¿Cuántas veces negaron los del PRI las acusaciones de haber utilizado tarjetas de prepago? ¿Cuántos improperios le dirigieron a Andrés Manuel López Obrador por estar duro y duro diciendo que sí, que los del tricolor usaron tarjetas con dinero para apuntalar una organización de campaña capaz de comprar 5 millones de votos? ¿Cuántas veces las carcajadas de Pedro Joaquín Coldwell no acompañaron los improperios destinados al abanderado de la coalición Movimiento Progresista?
Ayer, el equipo jurídico que defiende el “triunfo” de Enrique Peña Nieto en las pasadas elecciones presidenciales entregó, a la Procuraduría General de la República (PGR), un escrito donde reconocen que sí utilizaron tarjetas para pagar a sus empleados, pero que no fueron para la campaña electoral y que no representaron mucho dinero: nada más alrededor de 70 millones de pesos.
Según nota ayer de Proyecto Diez, “el PRI nacional admitió que el partido utilizó al menos 7 mil 851 de tarjetas de prepago a través de las cuales repartieron poco más de 66.32 millones de pesos”. En el escrito del tricolor, también aparecido en la referida nota, se indica que dicho servicio se hizo a través de la empresa Alkino Servicios y Calidad S.A. de C.V., y no del Grupo Financiero Monex.
En el colmo del cinismo, en el escrito que ayer el PRI presentó a la PGR, se indica que el gasto realizado (los casi 70 millones de pesos) no puede ser considerado de campaña, pues: “debe enfatizarse que los recursos aplicados a través de las tarjetas que fueron entregadas por Alkino, Servicios y Calidad, S.A. de C.V., fueron empleados para cubrir gastos que, conforme con la normatividad aplicable, son considerados como ordinarios y no de campaña, y dichos gastos habrán de ser informados en el tiempo y forma establecidos en el artículo 83, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales”.
Aunque, contradictoriamente, en otra parte del escrito arguyen que, “cubrir” la jornada electoral, “implicó destinar recursos para algunos colaboradores que fungieron como representantes generales, que el Partido Revolucionarios Institucional contrató bajo el régimen de honorarios asimilados a sueldos, utilizando el mecanismo de pago electrónico vía tarjeta de prepago, para facilidad la operación de la estructura”.
Es decir, el mismo documento del PRI se contradice, porque, por un lado, indica que los poco menos de 70 millones de pesos que se usaron para pagar a sus cuadros políticos fueron de uso “ordinario” del partido, y, por el otro, argumenta que sí se utilizaron para cubrir la jornada electoral. ¡Quién los entiende!
Es un hecho: defender lo indefendible cuesta trabajo, y argumentarlo, puede terminar en documentos tan poco consistentes y tan cínicos como el que ayer presentó el PRI ante la PGR.
El PRI niega terminantemente su relación con el Grupo Monex y todo lo que tenga que ver con él. Pero varias investigaciones periodísticas (en especial las llevadas a cabo por el equipo de Carmen Aristegui en su noticiero de MVS Radio), indican que existió un financiamiento paralelo al legal, en el cual estuvieron vinculadas empresas fantasmas como Importadora y Comercializadora Efra, S.A. de C, que tiene la misma dirección del Grupo de Abogacía Profesional (GAP), encabezada por Gabino Fraga Mouret y su hijo, Gabino Fraga Peña (quien fue coordinadora territorial de compromisos de campaña de Peña Nieto).
Efra pagó 91 millones de pesos en tarjetas de prepago a Monex, presumiblemente para financiar una estructura paralela de “promoción del voto” (léase, compra de voto) para la campaña del PRI.
No cabe duda que cada día surgen nuevas evidencias de los gastos desorbitantes en la campaña de Enrique Peña Nieto. Y habrá que preguntarse, ¿se castigará eso? ¿Será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo suficientemente ético para invalidar la elección? ¿Las protestas sociales ayudarán a eso?
Nada está escrito. Pero, eso sí, en el cinismo más rancio, Pedro Joaquín Coldwell indicó “pido a la PGR que realice una investigación y que llegue hasta las últimas consecuencias (…) que se castigue a quienes han hecho de la mentira un instrumento de la propaganda política”.
No cabe duda, México está patas arriba: al revés.
Tomado de La Jornada Jalisco Julio 20 de 2012
Por Jorge Gómez Naredo* (@jgnaredo)
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