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Palacio Legislativo 23-04-2013 (Notilegis).- PAN, PRD y PT solicitaron de manera formal al secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara, juicio político en contra del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles.
Movimiento Ciudadano señaló que acompaña la petición, pero no firmó la solicitud al considerar que es un trámite que no será resuelto.
En conferencia de prensa conjunta, los coordinadores Luis Alberto Villarreal (PAN) y Silvano Aureoles Conejo (PRD) coincidieron en declaraciones a la prensa que el gobierno debe dar una respuesta a las demandas interpuestas por la oposición sobre un presunto uso de programas sociales con fines electorales en Veracruz.
Señalaron que los acuerdos políticos que se han logrado gracias al consenso del Pacto por México no deben ponerse en riesgo por esta situación, por lo que exhortaron al presidente Peña Nieto a “no caer en tentaciones para favorecer a su partido en los comicios locales de julio próximo en 14 estados”.
Villarreal García subrayó que los delegados federales que han sido mencionados como operadores políticos del PRI en todo el país deben ser cesados y pidió transparencia en el padrón de beneficiarios de los programas sociales.
Aureoles Conejo indicó que no se puede continuar lucrando con el hambre, la pobreza y la marginación de las personas para fortalecer a partidos políticos o candidatos
“La política pública en materia de desarrollo social no puede seguir siendo patrimonio del gobiernos en turno, ni puede moverse como herramienta de construcción de consenso partidario.
Tampoco se debe “usar para ganar procesos electorales. Ni dejar la operación de programas sociales en manos de “mapaches electorales”, afirmó Aureoles Conejo.
Señaló que aunque no se tiene evidencia directa en contra de la titular de Desarrollo Social (Rosario Robles), el gobierno federal debe emprender acciones tajantes que eviten que se cometan estos hechos y no sean sólo funcionarios menores quienes paguen los “platos rotos”.
El vicecoordinador del MC, Ricardo Mejía Berdeja señaló que la Comisión Jurisdiccional, la instancia que resuelve este tipo de asuntos, es presidida por el diputado del PRI, Fernando Rangel Espinosa, lo cual no garantiza parcialidad en su discusión de este caso.
El coordinador del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, indicó que los operadores políticos que pertenezcan al PRI y sean responsables de este programa deben cambiarse.
AMR / YRE / JGM
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miércoles, 24 de abril de 2013
miércoles, 17 de abril de 2013
Video: Ladrones de Elecciones de Veracruz
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Publicado el 17/04/2013
Video integro de la reunión del 7 de abril de 2013 de funcionarios públicos federales, estatales y municipales con estructura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Veracruz.
Publicado el 17/04/2013
Video integro de la reunión del 7 de abril de 2013 de funcionarios públicos federales, estatales y municipales con estructura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Veracruz.
Denuncia Proceso amenazas contra el reportero Jorge Carrasco, involucrados exfuncionarios de Veracruz
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MÉXICO, D.F. El semanario Proceso informa a la opinión pública que a raíz de la cobertura periodística y la coadyuvancia en las investigaciones ministeriales llevadas a cabo por nuestro reportero Jorge Carrasco Araizaga en el caso del asesinato de nuestra corresponsal en Veracruz, Regina Martínez Pérez, hemos recibido información sobre la presunta intención de funcionarios y exfuncionarios del estado de Veracruz de atentar contra la integridad personal del periodista.
Desde el pasado domingo por la noche, Proceso empezó a recibir informes acerca de una reunión entre exfuncionarios y funcionarios de gobierno, de seguridad pública y de la Procuraduría veracruzana cuyo propósito era acordar acciones hostiles en contra del reportero en respuesta a su publicación más reciente en torno el caso de Regina Martínez, que comenzó a circular en todo el país el mismo domingo 14.
La cita habría tenido lugar en el fraccionamiento Las Ánimas, en Xalapa, con la pretensión de ordenar la búsqueda de información personal del periodista en todas las bases de datos nacionales, además de dar con su paradero. Este semanario pudo averiguar que en esa reunión se acordó el traslado de agentes del gobierno veracruzano al Distrito Federal, así como a los estados de México, Morelos y Querétaro, para recabar datos relativos al periodista.
Este martes 16, la información más reciente obtenida por Proceso indicó que ayer lunes se realizó una nueva junta, en la cual se decidió la captura del reportero y la decisión de hacerle daño en caso de que se resista.
Los asistentes a dicha reunión, según este informe, fueron enfáticos en “tener cuidado con las cámaras” de seguridad pública instaladas en el Distrito Federal, donde ya se encuentra “gente” del estado de Veracruz.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación fueron puestas al tanto por este semanario de todos los detalles relativos a esas juntas y sus supuestos participantes. Desde la noche del lunes, estas autoridades activaron el mecanismo de protección a periodistas en favor del reportero.
Proceso responsabiliza al gobierno del estado de Veracruz de cualquier agresión que pudieran sufrir a partir de estos hechos Jorge Carrasco Araizaga y su familia, el actual corresponsal de la revista en la entidad, Noé Zavaleta, y todo el personal que colabora con este semanario en todo el país.
En el curso de hoy martes, tanto el gobernador Javier Duarte como el mayor José Nabor Nava Holguín, subsecretario de Seguridad Pública del estado, y Mario Delfín, director de la Agencia Veracruzana de Investigación, negaron de manera tajante haber tomado parte en las reuniones mencionadas y de las amenazas vertidas en ellas.
En declaraciones a Proceso, el mandatario y sus colaboradores se comprometieron explícitamente a respetar el trabajo periodístico de la revista, de sus reporteros y del corresponsal con sede en Xalapa, Noé Zavaleta. Duarte, adicionalmente, se comprometió a que habría un respeto absoluto a la integridad física de Jorge Carrasco.
MÉXICO, D.F. El semanario Proceso informa a la opinión pública que a raíz de la cobertura periodística y la coadyuvancia en las investigaciones ministeriales llevadas a cabo por nuestro reportero Jorge Carrasco Araizaga en el caso del asesinato de nuestra corresponsal en Veracruz, Regina Martínez Pérez, hemos recibido información sobre la presunta intención de funcionarios y exfuncionarios del estado de Veracruz de atentar contra la integridad personal del periodista.
Desde el pasado domingo por la noche, Proceso empezó a recibir informes acerca de una reunión entre exfuncionarios y funcionarios de gobierno, de seguridad pública y de la Procuraduría veracruzana cuyo propósito era acordar acciones hostiles en contra del reportero en respuesta a su publicación más reciente en torno el caso de Regina Martínez, que comenzó a circular en todo el país el mismo domingo 14.
La cita habría tenido lugar en el fraccionamiento Las Ánimas, en Xalapa, con la pretensión de ordenar la búsqueda de información personal del periodista en todas las bases de datos nacionales, además de dar con su paradero. Este semanario pudo averiguar que en esa reunión se acordó el traslado de agentes del gobierno veracruzano al Distrito Federal, así como a los estados de México, Morelos y Querétaro, para recabar datos relativos al periodista.
Este martes 16, la información más reciente obtenida por Proceso indicó que ayer lunes se realizó una nueva junta, en la cual se decidió la captura del reportero y la decisión de hacerle daño en caso de que se resista.
Los asistentes a dicha reunión, según este informe, fueron enfáticos en “tener cuidado con las cámaras” de seguridad pública instaladas en el Distrito Federal, donde ya se encuentra “gente” del estado de Veracruz.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación fueron puestas al tanto por este semanario de todos los detalles relativos a esas juntas y sus supuestos participantes. Desde la noche del lunes, estas autoridades activaron el mecanismo de protección a periodistas en favor del reportero.
Proceso responsabiliza al gobierno del estado de Veracruz de cualquier agresión que pudieran sufrir a partir de estos hechos Jorge Carrasco Araizaga y su familia, el actual corresponsal de la revista en la entidad, Noé Zavaleta, y todo el personal que colabora con este semanario en todo el país.
En el curso de hoy martes, tanto el gobernador Javier Duarte como el mayor José Nabor Nava Holguín, subsecretario de Seguridad Pública del estado, y Mario Delfín, director de la Agencia Veracruzana de Investigación, negaron de manera tajante haber tomado parte en las reuniones mencionadas y de las amenazas vertidas en ellas.
En declaraciones a Proceso, el mandatario y sus colaboradores se comprometieron explícitamente a respetar el trabajo periodístico de la revista, de sus reporteros y del corresponsal con sede en Xalapa, Noé Zavaleta. Duarte, adicionalmente, se comprometió a que habría un respeto absoluto a la integridad física de Jorge Carrasco.
Fuente: proceso.com.mx
viernes, 30 de noviembre de 2012
Xalapa no es lugar para vivir: activistas
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XALAPA, México, (IPS).- Algo huele mal en el oriental estado mexicano de Veracruz. En su capital, llamada alguna vez la "Atenas veracruzana" por su empuje cultural y artístico, ahora se respira miedo.
La policía ya no vigila en patrullas, sino en convoyes con efectivos con el rostro cubierto y armas largas. En las calles del centro y las terminales de autobuses de Xalapa es común ver carteles o volantes con la fotografía de algún joven desaparecido. En foros académicos, los forasteros son advertidos de que en el público habrá informantes del gobierno.
"Xalapa siempre fue un refugio para luchadores sociales de las comunidades del norte o de la sierra que sufrían violencia política. Parecía que era un lugar que no se tocaría, pero la cosa cambió con los operativos militares y el nuevo gobernador que asumió en 2010", dijo el activista ambiental Javier Hernández. Hernández dejó el estado después del asesinato de la periodista Regina Martínez y del profesor universitario José Luis Blanco Rosas, en abril y mayo de este año.
Con 720 kilómetros de costas y fronteras con otros siete estados, Veracruz se convirtió en los últimos años en un alargado agujero negro dentro del territorio mexicano. El tercer estado más poblado del país, con 7,6 millones de habitantes, y uno de los nueve que no han conocido la alternancia política en 83 años, es hoy la zona de mayor peligro para los centroamericanos en su paso hacia Estados Unidos. Uno de cada tres inmigrantes reportados como desaparecidos en territorio mexicano fue visto aquí por última vez.
"Sabemos que los secuestran y quienes no pueden pagar el rescate se ven obligados a unirse a las filas de la delincuencia. Los menos afortunados son explotados laboral y hasta sexualmente", explicó Rubén Figueroa, del Movimiento Migrante Mesoamericano que en octubre organizó una caravana de madres en busca de sus hijos.
Pero no sólo corren peligro los centroamericanos. En los últimos dos años fueron asesinados nueve periodistas, dos más están desaparecidos, al menos una docena se vieron forzados a marchar al exilio y un diario fue incendiado. También las organizaciones feministas están en alerta. Comenzaron a documentar la desaparición de mujeres y niñas en 2009, cuando fueron asesinadas 14 trabajadoras de un prostíbulo de Ciudad Isla, un poblado del sur que colinda con el estado de Oaxaca.
Los cadáveres mutilados de estas mujeres fueron encontrados varios meses después. Pero también se abrió con ello una verdadera caja de Pandora. "Desaparecen mujeres, pero también desaparecen niñas, niños, adolescentes y jóvenes y, sobre todo en Xalapa, muchos estudiantes", dijo un activista que pidió no publicar su nombre.
Los datos disponibles sobre este fenómeno son muy pobres. Las autoridades locales quitaron de su portal la información de personas reportadas como desaparecidas, mientras que el gobierno nacional del saliente Felipe Calderón contabiliza en Veracruz más de 600 casos en los últimos seis años.
Pero quizá el monstruo apenas ha mostrado la cola. Una investigación del diario Milenio, basada en la información de los servicios forenses de todo el país y publicada en octubre, reveló que en este estado están enterrados al menos 5.245 de los 24.000 cuerpos que han ido a dar a una fosa común durante el gobierno de Calderón.
El puerto de Veracruz, con mil cadáveres sin identificar en 2011
El puerto de Veracruz, con medio millón de habitantes, hubo más de 1.000 cadáveres sin identificar en 2011. Se trata, además, de una información parcial, entregada por una treintena de administraciones municipales, ya que el gobierno estatal de Javier Duarte negó la información con el argumento de que se "invadiría la privacidad" de los cadáveres desconocidos y que esos datos pondrían en riesgo las instituciones y "la integridad territorial del estado".
"Hay territorios totalmente perdidos, donde nadie está documentando lo que pasa", dijo un líder campesino. "En el norte del estado, en la región del (río) Pánuco, y en el sur, hacia Poza Rica y Coatzacoalcos, pasan cosas que nadie se atreve a denunciar", aseguró esta persona que pidió mantener su identidad en reserva.
En el horizonte no se ve puerto seguro. Al contrario, analistas de seguridad prevén un incremento de la violencia en las regiones dominadas por la organización mafiosa Los Zetas, después de que el 7 de octubre marinos de guerra abatieron supuestamente a su líder, Heriberto Lazcano.
Los Zetas, el más cruel de los ocho grupos del crimen organizado que operan en México, fue creado por exmilitares que originalmente se habían unido al narcotraficante Cartel del Golfo. En los últimos años extendieron su poderío y redes y ahora controlan toda la franja oriente del país.
La última batalla de los habitantes de Xalapa para recuperar su ciudad se dio en las elecciones presidenciales del 2 de julio, cuando también se renovaron escaños del parlamento nacional.
En esa instancia, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que logró la Presidencia de México para Enrique Peña, perdió la votación en las 486 mesas de la zona urbana de Xalapa, y David Flores, postulado por la izquierda, ganó la diputación federal.
Pero no fue suficiente. El PRI, que gobernó este país durante siete décadas consecutivas hasta 2000 y ahora se prepara para retomar el mando el 1 de diciembre, ganó el resto de los cargos estaduales de Veracruz con el voto de áreas rurales y de la región petrolera, cuyo sindicato es controlado desde 1997 por el senador priísta Carlos Romero Deschamps.
"Hubo una esperanza en las elecciones, luego de que unas madres se atrevieron a denunciar que sus hijos estaban desapareciendo. Entonces comenzó también una preocupación, desde el gobierno de Veracruz, por presionar a las víctimas para que no dijeran nada", denunció Hernández.
"Y Xalapa dejó de ser opción para vivir", sentenció el ambientalista.
Por Daniela Pastrana
losangelespress.org
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| Con la militarización de Xalapa, aumentaron las desapariciones forzadas. Foto: Daniela Pastrana |
XALAPA, México, (IPS).- Algo huele mal en el oriental estado mexicano de Veracruz. En su capital, llamada alguna vez la "Atenas veracruzana" por su empuje cultural y artístico, ahora se respira miedo.
La policía ya no vigila en patrullas, sino en convoyes con efectivos con el rostro cubierto y armas largas. En las calles del centro y las terminales de autobuses de Xalapa es común ver carteles o volantes con la fotografía de algún joven desaparecido. En foros académicos, los forasteros son advertidos de que en el público habrá informantes del gobierno.
"Xalapa siempre fue un refugio para luchadores sociales de las comunidades del norte o de la sierra que sufrían violencia política. Parecía que era un lugar que no se tocaría, pero la cosa cambió con los operativos militares y el nuevo gobernador que asumió en 2010", dijo el activista ambiental Javier Hernández. Hernández dejó el estado después del asesinato de la periodista Regina Martínez y del profesor universitario José Luis Blanco Rosas, en abril y mayo de este año.
Con 720 kilómetros de costas y fronteras con otros siete estados, Veracruz se convirtió en los últimos años en un alargado agujero negro dentro del territorio mexicano. El tercer estado más poblado del país, con 7,6 millones de habitantes, y uno de los nueve que no han conocido la alternancia política en 83 años, es hoy la zona de mayor peligro para los centroamericanos en su paso hacia Estados Unidos. Uno de cada tres inmigrantes reportados como desaparecidos en territorio mexicano fue visto aquí por última vez.
"Sabemos que los secuestran y quienes no pueden pagar el rescate se ven obligados a unirse a las filas de la delincuencia. Los menos afortunados son explotados laboral y hasta sexualmente", explicó Rubén Figueroa, del Movimiento Migrante Mesoamericano que en octubre organizó una caravana de madres en busca de sus hijos.
Pero no sólo corren peligro los centroamericanos. En los últimos dos años fueron asesinados nueve periodistas, dos más están desaparecidos, al menos una docena se vieron forzados a marchar al exilio y un diario fue incendiado. También las organizaciones feministas están en alerta. Comenzaron a documentar la desaparición de mujeres y niñas en 2009, cuando fueron asesinadas 14 trabajadoras de un prostíbulo de Ciudad Isla, un poblado del sur que colinda con el estado de Oaxaca.
Los cadáveres mutilados de estas mujeres fueron encontrados varios meses después. Pero también se abrió con ello una verdadera caja de Pandora. "Desaparecen mujeres, pero también desaparecen niñas, niños, adolescentes y jóvenes y, sobre todo en Xalapa, muchos estudiantes", dijo un activista que pidió no publicar su nombre.
Los datos disponibles sobre este fenómeno son muy pobres. Las autoridades locales quitaron de su portal la información de personas reportadas como desaparecidas, mientras que el gobierno nacional del saliente Felipe Calderón contabiliza en Veracruz más de 600 casos en los últimos seis años.
Pero quizá el monstruo apenas ha mostrado la cola. Una investigación del diario Milenio, basada en la información de los servicios forenses de todo el país y publicada en octubre, reveló que en este estado están enterrados al menos 5.245 de los 24.000 cuerpos que han ido a dar a una fosa común durante el gobierno de Calderón.
El puerto de Veracruz, con mil cadáveres sin identificar en 2011
El puerto de Veracruz, con medio millón de habitantes, hubo más de 1.000 cadáveres sin identificar en 2011. Se trata, además, de una información parcial, entregada por una treintena de administraciones municipales, ya que el gobierno estatal de Javier Duarte negó la información con el argumento de que se "invadiría la privacidad" de los cadáveres desconocidos y que esos datos pondrían en riesgo las instituciones y "la integridad territorial del estado".
"Hay territorios totalmente perdidos, donde nadie está documentando lo que pasa", dijo un líder campesino. "En el norte del estado, en la región del (río) Pánuco, y en el sur, hacia Poza Rica y Coatzacoalcos, pasan cosas que nadie se atreve a denunciar", aseguró esta persona que pidió mantener su identidad en reserva.
En el horizonte no se ve puerto seguro. Al contrario, analistas de seguridad prevén un incremento de la violencia en las regiones dominadas por la organización mafiosa Los Zetas, después de que el 7 de octubre marinos de guerra abatieron supuestamente a su líder, Heriberto Lazcano.
Los Zetas, el más cruel de los ocho grupos del crimen organizado que operan en México, fue creado por exmilitares que originalmente se habían unido al narcotraficante Cartel del Golfo. En los últimos años extendieron su poderío y redes y ahora controlan toda la franja oriente del país.
La última batalla de los habitantes de Xalapa para recuperar su ciudad se dio en las elecciones presidenciales del 2 de julio, cuando también se renovaron escaños del parlamento nacional.
En esa instancia, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que logró la Presidencia de México para Enrique Peña, perdió la votación en las 486 mesas de la zona urbana de Xalapa, y David Flores, postulado por la izquierda, ganó la diputación federal.
Pero no fue suficiente. El PRI, que gobernó este país durante siete décadas consecutivas hasta 2000 y ahora se prepara para retomar el mando el 1 de diciembre, ganó el resto de los cargos estaduales de Veracruz con el voto de áreas rurales y de la región petrolera, cuyo sindicato es controlado desde 1997 por el senador priísta Carlos Romero Deschamps.
"Hubo una esperanza en las elecciones, luego de que unas madres se atrevieron a denunciar que sus hijos estaban desapareciendo. Entonces comenzó también una preocupación, desde el gobierno de Veracruz, por presionar a las víctimas para que no dijeran nada", denunció Hernández.
"Y Xalapa dejó de ser opción para vivir", sentenció el ambientalista.
Por Daniela Pastrana
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domingo, 5 de agosto de 2012
Gobierno de Veracruz apapacha a Soriana con contratos
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XALAPA, Ver. (apro).- En febrero pasado, el gobierno de Javier Duarte otorgó a Tiendas Soriana, S.A. de C.V. un contrato por 594 millones 342 mil 720 pesos para abastecer de despensas al DIF estatal.
El fallo de la licitación pública nacional EA-930060989-N1-2012 fue adjudicado a la cadena de supermercados con domicilio fiscal en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Según la información publicada en el portal www.blog.expediente.mx del columnista local Luis Velázquez, Soriana se comprometió a abastecer al gobierno priista 596 mil 350 despensas como mínimo y una cantidad máxima de un millón 329 mil 460.
Además, de una despensa armada para los desayunos escolares con una cantidad mínima de 17 mil 500 y máxima de 42 mil unidades.
Barras de granola de 30 gramos para los desayunos escolares fríos y demás por una cantidad mínima de 10 millones 106 mil y máxima de 25 millones 102 mil unidades.
Y una dotación de ‘brik’ de leche semidescremada ultrapasteurizada natural de 250 mililitros para los desayunos escolares fríos, anexos, conexos y similares por una cantidad mínima de 32 millones 802 mil y máxima de 80 millones 940 mil unidades.
En la solicitud de información folio 00105012, respondida por el gobierno de Javier Duarte a través del Sistema Informex-Veracruz, se admite que Soriana ha sido “la única empresa participante en el concurso”.
En Veracruz, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que preside Karime Macías de Duarte, adjudicó un presupuesto de casi 600 millones de pesos para los programas alimentarios de norte a sur de la entidad.
Del DIF a la campaña
Otro eslabón que levanta sospechas sobre el uso indebido de las despensas es el hecho de que diversos servidores públicos del DIF participaron activamente en las campañas políticas en la entidad.
Por ejemplo, Astrid Elías Manssur, directora de Finanzas, dividió su tiempo para fungir como operadora política del candidato a diputado federal Francisco Cessa Servín, quien perdió en el distrito de Córdoba ante la panista Lety López Landero.
En Xalapa, Michelle Servín González, directora del DIF municipal, solicitó licencia a la alcaldesa Elizabeth Morales para integrarse de llenó a la campaña del priista Alejandro Montano Guzmán, como candidato a diputado federal.
En Coatzacoalcos, Lupita Porras de Theurel, presidenta del DIF municipal, pidió licencia para fungir como coordinadora de mujeres promotoras del voto de Enrique Peña Nieto en el sur del estado.
En el puerto de Veracruz, Ángela Perera Gutiérrez, solicitó licencia definitiva a la dirección del DIF municipal para lanzarse como candidata a diputada federal por el PRI, pero perdió.
En Papantla, Alma Jeanny Arroyo de Cienfuegos, presidenta del DIF en esta zona del Totonacapan, se separó del cargo y se lanzó como candidata priista a diputada federal en el norte del estado y logró su cometido.
En Veracruz, el DIF estatal y los sistemas asistenciales municipales son los encargados de repartir, muchas veces de forma discrecional, las despensas y programas alimentarios a los sectores más vulnerables.
Fuente: Proceso, 6 de Julio de 2012
XALAPA, Ver. (apro).- En febrero pasado, el gobierno de Javier Duarte otorgó a Tiendas Soriana, S.A. de C.V. un contrato por 594 millones 342 mil 720 pesos para abastecer de despensas al DIF estatal.
El fallo de la licitación pública nacional EA-930060989-N1-2012 fue adjudicado a la cadena de supermercados con domicilio fiscal en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Según la información publicada en el portal www.blog.expediente.mx del columnista local Luis Velázquez, Soriana se comprometió a abastecer al gobierno priista 596 mil 350 despensas como mínimo y una cantidad máxima de un millón 329 mil 460.
Además, de una despensa armada para los desayunos escolares con una cantidad mínima de 17 mil 500 y máxima de 42 mil unidades.
Barras de granola de 30 gramos para los desayunos escolares fríos y demás por una cantidad mínima de 10 millones 106 mil y máxima de 25 millones 102 mil unidades.
Y una dotación de ‘brik’ de leche semidescremada ultrapasteurizada natural de 250 mililitros para los desayunos escolares fríos, anexos, conexos y similares por una cantidad mínima de 32 millones 802 mil y máxima de 80 millones 940 mil unidades.
En la solicitud de información folio 00105012, respondida por el gobierno de Javier Duarte a través del Sistema Informex-Veracruz, se admite que Soriana ha sido “la única empresa participante en el concurso”.
En Veracruz, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que preside Karime Macías de Duarte, adjudicó un presupuesto de casi 600 millones de pesos para los programas alimentarios de norte a sur de la entidad.
Del DIF a la campaña
Otro eslabón que levanta sospechas sobre el uso indebido de las despensas es el hecho de que diversos servidores públicos del DIF participaron activamente en las campañas políticas en la entidad.
Por ejemplo, Astrid Elías Manssur, directora de Finanzas, dividió su tiempo para fungir como operadora política del candidato a diputado federal Francisco Cessa Servín, quien perdió en el distrito de Córdoba ante la panista Lety López Landero.
En Xalapa, Michelle Servín González, directora del DIF municipal, solicitó licencia a la alcaldesa Elizabeth Morales para integrarse de llenó a la campaña del priista Alejandro Montano Guzmán, como candidato a diputado federal.
En Coatzacoalcos, Lupita Porras de Theurel, presidenta del DIF municipal, pidió licencia para fungir como coordinadora de mujeres promotoras del voto de Enrique Peña Nieto en el sur del estado.
En el puerto de Veracruz, Ángela Perera Gutiérrez, solicitó licencia definitiva a la dirección del DIF municipal para lanzarse como candidata a diputada federal por el PRI, pero perdió.
En Papantla, Alma Jeanny Arroyo de Cienfuegos, presidenta del DIF en esta zona del Totonacapan, se separó del cargo y se lanzó como candidata priista a diputada federal en el norte del estado y logró su cometido.
En Veracruz, el DIF estatal y los sistemas asistenciales municipales son los encargados de repartir, muchas veces de forma discrecional, las despensas y programas alimentarios a los sectores más vulnerables.
Fuente: Proceso, 6 de Julio de 2012
jueves, 14 de junio de 2012
Indigna a la SIP el asesinato de periodista en Veracruz
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Miami (14 de junio de 2012).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su indignación por el asesinato de otro periodista en el estado mexicano de Veracruz, donde se ha registrado este año la mayoría de los crímenes contra comunicadores en el país. La organización hemisférica urgió a las autoridades a “atender estos casos con diligencia, eficiencia y responsabilidad”, así como acelerar las gestiones para la reglamentación de las legislaciones sobre federalización y protección de periodistas en riesgo. Víctor Manuel Báez Chino es el sexto periodista ultimado en México este año; el quinto en ser asesinado en Veracruz desde abril pasado. Báez Chino, editor de la sección policial de la edición online del periódico Milenio El Portal de Xalapa, en Xalapa, capital de Veracruz, fue secuestrado ayer alrededor de las 11:30 de la noche. Según colegas de esa ciudad, el cadáver, con signos de tortura, fue hallado esta madrugada muy cerca del centro de la ciudad, con una nota en la que se advertía que “este mes va a ser el peor para los reporteros”. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gustavo Mohme, expresó su solidaridad a familiares y colegas de Báez Chino, al tiempo que solicitó a las autoridades a “atender estos casos con diligencia, eficiencia y responsabilidad”. Recordó además, que en los últimos dos años, la SIP pudo determinar que más de 20 periodistas que trabajaban en Veracruz abandonaron la profesión, ante la violencia del crimen organizado y la escasa seguridad y protección que ofrecen las autoridades estatales y nacionales. Las autoridades dijeron hoy que el asesinato de Báez Chino - también miembro del consejo editorial del sitio de internet Reporteros Policiacos- estaría vinculado al crimen organizado. Tres hombres armados, a bordo de una camioneta gris, lo habrían interceptado a la salida de su oficina, obligándolo a subir al vehículo en el que huyeron con rumbo desconocido. En conferencia de prensa esta mañana, la vocera del gobierno de Veracruz, Gina Domínguez, aseguró que el crimen pretende intimidar a la sociedad y replegar a las autoridades en el combate contra los grupos delictivos, y se comprometió a utilizar todos los instrumentos de la ley “para dar con los responsables”. La Procuraduría General de la República (PGR) anunció el envío de un equipo especial para investigar el caso. De acuerdo a información recabada por la Unidad de Respuesta Rápida (URR) de la SIP en México, hace un mes, Báez Chino recibió una llamada telefónica de Domínguez, en la que le habría sugerido que abandonara Veracruz, debido a que el gobierno no podía protegerlo y podría estar buscándolo “esa gente”. La funcionaria negó haber hecho esa llamada. La SIP consideró como un avance significativo la aprobación en marzo de la enmienda constitucional para federalizar los delitos contra periodistas y medios de comunicación, ratificado la semana pasada por las legislaturas de 16 de los 32 estados del país. Sin embargo, reiteró el pedido de aprobación inmediata de las reformas a la legislación secundaria, tales como el Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para garantizar la efectiva implementación de esta norma. La SIP también pidió aplicar, en el caso de los periodistas de Veracruz, las medidas urgentes de protección para garantizar su vida, contempladas en la Ley para la Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, aprobada en abril pasado y urgió a que se publique en los órganos oficiales para que entre en vigencia. Báez Chino, con más de 30 años de experiencia periodística, era reconocido por su seriedad y honestidad, y considerado entre algunos colegas de Xalapa, como un “maestro”. Además de editar publicaciones en línea, publicaba información sobre seguridad y justicia. La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene sede en Miami, Estados Unidos. El Proyecto de la SIP Contra la Impunidad cuenta con el auspicio de la Fundación John S. y James L. Knight y tiene la misión de combatir la violencia en contra de los periodistas y disminuir la impunidad que rodea a la mayoría de esos crímenes. http://www.sipiapa.org; http://www.impunidad.com Fuente: SIP |
viernes, 4 de mayo de 2012
Lamentan asesinato de Periodistas en Veracruz, exigen atención inmediata
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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Organización Reporteros sin Fronteras y el Ministerio francés de Asuntos Exteriores, condenaron la mañana de hoy, el asesinato de tres periodistas gráficos en Veracruz, al tiempo que reiteraron su defensa de la libertad de prensa.
Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras en México, afirmó que Veracruz vive prácticamente en un estado de emergencia sobre el cual las autoridades estatales y federales tienen que poner una atención inmediata.
Aunque al inicio de su administración eliminó la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas, el gobernador Javier Duarte de Ochoa anunció hoy que creará dos organismos para la protección de los comunicadores y uno para atender a las víctimas del delito.
Por su parte, Duarte de Ochoa, acompañado por jefes navales y castrenses, confirmó que su compromiso y obligación es dar certeza y tranquilidad a los periodistas en el libre ejercicio de su trabajo.
En un mensaje emitido en el Casino Naval, indicó es un deber y convicción de su administración -en la cual suman nueve asesinatos de periodistas y dos desapariciones- atender a quienes han sufrido la delincuencia.
El Ejecutivo Estatal fue acompañado por el Comandante de la 26 Zona Militar, General de Brigada DEM, Efrén Soriano Aguirre y el Vicealmirante de la Tercera Zona Naval, Víctor Manuel Gamboa Carvallo, ante quienes reconoció el trabajo de los medios de comunicación y les expresó su solidaridad absoluta frente a los hechos que los han agraviado.
En la última semana, se reporta el asesinato de cuatro periodistas, entre ellos Regina Martínez, corresponsal en Veracruz de la Revista Proceso y tres reporteros Gabriel Huge, Esteban Rodríguez, Guillermo Luna y su pareja sentimental Irasema Becerra.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Organización Reporteros sin Fronteras y el Ministerio francés de Asuntos Exteriores, condenaron la mañana de hoy, el asesinato de tres periodistas gráficos en Veracruz, al tiempo que reiteraron su defensa de la libertad de prensa.
Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras en México, afirmó que Veracruz vive prácticamente en un estado de emergencia sobre el cual las autoridades estatales y federales tienen que poner una atención inmediata.
Aunque al inicio de su administración eliminó la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas, el gobernador Javier Duarte de Ochoa anunció hoy que creará dos organismos para la protección de los comunicadores y uno para atender a las víctimas del delito.
Por su parte, Duarte de Ochoa, acompañado por jefes navales y castrenses, confirmó que su compromiso y obligación es dar certeza y tranquilidad a los periodistas en el libre ejercicio de su trabajo.
En un mensaje emitido en el Casino Naval, indicó es un deber y convicción de su administración -en la cual suman nueve asesinatos de periodistas y dos desapariciones- atender a quienes han sufrido la delincuencia.
El Ejecutivo Estatal fue acompañado por el Comandante de la 26 Zona Militar, General de Brigada DEM, Efrén Soriano Aguirre y el Vicealmirante de la Tercera Zona Naval, Víctor Manuel Gamboa Carvallo, ante quienes reconoció el trabajo de los medios de comunicación y les expresó su solidaridad absoluta frente a los hechos que los han agraviado.
En la última semana, se reporta el asesinato de cuatro periodistas, entre ellos Regina Martínez, corresponsal en Veracruz de la Revista Proceso y tres reporteros Gabriel Huge, Esteban Rodríguez, Guillermo Luna y su pareja sentimental Irasema Becerra.
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Adorable Revolucion
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