Lamentan activistas que Comisiones estatales de DH sean organismos "a modo"

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Para Jorge Fernández, encargado del área de defensa integral del colectivo Indignación –con sede en la comunidad de Chablekal, Yucatán–, señaló en entrevista con La Jornada (Dic.23/2011) que la comisión de derechos humanos de la entidad se ha caracterizado por no hacer labor de confrontación con las autoridades, ni documentar agravios contra la ciudadanía, como le correspondería hacer.

Mientras que, Consuelo Morales, directora de la asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), asentada en Monterrey, indicó que la comisión estatal de Nuevo León hace mucha publicidad de los cursos que imparte a policías y estudiantes, pero ante problemas tan graves como las 60 muertes en penales que hemos documentado este año, los 128 casos de desaparición forzada y los actos sistemáticos de tortura, ni una palabra.

Hemos denunciado casos de tortura, pero ellos los recatalogan. Además, sus recomendaciones son totalmente vacuas, no exigen medidas de reparación del daño, ni castigo a los responsables ni garantías de no repetición. Cuando llegan a emitir alguna, es luego de uno o dos años de que ocurrió una violación a las garantías individuales, y para entonces ya es irreparable, lamentó Fernández

En este escenario, lo menos grave es que terminen siendo elefantes blancos, porque en el peor de los casos se han vuelto cómplices de los abusos, avalándolos por inacción.

Ambos activistas coincidieron en que, para adoptar un rol verdaderamente activo, los organismos públicos de derechos humanos deben tener una autonomía real frente al Ejecutivo y el Legislativo en cada entidad, nombrar como titular a un personaje con capacidad y experiencia en la materia, e iniciar una relación más cercana con los diversos sectores de la sociedad civil.

La actuación del resto de los organismos estatales defensores de los derechos humanos de la población en el país, están igual; ninguno son la excepción.