Si bien es cierto que en México no se había realizado una legislación de gran calado desde los años 60 del siglo pasado en materia de telecomunicaciones, la reforma en el tema aprobada por la mayoría de los diputados de México hace unos días no posee en esencia todas las bondades que plantean como el combate a los grandes monopolios o la democratización de los medios de comunicación, por mencionar sólo algunas cuestiones.
En medio de una cobertura oficialista mediáticamente aglutinante que marcó la agenda informativa de la mayoría de los medios de comunicación, quienes sin generalizar mostraron su respaldo a esta propuesta, la reforma fue aprobada a vapor dentro de la Cámara de diputados, ya que en un tiempo récord de cuatro días la Comisión de Puntos Constitucionales avaló el pre dictamen en la materia y en tan sólo día y medio ( tarde del miércoles 21 y madrugada del jueves 22 de marzo) el pleno la aprobó con 414 votos a favor, 8 abstenciones y 50 en contra. Sin embargo, la mayoría de los representantes populares no tuvieron oportunidad de leer el proyecto, puesto que los puntos fundamentales del texto final fueron terminados de redactar unos minutos antes de que fueran votados.
Así lo denunció esa madrugada la diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar, quien delató que el dictamen final sólo había sido realizado por menos de diez legisladores.
La chihuahuense expresó:
Los coordinadores y “agitadores” políticos y económicos que visitaron la Cámara ese día tuvieron el privilegio de legislar esta reforma más allá de lo que podemos decir el 98 por ciento de los legisladores que estamos en esta Cámara, porque les aseguro, compañeros diputados, que muchos de nosotros nos enteramos de las adecuaciones pequeñas que venían en el dictamen cuando se nos entregó la Gaceta,y me atrevería a decir que no más de 10 diputados lo conocían.
Quienes pudimos presenciar el debate de sordos en la Cámara de diputados atestiguamos cómo los coordinadores parlamentarios de los partidos afines a la legislación dictaban órdenes precisas a sus correligionarios para que se mostraran en contra de todas las modificaciones planteadas por asambleístas del PRD, PAN, PT y Movimiento Ciudadano, quienes no dejaron de subir a tribuna para expresar una y otra vez planteamientos que sin lugar a dudas hubieran hecho de esta legislación un código henchido de pluralidad y no un pacto de cúpulas.
Esta legislación es en resumen una simulación que sólo favorece a los grandes empresarios como Emilio Azcárraga Jean, Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim Helú, Olegario Vázquez Raña o Francisco Robinson Bours-Castelo, por mencionar sólo una pléyade de magnates en manos de quienes están los medios de comunicación en México.
La algarabía de los subordinados. Foto: redpolitica.com.mx
El documento final
El texto que aprobaron los diputados en materia de telecomunicaciones según se lee en la Gaceta Parlamentaria del 21 de marzo “reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 76 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
La propuesta al artículo sexto refiere que el Estado está obligado a garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluído el de banda ancha por lo que “el Estado deberá realizar un conjunto de acciones para ofrecer precisamente tal acceso a la población”.
Si leemos entre líneas este texto, entenderemos que el beneficiado aquí no será a la población sino a los empresarios encabezados por Carlos Slim poseedores del monopolio de la concesión telefónica y de Internet, ya que al buscar obligar al Estado a garantizar este servicio obviamente tendrá que recurrir a empresas como Telmex que posee cerca del 80% del mercado nacional aprovechando la red de fibra óptica para estos fines donde se permitirá inversión privada, sin que se especifique bajo qué porcentaje de participación privada, limitantes y que ganancias obtendrá el Estado mexicano. Jugoso negocio.
Internet en México, el más caro del mundo: OCDE
La legislación está incompleta puesto que busca garantizar este derecho a los mexicanos sin atender primero que las tarifas de telefonía fija e Internet se reduzcan. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México únicamente dos de cada diez hogares cuentan con conexión a Internet, debido a que no lo pueden contratar por los altos costos del servicio que, para la OCDE, es el más caro del mundo al señalar que los mexicanos pagaron 13 mil 400 millones de dólares anuales entre 2005 y 2009, a causa de sobreprecios en telefonía fija y móvil y en servicios de banda ancha, en un mercado que es dominado por las empresas del hombre más rico del mundo, en un país con más de 60 millones de pobres.
En el mismo artículo sexto se promueve la creación de un organismo público que regule el servicio de radiodifusión sin fines de lucro para; “garantizar la libertad de expresión e información y asegurar que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, difusión de información imparcial que fortalezcan la vida democrática de la sociedad”.
Esta propuesta es sólo la fachada, una máscara, puesto que en múltiples de las reservas presentadas por diputadas y diputados opositores a esta reforma se planteó la creación de la figura del Ombudsman obligatorio para cada medio de comunicación con el objetivo de fungir como un canal entre la ciudadanía y la empresa con el objetivo de recibir quejas de los consumidores, darles voz y voto entorno a qué consideran adecuado o inadecuado del contenido, entre otras cuestiones. Sin embargo, fue rechazado a mano alzada y sin pensarlo dos veces por la mayoría avasallante conformada por el PRI, PAN, PRD, PVEM y Nueva Alianza.
Cabe destacar que países de Latinoamérica como Colombia y Argentina aprobaron en los años 90 y en fechas recientes, respectivamente, la figura del Ombudsman de los medios de comunicación.
Niegan concesiones radioeléctricas a comunidades indígenas
De igual forma, los diputados negaron rotundamente que el diez por ciento de las concesiones radioeléctricas se otorguen a comunidades indígenas, o a organizaciones que promuevan la ciencia y la cultura con el objetivo de rescatar la identidad y valores nacionales, además de fomentar alto contenido educativo en los medios de comunicación mexicanos.
En este mismo tema, el diputado perredista Carlos de Jesús Alejandro de origen indígena, criticó esta negativa en tribuna:
La sensibilidad de destapar siquiera un renglón de la composición pluricultural, pluriétnica y multilingüe de esta nación, que le ha dado una identidad nacional, pero ahí estamos los pueblos indígenas siempre utilizados para el folclor, solamente.
Y si es cierto que tanto les interesa el derecho de información de la ciudadanía ¿por qué también rechazaron que el Canal Judicial y el Canal del Congreso se transmitan en televisión pública? ¿Acaso creen que no es importante para la “democracia” mexicana, de la que tanto hacen alarde, difundir las actividades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (máximo tribunal judicial y cabeza del Poder Judicial en México) y todo lo que acontece en el Congreso de la Unión que conforma el Poder Legislativo de esta República a través de la Cámara de Senadores y Diputados?
Mucho ojo, en este mismo apartado (6º) se plantea que será considerado como delito el hecho de meterse en la vida privada de los semejantes, claro está que se debe respetar la intimidad, religión, preferencias sexuales, vida conyugal, y demás cuestiones de los individuos. Sin embargo, actúa de manera ambigua ya que con esto ¿Ahora será ataque a la vida privada conocer las propiedades, donaciones monetarias y estados financieros de las cuentas bancarias de Enrique Peña Nieto? ¿O será atentar contra su vida privada conocer cómo y en que se gasta nuestros impuestos en sus viajes de vacaciones a su mega residencia de Miami o al castillo en Francia de su tío el ex gobernador mexiquense Arturo Montiel?
De igual forma en el artículo sexto apartado B se prevé la creación de un organismo público y autónomo que velará por proveer un servicio de radiodifusión digno, imparcial, plural en todo México, que será dirigido por un Consejo integrado por nueve miembros honorarios seleccionados por dos terceras partes del Senado de la República (dominado por el PRI) mientras que el presidente de este organismo durará cinco años en su cargo y será designado por el presidente de México y ratificado nuevamente por la mayoría de senadores priistas.
En el artículo quinto transitorio se aprobó que la inversión extranjera directa en televisión y comunicación vía satélite pueda ser de hasta un 100% y en 49% para radiodifusión, siempre y cuando sólo para el ramo de radiodifusión (ojo: sólo radio, no televisión) exista reciprocidad en la inversión, esto es que si viene una empresa extranjera a invertir en radio se permita que una empresa mexicana pueda invertir en el país de origen de esta organización como mínimo en el mismo porcentaje en materia de radiodifusión en el país extranjero que se trate.
Por ejemplo, si viene una empresa española a invertir en la radio mexicana, Televisa o Tv Azteca tienen que ser recibidas de la misma forma en el Viejo Continente y se les tiene que permitir el mismo porcentaje de inversión en España en el mismo ramo.
Esto a todas luces parece magnífico, pareciera ser el sueño dorado de los mexicanos. Muchos opinaran: ¡Vaya! !Hasta que nos respetarán en el extranjero, así nos posicionaremos como una potencia económica a nivel mundial!, pero nada más alejado de la realidad que pensar eso.
Este artículo sólo viene a dar más poder al dictador, a dar más dientes a la bestia, porque no se contemplan más espacios para la difusión y cultura mexicanas, no se contempla acabar con los monopolios en México sino fortalecerlos, ni mucho menos reducir las tarifas en televisión de paga que son las más caras de todo el mundo. Tampoco se busca brindar mayores espacios a la ciudadanía ni pluralidad en los contenidos ya que vendrán monopolios extranjeros a afianzar el acaparamiento del mercado nacional, que de por sí ya está en muy pocas manos y en contraparte se plantea bombardearnos y atraer mayores contenidos televisivos de otros países como se ha hecho en recientes fechas con la entrada a México de programas como Laura en América de Laura Bozzo, el chantaje de Big Brother, decenas de telenovelas requemadas en otros países que generan estereotipos, discriminación, violencia sexual y realidades alternas como "RBD" o "La fea más bella", los programas norteamericanos que se presentan en diversos canales desvirtuando nuestra identidad o bien la invasión de infomerciales relacionados con productos "milagro", decenas de reality shows mexicanizados como La Isla, La Academia o La Voz México; series televisivas con poco valor cultural / educativo o los famosos talk shows como "Cosas de la Vida", "Pa, Lante Con Cristina" (sic), "Caso Cerrado", y hasta programas religiosos, por mencionar sólo algunos ejemplos.
La abrumadora diferencia es tal que en México sólo existen dos canales de televisión pública dedicados a cultura y educación que son el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional y el Canal 22 del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, mientras que en contraparte ocho canales son utilizados por los grandes empresarios mexicanos en alianza con financiadores internacionales para difundir todos los contenidos expresados en el párrafo superior.
Emisoras de radio son contenido cultural
En la radio ni se diga, hace unos años según cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) operaban 1332 emisoras de radio FM, en su avasallante mayoría con fines mercadológicos y publicitarios y solo 64 estaciones permisionadas o concesionadas a instituciones públicas cuya programación poseía fines principalmente destinados a la difusión cultural.
Hoy en día el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral afirma que existen 1049 canales de televisión, 1857 estaciones de radio am y 1691 de fm en todo México, de las cuales casi todas son propiedad de particulares.
En su último informe de labores SCT afirmó que para 2012 el monto de la inversión gubernamental en telecomunicaciones llegó a los cinco mil millones de pesos, mientras que la inversión privada superó los 58 mil 500 millones de pesos.
Estas estadísticas nos dicen muchas cosas, la primera que el Estado debe invertir más en telecomunicaciones para garantizar contenidos plurales, educativos, culturales y humanistas a la sociedad. Segundo, antes de buscar traer mayor inversión extranjera se debe hacer valer la Ley Federal de Radio y Televisión que entre otras cosas establece en su artículo cuarto y quinto que el Estado debe garantizar que la radio y televisión cumplan con su función social de fortalecer la integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia, respetar la dignidad humana, evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y juventud, elevar el nivel de cultura del pueblo y conservar sus características, costumbres, tradiciones, idioma y valores nacionales, por si fuera poco el artículo sexto establece que el Ejecutivo Federal promoverán la transmisión de programas de divulgación con fines de orientación social, cultural y cívica.
Esfuerzos alternativos por informar. Foto: Radio ñomndaa
Más contradicciones
Pregunto: ¿Qué no es acaso lo primero que violan los monopolios de medios de comunicación que se verán beneficiados por esta nueva reforma a las telecomunicaciones, hasta cuando respetarán y harán valer la Ley Federal de Radio y Televisión y su reglamento? ¿Hasta cuando dejarán de violar una y otra vez la Ley General de Salud en Materia de Publicidad y su respectivo estatuto y todas las demás legislaciones en la materia?
Un tercer punto, ¿Por qué aprobar mayor inversión extranjera en telecomunicaciones y al mismo tiempo negar a las comunidades indígenas, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones u agrupaciones públicas o privadas de ciencia o cultura, otorgarles de manera exclusiva el 10% del espacio radioeléctrico que por derecho constitucional les pertenece, como se planteó en tribuna una y otra vez hasta las cuatro de la mañana del 21 de marzo?
Y cuarto y último, ¿Por qué garantizar los derechos de los empresarios a un libre mercado nacional y no garantizar los derechos humanos y laborales de los trabajadores de la telecomunicación en México, al negar en tres ocasiones la propuesta de diputados de colocar un párrafo complementario donde se avalará estas garantías dentro de la propia reforma?
Nuestros asambleístas también modificaron una parte de la iniciativa (artículo 27) que establecía que el titular del Poder Ejecutivo podría brindar opiniones sobre las concesiones del espacio radioeléctrico (televisión y radio) otorgadas a particulares por el próximo Instituto Federal de Telecomunicaciones, sin embargo de manera flamante y preservando “la soberanía e independencia de este órgano” (sic) acordaron que no será el presidente de México, sino el secretario de Comunicaciones y Transportes quien podrá emitir esta declaratoria a favor o en contra.
Seguramente serán tan ingenuos, inocentes o ilusos para no conocer que el titular de la SCT recibe órdenes directas del máximo mandatario de la nación, pero claro está lo hicieron como aseguró el diputado federal panista José González Morfín “para garantizar una opinión no vinculante del Ejecutivo”. Y le pregunto a este individuo: ¿Acaso no saben que las secretarías de Estado están subyugadas al Ejecutivo? ¡Claro que lo saben señores!
En el artículo 28, los diputados plantean la creación de la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) para combatir los “monopolios y las prácticas monopólicas que restrinjan el correcto funcionamiento del mercado”. Sin embargo, esto no es nada nuevo ya que desde 1993 existe la Comisión Federal de Competencia (CFC) que es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía que fue facultado para “prevenir, investigar y combatir los monopolios” sustentado en la Ley Federal de Competencia Económica.
La propuesta asegura que la CFCE tendrá mayor independencia y que sus comisionados serán elegidos nuevamente por el presidente de México y ratificados por la mayoría priista en el Senado, entonces ¿para qué crear otro organismo supuestamente autónomo que será dirigido por quien así lo desee el presidente de México?
Sin salirnos de este artículo también ratificaron la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), del cual les hablé líneas arriba, con el objetivo de llevar a cabo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales.
Sin embargo, vemos nuevamente dos puntos totalmente negativos en esta sección. En primera instancia, como lo apuntamos arriba, el comisionado presidente será elegido por el presidente de México y ratificado por la mayoría priista del Senado, dejando a un lado la autonomía de la que tanto hacen alarde. Y segundo, estas mismas funciones las realiza actualmente la Comisión Federal de Telecomunicaciones a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no obstante, en una simulación, aseguran que ahora el nuevo IFETEL será independiente de esta dependencia. El titular de la SCT dará visto bueno o negativo a las acciones de otorgamiento o retiro de concesiones o prestaciones de nuestro espacio radioeléctrico. Nada nuevo bajo el sol.
La creación de estos dos órganos tendría alguna ganancia si se garantizara que ningún ex funcionario público o privado como lo son secretarios de Estado, gobernadores, diputados, senadores o ex directivos de las empresas como Televisa, Tv Azteca, Telmex y demás, no pudieran entrar en la convocatoria para presidir estas nuevas instituciones. Sin embargo, muy seguramente veremos dirigir los destinos de la CFCE e IFETEL a viejos políticos o empresarios que no hayan ejercido cargo público o privado en empresas de radio y televisión en cuando menos cinco años como lo establece la convocatoria. Cabe destacar que estos comisionados durarán en su cargo por un periodo de nueve años con un sueldo que aún no se conoce. Esperemos que no ganen la millonada que reciben mes con mes, por ejemplo, los consejeros del IFE o los magistrados de la SCJN, aunque sinceramente dudo mucho que vayan a tener salarios modestos.
En la propuesta modificatoria al artículo 73 constitucional se plantea que el Congreso de la República tiene la facultad para dictar leyes sobre tecnologías de información, comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e internet.
¿Qué estará tramando este Congreso dominado por legisladores oficialistas leales al régimen? ¿Acaso una ley SOPA, PIPA o reavivar la Ley Döring propuesta hace unos meses por el panista Federico Döring, misma que fue catalogada por expertos en el tema como violatoria a los derechos humanos de libre expresión e información?
Antes de la aprobación final so facto que se dio en la Cámara, se presentaron diversas propuestas modificatorias al documento de Reforma en Telecomunicaciones que en términos generales consistieron en 92 proposiciones, mismas que les explique en este breve análisis y que están marcadas en negritas, las cuales fueron rechazadas por la telebancada una y otra vez durante el debate en el pleno, el cual se extendió hasta las 4:11 de la madrugada del jueves 21 de marzo, donde los asambleístas leales a la reforma que les acabo de exponer sabotearon e hicieron hasta lo imposible para que los congresistas de oposición no continuarán exhibiendo sus ideas modificatorias, inclusive en una actitud vergonzosa cientos de ellos se mofaban, gritaban apodos y realizaban burlas a los opositores que en ese momento hacían uso de la tribuna.
Diversos especialistas, como el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Javier Esteinou y John Ackerman, consideraron que esta propuesta legislativa es sólo una legislación cupular que beneficia a unas cuantas minorías reduciendo las posibilidades de que la ciudadanía consuma información veraz, crítica, imparcial e informativa.
Ahora esta propuesta será discutida en los próximos días en el Senado de la República.
El congreso mexicano, el quinto con mayor presupuesto en el mundo
Ante todo esta información, un reciente estudio realizado por Integralia, asegura que el Congreso mexicano es el quinto con mayor presupuesto en el mundo, ya que tan sólo en 2010 tuvo un costo de más de 8 mil 800 millones de pesos al erario, y es a su vez uno de los que menos resultados y trabajos realiza en beneficio de la ciudadanía.
¿Y a todo esto a los ciudadanos que nos queda realizar? Muchos dirán absolutamente nada. Sin embargo, nuestro poder es tal que si dejamos de consumir estos productos comunicativos ellos se verán obligados a modificar los contenidos hacía las tendencias populares. Además como ciudadanos podemos ser comunicadores de lo que acontece en nuestra sociedad y difundirlo en redes sociales, Internet o espacios públicos de primera mano y de forma veraz.
También podemos informarnos por medios alternativos de comunicación y comenzar a generar una mirada más crítica de la realidad cuestionando absolutamente cualquier contenido que veamos en los medios e investigando a su vez mayor información, el porqué de tal situación, causas, consecuencias, antecedentes, por mencionar sólo algunos ejemplos tranformadores de la conciencia colectiva.
Por Juvenal Valenzuela*
Tomado de losangelespress.org
*El autor es analista mexicano.
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