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| Mina "El Moño" en Peñamiller, Querétaro. Foto: Víctor Jiménez |
Hacen aquí todo lo que no pueden hacer en su nación: tienen impuestos ridículamente bajos, contaminan y envenenan las tierras donde medran, pagan salarios miserables, se burlan de las leyes laborales y a base de corrupción despojan a campesinos y a pueblos indígenas. Son las mineras canadienses, a las cuales sucesivos gobiernos mexicanos han otorgado concesiones que ya abarcan casi la mitad del territorio nacional.
MÉXICO, D.F.- Un estudio gubernamental elaborado este año llegó a la siguiente conclusión: las empresas canadienses que asumen conductas ejemplares y responsables en su nación son “a ciencia cierta las empresas más corruptas cuando invierten en el sector minero en México”.
El documento destaca que el país ha cedido irremisiblemente millones de toneladas de recursos no renovables y alerta sobre la pérdida de soberanía nacional por la entrega de la mitad del territorio en concesiones mineras –en su mayoría a firmas canadienses– por “los errores derivados de la sobreapertura comercial”.
Elaborado por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM) de la Secretaría de Gobernación, el Estudio de la minería en México. Un análisis comparado con Canadá –que Proceso pudo consultar– desglosa en sus 200 páginas desde los aspectos elementales de comprensión del sector minero hasta los casos ejemplares de los excesos extranjeros.
Entre las revelaciones del documento se observa que el gobierno mexicano ha ocultado información desde el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando se incrementó el otorgamiento de concesiones mineras.
Y previene: “Durante el desarrollo del estudio nos encontramos con la dificultad de que las bases de datos oficiales se alejan de la veracidad de los hechos, por lo que el estudio pretende identificar las lagunas y distorsiones, puesto que las cifras, estadísticas, datos e indicadores han sido disfrazados por las mismas autoridades”.
Con base en cuadros y estadísticas propios, la CDPIM demuestra que las mineras canadienses no pagan impuestos, no tienen restricciones ambientales suficientes y despojan a comunidades indígenas y campesinas por medio de la corrupción de sus líderes y autoridades… todo lo que no podrían hacer en su país.
México es el primer productor de plata del mundo, tercero en bismuto, quinto en plomo, noveno en oro y undécimo en cobre, por lo que la inversión extranjera en el sector minero ha crecido vertiginosamente en los últimos 12 años.
Según el documento, del total de mineras que operan en México, 70% son extranjeras. De éstas, 74% tienen participación canadiense y 15%, estadunidense.
Con base en un estudio realizado en 2012 por el Instituto Fraser de Canadá acerca de los países con potencial minero, el texto de la CDPIM destaca que México aparece en quinto lugar debajo de Estados Unidos, Chile, Canadá y Burkina Faso.
Pero el mismo estudio revela que en cuanto a los indicadores político, económico y social México ocupa el lugar 53 de los 94 países evaluados, superado incluso por naciones poco desarrolladas como Botsuana, Namibia, Tanzania, Vietnam, Perú y Guatemala.
El análisis de la CDPIM resume con una expresión la contradicción de ese resultado con respecto al incremento de las inversiones canadienses: “México es el paraíso fiscal de Canadá en materia minera”.
Goldcorp
La trasnacional canadiense Goldcorp, con sede en Vancouver, tiene varios proyectos en México, donde es la principal productora de oro (411 mil onzas en 2012). En su país se rige bajo la Ley de Impuestos Mineros de la Columbia Británica (Mineral Tax Act).
De acuerdo con esa ley, por la operación de una mina tendría que pagar 2% de su ingreso operativo más 13% de su ingreso neto acumulado adicional; dos impuestos sobre la renta (ISR), uno provincial de 10% y otro federal de 15%; tendría que haber tramitado una licencia social de operación, pagar permisos y trámites municipales; no disfrutaría una concesión de 50 años como en México y estaría obligada a seguir reglas y protocolos ambientales estrictos.
Además tendría que someterse a la iniciativa Hacia una Minería Sustentable, elaborada por el gobierno federal y organizaciones civiles, lo cual la obliga a aplicar programas de protección ambiental, armonía y desarrollo comunitario e inclusión laboral indígena, entre otros aspectos.
En México, Goldcorp sólo tiene que pagar el ISR, que además es acreditable gracias al Convenio de Eliminación de Doble Tributación, lo que implica que puede acceder a créditos o exenciones fiscales.
Aquí el pago de su concesión es irrisorio. Por ejemplo, tiene 70 mil 900 hectáreas concesionadas en Sonora, donde explota una mina de oro. En 2012 sólo esa operación le produjo una utilidad bruta superior a los 2 mil millones de pesos. Pagó 5.70 pesos semestrales por cada hectárea de la concesión, un total de 809 mil pesos en el año, equivalentes a 0.039% de sus utilidades netas.
La información, expuesta ampliamente por el estudio de la CDPIM, establece que la legislación vigente sólo exige el pago de derechos conforme a la fracción II del artículo 27 de la Ley Minera y al artículo 263 de la Ley Federal de Derechos, que marcan de 5.70 a 124.74 pesos semestrales por hectárea.
Para el estudio se elaboró una tabla donde se muestran las contribuciones fiscales por proyectos mineros en Canadá con base en los resultados de operaciones de varias empresas. Ahí, por ejemplo, se puede observar lo que pagó (convertido a pesos) Agnico Eagle Mines en una mina registrada en Quebec, que en 2012 tuvo una utilidad bruta similar a la de Goldcorp en Sonora.
Agnico Eagle debió pagar por ISR provincial 262 millones 206 mil pesos, y por impuesto minero 352 millones 618 mil pesos, sin contar el ISR federal, que es acreditable, es decir, deducible o sujeto a exenciones.
El estudio de la CDPIM menciona que el gravamen de 7.5% a la minería, propuesto en la reforma fiscal de octubre pasado, es un avance pero aún insuficiente. Entre diferentes aspectos a mejorar destaca que, conforme a parámetros internacionales, en vez de catalogarse como derecho especial debe ser “impuesto a la minería”, debe aplicarse a los ingresos brutos y no a los netos, establecer ajustes para proteger y estimular a los capitalistas nacionales y dar facultades recaudatorias a los estados y municipios.
Génesis de conflictos
La opacidad en las cifras y datos oficiales son evidenciadas en el estudio. Por ejemplo, la Secretaría de Economía (SE) expone que hay 26 mil 7 concesiones mineras vigentes y que éstas ocupan 13.8% del territorio nacional.
Pero con las mismas estadísticas de la SE se demuestra que de 1993 a 2012 se otorgaron 43 mil 675 concesiones que amparan una superficie de 95 millones 765 mil 800 hectáreas. Prácticamente la mitad del país.
En los últimos tres sexenios la cantidad de tierra concesionada aumentó: con Ernesto Zedillo fueron 34.5 millones de hectáreas; con Fox, 25.1 millones, y con Calderón, 34.3 millones. En la administración de Zedillo se concesionó más tierra pero fue Calderón quien otorgó más títulos de concesión.
Otra contradicción: de acuerdo con el Fideicomiso de Fomento Minero se ha explorado 30% del país, dejando 70% apto para desarrollar proyectos. El estudio subraya que si se ha concesionado 50% del país y sólo 30% está explorado, queda 20% del territorio que se concesionó y no se sabe para qué, lo cual se considera un ejemplo más de cesiones sin controles.
Las concesiones han impactado ya al mundo indígena. Según el estudio de la CDPIM, 97.1% del territorio de los paipai, etnia de Baja California, fue cedido para operaciones mineras; también 85% del territorio kiliwa, 65% del kikapú, 50% de las tierras pames y 33% de los territorios coras.
La lista incluye 42 pueblos indígenas que resienten la ocupación minera. Entre los más afectados están los chatinos, coras, mixtecos, rarámuris, tepehuanes y zapotecos.
El estudio refiere que la explotación minera “es génesis de múltiples conflictos sociales, que en algunos casos han derivado en enfrentamientos armados, desplazamientos forzados de comunidades y aumento de violencia”.
Luego de esa descripción, alerta sobre “una grave amenaza a la integridad cultural y territorial de los pueblos indígenas”, pues para ellos “el territorio va más allá del concepto de espacio; más bien define su estructura social como resultado de la unidad hombre-tierra-naturaleza”.
Los impactos de la actividad extractiva en esos territorios se relacionan con la minería llamada “a cielo abierto”, que es altamente contaminante y destructiva. Más que concentrarse en la descripción de los impactos, el estudio hace una serie de observaciones por la laxitud del marco jurídico y normativo ambiental y por las omisiones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El documento señala que además de los daños ambientales, los desarrollos mineros se han realizado “sin respetar los derechos que tienen los pueblos indígenas sobre su territorio: a su propiedad, al uso y goce de sus recursos y a la consulta, consagrados en la Constitución y tratados internacionales”, por lo cual dedica un amplio apartado a la revisión de dichos instrumentos jurídicos y sus complementos, como el de la consulta, para evitar mayores tensiones sociales.
El nivel de conflicto es alto, según la CDPIM. Con base en informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la ONU, México es uno de los países con más conflictos en la región por motivos socioambientales provocados por las empresas mineras, en particular por la falta de respeto a los territorios de pueblos originarios y la exclusión de sus habitantes.
En contraste, el estudio de la CDPIM refiere que cuando operan en su país, las mineras canadienses, además de sujetarse a estrictos planes ambientales, están obligadas a suscribir agendas de inclusión y armonización con los pueblos aborígenes.
Por otra parte, el estudio dedica un apartado a las condiciones laborales contrastantes entre México y Canadá en el sector. Su análisis se sustenta en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2012, la cual mostró que alrededor de 231 mil personas trabajaban en la minería. Sin embargo, el IMSS tuvo registro ese mismo año sólo de 110 mil mineros. De manera que 52% de los trabajadores de minas no cotizan en el Seguro Social.
La ausencia de seguridad social –algo impensable en Canadá– se suma a la disparidad salarial, según el estudio; asimismo, establece que 69% de los mineros ganan menos de cinco salarios mínimos.
La conversión a dólares canadienses es reveladora: un minero en México gana en promedio 3.26 dólares por hora y en una jornada de ocho horas sumaría 26.08 dólares. Un minero en Canadá gana 26 dólares por hora o 208 a lo largo de una jornada. Es decir que un minero canadiense gana por una hora de trabajo lo que un mexicano gana en un día.
“Si se toma en cuenta que el precio de los minerales es internacional y que los costos de producción son similares en México y Canadá, con la ventaja de que aquí no pagan impuestos, el bajo salario es injustificable, pues no compensa el riesgo y con frecuencia viola los derechos laborales.”
Por esos motivos el estudio establece que en el país hay 26 conflictos sociales activos derivados de la explotación minera en distintos estados, la mayoría por la operación de empresas de origen canadiense.
Y si bien destaca el papel de “potencia minera” global que tiene México, en sus conclusiones expone: “Debe hacerse valer el papel de potencia bajo reglas justas que impacten positivamente a todos los actores de esta ecuación”.
Por Arturo Rodríguez García
proceso.com.mx
Diciembre 19, 2013
