobierno mexicano una serie de recomendaciones que, de cumplirse cabalmente, contribuirían a mitigar esta grave crisis de derechos humanos.

Sin embargo, las autoridades mexicanas anunciaron que será en marzo próximo que se dará a conocer cuáles de estas recomendaciones serán tomadas en cuenta. Anuncios como el anterior, ponen de manifiesto el bajo grado de prioridad que para la actual administración tiene el cumplir su compromiso de poner fin a los abusos contra los derechos humanos, prioridad que claramente está desfasada de la actual crisis de derechos humanos a la que se enfrenta el país.

“La actual administración ha dejado pasar numerosas oportunidades para demostrar su compromiso. La sociedad mexicana, y en especial las víctimas no esperarán por siempre, si la actual administración aspira a restablecer la confianza en que cumplirá suscompromisos, debe tomar medidas inmediatamente.” Concluyó Perseo Quiroz.

Fuente: AI

Visibilizar labor de quienes luchan en defensa de los derechos humanos; objetivo de campaña de AI

Twittear

Foto: Desinformemonos.org

Hoy jueves 21 de noviembre, Amnistía Internacional (AI) ha presentado en México una campaña que tiene como fin visibilizar la labor de quienes han dedicado su vida a la lucha por los derechos humanos.

Esta campaña, llamada #BuscaTusDerechos se valdrá de intervenciones urbanas en varias ciudades del país y de una intensa campaña en medios digitales.

“En México y en todo el mundo, incontables personas se suman cada día a la lucha por los derechos humanos, ya sean víctimas de abusos que exigen justicia o personas defensoras que buscan hacer de los derechos humanos una realidad para todas las personas”. Afirmó Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.

Para esta campaña, Amnistía Internacional ha seleccionado una docena de casos que ejemplifican de forma paradigmática los obstáculos a los cuales se enfrentan las personas que luchan por sus derechos. La mitad de estos casos corresponden a personas en México y se incluyen defensores de migrantes, supervivientes y familiares de víctimas de desaparición forzada, tortura y violencia sexual, así como casos que evidencian graves fallas en el sistema de justicia del país.


“Con esta campaña buscamos visibilizar estas luchas. Queremos hacer tangible lo intangible, queremos llevar estos casos más allá de las páginas de los diarios e integrarlos en los espacios que forman parte de la rutina de las personas.” agregó Perseo Quiroz.

En la primera etapa de la campaña, la organización distribuirá en las principales ciudades del país más de 10,000 sobres que incluyen relatos y testimonios de los casos que integran la campaña. Cada uno de estos sobres invitará a quien lo encuentre a tomar una acción para respaldar ese caso.

Mediante esta campaña la organización busca recolectar al menos 50,000 firmas de apoyo a llegar a millones de personas a través de las redes sociales, universidades y espacios públicos.



El sitio web de la campaña puede encontrarse en la dirección www.tusderechos.mx y puede seguirse en las redes sociales mediante el hashtag #BuscaTusDerechos.

Indulto a maestro indígena Patishtán revela necesidad de una revisión completa de los juicios injustos: AI

Twittear

El prof. tzotzil Alberto Patishtán

La decisión del presidente de México, Enrique Peña Nieto, de otorgar el indulto al profesor indígena tzotzil Alberto Patishtán, encarcelado durante más de una década tras un juicio injusto, no debe ser solamente un reconocimiento tardío de la injusticia cometida contra él, sino que debe impulsar una revisión completa a los innumerables casos de juicios injustos, manifestó Amnistía Internacional el día de hoy.

“Alberto es un hombre inocente que fue retenido en prisión por 13 años. El indulto presidencial es un gran alivio para Alberto Patishtán y su familia, pero está muy lejos de acercarse a la verdad, justicia y reparación. Las personas responsables de su juicio injusto y encarcelamiento deben rendir cuentas,” dijo Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.

“Las cárceles de México están pobladas por incontables casos como el de Patishtán. Su liberación debe ser sólo el primer paso hacia una revisión total de los casos y a la adopción de medidas que pongan fin a la discriminación e inequidad en el acceso a la justicia”, añadió Zúñiga.

Este indulto presidencial es el resultado de años de campaña por parte de Alberto Patishtán y su familia, sus abogados y el apoyo de personas y organizaciones de la sociedad civil.

Alberto Patishtán fue condenado en 2002, después de que una corte en el estado de Chiapas lo declarara culpable del asesinato de siete policías durante una emboscada en junio de 2000. Fue condenado a 60 años de prisión por homicidio agravado y robo, entre otros cargos.

Amnistía Internacional está convencida de que Alberto Patishtán no participó en el crimen y que la investigación y el subsecuente proceso judicial tuvieron graves errores. En ese sentido, la organización considera que las autoridades mexicanas deben conducir una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los homicidios cometidos en el año 2000, por los que Alberto Patishtán fue condenado.

“El caso de Alberto Patishtán es sólo un ejemplo de un patrón sistemático: Después ser acusado por un crimen que no cometió, no tuvo acceso a un abogado defensor competente, un fiscal independiente o un juez imparcial. Como resultado, tuvo que pasar 13 años en prisión. Esto es indignante”, dijo Javier Zúñiga.

A través de los años, la organización ha denunciado cómo las personas que viven en la pobreza en México reciben una menor protección a sus derechos humanos. Esto es especialmente cierto cuando se trata del acceso a la justicia y al debido proceso. Las personas indígenas, la mayoría de las cuales también viven en situación de pobreza, se ven afectadas desproporcionadamente por esta situación.

Otro ejemplo es el caso de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, dos activistas indígenas que fueron liberados de prisión en noviembre de 2012 después de pasar tres años encarcelados bajo cargos falsos en represalia por su trabajo defendiendo el acceso al agua en Atla, en el estado de Puebla.

“La resolución positiva del caso de Alberto Patishtán será sólo una gota en el océano si el gobierno mexicano falla en reconocer que se trata de un problema sistémico y en tomar medidas urgentes para hacerle frente”, dijo Javier Zúñiga.

Amnistía Internacional hace un llamado al gobierno para garantizar que los derechos humanos de todas las personas involucradas en procesos judiciales sean plenamente respetados, sin discriminación de ningún tipo.

“Los fiscales y jueces a nivel local, estatal y federal deben ser imparciales. La defensa jurídica debe ser gratuita y eficaz para todas las personas, en particular para las más vulnerables. Todas las personas deben ser consideradas inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un juicio de acuerdo a las normas internacionales”, concluyó Javier Zúñiga.

Pide Amnistía Internacional al gobierno de México garantizar la libertad de Alberto Patishtán

Twittear

El prof. Alberto Patishtán y su hijo en imagen de archivo.

La aprobación por la Cámara de Diputados de una reforma al Código Penal Federal para permitir una nueva modalidad de indulto presidencial en caso de "violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada" es altamente relevante para el caso de Alberto Patishtán.


Amnistía Internacional (AI) recuerda a las autoridades mexicanas su obligación de garantizar la liberación del maestro tzotzil Alberto Patishtán, para poner fin a 13 años de encarcelamiento injusto en violación de sus derechos humanos fundamentales. El maestro Patishtán ha afrontado esta prolongada detención ante la incapacidad del sistema de procuración de justicia de realizar investigaciones prontas y efectivas, valorar las pruebas presentadas al caso y respetar los derechos humanos, una situación que afecta cotidianamente a las personas indígenas o de escasos recursos económicos y sociales en México que sufren discriminación y la negación del derecho a un juicio justo.


Tras estudiar el caso de Alberto Patishtán, condenado por el asesinato de siete policías ocurrido el 12 de junio de 2000 durante una emboscada en el municipio de Simojovel, estado de Chiapas. Amnistía Internacional recuerda que familiares y sobrevivientes tienen el derecho a exigir que los verdaderos culpables sean llevados ante la justicia. Sin embargo, el estudio del caso realizado por Amnistía Internacional indica que Alberto Patishtán no participó de estos hechos y que existen graves deficiencias en la investigación y el proceso judicial en su contra. Los verdaderos responsables por los asesinatos permanecen en la impunidad, negando así la justicia a las personas víctimas de estos hechos.

Como en otros casos documentados por Amnistía Internacional, el hecho de que Alberto Patishtán sea indígena y cuente con pocos recursos económicos jugó un papel fundamental en limitar su derecho a un proceso justo, en particular el derecho a la defensa efectiva y al trato igualitario ante la ley por parte del ministerio público y el poder judicial.

En 2002, Alberto Patishtán fue condenado a 60 años de prisión por lesiones y homicidio calificado, robo calificado, daños y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Las apelaciones, amparos y recursos de reconocimiento de inocencia presentados dese entonces fueron rechazados. Sin embargo, Amnistía Internacional considera que las irregularidades en la investigación y el proceso judicial nunca fueron evaluadas debidamente para corregir la condena. Tampoco fue tenida en cuenta la jurisprudencia desarrollada por el poder judicial de la federación en este periodo sobre la evaluación de las pruebas de cargo, la presunción de inocencia y el debido proceso para asegurar un juicio justo, así como la reforma constitucional de 2011 que reconoce el rango constitucional de las normas internacionales de derechos humanos.


Al revisar este caso detalladamente, Amnistía Internacional considera que existen serias fallas acerca la conducción del proceso y del juicio en su contra:

· Nunca se investigó la influencia indebida por parte del presidente municipal de El Bosque, municipio vecino de Simojovel y donde vivía Alberto Patishtán, en la investigación preliminar realizada por el ministerio público. Antes de la declaración de su hijo, quien fue uno de dos sobrevivientes del ataque y el único testigo que señaló a Alberto Patishtán, el presidente municipal le manifestó al ministerio público que Patishtán era uno de los autores del delito. Asimismo, comunicó el supuesto móvil del crimen. Estos elementos sirvieron para emitir una orden de localización contra Patishtán. El presidente municipal también proveyó una fotografía de Patishtán que el ministerio público utilizó para proceder contra éste y animar a testigos no presenciales a señalarlo como responsable.

· Nunca hubo una investigación imparcial del contexto social que podría haber motivado un señalamiento fabricado contra Alberto Patishtán por parte del presidente municipal y su hijo. Un mes antes de los asesinatos, Alberto Patishtán y otras personas de su comunidad habían pedido públicamente la remoción del presidente municipal. Este antecedente nunca fue objeto de investigación por parte del ministerio público ni fue considerado con seriedad dentro del proceso por parte de los jueces de primera, segunda y tercera instancia.

· Existen contradicciones no resueltas entre las diferentes declaraciones que realizó el hijo de presidente municipal sobre estos hechos.

· Existen contradicciones no resueltas entre los testimonios del hijo del presidente municipal y el otro sobreviviente del ataque. Entre otras cuestiones, la forma del ataque y el número y vestimenta de los atacantes, incluyendo si llevaban pasamontañas o no.

· En una de sus declaraciones el hijo del presidente municipal inculpó a una segunda persona que posteriormente fue absuelta al demostrar su inocencia, lo cual pone nuevamente en duda la credibilidad de su testimonio.

· Hubo falta de acceso a una defensa efectivo por parte de Alberto Patishtán para asegurar que pudiera defenderse eficazmente contra la imputación y cuestionar debidamente a los testigos y otras pruebas, así como presentar pruebas eficientes de defensa;

· La decisión de los jueces de desechar las pruebas de descargo presentadas por varios testigos que señalaron la presencia de Alberto Patishtán en otro lugar durante los hechos contrasta con la forma en que las contradicciones en las declaraciones de los testigos de la acusación fueron ignoradas.

· Hubo violaciones del debido proceso por parte del ministerio público al recabar las pruebas y presumir la culpabilidad de Alberto Patishtán y, posteriormente, por parte del poder judicial, el cual no garantizó la presunción de inocencia al ignorar las violaciones de debido proceso y su impacto sobre el valor de las pruebas.

Amnistía Internacional considera que estas irregularidades indican que la sentencia contra Alberto Patishtán se emitió sin garantizar sus derechos fundamentales y ha resultado en su prolongado e injusto encarcelamiento. Él y su familia han tenido que vivir esta injusticia durante 13 años. Además, la salud del maestro se ha deteriorado durante su permanencia en prisión.

Ante la negativa del sistema de procuración de justicia a revisar el caso y proporcionar justicia, Amnistía Internacional considera que las autoridades federales deben poner fin a esta injusticia y liberar a Alberto Patishtán de forma inmediata por la vía que consideren adecuada en beneficio de la justicia, el Estado de derecho y los derechos humanos. Esta liberación no puede sustituir al reclamo de justicia que durante estos años ha realizado el maestro Patishtan, pero ante la falta de alternativas resulta la única vía factible en el corto plazo. Es en este sentido que la reforma aprobada hoy abre una nueva posibilidad y serán las autoridades mexicanas quienes deben actuar dentro de sus competencias para garantizar la pronta liberación.

Así mismo Amnistía Internacional llama a las autoridades a garantizar también el derecho a la justicia y a la reparación en el caso del profesor Patishtan y para reformar el sistema de justicia de tal forma que se garanticen procesos prontos y justos a todas las personas, independientemente de su condición económica o pertenencia a una comunidad indígena.



Información adicional

Amnistía Internacional ha recabado durante las últimas semanas más de 27,000 exigiendo justicia sobre el caso de Alberto Patishtán.

La iniciativa aprobada hoy por unanimidad en la Cámara de Diputados ya fue aprobada también por unanimidad en el Senado la semana pasada. El texto de la reforma es el siguiente:

Artículo Único. Se adiciona el artículo 97 Bis al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 97 Bis. De manera excepcional, por sí o a petición del pleno de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el titular del Poder Ejecutivo federal podrá conceder el indulto, por cualquier delito del orden federal o común en el Distrito Federal, y previo dictamen del órgano ejecutor de la sanción en el que se demuestre que la persona sentenciada no representa un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas, expresando sus razones y fundamentos, cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada.

El Ejecutivo federal deberá cerciorarse de que la persona sentenciada haya agotado previamente todos los recursos legales nacionales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fuente: AI

México debe escuchar el llamado de la comunidad internacional y cumplir sus obligaciones de derechos humanos: AI

Twittear

Mujeres indígenas uno de los grupos más vulnerados en sus derechos humanos en México

 

Para Amnistía Internacional (AI) las 176 recomendaciones a México realizadas por 87 países integrantes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU la semana pasada son un llamado de atención ante la falta de avances reales en materia de derechos humanos. Para cumplir con estas recomendaciones México necesitará más que palabras o simulaciones, necesitará acciones efectivas, afirmó AI.

La decisión del gobierno mexicano de diferir su respuesta al Consejo de Derechos Humanos hasta marzo de 2014 es una muestra de la escasa voluntad política para atender la grave situación de derechos humanos que vive el país. Si bien estará dentro del plazo reglamentario, muchas de las recomendaciones recibidas la semana pasada son iguales o semejantes a las de 2009. ¿Es esta la respuesta de un gobierno que comprende la gravedad de la situación y sus obligaciones? ¿Es esta la respuesta que merecen las víctimas y sus familiares?, se preguntó AI.

La insistencia por parte de países de todo el mundo en problemas ya señalados en 2009 durante la primera revisión del Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU a México, es una muestra de la falta de avances sustantivos en materia de derechos humanos por parte de México. Para AI esta repetición de recomendaciones en temas como la protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la reforma del fuero militar, la eliminación del arraigo, la lucha contra la tortura, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y la violencia contra las mujeres y el combate a la pobreza muestra claramente que las medidas presentadas por México en su exposición ante el Consejo de Derechos Humanos son claramente insuficientes para transformar la realidad que afronta el país.

En su reciente informe al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, México sobredimensionó sus avances en materia de derechos humanos, argumentando avances que desafiaban la realidad, al tiempo que las graves violaciones de derechos humanos han continuado y la casi total impunidad sobre estas violaciones ha permanecido. Las autoridades mexicanas pretendieron convencer a la comunidad internacional de que la publicación de leyes y la creación de organismos públicos son la solución a los graves problemas del país, omitiendo casi absolutamente referirse a la realidad que se vive en México. Las evidentes omisiones en su informe parecerían tener como propósito ocultar las preocupantes fallas en esta materia.


Amnistía Internacional considera que la negativa a reconocer la falta de avances perjudica principalmente a las propias víctimas de violaciones de derechos humanos, quienes permanecen a la espera de acciones efectivas para asegurar que quienes han cometido violaciones a los derechos humanos rindan cuentas ante la justicia.

Si las autoridades mexicanas quieren demostrar que en esta ocasión sí existe una verdadera voluntad para cumplir con sus obligaciones, deberán anunciar las acciones que tomarán para terminar con la impunidad en los casos de desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias.

Amnistía Internacional también recuerda a las autoridades que para asegurar la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas no es suficiente mantener una estructura burocrática, sino que es esencial que este mecanismo disponga del apoyo político y de los recursos adecuados para operar efectivamente.

Así mismo, para combatir los abusos contra personas migrantes o la violencia contra las niñas y mujeres no basta con reconocer la gravedad de estos problemas sino que es necesario que se implementen políticas que reduzcan la violencia y lleven ante la justicia a sus responsables.

Para hacer valer efectivamente los derechos de quienes integran comunidades indígenas es necesario pasar de la retorica a la práctica, poniendo en marcha políticas efectivas desarrolladas en conjunto con quienes integran estas comunidades. Amnistía Internacional considera que garantizar un acceso a la justicia y la participación en las decisiones que afecten sus vidas deberán ser componentes centrales de estas políticas.

Nuevamente la comunidad internacional ha reiterado la necesidad de que el gobierno mexicano tenga una clara agenda de derechos humanos. Ahora depende de las autoridades de este país el demostrar a la comunidad internacional y, sobre todo, a la sociedad mexicana, que tomarán en serio su responsabilidad de hacer de los derechos humanos una realidad.

Fuente: AI


Información adicional



El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos mediante el cual se vigila regularmente el cumplimiento de las obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos de cada uno de los 193 Estados miembros de la ONU.


México presentó este examen por primera vez en 2009 y actualmente se encuentra en proceso el segundo examen. Tras la emisión de recomendaciones el pasado viernes 25 de octubre, México tendrá hasta marzo de 2014 para decidir qué recomendaciones acepta o rechaza de todas las recibidas.


El texto completo del informe que Amnistía Internacional envío con relación al Examen Periódico Universal a México puede descargarse en la siguiente dirección: http://ir.amnistia.mx/epuai

En México en materia de derechos humanos la realidad supera el optimismo de autoridades: AI

Twittear

Las optimistas palabras de las autoridades mexicanas sobre la situación de los derechos humanos en México, guardan poca similitud con sus acciones reales, afirmó Amnistía internacional un día antes de que México sea examinado en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

“Mientras que el gobierno mexicano no ha titubeado en tomar compromisos retóricos sobre derechos humanos, ha fallado en tomar medidas efectivas para hacer realidad estos compromisos” afirmó Rupert Knox, Investigador para México de Amnistía Internacional.

“La afirmación de que las autoridades 'han conseguido avances trascendentales para garantizar la promoción, protección y defensa de los derechos humanos' está totalmente alejada de la realidad” consideró Knox.

De acuerdo con Amnistía Internacional, las autoridades mexicanas han faltado a su promesa de cumplir con recomendaciones realizadas por el Consejo de Derechos humanos en 2009.

Estas recomendaciones incluían la implementación de medidas para poner fin a la tortura y a las desapariciones forzadas, asegurar investigaciones efectivas y rendición de cuentas para las violaciones de derechos humanos y, en general, poner la protección de los derechos humanos en el centro de la política sobre seguridad pública. México también prometió combatir efectivamente los abusos contra migrantes, la violencia contra las mujeres y asegurar el respeto de los derechos de los pueblos indígenas.

“Las autoridades mexicanas han afirmado que todos estos compromisos han sido cumplidos. Sin embargo, graves violaciones a los derechos humanos como desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales a manos de policías y fuerzas armadas aún continúan. El patrón de impunidad es una constante y el fracaso en cumplir estos compromisos ha sido evidente” agregó Knox.

Amnistía Internacional envío un informe al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el cual detalla estas fallas.

Durante julio y agosto de este año, se documentaron las desapariciones forzadas, presuntamente a manos de integrantes de la marina, de cuatro personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

“En este caso, como en muchos otros, no ha habido una investigación seria y las familias de las personas desaparecidas no han podido obtener más que silencio de parte de las autoridades” afirmó Knox.

Pese a que se ha encontrado el cuerpo de una de las víctimas, con signos de haber sido ejecutado mediante un disparo, la marina continúa negando haber tenido parte en su detención y asesinato.

“Las autoridades están desaviando la mirada sobre las violaciones a los derechos humanos. El nuevo gobierno, como el anterior, afirma que los derechos humanos están en el centro de los operativos sobre seguridad pública. Sin embargo, las detenciones arbitrarias, la tortura, el maltrato y las desapariciones forzadas continúan teniendo un trágico impacto en la vida de miles de personas en México.”

En febrero de 2011, Miriam Isaura López Vargas, de 30 años y madre de 4 hijos fue detenida por soldados vestidos de civil mientras regresaba a casa tras llevar a sus hijos a la escuela. Los hombres le vendaron los ojos y la trasladaron a un cuartel militar donde fue torturada mediante descargas eléctricas y violada repetidamente.

Miriam permaneció detenida siete meses. Tras este periodo fue liberada al comprobarse su inocencia. Miriam decidió iniciar acciones legales contra los responsables de la tortura. A pesar de la evidencia obtenida, más de dos meses años y medio después, la investigación oficial todavía no ha llevado a presentar cargos contra las personas responsables.

Las desapariciones forzadas y la tortura no son las únicas violaciones de derechos humanos en México.

Las reformas a la legislación migratoria no han sido efectivamente implementadas para proteger los derechos de las personas migrantes. Cientos de migrantes continúan siendo secuestrados, asesinados, sufriendo violencia sexual o simplemente desapareciendo cada año. Los defensores de derechos de los migrantes enfrentan frecuentes amenazas y ataques. Los responsables de estos actos casi nunca son llevados ante la justicia.

Se estableció por ley un mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en riesgo, pero es sólo parcialmente operativo. Para octubre de 2013, 98 activistas y periodistas habían buscado la protección de este mecanismo tras sufrir amenazas y ataques, pero muchos de ellos no han recibido respuesta oportuna y eficaz.

La violencia en contra de las mujeres continúa siendo generalizada. Las leyes federales y locales aprobadas desde 2007 han resultado insuficientes o no se han aplicado, dejando a niñas y mujeres en situación de riesgo.

Los pueblos indígenas ven negado rutinariamente su acceso a la justicia. Las medidas introducidas para reducir la marginación son insuficientes. Hay además una ausencia de consulta adecuada sobre grandes proyectos extractivos e industriales en sus tierras ancestrales.

El gobierno ha fracasado a la hora de reformar el sistema de justicia militar para asegurar que las denuncias de violaciones de derechos humanos son tratadas por el sistema de justicia civil. Además, se ha negado a hacer nada para asegurar que las personas responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la "guerra sucia" de los años 60, 70 y 80 sean llevados ante la justicia.

"Si el gobierno mexicano realmente se toma en serio los derechos humanos, tiene que hacer más que realizar declaraciones audaces y bonitas palabras. Debe actuar e implementar totalmente las recomendaciones realizadas por las Naciones Unidas", concluyó Rupert Knox.

Fuente: AI

Siguen ignorando autoridades de gobierno las penurias de migrantes en tránsito por México: AI

Twittear

Los abusos contra migrantes en tránsito por México continúan siendo ignorados por el gobierno federal y por muchas autoridades estatales y municipales, ha reiterado hoy Amnistía Internacional. Para los responsables de estos abusos, la falta de acción es una invitación para seguir cometiéndolos, lo cual deja aún más vulnerables a quienes vienen en camino.

Cada año, miles de migrantes sufren secuestros extorsivos y desapariciones en su paso por el país. Asimismo, sufren de detenciones arbitrarias, extorsiones y amenazas. Mujeres, niños y niñas son particularmente vulnerables a sufrir violencia sexual o caer en redes de trata. Muchas de las víctimas no viven para contarlo.

La mayoría de los delitos contra migrantes son cometidos por bandas del crimen organizado. Pero muchas veces estas bandas cuentan con el apoyo o la tolerancia de funcionarios públicos.

Amnistía Internacional, varios albergues para migrantes y el Centro Cultural de España en México de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo han inaugurado hoy la exposición fotográfica “Viajes invisibles. Migrantes en México: protejamos sus derechos.”

Durante la inauguración, Ana Enamorado, una madre hondureña cuyo hijo desapareció en el estado de Jalisco en 2010, afirmó: “Puse mi denuncia ante la Procuraduría General de la República en febrero pasado. El caso se encuentra con la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, pero no están investigado adecuadamente. Sólo han enviado algunos oficios, pero me dijeron que el lugar donde desapareció mi hijo es muy peligroso y que no han investigado por ahí.”

Las personas que defienden los derechos de quienes migran también continúan sufriendo intimidación y amenazas. Su trabajo es un obstáculo para quienes se benefician de la falta de acción gubernamental.

“Nosotras teníamos un albergue en el municipio de Huehuetoca, estado de México. Por la falta de respuesta para reducir la inseguridad de la zona, lo transformamos en un comedor. Pero en julio de este año, la situación se volvió tan grave que lo tuvimos que cerrar. Ahora entregamos comida a las personas migrantes que caminan al costado de la vía en la zona de Lechería” dijo Andrea González, del Colectivo “Ustedes somos nosotros”.

“Todavía esperamos una política de este gobierno que realmente atienda la vulnerabilidad de las personas migrantes y su falta de acceso a la justicia y la seguridad”, sostuvo Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México. “Las autoridades deben llevar ante la justicia a todos los responsables de abusos y delitos contra migrantes, incluyendo funcionarios públicos. Terminar con la impunidad es un paso fundamental para disuadir a los agresores y mejorar la protección de migrantes y defensores.”

La exposición fotográfica “Viajes invisibles. Migrantes en México: protejamos sus derechos” puede visitarse hasta el 19 de enero en el Centro Cultural de España, Guatemala 18, Ciudad de México. Las fotos se encuentran en las rejas de la Catedral Metropolitana sobre la calle Guatemala.

“Al igual que muchas de las personas que aparecen en estas fotografías, mi hijo salió de Honduras con la esperanza de encontrar una vida sin violencia. Pero desde 2010 que no sé nada de él. Es importante que la sociedad mexicana vea estas fotos y se solidarice con los migrantes centroamericanos y sus familiares. Sólo estamos reclamando justicia”, expresó Ana Enamorado.

Este espacio expositivo forma parte de la acción continua del Centro Cultural de España en el ámbito de la Cultura de Paz. Tiene como objetivo promover desde la cultura principios y valores para la construcción de una sociedad más justa e incluyente.



Información adicional para medios


Imágenes ilustrativas:
http://tinyurl.com/m7zy6nb



Petitorio online:
www.alzatuvoz.org/migrantes


Arturo Ávila Salazar
Comunicación y Proyectos Tecnológicos
Amnistía Internacional México
E-mail: comunica@amnistia.org.mx