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miércoles, 28 de diciembre de 2011

Reformas contra la impunidad para proteger periodistas en Latinoamérica, pide SIP



La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reclamó el martes a los gobiernos latinoamericanos más voluntad política para impulsar reformas públicas que combatan la impunidad de crímenes contra los periodistas.


La organización de prensa instó también a las autoridades del continente americano a crear programas que protejan a los periodistas.

Los pedidos de la SIP fueron efectuados durante un foro auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas y la Organización para las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su sede de París, Francia.

El mayor desafío que deberán enfrentar la ONU, la UNESCO y otras agencias regionales, como la OEA, es "lograr que cada gobierno se responsabilice y que haga las reformas de políticas públicas necesarias" , manifestó Jorge Canahuati, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la SIP, según un comunicado enviado por el organismo.

Canahuati, quien participó en el foro "Naciones Unidas - Reunión interagencias: La seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad" , dijo que "la situación es grave" en América Latina y aseguró que la mayor frustración en nuestro hemisferio "es la indiferencia e inacción de parte de muchos gobiernos en forma particular" .

"En América Latina estamos perdiendo la batalla en materia de seguridad y protección para periodistas. Los asesinatos se multiplican y la impunidad sigue profundizándose" , dijo el funcionario de la SIP.

Para Canahuati, los gobiernos deberían implementar reformas a la Constitución y al Código Penal.

Señaló también que podrían "crear nuevas leyes que sirvan para crear programas de seguridad, de protección de testigos, de creación de fiscalías y de jurisdicciones especiales para atender casos de violencia contra la prensa y la libertad de expresión en general" .

La SIP, cuya sede está en Miami, se dedica a defender y promover la libertad de prensa y de expresión en el continente americano. La organización está integrada por más de mil 300 publicaciones.

viernes, 23 de diciembre de 2011

Confía la SIP que se declarará inconstitucional Ley que regula al papel para periódico en Argentina



Miami (23 de diciembre de 2011) – La Sociedad Interamericana de Prensa calificó de “aviesas” las intenciones del gobierno de Argentina para controlar la libertad de prensa mediante la aprobación de una ley sobre la fabricación, venta y comercialización de papel para periódicos, al tiempo que confía en la justicia para dejar sin efecto una “legislación que es claramente anticonstitucional por su claro avasallamiento a principios sobre libertad de expresión”.

El presidente de la Comisión de Libertad de prensa de la SIP, Gustavo Mohme, dijo que la institución “lamentó el avance del gobierno sobre la libertad de prensa de parte del Congreso argentino”, en reacción a la aprobación ayer de la ley por la cual declara de interés público la producción, venta y distribución de papel para diarios.

Mohme agregó que “ahora nos resta esperar que las partes afectadas acudan a la justicia; y estamos seguros que un eventual fallo no podrá desconocer que esta legislación avasalla el artículo 32 de la Constitución Argentina y principios de jurisprudencia interamericana que prohíben la promulgación de leyes que afecten la libre distribución de las ideas”.

La ley, aprobada por el Senado nacional con 41 a favor, 26 en contra y una abstención, regula a través del Ministerio de Economía los precios, la comercialización y la producción del insumo, cuya principal manufactura en el país está a cargo de la empresa Papel Prensa, de la que son socios los diarios Clarín y La Nación, junto al Estado como accionista minoritario.

La SIP ya se había pronunciado en reiteradas oportunidades sobre los avances legales, judiciales y administrativos que propició el gobierno contra Papel Prensa, a los que calificó de “intenciones aviesas” por controlar la libertad de prensa.
La SIP también mostró su sorpresa esta semana por otros episodios que afectaron a diarios argentinos, de los que sospecha no fueron hechos aislados.

En ese sentido, manifestó su preocupación por la intervención judicial y el allanamiento el 20 de diciembre de la sede del canal Cablevisión en Buenos Aires, empresa del Grupo Clarín, por considerarla un acto excesivo de fuerza pública sobre un conflicto que, de existir, debería ser resuelto por métodos más apropiados.

El allanamiento, en el que participaron 50 policías militares armados, fue una medida judicial por una denuncia del grupo mediático Vila-Manzano de la provincia de Mendoza, contra la fusión de los canales de Grupo Clarín, Cablevisión y Multicanal, por presunto abuso de posición dominante.

La unificación de los canales fue autorizada en 2007 y revocada en 2010. La decisión judicial también dispone la intervención de la empresa por un año y la separación de los canales en 60 días.

La SIP también observó con inquietud otra decisión judicial del 22 de diciembre que afecta el patrimonio del diario La Nación de Buenos Aires y de otros 22 diarios argentinos. Por solicitud de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), un juez federal tributario decidió la inhibición general de los bienes de La Nación por una polémica deuda impositiva de vieja data. La Corte Suprema de Justicia había fallado en 2009 favoreciendo a las empresas periodísticas con la suspensión del pago de la deuda, un elemento que no fue tenido en cuenta por el magistrado que dispuso esta semana la inhibición de los bienes.

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos. Para mayor información, por favor visite http://www.sipiapa..org

miércoles, 21 de diciembre de 2011

La cobertura sobre conflicto político es letal para la prensa: CPJ






Un alto número de periodistas cayeron al cumplir con su labor informativa mientras cubrían protestas en la región árabe y el resto del mundo. Los fotógrafos y periodistas independientes son dos grupos vulnerables.


Pakistán continuó como el país más letal para la prensa por segundo año consecutivo, mientras alrededor del mundo la cobertura sobre inestabilidad política demostró ser inusualmente peligrosa en 2011, según reveló el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) en el registro anual de periodistas caídos por su labor. El análisis del CPJ descubrió cambios notables sobre datos históricos: los asesinatos premeditados bajaron mientras que las muertes por coberturas peligrosas como las protestas callejeras llegaron a su máximo nivel.



Los fotógrafos y camarógrafos, con frecuencia más vulnerables durante disturbios violentos, cayeron en índices mayores al doble que el promedio histórico. Al menos 43 periodistas cayeron en relación directa con su labor informativa alrededor del mundo en 2011, con siete caídos en Pakistán, país con el mayor número de víctimas fatales.


Libia e Irak, cada uno con cinco periodistas caídos, y México, con tres, también se figuran en lo más alto del ranking entre países con mayor número de muertes de reporteros vinculadas a su trabajo. La cifra total es consistente con el número registrado en 2010, cuando 44 periodistas cayeron por su labor


El CPJ continúa investigando los casos de otros 35 periodistas caídos en 2011 para determinar si estuvieron vinculados con su tarea periodística.


Fuente: SIP

miércoles, 14 de diciembre de 2011

Claman justicia en México familias de 80 periodistas asesinados




Con 80 periodistas asesinados y 14 desaparecidos, México se convirtió, en la última década, en el país más peligroso para ejercer el periodismo, provocado por una burocracia excesiva, la falta de control en las fuerzas armadas federales, así como un sistema judicial deficiente, afirmaron informadores y activistas en el ramo.

En este marco, en el foro “Justicia para los Periodistas Asesinados y Desaparecidos”, realizado en la Plaza Francisco Zarco de la Ciudad de México, familiares de informadores atacados, tanto por gobierno como por el crimen organizado, unieron sus voces con un reclamo en común: justicia.

Esposos, esposas, madres y padres de periodistas de Chihuahua, Baja California, Sonora, Michoacán y Sinaloa se reunieron, por primera vez, para visualizar una realidad que, aseguran, está plagada de impunidad, corrupción y mentiras.

En el acto, participó la viuda del reportero de El Diario de Juárez, Armando Rodríguez Carreón "El Choco", Blanca Martínez, quien advirtió que “la justicia es una forma de reparación del daño; justicia no como venganza sino como una señal de que el pacto social funciona”.
Hoy, aseguró, les puedo decir que esa justicia no ha llegado, hasta hoy yo no he recibido ninguna comunicación oficial formal sobre la investigación del crimen de mi esposo, ni la autoridad estatal en Chihuahua que tiene una averiguación previa en el caso, ni la autoridad federal que aparentemente atrajo el caso me han informado nada, lo que me parece esencial en el proceso de resarcimiento.

“Es como si el crimen de Armando no hubiera ocurrido, pero así fue. Hoy nosotros no tenemos más a Armando, sus hijos no pueden recurrir más a él y él no puede verlos crecer. Ya no esperamos a Armando, aunque lo añoramos y extrañamos de una forma que no se puede explicar.

Tampoco Armando ni nosotros hemos tenido la justica que merecemos y esa sí la seguimos esperando”, habló con lágrimas en los ojos.

Por su parte, Denisse, madre de Cristan Axel, reportero de Proyecto 40 desaparecido en Apatzingán, Michoacán coincidió en que “mi caso como el de muchos casos en México no se ha resuelto por la impunidad. En este caso yo no sé qué le hicieron a mi hijo, qué le hicieron, por qué motivo. Era un muchacho sano y trabajador y nuca recibí un apoyo por parte de la empresa que trabajaba, ni moral ni económico”.

Al respecto, previo al inicio del foro organizado por el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet) y Reporteros Sin Fronteras (RSF), Benoît Hervieu afirmó en entrevista que actualmente en México “hay una situación de peligro no sólo físico para los periodistas y en general para la sobrevivencia, de una prensa capaz de tener un ejercicio normal de la protección”.

Y es que, aseguró el integrante de RSF, en primer lugar, “hay un problema de control de las fuerzas públicas del orden que todavía no existe. En segundo, hay un sistema judicial que no funciona y tercero, se tiene la presencia de un sistema burocrático que ahoga los casos”.

“Esta burocracia no permitió resolver estos casos que eran también incómodos cuando se denunciaba la corrupción de algunos policías, también del Ejército con el crimen organizado y con abuso de derechos humanos que son cosas bastante incómodas”, precisó.

Sabemos, precisó, que hay que luchar contra el crimen organizado, pero no todos los métodos son buenos y, además, en el caso de los periodistas, en muchos casos, las autoridades apenas comienza la investigación te dicen “no es un asunto de prensa, el señor tenía deudas, una amante, deudas de familia, él tenía problemas de delincuencia organizada”, ahora eso se redujo un poco, pero recuerdo dos años atrás, existía una forma casi sistemática de desacreditar al periodista muerto y también a sus familiares. En tanto, Leonarda Reyes, del CEPET destacó que “por primera vez hay un intento por reunir a las familias de las víctimas de quienes han sido agredidas y de desaparecidos”.

A veces, recordó, nos preguntan por qué los periodistas quieren privilegios, pero no es un privilegio lo que estamos pidiendo, el hecho es que las agresiones a periodistas y medios de comunicación son agresiones en contra de la sociedad.
www.eldiario.com.mx