Peña interpreta recomendaciones internacionales por feminicidios como "felicitaciones"

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En el apartado “México con responsabilidad social” del Segundo Informe de Gobierno de EnriquePeña Nieto,aparece un párrafo (Pág. 496) que menciona que “México participó por segunda ocasión en el Mecanismo de Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el 23 de octubre de 2013, momento en el cual 87 Estados realizaron intervenciones”. En el Informe se destaca que “las delegaciones de otros países felicitaron a México por los avances de derechos humanos”, y agrega que estas delegaciones “formularon 176 recomendaciones para alentar al país a continuar con los esfuerzos en la materia”. De esas recomendaciones, “el 20 de marzo de este año, ante el Plenario del Consejo de Derechos Humanos, México aceptó 166“.

El EPU consiste en una revisión de los registros de los derechos humanos de los 193 Estados miembros de la ONU y se realiza cada cuatro años. El EPU está diseñado para garantizar la igualdad de trato para cada país al evaluar la situación de los derechos humanos. Los Estados miembros examinan el estado de los derechos humanos en sus territorios y quienes evalúan avances o retrocesos son los estados mismos: una evaluación entre iguales.

La situación de los Derechos Humanos en México se ha evaluado en dos ocasiones. La primera en 2009 y la segunda en 2013, como lo menciona el informe. Sin embargo, lo que omitió Peña Nieto fue que, más allá de las “felicitaciones por los avances”, en 2013, México duplicó las recomendaciones hechas por la comunidad internacional, pasando de 91 en 2009 (donde aceptó 83), a 176 en 2013.

La mayoría de las recomendaciones en 2009, giraban en torno a temas como: impunidad en los feminicidios, en la desapariciones forzadas, en los crímenes contra informadores, en las ejecuciones extrajudiciales y en los abusos contra los migrantes. Cuatro años después, en 2013, México recibió más 176 recomendaciones.

A pesar de que la comunidad internacional expresó “mucha preocupación por el por el incremento en los casos de tortura, la presencia militar en las calles y la violencia contra las mujeres, y del desempeño de las fuerzas de seguridad en tareas de seguridad pública, el incremento en los casos de tortura, la presencia militar en las calles, la violencia contra las mujeres, la permanencia de la práctica del arraigo en el sistema de justicia y la persistencia de las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas” en el EPU de 2013, el Estado mexicano interpretó como “felicitación” aquellas palabras de la comunidad internacional.

Por Sergio Castro Bribiesca

@SergioBibriesca

revoluciontrespuntocero.com

Invitan a presentación de Libro sobre feminicidios en el EdoMex

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Video: "Las muertas del Estado, libro sobre feminicidios en el Estado de México"

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Solalinde arremete contra machismo fomentado desde la iglesia

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El sacerdote Alejandro Solalinde

LEÓN, Gto. (apro).- El sacerdote Alejandro Solalinde responsabilizó a la Iglesia católica de mantener vigente la cultura del machismo, sobre todo en la región del Bajío, y a los gobernadores los acusó de ser simuladores al “firmar pactitos” y decir que todo está bien en lugar de declarar la alerta de violencia de género”.

Durante una visita para participar en un foro de migración en esta ciudad, el sacerdote defensor de los migrantes centroamericanos que ingresan a México dijo sin rodeos que los gobernantes están influidos por ese machismo que mantiene la Iglesia católica.

“Pregúntenselo y verán que (esos gobernantes) son católicos y como católicos, están influidos por ese machismo”, señaló a pregunta expresa sobre los asesinatos de mujeres que hoy tienen a Guanajuato en el primer lugar nacional en la estadística de feminicidios, de acuerdo con los datos de las organizaciones de la sociedad civil, que el gobierno de Guanajuato no reconoce.

Solalinde vislumbró un fin de sexenio desastroso en este tema. “Los feminicidios van a aumentar” porque los gobernadores tienen miedo de declarar la Alerta de violencia de género, que es lo que deberían de hacer, y son simuladores.

Agregó que se prefiere hacer congresitos o firmas de pactitos, “para decir que todo va bien y ya no va a haber violencia intrafamiliar”.

También lanzó críticas a la procuración e impartición de justicia, al aseverar que les falta visión, a partir de la experiencia de valorar a las mujeres y verlas de otra manera.

“Las mujeres son sagradas porque son sacramento del amor de Dios y si ellos no lo pueden ver, es porque son religiosos pero no han sido evangelizados; son católicos de membrete”, afirmó.

Los ministerios públicos son los primeros que deberían tener ese tacto y no pisotear los derechos de las mujeres, pues según expresó, “es impúdica la forma en que a veces los ministerios públicos las tratan. Deberían recibir una formación integral”.

Sobre el tema de la atención a los migrantes, el sacerdote dijo creer que el gobernador panista Miguel Márquez Márquez “tiene buena voluntad y es sensible”, pero falta que se dé una respuesta estructural y aplicar las leyes que se han promulgado para proteger a los migrantes.

Recordó que Guanajuato es una de las entidades marcadas por la expulsión de trabajadores. “La verdad no entiendo por qué; aquí en León, Guanajuato y en todo el estado de Guanajuato hay oportunidades, pero no son suficientes para las necesidades de la gente”, comentó.

Esto obedece, dijo, a una falta de visión y de dar prioridad a todo el fenómeno migratorio y a los derechos humanos.

“Esta tendencia de ver todo desde arriba y desde el escritorio tomar decisiones, necesitamos que los gobiernos se bajen, que escuchen a los jóvenes, que escuchen a las mujeres, por ejemplo ellas tienen tanta experiencia, tanto que decir y cómo ignorarlas, cómo permitir tantos feminicidios”, señaló en esta visita a León.

Tomado de Proceso/Octubre 30, 2013

Una nueva oportunidad en manos de autoridades el combate de la violencia contra las mujeres

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El día de hoy, Amnistía Internacional ha dirigido una carta a la secretaría del Sistema Nacional para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPSEVCM), con motivo de su reunión el día de mañana, 21 de junio, solicitando a esta dependencia reconsiderar su decisión de rechazar la declaración de la alerta de violencia de género en el Estado de México.


La alerta de género es un mecanismo de emergencia previsto en la legislación para hacer frente a la violencia de género, incluyendo los feminicidios.


Amnistía Internacional ha visto con preocupación cómo pese a que la violencia contra mujeres y niñas es generalizada en numerosas estados, y que se ha solicitado en diferentes ocasiones la aplicación de esta medida, hasta el momento se ha rechazado reiteradamente. Esta es una muestra más de la falta de aplicación efectiva de la legislación para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres.


La organización reitera su llamado a las autoridades mexicanas para que estas modifiquen sus procedimientos para así garantizar la aplicación efectiva del mecanismo de alerta de violencia de género y otras medidas para erradicar la violencia contra las mujeres.


Esta preocupación ha llegado también a organismos internacionales. El Comité para la Eliminación de todas las formas de Violencia Contra las Mujeres expresó en 2012 su preocupación por el aplazamientos en la aplicación de los mecanismos de protección previstos en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en particular […] las ineficiencias procesales que previenen la activación del Mecanismo de Alarma de Género, y recomendó al Estado mexicano abordar urgentemente los obstáculos que limitan la activación del mecanismo de Alerta de Género.


Amnistía Internacional, considera que las autoridades mexicanas están ante una nueva oportunidad de mostrar su compromiso real con la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Para ello, el SNPSEVCM, debe decidir de manera fundada y motivada sobre la procedencia de la declaratoria de alerta de género en el Estado de México.



Información adicional



En enero de 2011 el SNPSEVCM rechazó la declaratoria de alerta de género en el Estado de México. Ante esto, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) presentaron un amparo que finalmente llevó a una resolución judicial que obliga al Sistema considerar nuevamente su decisión de forma motivada y fundad.

Amnistía Internacional ha denunciado que un problema fundamental en torno a la inoperatividad de la alerta de violencia de género es que el SNPSEVCM se compone de ciertas instancias federales y de los institutos de la Mujer de los diferentes estados, los cuales dependen directamente del ejecutivo de cada estado. Así los ejecutivos estatales se convierten en juez y parte en la decisión, puesto que una medida que podría afectarlos es decidida por ellos mismos.


La alerta fue establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia justo para romper este círculo de impunidad y lograr una respuesta efectiva de diversas autoridades con la participación de la sociedad civil. La dificultad experimentada en la práctica para utilizar este mecanismo suscita serias preocupaciones acerca del compromiso de las autoridades federales y estatales en cuanto a la utilización de todos los medios disponibles en la lucha contra la violencia basada en el género.

Se suma #YoSoy132 a la manifestación en contra de la reforma energética

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México, D.F., 25 de febrero de 2013


Boletín de prensa del Encuentro Nacional #YoSoy132 (23 y 24 de febrero)


Los pasados 23 y 24 de febrero, las asambleas y comités que conforman el Movimiento #YoSoy132 nos reunimos por vez primera bajo el esquema de trabajo que fue aprobado en nuestra última Asamblea Nacional, realizada en Huexca, y en la Facultad de Economía de la UNAM llevamos a cabo este Encuentro Nacional para continuar con nuestro proceso de discusión y organización, de los cuales decantan las acciones fundamentales que llevamos a cabo como Movimiento.

Así, de estos dos días de discusión bajo nuestro nuevo modelo organizativo fue que obtuvimos los siguientes resolutivos:


Dentro de nuestros principios seguimos manteniendo las caracterizaciones que nos son propias: AntiPeña, Antineoliberal, Pacífico (como principio estratégico) y de origen estudiantil, por lo que entendemos que nuestra composición social va más allá de este último sector.
Nos oponemos a las reformas estructurales que se han venido llevando a cabo en los últimos años, y que se perfilan como parte central de las políticas del gobierno a través del mentado Pacto con México. Asimismo, seguimos solidarizándonos con todas aquellas luchas hermanadas como el Comité de Madres, Nuestras hijas de regreso a casa y demás luchas que en contra de la injusticia alcen la voz.



Bajo estos dos considerandos, acordamos las siguientes acciones:


La realización de un mitin y un brigadeo en el Zócalo en contra de la Militarización.
Nos sumaremos, el 8 de marzo, a la movilización en contra de los feminicidios, y nos fusionaremos con el contingente del Comité de Madres, Nuestras hijas de regreso a casa.
Nos sumaremos a la manifestación en contra de la reforma energética el 18 de marzo.



Finalmente, abrazamos como a un miembro más del Movimiento a Julian Assange, fundador de Wikileaks, quien por haber utilizado los medios de comunicación a favor de la verdad ha sido perseguido injustamente; por ello mismo, lo saludamos fraternalmente y le reiteramos nuestro apoyo. A pesar de la distancia, nos encontramos en la lucha, puesto que es la misma: la de la búsqueda de una sociedad más democrática.



Si no ardemos juntos ¿Quién iluminará ésta oscuridad?
¡Por una democracia auténtica #YoSoy132!

Feminicidios, 19 años consecutivos en Ciudad Juárez

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Gráfica de #YoSoy132 para hacer visible el tema de feminicidios en México. Fuente: La Voz de Anáhuac

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.- La impunidad durante 19 años en los crímenes contra mujeres se ha normalizado en Ciudad Juárez. Miles de jovencitas han sido raptadas y depredadas sexualmente, para después ser depositadas en restos óseos en el desierto o en fosas comunes con la completa indolencia y complicidad de las autoridades. Desde funcionarios, fiscales y políticos hasta militares y policías federales han estado involucrados en los asesinatos de mujeres jóvenes y pobres, sin que haya un solo caso de justicia para las madres y familiares de las víctimas.

El feminicidio sin tipificar en Juárez

Ciudad Juárez se dio a conocer internacionalmente por los crímenes de género perpetrados en 1993, identificados como los casos de "Campo Algodonero" donde ocho mujeres fueron raptadas, torturadas sexualmente y asesinadas. Han pasado 19 años desde entonces, y no ha habido un solo año en que no se cometan estos mismos crímenes. Sin embargo, en el estado de Chihuahua no es delito matar a una mujer por ser mujer. Bajo la confusión de la violencia doméstica y homicidios de otra índole, se disimulan los raptos de jovencitas que terminan en asesinatos después de su depredación sexual e incluso con casos con caraterísticas o evidencias de tráfico de órganos, y son tratados como cualquier delito de fuero común, pese a que se han destinado recursos para crear la infraestructura de una fiscalía especializada.

La abogada Francisca Galván Segura, representante jurídica del Comité de Madres y familiares con hijas desaparecidas de Ciudad Juárez, señala en entrevista para Los Ángeles Press que al no estar tipificado el delito de feminicidio, “es un claro mensaje para las bandas criminales de que pueden actuar en total impunidad, y son bandas poderosísimas en las que hay políticos y empresarios que son los que se benefician de este lucro que es el mismo cuerpo de las jóvenes”.

Galván Segura explica el concepto de feminicidio, y especifica que por razones de género se comete este asesinato en el que el cuerpo de la víctima es torturado sexualmente, es expuesto a la humillación pública hasta extinguirlo. Mientras, las familias no han recibido ningún tipo de justicia o compensación económica por la responsabilidad del estado mexicano en lo que se determinado a nivel internacional como crímenes de lesa humanidad.

Por Guadalupe Lizárraga

losangelespress.org

Feminicidios de clase, la violencia "normal" en Juárez

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CIUDAD JUÁREZ.- El grupo de académicas abocadas al análisis de la violencia contra las mujeres del Colegio de la Frontera Norte, Campus Ciudad Juárez, realizó el seminario internacional “Cuerpos y fronteras: transformando la violencia y rescatando la justicia”. El ejercicio académico a cargo de la socióloga Julia Monárrez Fragoso, tuvo como objetivo escuchar a las madres, quienes han sido las principales investigadoras de las desapariciones forzadas de sus hijas y sus feminicidios, pero también se enfocó a reflexionar y analizar el contexto en el que surge esta violencia con más de veinte años en Juárez.

Entre las ponencias, destacaron los testimonios de Silvia Banda y Luz Elena Muñoz, ambas madres de víctimas. Silvia Banda era madre de Fabiola Janette Valenzuela de 20 años, asesinada el 16 de septiembre de 2010, quien dejó un niño de dos años de edad. Lucía Muñoz aún busca a Nancy Ivette Navarro Muñoz, quien fue desaparecida el 13 de julio de 2011 a la edad de 18 años, cunado salió a buscar trabajo a centro de la ciudad.

El seminario del COLEF también fue marco para presentar propuestas orientadas a la visibilidad de las desapariciones y feminicidios como un problema público, y no sólo como estadísticas de cuerpos. La representante jurídica del Comité de Madres de Juárez y Familiares con Hijas Desaparecidas, Francisca Galván Segura, así lo planteó en su ponencia en la que partió de la tesis de que al tratarse de “feminicidios de clase” se normaliza la violencia contra las mujeres, porque no tienen poder ni recursos para defenderse.

Galván Segura señaló que la violencia contra el sector más vulnerable de las mujeres de Juárez, se ha normalizado por la impunidad de los criminales. Hasta ahora, en veinte años, los feminicidios de Ciudad Juárez siguen envueltos en misterios y corrupción en las invetigaciones.

En la ponencia presentada por la abogada espcialista, "Feminicidios de clase como la normalización de la violencia", señaló que "las autoridades hablan de restos de las jóvenes por decenas o cientos, como si fueran objetos. Los medios las identifican como cuerpos numerados, pero se olvidan que fueron vidas con ilusiones y con familias" dijo.

La experta enfatizó en la indiferencia de las autoridades hacia las víctimas: "en más de 20 años no ha habido ninguna autoridad que responda con justicia a la madre de una desaparecida. Cuando las madres van a pedir ayuda se les maltrata, se les ignora o se les miente", denunció ante el auditorio de académicas y miembros de organismos no gubernamentales. Informó también que las autoridades ofrecen una despensa a las madres con mayor precariedad la cual equivale a un valor aproximado de 8 dólares y se reparte cada mes. "Solo la normalidad del crimen en nuestra vida pública puede corromper de esa manera los corazones de quienes han sido designados para protegernos", impugnó.

Galván Segura se refirió a los funcionarios públicos como "los que saben mejor que nadie que las leyes han dejado de reconocerse y respetarse, y que no ha habido una investigación respecto a los responsables de los crímenes". Habló por el Comité de Madres y fue enfática al sostener que han dejado de confiar en las autoridades, porque éstas "han amenazado de muerte, porque han guardado silencio, porque nos han mentido, porque han manipulado las evidencias sobre los crímenes de las jovencitas"y puntualizó: "de todo esto hay pruebas, hay registros, hay nombres con apellidos."

Se refirió a los feminicidios como crímenes de clase y observó que en Ciudad Juárez no existe una colonia de bajo estrato social que no haya sufrido o esté en riesgo de sufrir la desaparición de una jovencita,  máxime si llega a ser desaparecidas en el centro de la ciudad.

Solas en el dolor Foto: FGS

Cuestionamientos y propuestas del Comité de madres

¿Cómo cambiar la perspectiva institucional a un diagnóstico de género?

Primero, decir ausentes o extraviadas tiene una connotación de voluntariedad de las jóvenes desde la perspectiva de las autoridades. Y esto genera retraso en su búsqueda, porque hay que esperar 48 o hasta 72 horas para levantar un reporte. A veinte años de tener el problema Sin embargo, las madres hoy en y varios miles de desaparecidas y asesinadas, las autoridades todavía le dicen a las madres que se esperan porque a lo mejor sus hijas se fueron con el novio.

Ahora las madres usan el término desaparecidas, desde otra connotación que va más allá del secuestro o la desaparición forzada, y que conlleva un conjunto de delitos incluyendo el feminicidio no tipificado en nuestro estado, pese a que es el problema central por el cual se identifica internacionalmente a nuestra ciudad.

Hay madres en Ciudad Juárez que oficialmente no podrán tener los cuerpos de sus hijas, sino solamente un papel donde se informe que la muestra ósea que se cotejó es de su ser querido, que no hay nada que entregar para honras fúnebres, solo el dictamen en un papel oficial. Esto ejemplifica la importancia y urgencia al actuar cuando se tiene el reporte de una joven desaparecida.

Despensa que otorga el gobierno de Chihuahua como ayuda a las madres de víctimas de feminicidios Foto: FGS

Algunos planteamientos del Comité de Madres:

1. La visibilidad de las víctimas. Tiene que haber un registro completo de quiénes son las víctimas. Su historia de vida completa, para analizar los patrones criminales. Las víctimas deben ser tratadas mediáticamente con estricto respeto, principalmente por las autoridades. Cualquier autoridad que haga comentarios a los medios fuera de lugar, con denotaciones misóginas, deben ser retirados de inmediato de la investigación, y puestos a disposición de sus superiores y hacer el anuncio público para informar a todos ese retiro obligatorio. Deben ser exhibidos para evitar confusiones e impunidad. Esto no es un juego. La autoridad debe actuar con el ejemplo moral que se requiere para atender este gravísimo problema.

2. Medios con perspectiva de género. Los medios deben ser atendidos por una persona especializada en el manejo de la información con perspectiva de género y debe haber una coordinación con las madres de las víctimas. Esto no significa censura o control informativo. Significa cooperación y ayuda a hacer visibles a las jóvenes secuestradas. Toda la sociedad debe estar atenta a esto, y sólo puede lograse con unidad e inteligencia.

3. Sanciones para periodistas que infrinjan los códigos éticos. Los periodistas que hagan un uso de la información no responsable, o promuevan una declaración de las autoridades con intenciones misóginas, u ofensivas para las víctimas o sus familiares deben ser sancionados negándoles el acceso a la información mediante un comunicado público a su mismo medio, redes sociales y a los demás. Si no se exige el respeto a todos y cada uno de los involucrados en difundir este problema, seguiremos dando pequeños pasos sin avanzar. Se necesita seriedad y compromiso de la sociedad en su conjunto.

4. Soluciones radicalmente distintas. Las acciones de las autoridades deben ser visibles para todos. Quiénes son las autoridades, qué méritos tienen para estar en esta búsqueda. No estamos buscando animalitos. Son vidas humanas en riesgo. Y las víctimas merecen la mejor disposición y vigilancia de la sociedad, principalmente de las autoridades, por toda la felicidad que ya se les ha robado. Por otro lado, las autoridades trabajan con recursos públicos, nuestros impuestos. Por lo tanto, es menester saber quién es quién en estas delicadas tareas, por toda la trayectoria de desconfianza que ya se tiene con los gobiernos en todos los niveles.

5. Se debe visibilizar la información. Cada determinado período, las autoridades deben estar elaborando breves actualizaciones de su trabajo para informar a las madres. Estas actualizaciones deben ser registradas públicamente, no ante los medios necesariamente, pero estar disponibles. Las madres deben saber qué se ha hecho mes a mes en la investigación de sus hijas. Si hay un informe que registre inactividad de una autoridad por tres meses o más, esta autoridad debe ser llamada a cuentas por el Comité de Madres, y dar una explicación pública sobre esa situación.

6. Las autoridades tendrán que clasificar la información de extremo riesgo. La madre tiene derecho a ser informada. Y son las autoridades las que deben estar dando cuentas a las madres de las víctimas y saber medir los niveles de riesgo. Las organizaciones civiles no están capacitadas para medir los riesgos, es tarea de la autoridad.

7. Organizar periódicamente reuniones entre autoridades. Las madres deben reunirse con autoridades, pero también con profesionales en sociología, criminología, investigadores forenses, comunicólogos e iniciados en la materia, para conocer el estado o status del problema y resolver dudas, explicar el contexto y mejorar la coordinación.

8. Terminar con la impunidad. Comprendemos que llevamos veinte años padeciendo estos crímenes en completa impunidad. Necesitamos ser atendidos y ayudados para armonizar nuestras vidas, las vida de las familias con la vida pública de Ciudad Juárez. Y esto sólo puede lograrse a través de un acuerdo explícito entre las autoridades y la sociedad. Un nuevo contrato, con nuevas obligaciones y acuerdos. Todos debemos poner nuestra voluntad en ello. Ya no podemos postergar más la atención a estos crímenes y seguir durmiendo tranquilos.

Por Guadalupe Lizárraga

losangelespress.com

Septiembre 26 de 2012

Con EPN como presidente, mujeres corren serios riesgos: activistas

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MÉXICO, D.F. (apro).- De confirmarse el nombramiento de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, la vida de las mujeres corre serios riesgos y sus derechos seguirán siendo violados, advirtió la coordinadora del Observatorio Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada.

“Si se confirmara a Peña Nieto (como presidente) tenemos una preocupación, porque en el tema de mujeres fue insensible y vivimos la simulación. Si va a atacar el feminicidio como lo hizo en el Estado de México, la situación de la vida de las mujeres corre graves riesgos”, puntualizó la activista, cuya organización ha documentado miles de feminicidios en el país, además de desapariciones de mujeres y niñas.

En conferencia de prensa para informar sobre la comparecencia del Estado mexicano –el próximo martes 17– ante el Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas, Estrada recordó que como gobernador, “Peña Nieto se negó a que se realizara una investigación por parte del Sistema Nacional para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”.

Además, dijo, “creó una ley contra los feminicidios en la que resulta imposible determinar que existen, porque uno de los requisitos es certificar que el responsable del crimen lo hizo por discriminación, pero el primer problema es que no hay detenidos. Entonces, ¿cómo se va a acreditar ese elemento?”.

Por su parte, Gloria Ramírez, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, señaló que otra deuda que tiene Peña Nieto con las mujeres es el caso Atenco, que actualmente es sometido al escrutinio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“El caso Atenco también será expuesto en el comité CEDAW, y como Peña Nieto asumió la responsabilidad del operativo, en la Universidad Iberoamericana, va a tener que rendir cuentas ante los mecanismos internacionales, puntualizó Ramírez, también integrante de la Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos.

En su oportunidad, Teresa Ulloa, de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), señaló al gobierno de Felipe Calderón como “un desastre para los derechos humanos y la lucha contra la violencia a las mujeres”.

Explicó que al declarar la guerra contra el narcotráfico, las mujeres se convirtieron en uno de los sectores más vulnerables, presas tanto de los cárteles del narcotráfico como de las fuerzas armadas y de las corporaciones policiacas.

Ulloa adelantó que el informe que presentará al CEDAW resalta que de 2005 a 2011 la trata de mujeres y niñas se ha incrementado de manera preocupante, y que en estados controlados por los cárteles del narcotráfico se secuestra a niñas de entre 12 y 16 años para convertirlas en esclavas sexuales, mulas para transportar droga, “halcones” y sicarias.

“Por lo general, después de un tiempo de esclavitud, las jóvenes son asesinadas, desfiguradas del rostro, descuartizadas y decapitadas para impedir su identificación”, añadió.

La activista resaltó que CATWLAC litiga 45 casos con esas características y que los estados con mayor incidencia de este tipo de violencia son Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Oaxaca, Quintana Roo y Chiapas, principalmente, seguidos por los estados de Guerrero y Sinaloa, y de forma incipiente en Baja California Sur.

Del otro lado de la moneda, agregó, se ha registrado un incremento de violaciones sexuales, prostitución y embarazos en adolescentes en las zonas ocupadas por fuerzas armadas, sobre todo en Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz.

Añadió:

“En Apodaca hay 115 jovencitas desaparecidas a partir de la ocupación militar, además de que tenemos casos de mujeres que son detenidas, junto con presuntos delincuentes, y que llegan violadas sexualmente por las autoridades a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Hay un incremento de entre 25% y 50% de fenómenos asociados con la trata, donde se llevan a cabo operativos conjuntos. Eso es un hecho irrefutable”.

Ulloa subrayó que en los últimos cinco años, 25 mil mujeres fueron sepultadas en fosas comunes como consecuencia de la falta de protocolos para identificación de cadáveres y bases de datos de desaparecidas.

Sobre el incremento de los feminicidios y desapariciones, María de la Luz Estrada agregó que de acuerdo con informes de la ONU, de 2007 a 2009 la tasa de feminicidios aumentó en promedio 68% en el país, en tanto que en nueve estados (Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Quintana Roo, Estado de México, Hidalgo, Sinaloa, Coahuila y Veracruz) que proporcionaron información al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, 3 mil 149 mujeres se reportaron como desaparecidas de 2010 a 2011.

En el caso de Veracruz, apuntó, en los últimos cinco años se contabilizaron 5 mil mujeres desaparecidas, de las cuales sólo se esclareció el paradero de 800.

“Hay que alertar en que hay estados en los que los feminicidios crecieron de forma alarmante. Por ejemplo, en Nuevo León fue de 298% en los últimos dos años. Los principales incrementos se dan en Sinaloa, Chihuahua y Estado de México, y cabe destacar que en el 60% de los casos se desconoce al agresor, por lo que quedan en total impunidad”, dijo Estrada.

Regina Tamés, del Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE), adelantó datos sobre la situación de los derechos reproductivos de niñas, adolescentes y mujeres en México, entre ellos la prevalencia de la mortalidad materna con niveles de 51.5 decesos por cada 100 mil nacimientos.

Presentó, además, un índice preocupante de embarazos entre menores de edad, de 26.8%, como consecuencia de la eliminación de la educación sexual en los programas escolares; la discriminación contra 50 mil mujeres portadoras de VIH, y la preocupante tendencia a criminalizar a las mujeres por abortar.

Sobre el último tema, informó que GIRE registró en el último año 15 procesos contra mujeres por aborto en los estados de Puebla, Estado de México, Hidalgo, Quintana Roo, Chihuahua, Yucatán, San Luis Potosí y Michoacán.

Otro asunto de preocupación de las organizaciones de mujeres es el que tiene que ver con la violencia hacia defensoras de derechos humanos y periodistas.

Jessica Sánchez Maya, de Consorcio Oaxaca, recordó que de 2005 a 2012 fueron asesinadas 13 mujeres periodistas y más de 100 han denunciado algún tipo de violencia en su labor, en tanto que de diciembre de 2010 a diciembre de 2011, 11 defensoras de derechos humanos fueron asesinadas.

Las defensoras resaltaron que los temas que las organizaciones civiles llevaran al comité CEDAW versarán sobre la crisis de seguridad y violencia de género, situación de defensoras y periodistas, acceso a la justicia, derechos reproductivos, trata y explotación sexual, derechos políticos, educación, feminicidio, seguimiento de recomendaciones y así como derechos laborales.

Fuente: Proceso, Julio 11, 2012

Por: Gloria Leticia Díaz

Foto: flickr.com

Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia

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Al presentar este mediodía en el paraninfo de la Universidad de Guadalajara el libro Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios 1985-2009, la coordinadora de Relaciones Institucionales del Instituto Nacional de las Mujeres, Aranzazú Flores Castellanos, señaló la necesidad de que las mujeres en el país tengan el derecho de vivir una vida libre de violencia de cualquier tipo.

“Todos los estados del país cuentan ya con una ley contra la violencia. Ahora nos reúne un tema importante, como es el feminicidio. Este problema todavía no logra identificarse del todo, por lo que no existe un registro sistemático. Por ello, las cifras para abordar el problema nos plantean varios aspectos para fortalecer las políticas públicas”, dijo Flores Castellanos.

Agregó que hace falta consolidar el trabajo de homologación de normas entre lo federal y lo estatal para darle la misma protección a mujeres, con “sanciones ejemplares” en todo el país. “Debemos tener el mismo concepto y la misma sanción en el norte y el sur de México, porque todas las mujeres mexicanas tenemos los mismos derechos”, señaló.

Agregó que “Lograr esta homologación es lo que nos motiva en el Instituto Nacional a las Mujeres. Llevar este documento a los estados, a través de las principales universidades para que en la Academia se motive una mayor investigación y que se retome por el gobierno estatal para generar nuevas propuestas de política pública que permitan sancionar la violencia feminicida”.

Aclaró que en la legislación de Jalisco se reconoce un factor importante para la violencia contra las mujeres: se agrava la pena cuando infringe el cónyuge. Sin embargo, términos como la “razón de honor” disminuye la pena, por lo que urgió a eliminar este tipo de conceptos que impiden una mayor y mejor impartición de justicia.

“Otro avance es la sanción de la violación entre cónyuges. Sin embargo, aún falta tipificar en su Código Penal el feminicidio como un primer paso para una sanción adecuada. Es importante recordar que para llegar al fondo de la tipificación del feminicidio un antecedente clave es la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia” detalla Aranzazú Flores.

“Este instrumento jurídico establece la violencia feminícela como la violación de los derechos humanos, conformada por las conductas de odio hacia la mujer que puede culminar con homicidio y otras formas de muerte de violencia. Es la primera legislación mexicana que desde la perspectiva de género establece la coordinación entre los tres órdenes y ámbitos de gobierno, para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres”, dijo.

En representación del Rector general de la UdeG, Marco Antonio Cortés Guardado, estuvo la coordinadora del Centro de Estudios de Género de la UdeG, Candelaria Ochoa Ávalos, acompañada de la diputada federal María Antonieta Pérez Reyes; la presidente del Instituto Jalisciense de las Mujeres, Carmen Lucía Pérez Camarena, y de la directora regional de ONU Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, Ana Güezmes García, entre otras.

Convocarán a cumbre sobre feminicidios

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Gloria Ramírez, de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM, y presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, señaló que convocará a una Cumbre sobre feminicidos en México ante el creciente fenómeno nacional de asesinatos de mujeres en todo el país.

La activista dijo lo anterior al presentar el libro “Construyendo caminos y esperanzas” de Esther Chávez Cano, defensora de derechos humanos en Ciudad Juárez, y quien murió el año pasado víctima de cáncer.

El evento se realizó en el marco del 15 aniversario de la Cátedra de la Unesco, y en la realización del foro “La Universidad ante los paradigmas de los derechos humanos en el siglo XXI”, y que se realizó en el museo Isidro Fabela en San Ángel.

Al evento acudieron defensores de derechos humanos y académicos, se analizó la situación en particular de ciudad Juárez y el asesinato de defensores de derechos humanos, por lo que se propuso convocar a las universidades a posicionarse frente al tema para que el estado mexicano termine con la impunidad.