Rechazo popular

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La mayoría de la población mexicana se opone drásticamente a la inversión privada en la industria energética propuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto, así como a la aplicación del IVA en alimentos y medicinas, según las encuestas y consultas realizadas hasta el momento.

Este rechazo popular se manifestó en la consulta que acaba de realizar en todo el país Alianza Cívica, donde 80% de los mexicanos expresó su desacuerdo en modificar la Constitución para permitir la inversión privada en la explotación y transformación del petróleo y del gas. Mientras que 87% se opuso a la aplicación del IVA en alimentos y medicinas porque esa medida perjudicaría sobre todo a las clases más desprotegidas.

La Cámara de Diputados realizó su propia encuesta, en la cual 54% de la población se pronunció en contra de la inversión privada en Pemex. Y en la encuesta del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), 65% de los mexicanos se opuso a tal medida. Cifra muy similar al 62% que rechazó la privatización de Pemex en la encuesta realizada por Buendía y Laredo. Mientras que la de Parametría arrojó 49% de rechazo y 16% a favor de la privatización.

Silvia Alonso Félix, coordinadora nacional de la consulta de Alianza Cívica, la más amplia y reciente medición del sentir popular, afirma de manera categórica:

“En mayor o menor porcentaje, los resultados de todas las encuestas nos muestran que la mayoría de la población no está de acuerdo con la inversión privada en Pemex.”

–¿Ninguna encuesta arroja resultados favorables a la reforma energética de Peña Nieto?

–¡No, no! Ninguna, que yo sepa. Y eso a pesar de los mañosos spots radiofónicos y televisivos con que el gobierno federal intenta convencer a la población de las bondades de su reforma. En esos spots se nos dice: “Si se aprueba la reforma energética, bajará el costo de tus recibos de luz y gas”. Jamás informan, de manera objetiva, las implicaciones que tiene la reforma.

“Nunca nos dicen, por ejemplo, que la producción de un barril de petróleo cuesta entre ocho y 10 dólares, y se vende en más de 100 dólares. Si es un negocio tan rentable, por qué quieren pasarlo entonces a manos privadas. No explican nada de eso. No informan sobre las desventajas de la reforma. El gobierno tiene la obligación de informar. Pero en este caso sólo intenta manipular a la opinión ciudadana con su aparatosa estrategia mediática.”

Y justamente para conocer la opinión de los mexicanos –agrega Silvia Alonso Félix– fue que Alianza Cívica decidió desarrollar su denominada Consulta Nacional Ciudadana sobre las Reformas Fiscal y Energética.

“Fue una consulta totalmente apartidista, realizada por ciudadanos y para conocer la postura de los ciudadanos”, aclara de entrada, y explica que a Alianza Cívica la conforman muchas organizaciones civiles, movimientos sociales y sindicatos de todo el país.

Exdirectora de Alianza Cívica, Alonso Félix refiere algunos antecedentes:

“La dirigencia del PRD se acercó a nosotros para ver si podíamos organizar y coordinar una consulta nacional. Nosotros le aclaramos que somos un ente ciudadano y apartidista, pero con mucha experiencia en organizar consultas. Aceptamos su propuesta siempre y cuando se respetara nuestra autonomía e independencia, y además se creara un consejo ciudadano que fuera garante de objetividad y acompañara todo el proceso. Bajo estas condiciones firmamos un acuerdo.”

–¿La consulta se efectuó en todo el país?

–Sí, en todo, no faltó ni una sola entidad federativa. Y se realizó en dos jornadas: el domingo 25 de agosto y el domingo 1 de septiembre. A nivel nacional instalamos 7 mil 359 mesas receptoras, principalmente en los lugares de mayor afluencia de personas: plazas públicas, mercados, tianguis y en las afueras de los templos. Tan solo en la parte organizativa y logística de este gran ejercicio ciudadano participamos 20 mil personas.

Finalmente, la noche del pasado viernes 6 –al cierre de esta edición– ya se había contabilizado a más de 700 mil ciudadanos que participaron en la consulta; sólo faltaba incluir a los del estado de Zacatecas, por lo que prácticamente las tendencias y porcentajes ya estaban dados.

A la pregunta: “¿Estás de acuerdo en que se modifique la Constitución para permitir inversión privada en la explotación y transformación de petróleo y gas en México?”, 80% de los consultados respondió con un rotundo “no”.

El 91% estuvo de acuerdo en que –lejos de abultar los bolsillos de la iniciativa privada– los beneficios de la industria petrolera deben utilizarse en inversión pública: como construcción de hospitales, escuelas, ferrocarriles, investigación científica y desarrollo rural.

Respecto a la aplicación del IVA en alimentos y medicinas, 87% de los participantes expresó su total rechazo a la medida.

En tanto que 85% dijo que está de acuerdo –como ya lo establece la Constitución– en que aquellos que más ingresos obtienen deben pagar un mayor porcentaje de impuestos.

La de Alianza Cívica es la única consulta que ha abordado el tema de la reforma fiscal, la cual –al cierre de esta edición– se esperaba que el gobierno federal hiciera pública este domingo 8 de septiembre.

Dice Alonso Félix al respecto:

“Incluimos la reforma fiscal porque es importante dar a conocer la opinión de la ciudadanía sobre los impuestos que, al parecer, se piensa aplicar. Ninguna otra encuesta aborda esta reforma. Todas hasta hoy se centran en la energética.”

En efecto, algunas de estos ejercicios se verificaron incluso antes del 12 de agosto, cuando Peña Nieto hizo pública su propuesta de modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución para configurar su reforma energética.

Dos meses antes, en junio, el CIDE dio a conocer los resultados de su encuesta México, las Américas y el mundo 2012-2013, en la que se afirma enfáticamente: “El baluarte del nacionalismo mexicano sigue siendo la energía, en particular el petróleo: 47% está en contra de permitir la inversión extranjera en el sector eléctrico y 65% en el petróleo”.

La encuesta –en la que participaron más de 2 mil 500 personas– recalca que los mexicanos se manifestaron en contra de abrir el sector energético a la iniciativa privada, pese a ser proclives a la apertura económica y a los acuerdos comerciales del mundo globalizado.

Durante la presentación de la encuesta del CIDE, el 25 de junio, estuvieron presentes el director general de esa institución académica, Sergio López Ayllón, y el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade.

En julio, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), de la Cámara de Diputados, dio a conocer su Encuesta telefónica acerca de Pemex y la reforma energética. Ahí se registra la siguiente conclusión:

“54% de los encuestados dijo estar ‘en desacuerdo’ con que se permita la inversión privada en Pemex; 36% mencionó estar ‘de acuerdo’.”

El 66% se mostró de acuerdo con la frase: “El petróleo mexicano es de todos los mexicanos”.

Y ligando el tema del petróleo con el de la soberanía nacional, la encuesta de la Cámara de Diputados señala:

“El 55% de los entrevistados dijo estar ‘de acuerdo’ con la frase: ‘La inversión extranjera en materia petrolera es un ataque a la soberanía nacional’; 32% está ‘en desa­cuerdo’ con esta frase.”

El CESOP abordó también el tema de la corrupción. A la pregunta: “¿Qué tanta corrupción considera que hay en Pemex?”, 68% consideró que hay “mucha corrupción”, 20% que hay “algo de corrupción”, y solamente 1% opinó que no hay corrupción.

Sobre la percepción ciudadana del sindicato petrolero, señala lo siguiente:

“El 52% de los entrevistados tiene una ‘mala’ opinión del sindicato de Pemex. 19% tiene una ‘buena’ opinión de este sindicato. El 19% respondió de manera espontánea que tiene una opinión ‘regular’ de esta unión.

“El 80% considera que el sindicato de Pemex beneficia más a los líderes sindicales y sólo 12% considera que beneficia más a los trabajadores.”

A mediados de julio, Parametría elaboró su sondeo, con estos resultados: 49% se opuso a la privatización, 16% estuvo a favor y 25% se mostró indeciso.

Por su parte, Buendía y Laredo aplicó su encuesta Reforma energética del 8 al 13 de agosto, para la cual entrevistó personalmente –“cara a cara”– a mil personas mayores de edad. Estos son sus resultados: 62% de los entrevistados está “muy” y “algo” en desacuerdo con que se permita la inversión privada en Pemex.

Si se cambian las leyes en materia energética, 51% estima que aumentará el precio de la gasolina, y 29% piensa que disminuirá; 51% calcula que aumentará el precio del gas, y 28% que disminuirá; 50% considera que aumentará el precio de la luz, y sólo 27% que disminuirá.

Estas opiniones muestran que la mayoría de los mexicanos están viendo con recelo los spots publicitarios donde el gobierno federal promete que, con la aprobación de la reforma, bajarán los precios del gas y de la luz.

De todas las encuestas realizadas hasta hoy, la de Alianza Cívica es la más amplia y la más reciente. Y no es propiamente una encuesta, sino una consulta. Silvia Alonso Félix explica la diferencia:

“Una encuesta se realiza en un universo cerrado de unas mil a 3 mil personas a lo mucho. Generalmente se hace vía telefónica. Y es el encuestador quien busca al encuestado. En cambio, en la consulta ciudadana es el ciudadano quien por iniciativa propia va a las mesas a dar su opinión. No lo buscan, él va. En la consulta participa muchísima más gente y además tiene un potencial de construcción de ciudadanía. Es un amplio ejercicio democrático.

“Para nuestra consulta nacional de Alianza Cívica realizamos incluso seis foros regionales: en el Distrito Federal, Jalisco, Veracruz, Estado de México, Nuevo León y Tabasco. Llevamos a especialistas para que debatieran y expresaran sus opiniones. El objetivo fue dar información a la ciudadanía para que tenga elementos de juicio, algo que no está haciendo el gobierno federal.”

–Y ya concluida su consulta nacional, ¿para qué puede servir, qué utilidad tienen las cifras que arrojó?

–Por lo pronto, entregaremos los resultados de la consulta a las fuerzas partidistas del Congreso de la Unión. Los legisladores son los representantes de la ciudadanía y esta consulta muestra el sentir de la ciudadanía. Ojalá y ellos tengan la sensibilidad de escuchar la voz popular antes de legislar. Estaremos al pendiente de que antepongan el interés nacional a sus intereses partidistas. De manera que la consulta tiene un alto valor político e incluso moral. Y es apenas un punto de partida.

“Al realizar los foros, en las zonas petroleras hubo gente que nos decía: ‘Defenderemos el petróleo hasta con las armas’. Y nosotros les respondíamos que no había necesidad de recurrir a la violencia porque para ello existen los canales institucionales… Ojalá y los diputados y senadores no provoquen más conflictos sociales de los que ya estamos viviendo.”

Por Rodrigo Vera

Tomado de Proceso/Jalisco

Septiembre 7, 2013