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lunes, 3 de septiembre de 2012

¿Y la legitimidad, apá?





Me pregunto si la constancia de “presidente electo” entregada por el Tribunal Electoral a Enrique Peña Nieto incluye legitimidad, un elemento indispensable para ejercer el poder debidamente. Su antecesor, Felipe Calderón, careció de legitimidad e intentó tenerla a través de las armas, es decir, a través del uso indiscriminado de la violencia de Estado, con su delirante guerra. Decidió pertrecharse cuál Emperador débil rodeado de su Ejército. 

En Sociología del poder, Max Weber señala que existen distintas formas de dominación ante la ausencia de legitimidad. Calderón no tuvo más remedio que optar por la “dominación tradicional”, sustentada en la creencia de que el poder es legítimo por estar encuadrado en una tradición de origen sagrado. El cristianismo del señor saliente de Los Pinos era público y notorio y él siempre sostuvo su poder gracias a Dios. Weber hace todo un análisis de otro tipo de dominación y sometimiento utilizado por el poder sin legitimidad. La “dominación racional”. Se trata de la creencia en la legitimidad del poder porque lo manda un ordenamiento legal o una institución. 

Es el tipo de dominación que utilizará Enrique Peña Nieto para mantenerse en el poder durante los próximos seis años. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), copartícipe del fraude maquinado a través de la compra masiva de votos por el PRI, intenta legitimar así a Enrique Peña Nieto entregándole un papel finamente enmarcado, con su vidrio y toda la parafernalia de la democracia simulada de este país, considerado por el Establishment como “constancia de presidente electo”. 

No nos lo creemos. El TEPJF ha traicionado su deber con los mexicanos. No ha investigado ni valorado las pruebas contra el fraude porque de antemano tenía la imposición del señor Peña pactada. El empleado de los ciudadanos y presidente del TEPJF, Alejandro Luna Ramos, advirtió de manera tajante, un día después de las elecciones, que “nadie ganará en la mesa lo que no pudo ganar en las urnas”. Y lo cumplió. Luna Ramos, hermano de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Luna Ramos, fue el mismo que hace seis años le dio el triunfo a Felipe Calderón por encima de las pruebas de fraude electoral. ¿Qué hace este señor todavía en ese puesto? ¿Por qué tenemos que mantener a semejantes autoridades? La oprobiosa actitud de los magistrados Luna Ramos, María del Carmen Alanís Figueroa, Manuel González Oropeza, Constancio Carrasco Daza, Salvador Olimpo Nava Gomar, Flavio Galván Rivera y Pedro Esteban Penagos López, de desechar en lugar de investigar, deja claro que las costosas instituciones electorales de este país, forman parte del cabaret burlesque democrático. 

Ellos creen que entregando un papel al señor Peña le entregan legitimidad. Y lo que entregan, según Platón, en su emblemático libro “República” es la timocracia, el gobierno de los que tienen cierta cantidad de dinero, para someter a un pueblo. La constancia de presidente electo no es democracia, es timocracia. Nos han timado. Se vendieron otra vez. 

Y algunos hemos decidido alzar la voz para dejar constancia del engaño, la afrenta y el golpe que eso significa al devenir cotidiano. ¿Con qué autoridad moral gobernará un hombre denunciado por comprar los votos de millones de mexicanos pobres? ¿Qué autoridad ostentará el señor Peña para someter al pueblo? ¿La violencia como su antecesor?… Seguramente. Es la tentación de cualquier dictatorcillo despótico emanado de la imposición y no de la voluntad popular. Eso será el señor Peña. Un ser menor autócrata, tiránico, ungido “presidente electo” a través de la onerosa burocracia electoral que obedece impunemente las ordenes del dinero y el poder en turno. ¡Cuidado!… Quien decide utilizar como medios para legitimarse el poder y la violencia “ha sellado un pacto con el diablo”, dicen Javier Muguerza y Carlos Gómez Sánchez en su libro La aventura de la moralidad que aborda las principales cuestiones de ética de nuestro tiempo. La ética que los magistrados del TEPJF ignoraron. 

Para ellos todas las denuncias fueron infundadas: adquisición encubierta de tiempos en radio y televisión, uso indebido de encuestas y estudios de opinión con propaganda electoral, financiamiento encubierto por conducto de Banco Monex S.A. de C.V.; conceptos de agravio relacionados con el caso Soriana; gasto excesivo en campaña y publicidad, intervención de gobiernos federal y locales; compra y coacción del voto antes, durante y después de la jornada electoral e irregularidades ocurridas durante los cómputos distritales. Los magistrados de la infamia no tienen legitimidad para dar legitimidad. Al contrario, sacrificaron la certidumbre de las elecciones a cambio de ofrecer un fallo institucional que no podemos respetar ni mucho menos aceptar. 

¿Qué sigue?… Seguir luchando, exhibir nuestra inconformidad desde el lugar donde desarrollemos nuestra actividad productiva, acudir a las protestas, boicotear económicamente todo tipo de productos y grupos empresariales que hayan contribuido al fraude electoral. Rechazar la imposición desde todos los ámbitos. La lucha apenas empieza. Sabíamos que participar dentro de las corruptas y cuestionadas instituciones electorales era asumir este riesgo y sabíamos que los dueños de México no iban a aceptar el triunfo de cualquier otro candidato. La entronización del candidato del PRI ya estaba pactada junto a la transición que le proporciona impunidad a Felipe Calderón. ¿Y la legitimidad?… El señor Peña no tendrá la legitimidad necesaria para gobernar. Será un hombre cuestionado desde el primer día hasta el final de su gobierno. Nuestra democracia ha sido secuestrada. Hay que rescatarla. 

Por Sanjuana Martínez 
Septiembre  3 de 2012


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