Amnistía Internacional llama al Presidente de la República en su papel como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas que ordene que tal investigación y se asegure de que el proceso judicial sea de plena competencia del sistema de justicia ordinario en conformidad con las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecen la competencia exclusiva de la justicia civil en casos de violaciones de derechos humanos cometidos por las Fuerzas Armadas.
La recomendación de la CNDH, que tiene lugar a 14 meses después de los acontecimientos, establece plenamente la responsabilidad de miembros de la marina en la detención arbitraria y posterior desaparición forzada de los 6 hombres. La recomendación documenta las violaciones cometidas tanto contra las víctimas directas como contra sus familiares que continúan sufriendo las graves consecuencias de estas violaciones de derechos humanos.
Es por lo tanto preocupante que la CNDH dirija su recomendación a la misma institución que es presuntamente responsable y que, de acuerdo con la misma recomendación, mintió flagrantemente en la versiones dadas inmediatamente después de las desapariciones.
En junio 2011, Amnistía Internacional denunció públicamente la desaparición forzada de José Fortino Martínez Martínez, José Cruz Díaz Camarillo, Martín Rico García, Usiel Gómez Rivera, Diego Omar Guillén Martínez y Joel Díaz Espinoza basada en la información recibidas de familiares y una organización local de derechos humanos. Inicialmente la Secretaria de la Marina negó la evidencia de su involucramiento, pero luego cambió esta versión al reconocer que hubo “contacto” no definido con las víctimas.
A pesar de escribir directamente al Presidente Calderón como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas con el objeto de solicitar su intervención, la única respuesta recibida por la organización hasta ahora ha sido por parte de la PGR quien informó que SEMAR había notificado a la PGR que las presuntas víctimas fueron “dejadas en inmediaciones del Centro Camionero de Miguel Alemán, Tamaulipas” y que esta información había sido proporcionada por dos taxistas.
Al parecer, la PGR se deslindo de la responsabilidad de investigar los hechos y corroborar la información de SEMAR. Sin embargo, la investigación de la CNDH establece que esta versión de SEMAR está infundada porque el taxista que supuestamente presentó la información, al parecer no existe. Este hecho levanta serias cuestiones sobre la integridad de la investigación y la voluntad de la SEMAR para investigar los hechos de forma imparcial.
Es imperativo que la justicia ordinaria asuma su responsabilidad ante las víctimas y sus familiares de investigar a fondo este caso, y por lo tanto confirmar que la SEMAR no tiene competencia constitucionalmente.
Estos casos ponen a prueba la voluntad política del Gobierno de México para resolver graves violaciones de los derechos humanos ya que este tiene sus manos todos los elementos para hacerlo.
Arturo Ávila Salazar
Amnistía Internacional México
Arturo Ávila Salazar
Amnistía Internacional México
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