El 24 de marzo de este año Gerardo Ruíz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes, anunció que el presidente de la República había enviado al Senado la iniciativa de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. En el informe localizado en la página de la presidencia se aseguraba que el paquete de leyes propuesto se mantenía fiel a la filosofía que motivó la reforma constitucional aprobada en 2013. Sin embargo, académicos, especialistas y comunicadores no tardaron en desmentir tal aseveración mostrando los puntos concretos en los que la legislación secundaria traicionaba el espíritu de la reforma constitucional.
A la par, organizaciones de Derechos Humanos, grupos de la sociedad civil, colectivos de activistas y usuarios de internet, organizaron actividades de protesta tanto en redes sociales como en las calles de varias ciudades del país. En respuesta al descontento social y en vísperas de la movilización convocada para el 22 de abril, Javier Lozano anunció que su proyecto de dictamen eliminaría cualquier posible restricción a internet.
Esta declaración, sin embargo, debe contextualizarse en el marco de una estrategia mediática destinada a identificar la oposición a la legislación secundaria con el tema de internet, aunque, para los propios participantes, la realidad fuera muy distinta. A la denuncia por el virtual bloqueo de la red se había sumado el tema de los medios públicos, sociales y comunitarios, así como el de las medidas para combatir a los monopolios de las telecomunicaciones y el de la ausencia de instrumentos para garantizar los derechos de las audiencias.
La denuncia social fue acompañada por el conflicto interno en las bancadas de los partidos, especialmente en la de Acción Nacional, donde Javier Lozano ha encontrado una fuerte oposición encabezada por el también senador Javier Corral. La andanada de críticas recibidas por el primero volvió casi insostenible el intento de aprobación fast track de la legislación secundaria, por lo que, después de una serie de peripecias legislativas, finalmente se decidió posponer la discusión para mediados de Mayo y el dictamen para Junio.
El argumento de Lozano para justificar este aplazamiento fue que una decisión tan importante requería un diálogo amplio en el que se escuchen las voces de todos los actores. Sin embargo, esta repentina vocación democrática por parte del panista contrasta marcadamente con la premura que apenas la semana pasada lo llevó a intentar dar un “albazo” para aprobar la legislación.
El desplazamiento de la dictaminación a Junio no parece explicarse de forma satisfactoria por una subrepticia conversión democrática de Lozano. A la presión ciudadana y a los conflictos internos del PAN, debe agregarse un factor que no es insignificante: la Copa Mundial de Fútbol Soccer.
Precisamente en Junio los mexicanos se hallarán atentos a la participación de la Selección Nacional en esta justa deportiva, haciendo de ella su interés prioritario. Por lo que no es de extrañar que dentro de los cálculos políticos se considere que el Mundial de Fútbol desmovilizará a la ciudadanía apartando uno de los principales obstáculos para la aprobación de las leyes secundarias.
Esta no sería la primera vez que un fenómeno semejante ocurriría. El Partido Revolucionario Institucional posee un amplio historial al respecto, durante los más de 70 años que ocupó el poder de forma ininterrumpida se volvió experto en aprovechar fechas como el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, eventos deportivos, como Olimpiadas y Mundiales, para aprobar leyes absolutamente lesivas para los mexicanos y perpetrar los actos más nocivos de los que se tenga registro en la historia del país.
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