La simulación es una práctica social cada vez más frecuente. No es sólo habitual en el campo de la vida cotidiana, sino que cada vez se hace más intensa y constante en la política y en las prácticas de gobierno.
Cualquier diccionario define simular o simulación como la “presentación de una cosa haciendo que parezca real”.
La simulación forma parte entonces del complejo entramado de relaciones humanas y públicas donde sus más variadas formas se dirigen sobre todo a mantener determinado estatus, poder o privilegios, o bien intentar alcanzarlos.
Cualquier persona sabe que simular le permite ganar tiempo, tener dominio de un espacio, controlar al adversario manteniéndolo engañado o adquirir los beneficios de ser lo que se no es.
Razones de estado
La simulación permite configurar amplias dimensiones políticas ya que forma parte de cierta forma de gobernabilidad, la que busca sostenerse a cualquier costa, ya que disfraza y oculta eficientemente las más de las veces otras prácticas que de otra manera serían detestables, como la represión abierta y la distorsión cínica de la verdad.
Así, la simulación se constituye en una política pública indispensable, y sobre todo mediática, ya es una forma de mentir abiertamente pero sin que lo parezca.
En otras palabras, simular implica ahora engañar por razones de estado.
El fingimiento resulta ser entonces esencial para el gobernante, tanto en sus tratos con amigos como con enemigos, haciendo efectiva esa vieja conseja maquiavélica de que quien no sabe fingir, no sabe gobernar.
De esta manera encontramos informes de gobierno que se dan por ciertos y veraces, aunque den cuenta de hechos que nunca se realizaron; informes de obras que nunca se efectuaron y gastos que se pagan como correctos y justos, pero que se maquillaron y justificaron de tal forma que no alcanzamos a percibir que fueron auténticos robos, fraudes y saqueos al erario público.
A falta de herramientas para que la ciudadanía ejerza mayor presión contra los abusos de poder y desviaciones en el ejercicio público, permanecemos impotentes y estamos a la espera de que nuevas autoridades sean las que presenten cargos y acusaciones y nos hagan justicia en contra de otras.
En este contexto no es fácil mostrar valor cívico cuando el ciudadano está atado de manos y no puede acceder a información, pruebas o documentales que son consideradas “reservadas” de acuerdo a las leyes de acceso a la información pública, lo que se conoce coloquialmente como “secretos de estado”.
Ciudadanos indefensos
Incluso contralorías, oficinas de auditorías superiores gubernamentales y comisiones de derechos humanos son presididas por personajes grises, torvos y siniestros que buscan combatir a personajes grises, torvos y siniestros.
Son estos funcionarios, así como ministerios públicos o jueces los que simulan realizar una encarnizada lucha contra toda desviación, contra todo recurso mal usado, contra todo documento adulterado, contra todo abuso, contra toda simulación.
Cuando el ciudadano con lo que tiene a la mano decide hacer denuncias se expone a la represión, a la violencia institucional y a la criminalización; lo que puede costarle la libertad y hasta la vida, como sucede con frecuencia.
La simulación se ha enraizado tanto en nuestra forma de gobierno que a través de los medios de comunicación y el sistema educativo se considera necesario hacernos creer que en México existe un estado de derecho, que vivimos una democracia y que se castiga a quien actúa mal.
Durante los sexenios panistas y en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto se observa que continúan las políticas de simulación.
Con la detención de Elba Esther Gordillo se simula combatir la corrupción pero la estructura magisterial autoritaria que la origina permanece exactamente igual.
Se combate el crimen con más crimen; todo para simular una lucha firme y anunciar un descenso efectivo en ejecuciones y desapariciones.
Cien días de simulación
La simulación se reproduce en múltiples escalas y niveles, macro y micro. Y abundan ejemplos.
En Jalisco Aristóteles Sandoval simula cumplir promesas de campaña en cien días de gobierno. Por eso sorprende y no, la detención y consignación de Rodolfo Ocampo, ex director del Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua y Alcantarillado (Siapa), por los cargos de peculado y desviación de recursos.
Paradójico, ya que el PRI cuando está en el poder no acostumbra combatir la corrupción ni llevar a juicio a nadie.
Pero casos de simulación abundan. Y ahí está el emblemático caso del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, ante el reciente nombramiento del director de policía de Zapopan Hernán Guízar Maldonado por el caso acreditado de la muerte de un hombre previamente torturado.
Cuando Álvarez Cibrián afirma que “le aceptan” todas sus recomendaciones como la 54/2011, simula que “son cumplidas”; esto para tratar de aparentar ser un firme defensor de los derechos humanos.
Pero cuando se sabe que nunca se cumplieron las recomendaciones “aceptadas” sale a relucir el tristemente célebre personaje al que desde el poder ya le tomaron la medida, y se descubre entonces que es uno más de tantos que practican cotidianamente políticas de simulación.
Lamentablemente nos esperan muchos años más de simulación. No hay duda, estaríamos mejor con López Obrador. Pues como se barre una escalera, de arriba para abajo, ya se estaría barriendo tanta simulación.
Por Jaime Hernández Ortiz
lajornadajalisco.com
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