En un artículo que escribe Octavio Rodríguez Araujo llamado “¿Conjeturas paranoicas?”, el articulista señala que “se ha especulado que tal vez Calderón podría pensar que el país no está en condiciones para llevar a cabo elecciones para el cambio de poderes federales y que, así las cosas, mejor sería posponerlas hasta que se logre, si acaso, terminar con el crimen organizado que se ha apropiado de las instituciones del Estado y es una amenaza a la democracia”.
Rodríguez Araujo cree que son conjeturas paranoicas, que se
basan en algunos elementos: por ejemplo
que Felipe Calderón dijo que en las elecciones del 2 de julio del 2006 vamos a decidir el futuro de México para los
próximos 25 años. “Y que como se corría el riesgo de que no ganara él sino
López Obrador, a pesar de todo lo que Fox había hecho por marginarlo, entonces
acomodaron las cifras de tal modo que, en efecto, Calderón y sus paniaguados
pudieran decidir el futuro del país, por lo pronto por seis años. Todo el
aparato del Estado se coludió para que no se recontaran los votos ni se
pusieran en riesgo los resultados oficiales de esos comicios. El desenlace ya
lo conocemos.”
Lo que no sabíamos entonces, pero ahora sí, es que Calderón
se apoyaría en las fuerzas armadas para gobernar e incluso para mostrar la
nariz en lugares públicos fuera de su fortaleza denominada Los Pinos. Inventó
una guerra, después lucha, contra el crimen organizado como fórmula para legitimar
su gobierno, paradójicamente violando las leyes.
En tal sentido han sido las palabras de altos mandos del
Ejército, por justificar la lucha armada.
Pero dice el columnista que eso “no debió haber ocurrido y
demuestra que lejos de haber sido efectiva la lucha de Calderón contra el
crimen organizado, éste ha ganado terreno que antes no tenía o que el gobierno
no reconocía como espacios en control de aquél. Preocupa que para recuperar
esas regiones del territorio nacional se vaya a hacer mediante las fuerzas
castrenses y que éstas controlen, en nombre de las instituciones del Estado,
esas regiones, y no el poder civil constitucional.”
De manera que ante la oposición creciente de la sociedad a
dicha guerra, el senador panista González Alcocer “trató de meter a hurtadillas
una modificación en la miscelánea penal con la que se pretendía equiparar la
protesta social con el terrorismo. Al ser cuestionado, el senador reconoció que
dicha iniciativa provenía de la Presidencia de la República. No pasó.”
“Cinco días más adelante del fracaso de penalizar la
protesta social, Calderón declaró que era innegable la presencia del crimen
organizado en las elecciones: “La intervención palmaria y evidente de los
delincuentes en procesos electorales –dijo– es un dato nuevo y preocupante, un
dato al que ningún partido político puede permanecer silente u omiso; es una
amenaza para todos y a la que juntos, sin titubeos, debemos cerrarle el paso.”
Y luego señaló: Hablamos de un mal que representa una amenaza a la viabilidad
del Estado mexicano, y una amenaza clara, cada vez más obvia, a la democracia
nacional (La Jornada, 5/12/11).
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