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miércoles, 5 de septiembre de 2012

El juicio a Ernesto Zedillo por la masacre de Acteal






Un tribunal estadounidense se prepara para juzgar al hombre que llevó la democracia a México por crímenes de guerra. El caso se parece a un ajuste de cuentas político.


En el momento en el rodaje terminó, 45 hombres, mujeres y niños yacían muertos o moribundos en la selva. La masacre de Acteal, una aldea en Chiapas, fue el peor acto de violencia durante los disturbios que sacudieron lejos al sur de México en la década de 1990. Guerrilla zapatista había declarado la guerra al gobierno federal el día de Año Nuevo de 1994. La lucha fue breve, pero los simpatizantes de cada lado y luego utilizar el conflicto para resolver las diferencias sobre la tierra, la religión y mucho más.Supuestos vínculos del Gobierno a los asesinos que el 22 de diciembre de 1997 abrió fuego sobre Acteal, lugar principalmente simpatizantes de los zapatistas, nunca han sido plenamente establecida.

Casi 15 años después, los asesinatos de Acteal podría ser juzgado en un tribunal de 2.000 millas de distancia, en Connecticut. Ernesto Zedillo, quien fue presidente de México de 1994 a 2000, es ahora profesor en la Universidad de Yale. Su residencia en el estado ha dado diez indios de habla tzotzil, que dicen ser los sobrevivientes de la masacre de 1997, la oportunidad de llevarlo a juicio en un tribunal civil en los Estados Unidos. Ellos están buscando unos 50 millones de dólares y una declaración de culpabilidad en contra del señor Zedillo.


Mucha gente en México sostienen que, más que una búsqueda de la justicia, el caso se parece a un ajuste de cuentas políticas. Al presidir la plena democratización de su país, el señor Zedillo enfureció a los sectores de su Partido Revolucionario Institucional (PRI), que durante décadas tuvo el monopolio del poder. Se rompió dos de las reglas no escritas del régimen autoritario del PRI. Condujo a través de reformas que permitieron elecciones libres y justas, y rápidamente reconoció la derrota del partido en 2000. Y se golpeó contra su predecesor, Carlos Salinas. Sr. administración de Zedillo ordenó el arresto de Raúl Salinas, hermano del presidente anterior, acusado de enriquecimiento ilícito y complicidad en el asesinato de su ex-hermano-en-ley, un funcionario del PRI. Después de haber pasado diez años en la cárcel, fue absuelto de todos los cargos, aunque las autoridades suizas confiscaron $ 74 millones que dijeron habían sido obtenidas ilícitamente.

Los demandantes en el caso Acteal alegan que el señor Zedillo asistido, o hicieron la vista gorda a los grupos paramilitares de campesinos organizados por el ejército para reprimir a los zapatistas. Dicen que durante varias investigaciones sobre la masacre de mexicanos, de los cuales ninguno ha acarició el señor Zedillo, conspiró para encubrir los crímenes.

Abogados del señor Zedillo decir que el presidente no tenía nada que ver con la atrocidad, por la que decenas de personas, entre ellas algunos funcionarios de bajo nivel, fueron condenados (aunque Suprema Corte de México después anuló 36 de las condenas). También afirman el derecho del Sr. Zedillo a la inmunidad legal para los actos cometidos en el ejercicio de sus funciones como jefe de Estado. Departamento de Estado de Estados Unidos debe decidir antes de 07 de septiembre si recomienda la inmunidad.

No está claro de qué lado caerá sobre. La administración Obama no tiene ningún deseo especial para tratar a un ex presidente muy respetado de un país vecino que es sensible acerca de su soberanía. El gobierno de México ha dicho que Estados Unidos no tiene nada que juzgar asuntos que tuvieron lugar fuera de su territorio y que no impliquen estadounidenses. La administración parece indeciso sobre la idea de la jurisdicción universal en los juicios civiles. Se dice que un grupo de nigerianos podrían demandar a Shell, un grupo petrolero anglo-holandés, en un tribunal estadounidense, pero más tarde añadió que esto no se aplica a los actos cometidos en el extranjero.

Después de Zedillo, Calderón?

La decisión, sin duda, será seguido de cerca por Felipe Calderón, actual presidente de México, cuyo plazo finaliza el 1 de diciembre. Sus seis años de guerra contra la droga de México turbas le ha hecho muchos enemigos peligrosos. Se rumorea que la búsqueda de un nicho en una universidad estadounidense. Si la acción contra el Sr. Zedillo sigue adelante, alguien podría tratar de demandar a Calderón sobre los 60.000 o menos muertes, algunos a manos de las fuerzas federales, que han tenido lugar durante su ofensiva contra el crimen organizado. Pero si el señor Zedillo se otorga la inmunidad, por lo que podría ser el señor Calderón.

El caso contra el señor Zedillo tiene varias características impares. Para empezar, los indígenas tzotziles han optado por permanecer en el anonimato. Eso es inusual, y en México no se permitiría. "No puedo recordar un importante caso de derechos humanos en los que los demandantes son anónimos", dice Sergio Aguayo, un activista que ha llevado casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El abogado de los demandantes, Roger Kobert, sostiene que "estar en un gran temor a represalias", y que se le concedió el anonimato en una demanda civil similar sobre el asesinato en 1980 del arzobispo Óscar Romero en El Salvador.

Documentos de la corte dicen que los diez demandantes son residentes de Acteal. Pero la gente de Acteal sugieren lo contrario. Las víctimas de la masacre de 1997 eran miembros de un grupo indígena de derechos llamado Las Abejas ("Las Abejas"). Porfirio Arias, director de Las Abejas, dice de los demandantes: "Para nosotros, estas personas no existen." Acteal es una aldea de tan sólo 40 familias, de acuerdo con el Sr. Arias, que está seguro de que ninguno está involucrado. Las Abejas son poco pro-Zedillo, de hecho, les gustaría verlo enfrentar un juicio criminal. Esa es una razón por la que encontrar la causa civil extraño. "La sangre no puede ser canjeado por dinero", dice el Sr. Arias. Pero añade que no hay razón para no ser identificado. "No tenemos miedo del gobierno ... los sobrevivientes no ocultan sus rostros."

No está claro como diez indios tzotziles de estado más pobre de México, logró llevar el caso en el primer lugar. No se apoyó públicamente por cualquiera de las numerosas ONG que se dedican a estas causas. Firma el Sr. Kobert la ley, con sede en Miami, se especializa en derecho corporativo. No se anuncia ninguna experiencia en materia de derechos humanos o en México. Pero el señor Kobert dice que fue instruido por su "amplia experiencia en el litigio de asuntos extranjeros inmunidad soberana". Él dice que la empresa ha tomado el caso de un no-win, no-fee base. También ha contratado a una firma de relaciones públicas para darlo a conocer.

Los acusadores anónimos

Según el Sr. Kobert, los diez demandantes presentaron a él por los abogados mexicanos. Pero ellos también quieren permanecer en el anonimato, dice. Los que trabajan en materia de derechos humanos de México mundo están perplejos. "No sé quiénes son esos abogados sería", dice Paulina Vega, un mexicano vice-presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, una ONG con sede en París. "El caso es una batalla política entre las diferentes facciones del PRI", afirma Arias.

Juan Collado, abogado de Carlos Salinas, dijo a The Economist que "no tiene ninguna participación en este asunto" y que "no tiene ningún contacto personal" con los abogados de los demandantes. Sr. Kobert nos ha dicho que es consciente del Sr. Collado "en otros contextos", pero que él no puede hacer comentarios sobre si se está conectado a la caja. En un correo electrónico, el propio Sr. Salinas declara que no conoce los detalles del caso y que "no conozco a los abogados de las partes." El dice que espera que el caso es "totalmente compatible con la ley y el doesn 't obedecer a intereses políticos. "También pone de manifiesto su desprecio por su sucesor, refiriéndonos a sus memorias, en la que los pines de la culpa de la crisis económica de México de diciembre de 1994 por el señor Zedillo (quien asumió el cargo el 1 de diciembre) y le acusa de "traición".

La evidencia recolectada en contra del señor Zedillo hasta ahora parece endeble. Un sitio web creado por los abogados de los demandantes enumera una docena de exposiciones, que incluyen cinco informes de prensa y una nota informativa 1995 de Chase Manhattan Bank. Sr. Kobert dice que planea llamar a ex funcionarios federales en calidad de testigos, sino que, también, debe permanecer en el anonimato por el momento.

El sitio web Acteal97 también incluye un enlace a un informe supuestamente escrita por un fiscal especial Chiapas, que culpa a Zedillo por la masacre. Curiosamente, el informe no tiene fecha. Después de que se publicó en el sitio web de los demandantes, Chiapas el fiscal general emitió un comunicado diciendo que el documento "carece de autenticidad" y que "sus orígenes y los fines que persigue son desconocidos." En cualquier caso, los fiscales estatales tienen facultades para la investigación funcionarios federales sólo por errores cometidos a título privado. "Hay algo mal, no tiene sentido", dice Jonathan Freiman, el abogado del Sr. Zedillo.

Amigos del señor Zedillo decir que no tiene nada que ver con 50 millones de dólares a su disposición. Él ya ha tenido que pagar por sus gastos legales. Su buen nombre también está en juego. "Aquellos que por una u otra razón se oponían políticamente a las profundas reformas que [el señor Zedillo] marcó el comienzo de alguna razón para manchar su reputación", dice el Sr. Freiman. Él, también, no nombres. Es sorprendente que un caso basado en acusaciones tendenciosas y anónimo en serie incluso ha llegado tan lejos.

Fuente: The Economist
Septiembre 1 de 2012
Foto: AFP

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