"Televisión para jodidos"

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Emilio Azcárraga Milmo, Verónica Castro y Rogelio Guerra

“México es un país de una clase modesta muy jodida, que no va a salir de jodida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil”.

Fueron las palabras de Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, pronunciadas hace exactamente 2 décadas, el 10 de febrero de 1993. Su discurso fue improvisado. Se celebraba el éxito de la telenovela Los Ricos También Lloran que catapultó a la fama internacional a Verónica Castro. El Tigre andaba feliz y se puso sincero.

“Los ricos, como yo, no somos clientes porque los ricos como yo no compran ni madres”, abundó el dueño del imperio Televisa. Los asistentes rieron. Azcárraga Milmo ya era considerado por la revista Forbes como el hombre más rico de América Latina. Aún Carlos Slim no se convertía en magnate global ni buscaba rivalizar con Televisa en el mercado audiovisual. Mucho menos El Tigre quería ingresar al mercado de las telecomunicaciones.

“Nuestro mercado en este país es muy claro: la clase media popular. La clase exquisita, muy respetable, puede leer libros o Proceso para ver qué dicen de Televisa…Éstos pueden hacer muchas cosas que los diviertan, pero la clase modesta, que es una clase fabulosa y digna, no tiene otra manera de vivir o de tener acceso a la distracción más que la televisión”, abundó Azcárraga.

Con una claridad típica de su estilo, El Tigre quitaba los velos de la retórica y confesaba lo que todo mundo sabía en este país y nadie se atrevía a decirlo: la televisión comercial es para enajenar (“divertir”) a los jodidos. No pretende más que incorporar a los pobres a la sociedad de consumo. Y tampoco pretende sacarlos de esa condición. Mucho menos instruirlos.

Para Azcárraga Milmo, como para su padre Emilio Azcárraga Vidaurreta, y para su hijo Azcárraga Jean la televisión simplemente es un gran negocio: venderle espectáculo a los pobres y, a cambio, garantizarle al sistema la sumisión de los “jodidos” y el control político vía la información teledirigida.

“Somos soldados del PRI y del presidente”, dijo en otra de sus frases célebres el inigualable Tigre, famoso por sus desplantes, por su ímpetu de patriarca y sus lujos.

Han pasado 20 años de esa declaración. El Tigre falleció en 1997. Su hijo Emilio Azcárraga Jean prometió una apertura. El gobierno de Salinas de Gortari vendió Imevisión para crear una “competencia”, TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego. Y lejos de mejorar los contenidos televisivos, éstos han empeorado.

Ni siquiera las telenovelas han mejorado. Las audiencias extrañan aquellos melodramas de Verónica Castro. Y prefieren ahora las telenovelas colombianas, brasileñas o las de Argos, con un mínimo de coherencia y mejor calidad en su producción.

Si Azcárraga Milmo confesó que su televisión es para “jodidos”, Salinas Pliego ha dado suficientes muestras para llevar este axioma a su máxima expresión. TV Azteca usa y abusa la ignorancia prevaleciente en los televidentes. Ha hecho de la estridencia y el mal gusto un gran mercado. Es la vitrina para enganchar a los “más jodidos” en sus tiendas Elektra, en su Banco Azteca, en sus malas réplicas de los productos de Televisa.

Primera lección: la competencia en televisión abierta no es garantía de mejorar contenidos.

Por el contrario, si prevalece el modelo de una televisión hipercomercializada, orientada sólo al entretenimiento de baja calidad, bajo costo y alta ganancia, el espejismo del rating es sólo una justificación para la vulgaridad.

Una y otra vez, Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga Jean justifican la pésima calidad de la televisión mexicana, argumentando que eso es lo que “la gente quiere ver”.

“Si no están de acuerdo, cambien de canal”, han afirmado. Con esto confirman el menosprecio a los más elementales derechos de las audiencias, es decir, a contenidos dignos, diversos, de entretenimiento, información y publicidad que no hagan trampas con tal de mantener a los televidentes, a los actores y a los productores a expensas de los mercaderes del espectro.

Segunda lección: la dictadura del rating no puede ser el único criterio para medir el éxito o el futuro de una industria. Mucho menos en la era de los cambios digitales y la convergencia.

Han pasado 20 años de aquel discurso de Azcárraga Milmo y los legisladores vuelven a analizar una reforma muy ambiciosa en radiodifusión y telecomunicaciones. El 80 por ciento de la iniciativa presentada por el Pacto por México se dedica a regular un mercado de telecomunicaciones, dominado por Telmex-Telcel, y el 20 por ciento a regular el mercado de televisión y radio, dominado por Televisa y TV Azteca.

De los criterios para mejorar los contenidos hay muy poco o casi nada. Se eliminó la obligación de que el Estado “garantizará el derecho a las audiencias” (en el artículo 6 constitucional). Se incluyó la prohibición a la publicidad integrada, pero ningún criterio para matizar la excesiva comercialización en la pantalla.

Es evidente que en la actualidad no se respeta la norma de que sólo el 20 por ciento de los contenidos deben ser publicitarios. La realidad es inversa: sólo el 20 por ciento de los contenidos no es venta, propaganda o publicidad inducida. La pantalla está plagada de infomerciales, de “productos milagro”, de chabacanerías para bajar de peso, de astrología mala, de gritones que lo mismo pontifican de una crema de afeitar que de un partido de futbol.

Han pasado dos décadas y se cree que con dos o tres cadenas nacionales de televisión este medio entrará a la modernidad, según los criterios de la OCDE y las demandas de muchos especialistas.

Bienvenida esa competencia, pero si van a replicar el mismo modelo de Televisa sólo tendremos una reproducción al infinito de una televisión que ve clientes y no audiencias, que maltrata a sus actores y encumbra a los dóciles. Imaginemos los noticieros de seis cadenas repitiéndonos al unísono lo que el gobierno federal quiere que se transmita. Imaginemos programas deportivos en los que cada cadena defienda a sus equipos de fútbol. Imaginemos a cada cadena vendiéndonos en todos sus programas sus ofertas de internet, telefonía y video.

Una reforma que sólo privilegie la competencia convertirá a los contenidos convergentes (los de televisión, telefonía e internet) en un gran supermercado. Se podrán eliminar monopolios económicos, pero no monopolios de opinión pública, y menos proponer un modelo distinto al de la “televisión para jodidos”.

En este punto la reforma constitucional que se discute en el Congreso de la Unión no quiere entrarle. Nada que afecte el modelo único de televisión comercial. Nada que ofrezca un modelo de medios públicos (que no gubernamentales). Ni siquiera existe una definición de medios públicos en la iniciativa. Mucho menos la posibilidad de abrir el espectro a propuestas comunitarias, indígenas o universitarias.

¿Es esa la democratización de los medios?

Me temo mucho que no. Si acaso, es la proliferación de muchos bajo el mismo modelo que no incorpora el punto de vista y las necesidades de las audiencias.

Por Jenaro Villamil/Homozapping

Julio 6, 2014

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La Ley de Telecomunicaciones debe proteger plenamente los derechos humanos: AI

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Amnistía Internacional hizo hoy un llamado a las y los legisladores a garantizar que la Ley de Telecomunicaciones aprobada por las Comisiones del Senado, y que será discutida por el Pleno mañana viernes, proteja plenamente los derechos humanos, en particular los derechos a la privacidad y la libertad de expresión.


El dictamen de ley, tal como fue aprobada el día de ayer, otorgaría acceso irrestricto a los datos personales de las y los usuarios a una serie de instituciones policíacas y agencias de seguridad, incluyendo la geolocalización en tiempo real sin que medie ninguna orden judicial o causa razonable. Más aún, la ley obligaría a los proveedores del servicio a mantener los metadatos de las comunicaciones por un año. Hasta ahora, no han sido incorporadas salvaguardas adicionales, y diversos procedimientos de protección son relegados a otras leyes no especificadas. Amnistía Internacional considera que cualquier vigilancia, ya sea de contenidos o de metadatos, debe ser autorizada de conformidad con leyes que sean públicamente accesibles y previsibles. La ley debe ser suficientemente clara en todos sus términos para brindar a la ciudadanía indicaciones adecuadas sobre las condiciones y circunstancias bajo las cuales las autoridades cuentan con la facultad para solicitar medidas de vigilancia secreta y recolección de datos.


La recolección indiscriminada de datos y la retención de metadatos constituyen una violación al derecho a la privacidad, especialmente cuando los datos son almacenados por un periodo prolongado de tiempo, tal como un año. Además, el acceso ilimitado y no regulado a esta información por la policía y fuerzas de seguridad constituye una vigilancia masiva de forma indiscriminada y es también una violación al derecho a la privacidad. Este tipo de leyes deben fijar expresamente la extensión y el alcance, así como los métodos, de cualquier facultad concedida a autoridades públicas para autorizar e implementar medidas de vigilancia. Las salvaguardas mínimas para evitar abusos deben estar fijadas por ley, incluyendo la naturaleza, alcance y duración de las posibles medidas de vigilancia, las razones para su solicitud, las autoridades competentes para permitir, implementar y supervisar las medidas, así como el tipo de recursos establecidos. Los abusos potenciales de estas facultades pudieran generar serias amenazas a diversos derechos humanos en México.


Amnistía Internacional ha hecho llamados con anterioridad para garantizar un rápido acceso a datos de celulares para la investigación y localización de personas reportadas desaparecidas o secuestradas. Sin embargo, resulta esencial que éstas sean llevadas a cabo mediante la supervisión judicial para asegurar que los datos personales únicamente sean obtenidos únicamente por motivos legítimos. Hasta ahora, el dictamen aprobado permite a policías y agentes de seguridad acceso sin ninguna restricción a datos personales, sin ninguna protección contra su abuso. Las medidas de vigilancia deben ser estrictamente necesarias y proporcionales para un fin legítimo, los cuales únicamente se cumplen cuando existen las garantías adecuadas y efectivas contra su uso arbitrario. Existe una mayor preocupación de que esta información pueda ser utilizada con fines corruptos, los cuales pudieran poner en gran riesgo a las personas.


El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión ha señalado que “la vigilancia de las comunicaciones debe ser entendida como un acto altamente intrusivo que potencialmente interfiere con los derechos a la libertad de expresión y a la privacidad, y amenaza las bases de una sociedad democrática. La legislación debe estipular que la vigilancia de las comunicaciones por parte del Estado únicamente sucedan bajo las circunstancias más excepcionales y exclusivamente bajo la supervisión de una autoridad judicial independiente. Las salvaguardas deben ser estipuladas por la ley, incluyendo la naturaleza, alcance y duración de las posibles medidas, los motivos para su solicitud, las autoridades competentes para autorizarlas, llevarlas a cabo y supervisarlas, y el tipo de recursos previstos por la ley doméstica”.


En este mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre un caso de escuchas telefónicas en Brasil, señalando que toda medida de intervención debe“estar fundada en ley, que debe ser precisa e indicar reglas claras y detalladas sobre la materia, tales como las circunstancias en que dicha medida puede ser adoptada; las personas autorizadas a solicitarla, a ordenarla y a llevarla a cabo; el procedimiento a seguir, entre otros elementos.”


Amnistía Internacional está preocupada que las salvaguardas requeridas por el derecho internacional no han sido incluidas en la ley, en particular el riesgo de que los proveedores estén obligados a retener por un año los metadatos de todos los usuarios, los cuales estarán abiertos a un acceso irrestricto por parte de la policía y agentes de seguridad sin ninguna supervisión judicial. La vigilancia es compatible con el derecho internacional de los derechos humanos únicamente cuando esta es dirigida, establecida por ley, es suficientemente previsible para permitir a la persona prever las consecuencias, basada en una sospecha razonable, y autorizada por orden judicial; debe ser además estrictamente necesaria y proporcional a un fin legítimo, como combatir delitos graves; y estar sujeta a controles democráticos y supervisión judicial.


Amnistía Internacional se encuentra también preocupada por las facultades propuestas en el dictamen para bloquear o limitar el acceso a internet de forma arbitraria, sin establecer criterios claros, como la necesidad y proporcionalidad, o establecer salvaguardas esenciales para garantizar la libertad de expresión. Hasta ahora, la orden de una “autoridad competente” basta para bloquear el acceso para “hacer cesar la comisión de delitos”, sin la necesidad de justificar los motivos de la orden o la obtención de una autorización judicial. La ley, tal como ha sido aprobada por las Comisiones, violaría los derechos humanos al no cumplir con los estándares mínimos del derecho internacional que requieren que sea previsible, necesario y proporcional a un fin legítimo. Amnistía Internacional considera que bloquear el acceso individual a internet prácticamente nunca sería una interferencia proporcional a la libertad de expresión.


Los Relatores Especiales sobre la Libertad de Expresión, tanto de la ONU como de la OEA, han expresado que “la interrupción del acceso a Internet, o a parte de este, aplicada a poblaciones enteras o a determinados segmentos del público (cancelación de Internet) no puede estar justificada en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional. Lo mismo se aplica a las medidas de reducción de la velocidad de navegación de Internet o de partes de este.”


En particular, el Relator sobre la Libertad de Expresión de la ONU ha considerado que “la interrupción del acceso de los usuarios a Internet, sea cual sea la justificación aducida, incluso por motivos de violación de la legislación en materia de derechos de propiedad intelectual, es una medida desproporcionada y, en consecuencia, una violación del artículo 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.”


Amnistía Internacional llama al Congreso mexicano a proteger plenamente los derechos a la privacidad y la libertad de expresión en la Ley de Telecomunicaciones, mediante la inclusión de las salvaguardas necesarias de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.

Fuente: AI

Con reforma energética, Iniciativa Privada pagará el mínimo de impuestos

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Son varios los renglones que han llevado a que las leyes secundarias en materia energética sean probablemente aprobadas hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, lo cual permitirá que se reafirmen los argumentos de quienes se oponen no solo a esta reglamentación sino a la reforma en su totalidad. Y si bien la oposición a la entrega del patrimonio petrolero este es uno de los puntos que ha impedido acuerdos, el otro está marcado en el análisis del galimatías de operación económica oficial con el que más que llegar a puntos claros se presenta una serie de porcentajes que deberán pagar los inversionistas en la rama que parecerían justos, pero son ridículos ya que no alcanzan un dígito, mismos que se fijan, en parte, en el volumen de extracción y producción de los hidrocarburos.

A diferencia de las secundarias en telecomunicaciones que conocerán de la total aprobación del Congreso el próximo lunes, la energética todavía está en una etapa de indefinición, lo cual contradice abiertamente lo que de manera oficial el gobierno federal se ha encargado de difundir. Esta situación también fue abordada el lunes anterior en la reunión de priistas llevada a cabo en Toluca y que encabezo el titular del Ejecutivo en un día hábil, en horario de trabajo, contraviniendo las disposiciones dictadas al respecto mismas que limitan la participación de funcionarios y gobernantes en asuntos cuyo contenido corresponda a intereses de sus organizaciones políticas.

El cambio fiscal que se anunció no consiste el liberar a Pemex de las grandes cargas tributarias actuales, sino de aplicar lo que corresponda a los nuevos inversionistas o explotadores. Destacan los ingresos que el Estado obtendrá por medio de contratos y asignaciones así como de los adicionales establecidos en la Ley de Impuesto Sobre la Renta. Como se advirtió desde el principio de la discusión sobre la reforma y posteriormente de las secundarias, se deja a un solo criterio, al de Hacienda, el monto o el porcentaje que habrán de entregar como contraprestación por los contratos o asignaciones que se otorguen.

Se habla, por ejemplo, de un bono a la firma, ya sea del contrato o de la asignación pero no se establece ningún monto por lo que queda al criterio de Hacienda; se fija una cuota contractual para la fase exploratoria, siendo esta de un pago mensual de 2 mil 650 pesos por kilómetro cuadrado, eso durante 5 largos años, ya para el sexto la cuota sería de 4 mil 250 pesos. Esto, por las medidas que se presentan, se supone que será en exploraciones y explotaciones en tierra, por lo que al obtener contratos o concesiones que se midan por hectáreas –que resulta la mínima medición- la liquidación anual llegaría solo a los 427 mil pesos por la ocupación en 100 hectáreas. Esta cantidad no alcanza para comprar uno de los autos en los que se transportan los hijos de los funcionarios, es, si acaso, el costo del blindaje del que usa el servicio.

También se deja a criterio de la SHCP el monto de las regalías, ese también tendrá determinaciones a criterio muy personal. De igual forma se procede con las tasas a la utilidad operativa y a la tasa del valor contractual de los hidrocarburos. Se habla de la fase exploratoria en donde explican que habrá contratos de utilidad y producción compartida así como regalías y un tanto más denominado utilidad operativa. Como puede observarse existen grandes contradicciones ya que en una etapa de exploración no puede haber utilidades porque no hay venta y habrá que ver si se autoriza la explotación que es la base de la producción y a que le llaman compartida. La relación de derechos que tendrían que liquidar los beneficiados con estas contrataciones es muy amplia: por investigación científica y tecnológica en materia de energía; para la fiscalización petrolera; para regular y supervisar la explotación y extracción de hidrocarburos: sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización; y extraordinario para la exportación de petróleo.

Como puede observarse, parecería que existe una real protección del patrimonio y que la participación de la iniciativa privada en la explotación de estos productos, que no hay que olvidar que no son renovables, arrojaría beneficios económicos que bien aplicados generarían ingresos que fortalecerían los presupuestos y por ende los servicios que el Estado tiene la obligación de brindar de manera adecuada a sus ciudadanos. Sin embargo, y es aquí en donde el telón se cae y se descubre lo que hay en el fondo del teatro , los porcentajes para estas liquidaciones van del 0.1 al 0.9 por ciento y solo alcanza un 10 por ciento anual en el caso de las exportaciones siempre y cuando el precio exceda de los 31 dólares por barril.

Otros impuestos se calculan sobre bases tan complejas como la siguiente: se multiplica el precio contractual de los condensados por el volumen medido de conformidad con las disposiciones que, con opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emita la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en barriles en los puntos de medición, entrega o fiscalización determinados en el contrato, de los condensados extraídos en el área contractual. ¿Así o menos claro?

La aplicación de esta última fórmula va de la mano para que sean liquidados por la iniciativa privada impuestos y derechos en el Palecanal de Chicontepec, en aguas profundas y campos marginales. Y se rigen por esos ridículos porcentajes de derechos sobre extracción de hidrocarburos, especial sobre hidrocarburos y adicional sobre hidrocarburos, signifique esto lo que los señores de la SH determinen en combinación con la Comisión reguladora. Sólo falta que les acomoden el ISR que, como su porcentaje es mucho mayor al que se aplica en otros países, se vea reducido “especialmente” para quienes invertirán en este sector, lo cual significaría otra de las muchas violaciones constitucionales que tienen como argumento el empleo, el desarrollo, el progreso, aunque esto solamente esté dedicado a un puñado de funcionarios de gran poder.

Por Lilia Arellano

http://revoluciontrespuntocero.com/

Telecom, la contrarreforma Peña-Televisa

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Se cumplieron con creces los malos augurios que advertimos cuando publicamos en Proceso que desde enero de 2014 hubo un pacto entre el presidente Enrique Peña Nieto y Grupo Televisa. El dictamen que finalmente hoy dieron a conocer las comisiones –que nunca discutieron pública y abiertamente- es un ejemplo del peor modelo de legislación para telecomunicaciones y radiodifusión.


La complejidad técnica y jurídica del tema, no tiene por qué ensombrecer el asunto fundamental: no se van a democratizar las estructuras de los medios de comunicación; no habrá diversidad y pluralidad de contenidos; no se combate a los monopolios, por el contrario, se les fortalece; y en lugar de ser una ley convergente mantiene por separada la posibilidad de que México entre a una legislación moderna en materia de contenidos, de libertad de internet y de acceso de la población a las nuevas tecnologías.

Son cinco ejes fundamentales que pueden explicar esta clara contrarreforma:

1.-Restringe derechos.-La reforma constitucional del 2013 estableció claramente derechos nuevos como los derechos de las audiencias –el máximo derecho es tener acceso a diversidad, pluralidad y calidad de contenidos audiovisuales-, los derechos de los usuarios –evitar el uso y abuso del monopolio telefónico-, los derechos de acceso a universal al internet, y los derechos a los comunicadores comunitarios e indígenas.

Estos derechos se conculcan para privilegiar los intereses de los monopolios, pero, sobre todo, el interés de Televisa y su socio TV Azteca en su proyecto de expansión hacia la telefonía, de controlar más del 90 por ciento del mercado de contenidos y de publicidad en televisión abierta y en televisión restringida.

No habrá ninguna medida eficaz para frenar la expansión del negocio de Grupo Televisa en televisión restringida. Mucho menos existirán mecanismos eficaces para hacer respetar los derechos de las audiencias. Y, por si fuera poco, la Secretaría de Gobernación mantendrá un control nada velado sobre los contenidos tanto de la televisión, como de la radio y hasta de la televisión restringida.

2.-No hay autonomía del órgano regulador.-La reforma constitucional se construyó con la idea que la regulación de este poderoso sector se hiciera desde un organismo autónomo a las ambiciones de control político del gobierno federal y a las ambiciones de “captura” y manipulación de los grandes monopolios.

Esta aspiración se echa por la borda. En los hechos, el papel del IFT en este proceso de legislación secundaria ha sido vergonzoso, por ponerle un adjetivo suave. Los comisionados y su comisionado presidente prefirieron alienarse a los intereses de la “línea dura” gubernamental, representada en esta negociación por el consejero jurídico de la presidencia Humberto Castillejos, y con el gran cabildero de Televisa, el señor Javier Tejado Dondé.

Por si fuera poco, en la última versión del dictamen se permite, de nuevo, la influencia de la SCT para “opinar” en materia de prórroga de concesiones. De nuevo, el uso político de las concesiones. Y la Secretaría de Gobernación mantiene 11 funciones.

A este IFT debilitado le quedarán las funciones más incómodas y discrecionales como hacer los “lineamientos” para los defensores de audiencia; estará subordinada a la Profeco (una institución pensada para otro tipo de servicios) en materia de derechos de los usuarios; y sus atribuciones quedarán envueltas en esta demostración de presidencialismo faccioso que se impondrá en el Senado de la República.

3.-No es una legislación convergente.-Tampoco se avanza hacia una legislación que garantice condiciones de equidad y de competencia en el proceso de convergencia entre los medios audiovisuales (televisión abierta, televisión restringida) y los de telecomunicaciones (internet, telefonía fija, telefonía móvil) y la posibilidad de que los medios públicos puedan acceder a esta convergencia.

La ley secundaria mira al pasado para prevalecer los privilegios políticos, económicos y de facto de la única empresa que ha sido inalterada en sus intereses durante la fallida “transición” o “alternancia” a la democracia: Grupo Televisa.

El gobierno federal y el Congreso harán el ridículo internacional al aprobar una ley caduca, facciosa, beneficiaria sólo a los intereses preponderantes. La promesa de que México, “ahora sí”, entraría a la sociedad de la información y pondría límites a los monopolios quedará como pura demagogia.

4.-Discriminación y censura.-Lo peor de la última versión de este dictamen de telecomunicaciones es que cierra toda posibilidad a que los medios comunitarios e indígenas se vuelvan alternativas viables. No habrá una reserva del espectro digna. No habrán condiciones de competencia. Se les restringe a un radio de transmisiones de 20 watts de potencia y torres de 30 metros máximo. En otras palabras, cualquiera radio religiosa o parroquial tendrá más potencia. A las emisoras dependientes de las universidades se les restringirán los recursos. Los medios públicos no serán tales sino extensiones de las oficinas del gobierno federal o de los gobernadores.

Todo esto alentará la doble censura: por un lado, la que impondrán el modelo de monopolio de la opinión pública (sólo Televisa y TV Azteca podrán ofrecer sus contenidos en todas las plataformas posibles) y, por otro, la que ejercerá el gobierno federal. Imaginemos a una cobertura informativa donde todos naden sincronizadamente para criminalizar al doctor Mireles –como está sucediendo ahora- e imponer una comunicación facciosa.

En el internet son muy vagos los avances. Ciertamente cambiaron los artículos más represores del capítulo de “Colaboración con la Justicia”, pero se mantiene esta posibilidad de que las autoridades ministeriales violen la privacidad de las comunicaciones en internet.

5.-Se impone el plan de negocios de Televisa.-No hay vuelta de hoja en esta ruta: la ley secundaria no frenará la creciente concentración en televisión de paga. Al contrario, la alentará, porque así está decidido desde junio del año pasado en el “plan de negocios” de Grupo Televisa. Y si es posible, se prolongará lo más que se pueda la licitación de las dos cadenas de televisión abierta digital. De todas maneras, ambas cadenas llegarían, a lo máximo, a cubrir el 16 por ciento del mercado en 5 años. Mientras tanto, Televisa podrá mantener su 70 por ciento de dominio en televisión abierta y crecer más en su dominio de la publicidad, de los contenidos, de adquirir más empresas de televisión de paga (sólo quedará como “competencia” relativa un consorcio como Megacable, en televisión por cable; y Grupo Dish, en televisión vía satelital, con múltiples barreras de entrada).

Bienvenidos a un sexenio más de Televisa con el Grupo Atlacomulco como principal cliente y defensor.

Por Jenaro Villamil/Homozapping

regeneración.mx

Televisa, el "preponderante" en la sucesión presidencial, adelanta Jenaro Villamil

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En absoluto sigilo, el lunes 16 de junio, comenzó a circular un nuevo borrador de la ley de telecomunicaciones, negociada en el seno de quienes antes formaban parte del Consejo Rector del Pacto por México provenientes del PAN y del PRD, junto con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, designado por el presidente Enrique Peña Nieto para “destrabar” esta iniciativa que quedó paralizada en el Senado desde finales de abril.

La redacción del artículo 260 sobre el “agente económico preponderante” daba un giro completo a lo que planteó la iniciativa original del Ejecutivo federal. Era contrario a la propuesta del panista Javier Lozano y a la versión que el consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejos había negociado con Miguel Barbosa, coordinador del PRD, y 5 senadores más. Por primera vez, el gobierno federal a través de Videgaray admitió regular por servicio y no por sector, en contra de los intereses de Grupo Televisa.

El borrador, cuya copia obtuvo Proceso, señaló lo siguiente en ese artículo:

“El IFT deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión e imponer las medidas necesarias para evitar que se afecten la competencia y la libre concurrencia y con ello los usuarios finales, de conformidad con lo previsto en la Constitución y en la presente ley”.

El mismo artículo abundó sobre medidas de regulación que afectaba los intereses de Televisa en el mercado de la televisión restringida, donde la compañía de Emilio Azcárraga Jean tiene más del 50 por ciento de los suscriptores, el control de los contenidos y planea adquirir a Cablecom, su quinta filial en este sector.

“Entre las medidas que el instituto podrá imponer, se encuentran aquellas relacionadas con información, oferta y calidad de servicios, acuerdos en exclusiva, limitaciones al uso de equipos terminales entre redes, regulación asimétrica en tarifas e infraestructura de red, incluyendo la desagregación de sus elementos esenciales, y en su caso, la separación contable, funcional o estructural del agente respectivo en cada servicio”, abundó el borrador.

Los focos rojos se prendieron en la vicepresidencia Ejecutiva de Televisa, a cargo de Alfonso de Angoitia, el segundo hombre más poderoso en la empresa después de Azcárraga Jean, y artífice de la expansión de esta empresa en el sector de telecomunicaciones, a cambio de frenar a Telmex-América Móvil en el mercado del cuádruple play.

El servicio de televisión restringida representa para Televisa su segunda fuente de ingresos (22 por ciento), después de la televisión abierta. Su dominio sobre los contenidos audiovisuales y sobre las redes de distribución, en alianza con TV Azteca a través de Iusacell, le permite no sólo una ventaja competitiva sino mantener y acrecentar su influencia en el mercado de la información política y las campañas electorales.

Televisa y su socio, TV Azteca, son las únicas empresas que pueden dar servicios convergentes de cuádruple play en México, es decir, video, banda ancha en internet y telefonía fija y móvil.

Al último trimestre de 2013 y con la adquisición de 915 mil 456 suscriptores de Cablecom, Televisa pasaría de 2.6 a 3.5 millones de suscriptores en televisión de cable, por encima ya de Megacable, del empresario Enrique Yamuni, lo cual representaría más del 50 por ciento de los 6.8 millones de suscriptores, según la información de la Bolsa Mexicana de Valores y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Con Megacable mantiene una incómoda sociedad en el Grupo Yoo que da servicios de cuádruple play.

Además, Grupo Televisa posee más del 60 por ciento de ls 7.7 millones de suscriptores de televisión vía satelital, a través de la empresa Sky. Su única competencia en este terreno es Grupo Dish, de MVS en sociedad con Telmex y EchoStar.

Grupo Televisa no sólo planea expandirse en el territorio nacional sino competirle directamente a América Móvil, de Carlos Slim, en otros países deAmérica Latina donde el magnate de Telmex posee empresas de televisión por cable. La compra de DirecTV por parte de AT&T, ex socio de Telmex, reforzará la posición de Sky en el continente.

Sin embargo, la compra de DirecTV, poseedora del 41 por ciento de las acciones de Sky, está pendiente porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrá que analizar las condiciones del mercado y los niveles de concentración del mercado de la televisión de paga para autorizarle, rechazar o condicionarle la operación a Televisa.

Este “plan de negocios” de Televisa es tan ambicioso que está estrechamente vinculado el sector energético. En febrero de 2013 creó la vicepresidencia corporativa de Telecomunicaciones. En ella nombró al ex banquero Adolfo Lagos, quien antes trabajó antes para Bancomer, en los tiempos de Manuel Espinosa Iglesias, en Serfín, con Adrián Sada, y con los españoles en Banco Santader, como director general de banca regulatoria.
Como vicepresidente corporativo de Telecomunicaciones de Televisa, Lagos también participa en el Consejo de Administración de la empresa Mexichem, la compañía privada con la que Pemex firmó un convenio de coinversión de 518 millones de dólares para quedarse con la refinería Pajaritos.

De acuerdo al comunicado de Televisa ante la Bolsa Mexicana de Valores, del 21 de febrero de 2013, la función de Lagos es “supervisar el continuo crecimiento y expansión estratégica de la división de cable y telecomunicaciones de Televisa que comprende a las empresas de cable y a Bestel”.

Por Jenaro Villamil/Homozapping

regeneración.mx

#LeyTelecom, Mundial de Fútbol y Desmovilización social

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El 24 de marzo de este año Gerardo Ruíz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes, anunció que el presidente de la República había enviado al Senado la iniciativa de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. En el informe localizado en la página de la presidencia se aseguraba que el paquete de leyes propuesto se mantenía fiel a la filosofía que motivó la reforma constitucional aprobada en 2013. Sin embargo, académicos, especialistas y comunicadores no tardaron en desmentir tal aseveración mostrando los puntos concretos en los que la legislación secundaria traicionaba el espíritu de la reforma constitucional.

A la par, organizaciones de Derechos Humanos, grupos de la sociedad civil, colectivos de activistas y usuarios de internet, organizaron actividades de protesta tanto en redes sociales como en las calles de varias ciudades del país. En respuesta al descontento social y en vísperas de la movilización convocada para el 22 de abril, Javier Lozano anunció que su proyecto de dictamen eliminaría cualquier posible restricción a internet.

Esta declaración, sin embargo, debe contextualizarse en el marco de una estrategia mediática destinada a identificar la oposición a la legislación secundaria con el tema de internet, aunque, para los propios participantes, la realidad fuera muy distinta. A la denuncia por el virtual bloqueo de la red se había sumado el tema de los medios públicos, sociales y comunitarios, así como el de las medidas para combatir a los monopolios de las telecomunicaciones y el de la ausencia de instrumentos para garantizar los derechos de las audiencias.

La denuncia social fue acompañada por el conflicto interno en las bancadas de los partidos, especialmente en la de Acción Nacional, donde Javier Lozano ha encontrado una fuerte oposición encabezada por el también senador Javier Corral. La andanada de críticas recibidas por el primero volvió casi insostenible el intento de aprobación fast track de la legislación secundaria, por lo que, después de una serie de peripecias legislativas, finalmente se decidió posponer la discusión para mediados de Mayo y el dictamen para Junio.

El argumento de Lozano para justificar este aplazamiento fue que una decisión tan importante requería un diálogo amplio en el que se escuchen las voces de todos los actores. Sin embargo, esta repentina vocación democrática por parte del panista contrasta marcadamente con la premura que apenas la semana pasada lo llevó a intentar dar un “albazo” para aprobar la legislación.

El desplazamiento de la dictaminación a Junio no parece explicarse de forma satisfactoria por una subrepticia conversión democrática de Lozano. A la presión ciudadana y a los conflictos internos del PAN, debe agregarse un factor que no es insignificante: la Copa Mundial de Fútbol Soccer.

Precisamente en Junio los mexicanos se hallarán atentos a la participación de la Selección Nacional en esta justa deportiva, haciendo de ella su interés prioritario. Por lo que no es de extrañar que dentro de los cálculos políticos se considere que el Mundial de Fútbol desmovilizará a la ciudadanía apartando uno de los principales obstáculos para la aprobación de las leyes secundarias.

Esta no sería la primera vez que un fenómeno semejante ocurriría. El Partido Revolucionario Institucional posee un amplio historial al respecto, durante los más de 70 años que ocupó el poder de forma ininterrumpida se volvió experto en aprovechar fechas como el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, eventos deportivos, como Olimpiadas y Mundiales, para aprobar leyes absolutamente lesivas para los mexicanos y perpetrar los actos más nocivos de los que se tenga registro en la historia del país. 

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