Las autoridades de México no pueden continuar ignorando que el uso de la tortura y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad y la policía se han vuelto rutinarios. En sus observaciones finales el Comité señala claramente que la impunidad es la norma y las medidas actuales para prevenir, investigar y sancionar el uso de la tortura son totalmente ineficaces.
El Presidente Calderón y su gobierno han invertido esfuerzos para ignorar y minimizar esta realidad. Es esencial que el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien asumirá la presidencia el 1 de diciembre, se comprometa de forma pública y explícita a cumplir con todas las recomendaciones señaladas por el Comité dentro de un periodo definido.
El Comité contra la tortura ha dado un año para que el gobierno de México facilite información sobre el seguimiento que hará a ciertas recomendaciones. En particular, el fortalecimiento de las salvaguardias legales de los detenidos, las investigaciones prontas y eficaces de cualquier denuncia de tortura y el enjuiciamiento de los responsables. Además el Comité solicita un seguimiento especial a las medidas para proteger a defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas.
Es imprescindible que el presidente electo demuestre que entiende la gravedad de la situación y la necesidad de realizar un programa de acciones concretas para terminar con la tortura y los malos tratos. Enrique Peña Nieto informó a Amnistía Internacional en una carta durante las pasadas elecciones que “asumo el pleno compromiso de implementar políticas y acciones que erradiquen cualquier acto de tortura”. Es hora de empezar a dar contenido a ese compromiso.
Antecedentes
En octubre Amnistía Internacional publicó un informe “Culpables conocidos, víctimas ignoradas: Tortura y maltrato en México”, AMR 41/063/2012. El informe fue presentado a los miembros del Comité contra la tortura que realizó la revisión de México a principios de noviembre.
El informe de Amnistía Internacional concluyó que el actual gobierno del Presidente Calderón ha hecho caso omiso a la epidemia de tortura que sufre el país para no tener que revisar su política de seguridad pública y su impacto en el deterioro grave de la situación de derechos humanos en el país.
Lejos de lograr la seguridad, ha permitido que las fuerzas de seguridad y la policía han incorporado en sus prácticas rutinarias el uso de la tortura y malos tratos contra cualquier persona que sea percibida con alguna conexión, cierta o no cierta, con la delincuencia.
La retórica de proteger los derechos humanos ha actuado como cortina de humo detrás de la cual las violaciones de derechos humanos se cometen impunemente. Esto es la herencia que el nuevo gobierno de enfrentarse para asegurar que la protección de los derechos humanos, es más sustancial que cursos de capacitación y promesas vacías.
Las observaciones finales de los informes periódicos quinto y sexto combinados de México, adoptada por el Comité contra la tortura en su 49º periodo de sesiones se puede encontrar en: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats49.htm
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