"Telenovela estacionada" : John M. Ackerman

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Peña Nieto, Silvano Aureoles y Miguel Barbosa. Foto: proceso.com

La entusiasta participación de los principales líderes y gobernantes del PRD en la clausura de la primera parte de la telenovela de Enrique Peña Nieto demuestra una vez más que este partido ha renunciado a cualquier intención de fungir como contrapeso ante la consolidación autoritaria. Flanqueado por Silvano Aureoles y Miguel Barbosa como sus guardaespaldas, y con los automóviles de lujo de la oligarquía nacional acomodados por Miguel Ángel Mancera en la plancha del Zócalo capitalino, el nuevo emperador pudo pronunciar su vacuo discurso sin interrupción o protesta alguna.

Los poderosos están de plácemes con la aparente victoria de su “revolución cultural”, al estilo de Mao Zedong, que prohíbe, margina y reprime cualquier expresión de descontento social o cuestionamiento al poder. En su discurso con motivo de la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, el personaje que se ostenta como el presidente de la República en nuestra propia versión torcida de House of Cards indicó que precisamente el eje vertebral de la segunda parte de su programa estelar será lograr “un cambio de actitud, de mentalidad, un cambio cultural”.


El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, ya había adelantado hace semanas uno de los ejes centrales del proyecto ideológico de Los Pinos. El vocero del régimen en materia electoral aclaró que el principal problema con la democracia mexicana no sería el deficiente funcionamiento de las autoridades electorales, sino la falta de “confianza” de la población en estas instituciones disfuncionales, así como la resistencia de los actores políticos a asumir y “aceptar su derrota”.


El mensaje es meridianamente claro. Al régimen no le bastan las “victorias” legislativas del primer tercio del sexenio actual. Para ellos no es suficiente tapar los ojos, encintar la boca y amarrar las manos de sus adversarios. También habría que arrodillar y humillar a los críticos obligándolos a asumir su “derrota” jurando lealtad eterna al nuevo rey. Se busca pasar de la “vieja” cultura de la crítica ciudadana y el cuestionamiento al poder a una “nueva” cultura de obediencia civil y de abyección frente a los poderosos.


‘‘Valoro que dos representantes de la izquierda mexicana conduzcan los trabajos de ambas cámaras en el Congreso de la Unión. Su presencia en este acto republicano reafirma la vocación democrática, nuestra condición de madurez y de civilidad política, y de normalidad democrática’’, señaló con absoluto cinismo e hipocresía el Frank Underwood mexicano la semana pasada en Palacio Nacional.


Es importante recordar que la autoalabanza televisada que organizó Peña Nieto no cuenta con ningún respaldo legal ni tiene carácter republicano alguno. La única obligación del presidente de la República es entregar el informe por escrito al Congreso de la Unión. Si el ocupante de Los Pinos realmente tuviera “vocación democrática”, hubiera acudido personalmente al Congreso para escuchar los posicionamientos de los partidos de la oposición y dialogar con sus adversarios. Peña Nieto también tendría que aceptar el reto ciudadano reiterado desde hace meses de afrontar un debate en vivo y sin teleprompter con la sociedad sobre las “reformas estructurales”, y responder favorablemente a la petición generalizada de someter la reforma energética a una consulta popular.


Pero para el régimen la mejor forma en que un político puede demostrar su “madurez” y su gran “civilidad” es negociando bonos, cargos y componendas atrás de puertas cerradas. Mientras, en público los dirigentes de la oposición “moderna” cierran la boca y aplauden de pie al gran líder. Aquello es precisamente el modus operandi tanto de los sistemas burocrático-autoritarios del viejo bloque soviético como del sistema clepto-privatizado enarbolado hoy por Washington.


El comportamiento de Aureoles, Barbosa, Mancera, Graco Ramírez y Arturo Núñez tampoco tiene nada que ver con la “izquierda”, sino todo lo contrario. Su subordinación al poder del dinero y la represión implica el desplazamiento de cualquier compromiso ético con la sociedad por un “pragmatismo” absolutamente corrupto y traidor.


La conversión de la Plaza de la Constitución en un gran estacionamiento de autos de lujo blindados constituye la viva imagen de la “utopía” neoliberal de quienes hoy nos malgobiernan. Solamente faltaría agregar algunas bailadoras haciendo table dance agarradas del asta-bandera para completar la “revolución cultural” priista con los elementos centrales de la “victoria cultural” panista.


El camino actual nos lleva a un país totalmente estacionado, un país donde todos los espacios, las instituciones y los intereses públicos estarán ocupados por los intereses más retrógrados y excluyentes. Urge encender el motor y echar a andar al México profundo conocido internacionalmente por su gran dignidad, entereza y conciencia.

Por John M. Ackerman

www.johnackerman.blogspot.com


(C) John M. Ackerman. Todos los derechos reservados.
(Publicado en Revista Proceso No. 1975)

Petróleo y seguridad nacional

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Si se quisiera reconstruir la historia mínima de la reforma energética que hoy se dirime en el Poder Legislativo, habría que empezar por releer el reporte que discutió en diciembre de 2012 el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense (Oil, Mexico, and the Transboundary Agreement, 112th Congress, 2d session, 21 de diciembre de 2012) para fijar la orientación de su política hacia México. Antes que nada, impresiona la fecha en que se revisó el documento. El 21 de diciembre del año pasado, cuando tan sólo habían transcurrido tres semanas de que Enrique Peña Nieto se había instalado en Los Pinos, el Senado en Washington podía ya escuchar un extenso y pormenorizado informe sobre los dilemas energéticos, fiscales y políticos de México, y la forma en que los representantes de Capitol Hill podían reaccionar frente a ellos. En principio, desde que el candidato priísta anunció en sus primeros discursos de campaña su firme voluntad para promover una reforma integral de las condiciones de la producción de energéticos del país, se desató una febril actividad en el mundo de los intereses globales, donde se multiplicaron un sinnúmero de estudios, propuestas y recomendaciones para hacer frente a lo que desde entonces se llama la crisis energética mexicana. Prácticamente participaron todos: las grandes compañías petroleras, expertos académicos, la banca y, sobre todo, los lobbies que atienden sus relaciones con el establishment de Washington.

El reporte al Senado de Estados Unidos no deja lugar a dudas: la propuesta de reforma que Peña Nieto entregó al Congreso mexicano fue elaborada, hasta en sus más íntimos detalles, en el exterior. Y resalta también el hecho de que a lo largo de su elaboración hubo un conflicto entre la posición de la banca y la de las compañías, que hoy, más que sólo petroleras, son energéticas. Las segundas impulsaban una reforma aún más radical en aras de capitalizar la precaria situación que ha devenido de la crisis energética local. La banca, por su parte, dudaba –y al parecer sigue dudando– de la capacidad de Peña Nieto para impulsar los cambios.

¿A qué se refieren todos esos documentos cuando hablan de la crisis energética de México?

Entre 2003 y 2010, la producción petrolera en México descendió casi 20 por ciento. Las exploraciones de nuevos yacimientos no han redundado en los resultados esperados. Pemex, que provee la tercera parte de los ingresos fiscales de la Federación, no cuenta con el capital suficiente para restablecer la antigua capacidad de producción. De seguir con el mismo esquema, México se convertirá pronto en un país importador de petróleo. Y es ésta la situación que ha motivado el tropel de cambios que se inician en el espacio legislativo desde 2008.


El reporte al Senado de EU es bastante claro sobre la filosofía con la que se observa la situación del petróleo en nuestro país: “México es importante para Estados Unidos porque, entre otras cosas, es un proveedor cercano y confiable de importaciones petroleras. Superado recientemente por Arabia Saudita, ha sido la segunda fuente de importaciones del crudo junto con Canadá, que ocupa el primer lugar. Sin embargo, la caída de la producción mexicana hace que las perspectivas de su producción tengan expectativas dudosas sin una reforma. Por esto, la política de seguridad energética de Washington requiere de unaassessment permanente en la industria del petróleo de México”. Hasta aquí el documento.

La noticia no es nueva. Para Estados Unidos el petróleo siempre ha sido un tema de seguridad nacional. A diferencia de cualquier otro bien o mercancía, garantizar su abastecimiento ha implicado leyes especiales, instituciones específicas y el concurso del Consejo de Seguridad Nacional. Lo nuevo en la reforma de Peña Nieto es que para el Estado mexicano ha perdido este estatuto. La razón es sencilla y de altísimo riesgo: lo que se pretende es transformar una institución de Estado en una empresa, valga el pleonasmo, como cualquier otra empresa. Con una intervención cada día más alejada del orden político. Ni se diga ya de las empresas extranjeras que podrían dedicarse a la exploración y la extracción. Esta ha sido, precisamente, la exigencia central de las empresas energéticas globales para invertir en el sector.

Uno siempre puede argüir que la forma en que ha sido administrada Pemex (y las demás empresas energéticas) –tanto por el PRI como por el PAN– no ha hecho más que preservar una burocracia política depredadora. ¿Pero no ha sido igual de depredadora la privatización de la telefonía y los bancos?

El problema es cómo cambiar la relación entre el Estado y Pemex, y no entregar una parte de la soberanía en aras de una promesa de eficiencia que es más que dudosa.

Por Ilán Semo

La Jornada/Octubre 12 de 2013