El derroche de trasnacionales y del fondo público

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Los ex presidentes panistas Felipe Calderón y Vicente Fox. Foto: Red

El contrato más caro que fue otorgado en 2003, según el Portal de Obligaciones de Transparencia, es a la empresa Repsol Exploración México SA de CV. Suena familiar, ¿no?

La empresa recibirá por parte de México 26 mil 951 millones de pesos para ejecutar obras relacionadas con el desarrollo, infraestructura y mantenimiento de campos de gas no asociado en la Cuenca de Burgos en el bloque Reynosa-Monterrey.

El contrato fue firmado el 14 de noviembre de 2003, cuando aún gobernaban el ex presidente Vicente Fox Quesada y el director de Petróleos Mexicanos (Pemex) era Raúl Muñoz Leos, funcionario sancionado en 2007 por la Secretaría de la Función Pública.

El contrato otorgado a la empresa Repsol inició el nueve de enero de 2004 y concluirá hasta el ocho de enero de 2024 (20 años).

Ya hemos recordado una historia de Burgos y Repsol, y estas son otrashazañas de ambas. Repsol fue laestrella por lo menos cobrando más dinero, de las siete trasnacionales de Burgos.

Desde antes de la reforma legislativa de 2008, ya se concedía al contratista prácticamente el conjunto de la obra, incluyendo su diseño y su proyecto, al menos en gran medida. Esto ha sido más amplio en los llamados contratos de servicios múltiples (CSM), en la Cuenca de Burgos, para explotar el gas natural.

Las principales características de los anteriores contratos de servicios múltiples son las siguientes:

Oficialmente llamados contratos a precios unitarios, son de hecho concesiones a largo plazo para diversas obras y servicios que van surgiendo en determinada región o zona, la cual se entrega a la empresa ‘ganadora’ de la licitación. En todos los ‘‘concursos’’ hubo sólo una oferta en el momento del fallo final: o bien se retiraron las otras o hubo sólo una desde el principio. O sea que hubo un solo ‘‘ganador’’.

La duración del contrato, que de hecho es una concesión, fue de 15 a 20 años.

Los trabajos incluyen todo lo relacionado con el desarrollo, explotación y suministro a Pemex del gas natural de la región asignada. Esto incluye desde la perforación o modificación de pozos y el tendido de ductos, hasta obras auxiliares como construcción de caminos y demás. Los precios unitarios establecidos tienen factores de ajuste con las variables que afectarían el costo: tasas de interés de referencia, tipo de cambio, etcétera, Todos los riesgos de esa naturaleza los absorbe Pemex.

Hubo oposición de organismos judiciales y sobre todo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). También se opusieron a la llamada subasta descendente, que afectaría la calidad de las obras y su cumplimiento, y tampoco aceptó la vigencia de largo plazo de los contratos (de 15 a 20 años). Después de los primeros siete contratos, la duración de los contratos más recientes llega a cuatro años.

Chicontepec

Las similitudes de los contratos de servicios múltiples y los firmados por Pemex, las podemos encontrar en el contrato con Weatherford. Por ejemplo, las funciones de Pemex y las de El Contratista.

Para tener una idea de las condiciones que Pemex otorga a las trasnacionales a través de los contratos, veamos el contrato de Pemex Exploración y Producción (PEP) con Weatherford firmado el 25 de junio de 2008 (antes de la vigencia de la actual legislación), para perforar y terminar pozos petroleros en Chicontepec, lugar de todos estos contratos (anexo b, página 72 del contrato):


Responsabilidades de Ingeniería y Operación:

Para la perforación de los pozos designados, PEP es responsable de proporcionar el diseño básico de la perforación en cuanto a profundidad y geometría del pozo. El Contratista es responsable de la ingeniería de operación de las actividades de perforación de pozos, así como de la instalación, desmantelamiento, transporte y programas de mantenimiento de los equipos de perforación. Para la etapa de perforación de los pozos designados, El Contratista es responsable de elaborar el programa de fluidos de perforación, programa y selección de barrenas, programa hidráulico y condiciones de operación, diseño de los aparejos de fondo y planeación de la perforación direccional y diseño de la cementación de las tuberías de revestimiento.

La Auditoría Superior de la Federación determinó que Pemex infló el costo de las bases de licitación de dos contratos de servicios múltiples para la exploración, perforación y mantenimiento de pozos de gas no asociado en la Cuenca de Burgos por 20 años, que habían adjudicados en 2003 a la trasnacional española Repsol y a la italo-argentina Techint –asociada con Industrial Perforadora de Campeche–, para que otras empresas no pudieran participar (La Jornada, 29/05/09).

“Con ello –determinó el órgano fiscalizador– se maniobró para limitar la participación de empresas concursantes. Con ello, la ASF dio respuesta a una solicitud de la Cámara de Diputados para investigar los presuntos actos de corrupción y enriquecimiento del ex subdirector de la Región Norte de Pemex Exploración y Producción en Veracruz, Alfredo Guzmán Baldizán, designado integrante de la Comisión Nacional de Hidrocarburos el 20 de mayo pasado. (De 2009)”

Ya mencionamos irregularidades en la adjudicación de contratos de Burgos. Hace poco se dieron a conocer los resultados de las investigaciones de la ASF para 2007. En el Informe de Resultados se señala que los trabajos en varias áreas, incluida Aceite Terciario del Golfo, que es el nombre oficial de Chicontepec, se hicieron con Pidiregas (Proyectos de Inversión Diferida), o sea se contrató deuda pública disfrazada como privada.

En este y otros casos, PEP no llevó a cabo un proyecto definido que sustente que la inversión producirá los recursos suficientes para su amortización y obligaciones asumidas.

Según la ASF, esta situación “incumple el artículo 18, párrafo primero, de la Ley General de Deuda Pública, que establece que ‘los proyectos a cargo de dependencias del Gobierno Federal que requieran financiamiento para su realización, deberán producir los recursos suficientes para su amortización y obligaciones que asuman”. Por si fuera poco, confirma la reiterada afirmación de que los trabajos en Chicontepec no son costeables.

Por Antonio Gershenson
Tomado de La Jornada

Marzo 16, 2014

antonio.gershenson@gmail.com

El Petróleo en la mira: Pablo Gómez

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El tema del petróleo no ha dejado de ser de mucha importancia desde que México se convirtió en gran exportador y los precios del crudo se fueron a las nubes. Sin embargo, el tema de Pemex es mucho más antiguo. La paraestatal está sumida en la corrupción y la ineficiencia desde hace muchas décadas.
Los problemas de la industria y de la empresa no se deben a su situación jurídica, es decir, a la propiedad nacional sobre los hidrocarburos y al carácter estatal del organismo que posee el monopolio de la exploración y la producción. En realidad, la problemática petrolera del país obedece al carácter del poder político, a la corrupción crónica y a la inexistencia de objetivos nacionales, todo lo cual no fue tocado durante los doce años del panismo en el poder.

La tesis panista y priista consiste en que no es suficiente el contratismo galopante sino que se requiere abrir la participación privada en Pemex de tal manera que una parte de las ganancias petroleras se canalicen hacia los nuevos inversionistas, los cuales a su vez harían que la empresa funcionara mejor. Sin embargo, se olvida que Pemex lanza una gran parte de sus ganancias primarias hacia el pago de una monumental deuda, pues toda la inversión se financia cada año con empréstitos. El sistema es de verdad patético: el gobierno se queda con la mayor parte de los ingresos petroleros para financiar su gasto corriente mientras que Pemex contrata deuda para realizar su inversión, de tal manera que, en realidad, el gobierno federal está contratando empréstitos inconstitucionales para sostener sus propios gastos no productivos.

De acuerdo con ese sistema, una parte de los ingresos fiscales petroleros se van también a los estados y municipios de tal forma que toda la renta petrolera y toda la ganancia industrial no se transforman en capital invertido sino en gasto corriente del Estado. La pesada carga de la deuda petrolera es la forma en que se sostiene el gasto federal y gran parte de los gastos locales.

La conversión de Pemex en una empresa de capital mixto –Estado y particulares—ya está virtualmente presente por la vía de la creciente deuda. El asunto es más concreto: se quiere que Pemex tenga inversionistas privados que formen parte del Consejo de Administración y todas sus actividades se rijan de acuerdo con las actividades propias de una empresa privada. Además de que esto sería inconstitucional, pues Pemex es un organismo público y no una empresa (la explotación de los hidrocarburos “corresponde exclusivamente a la Nación” y se realizará, al igual que la petroquímica básica, por parte del Estado de manera exclusiva), también se lograría realizar un pésimo negocio para el país. Si un empresario privado tuviera la propiedad de cuantiosos mantos petroleros sería un perfecto idiota si aceptara socios. Si se requiere dinero para invertir y sacar lo más pronto posible el crudo y el gas, entonces cualquiera recurre al endeudamiento si lo necesita. Bueno, el gobierno mexicano en realidad ni siquiera requeriría de empréstitos si no se comiera la totalidad de los ingresos.

Como el asunto es de estrategia y también un tanto cuanto ideológico, el plan de Peña consiste en abrir la inversión privada directa en Pemex para lo cual tendría que modificar su régimen fiscal. Ahora bien, ¿cómo se va a cubrir la disminución de ingresos petroleros presupuestados? Existen varias formas: aumento de impuestos indirectos a cargo de la gran masa consumidora del país, incremento del déficit del gobierno para pagar sueldos y reducción drástica del gasto público. Las tres posibilidades tendrían consecuencias terribles aun si se aplicaran en combinación. Y todo para “modernizar” a Pemex.

En realidad, para que Pemex prospere tendríamos que empezar por acabar con su corrupción y su manejo oscuro. Sus inversiones tendrían que aumentar y su burocracia disminuir. La rendición de cuentas tendría que ser la conducta oficial. La integración industrial debería desarrollarse. No se requiere cambiar el modelo constitucional.