El Congreso de la Unión de México aprobó a fines de mayo del 2014 las leyes reglamentarias de la
reforma político-electoral, que deben organizar las elecciones federales y locales para el año 2015. Tal reforma representa un retroceso para los pueblos indígenas mexicanos ya que no considera la forma de elegir autoridades locales por el sistema de usos y costumbres.
A pesar del esfuerzo de ciudadanos, académicos, organizaciones y el movimiento indígena –quienes entregaron una serie de propuestas a senadores y diputados federales de Oaxaca, mucho antes de haber sido aprobada dicha reforma– la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas no ha sido garantizada.
“Al no garantizar el derecho de autonomía y representación política de los pueblos, se niega la diversidad de organización política que existe en el país”, evalúa Aldo González Rojas, indígena zapoteco y director de vigencia de los derechos indígenas de la Secretaría de Asuntos Indígenas, del estado de Oaxaca. “Se creó una laguna jurídica ya que este otro sistema existe pero no es reconocido. Las comunidades indígenas deben tener certeza jurídica”, afirma González.
El consejero electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Víctor Leonel Juan Martínez, también sostiene que la reforma pone en cuestión la autonomía de los pueblos indígenas. “Lejos de buscar el encuentro con los indígenas, buscan minar su espíritu colectivo; en lugar de establecer acuerdos, los ven como clientela política; lejos de construir un proyecto de nación multicultural, buscan intereses facciosos y hacen un uso instrumental de la bandera indígena”, declaró durante la
XIII Sesión del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, realizado en mayo del año 2014.
Frente a esta situación, contrasta la
nueva iniciativa de reforma en materia de derechos y cultura indígena que está en trámite en el congreso de Oaxaca. “Lo que estamos haciendo en Oaxaca es que a partir de la propuesta de reforma constitucional en materia indígena, que está en discusión ahora en manos de la cámara de diputados, se aborde el tema electoral de los pueblos y se garantice la autonomía de las comunidades indígenas”, explica González. Así, “si las leyes federales no regulan la materia vamos a trabajar para que sea regulada de la mejor forma en la Constitución y las leyes del estado; en Oaxaca no podemos dejar de lado este asunto”.
De acuerdo con el
Instituto Federal Electoral (ahora INE), no existe una estadística a nivel federal de cuántos municipios en México eligen sus autoridades por el sistema de usos y costumbres. El único estado en el país que reconoce legalmente esta forma de elección es Oaxaca. De los 570 municipios que forman el estado, 418 eligen por usos y costumbres.
Primera consulta a los pueblos indígenas
Para la construcción de la propuesta de la iniciativa de reforma, la Secretaría de Asuntos Indígenas, dependencia del gobierno estatal, emitió una convocatoria pública y llevó a cabo una consulta. Se realizaron 24 foros regionales donde participaron más de cinco mil personas, entre ellas, 1500 autoridades municipales, un foro estatal integrado por 500 delegados representantes de cada uno de los foros regionales.
En un primer momento, líderes indígenas, académicos y abogados trabajaron para crear criterios que fundamentasen la reforma. Estos tres grupos integrados hicieron estudios y analizaron leyes nacionales e internacionales que han sido referencias sobre procesos indígenas. A partir de ahí se marcaron
ejes de discusión como: comunicación indígena, cultura, medicina tradicional, mujer indígena, valores comunitarios, sistemas de gobierno, procesos electorales, autonomía, autodeterminación (tierra y territorio), jurisdicción de Estado y consulta.
Se construyó una plataforma para cada uno de los puntos y fueron sometidos a consulta. De ahí se realizó una publicación con estos criterios y fue enviada a las autoridades de las comunidades para que la revisaran y se discutiese. En seguida fue lanzada la convocatoria en los lugares donde se realizarían las consultas. “Se lanzó la convocatoria basada en el principio de que el Estado debe escuchar a los pueblos antes de hacer reformas y leyes. Es la primera consulta que se hace en los pueblos indígenas de Oaxaca”, afirma Melquiades Cruz Miguel, jefe de departamento de comunicación indígena intercultural, de la Secretaría de Asuntos Indígenas, quien también fue partícipe de la realización de la consulta en la Sierra Norte.
Después de los foros, se creó un comité técnico de expertos, formado por intelectuales, abogados y líderes indígenas, para transformar en formato de proyecto de ley todo el resultado de la consulta.
Terminado el proceso, se convocó a un Foro Estatal de Pueblos Indígenas para que avalase la versión final del documento. “Y, por último, el texto fue presentado a un consejo consultivo, integrado también por intelectuales y líderes indígenas, de forma que validara y legitimara la consulta”, explica Cruz.
La propuesta fue presentada al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, en agosto del año 2013. El texto pasó por un consejo técnico de gobierno y, en marzo de 2014, fue enviado para su aprobación a la Cámara de Diputados.
Se prevé tener una resolución final en el mes de octubre. “No sabemos si los diputados van aprobar la reforma completa o recortada, porque tratar de territorio, de autonomía, de jurisdicción indígena, afecta intereses”, afirma Cruz.
Fortalecimiento de las asambleasLa iniciativa de reforma busca desde un principio fortalecer el tejido de las comunidades indígenas. “Se fortalecen los derechos de las comunidades, se reconoce que las decisiones de las asambleas comunitarias tienen efectos hacia fuera, o sea, no sólo al interior del pueblo, el Estado tiene que respetar sus decisiones”, afirma González.
La propuesta establece mecanismos para que las comunidades puedan desenvolver sus planes de desarrollo, ejecutar las acciones que determinen, evaluarlas y fiscalizarlas. “Se reconoce que las comunidades tienen mecanismos propios desde planificar hasta fiscalizar sus recursos”.
Otro punto de la reforma es el derecho de las comunidades a la consulta y consentimiento libre, previo y formal siempre en casos de acciones administrativas por parte de los gobiernos municipal y estatal. “No es fácil pero, por ejemplo, en casos de concesión de tierra a las empresas de minería, uno de los requisitos que les piden es tener el cambio de uso de suelo otorgado por la autoridad municipal. La propuesta es que este cambio de uso de suelo pase por asamblea”, explica González.
Cortes en la propuestaDe acuerdo con el secretario de vigencia de los derechos indígenas, el gobernador quitó, antes de enviar el proyecto a la Cámara de Diputados, dos puntos básicos fruto de la consulta. La propuesta inicial contemplaba que se establecería un instituto autónomo de los pueblos indígenas de Oaxaca, que sería fundamental para llevar adelante las políticas públicas. “Y cuando se presenta por el gobernador al congreso, la propuesta del instituto ya no estaba”.
Otra propuesta no aceptada completamente es la que establece la posibilidad de que los municipios que se rigen por sistemas normativos propios pudieran nombrar a sus diputados por mecanismos diferenciados a la de los partidos políticos.
“Hay algunos actores que no manejan el tema de los pueblos indígenas, que tienen temores acerca del derecho a la autonomía y la libre determinación de los pueblos y que tratan de minimizar algunas de las propuestas”, justifica González.
Disputa de fuerzasPara González, un punto que debe generar más polémica se trata de los derechos políticos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, el planteamiento de la creación de un parlamento indígena, del cual considera que quizá no se apruebe en su totalidad. “Seguramente se quedará algo general en la Constitución sobre el asunto”.
Una reforma de esta naturaleza es una disputa fuerte dentro del Estado, evalúa. “No se puede olvidar que Oaxaca es esencialmente indígena y el Estado tiene una deuda enorme con los pueblos. Que se pueda aprobar una reforma de esta naturaleza sería hacer justicia. No aprobarla sería una injusticia. Los pueblos indígenas han estado invisibles. El Estado se construyó liberal de acuerdo con el pensamiento francés y norteamericano. Nunca se volteó a ver que los pueblos indígenas también tenían sus propuestas”.
LímitesGonzález admite los límites de la ley. “Cuando sea aprobada la reforma, los indígenas tendrán nuevos recursos jurídicos para defender sus tierras. Pero no es una cuestión fácil. No son recursos orales, no son de fácil acceso, son necesarios los abogados para acceder a estas herramientas. Será necesario pasar por un periodo de pruebas”.
Cruz advierte, por su parte, que la aprobación de la reforma constitucional no será suficiente si no se garantiza el funcionamiento de nuevas instituciones que materialicen políticas públicas para los pueblos indígenas. “Si esto no ocurre, pasará lo mismo que pasó con la
ley de 1998, que no tuvo repercusión. Es necesario reglamentar, definir cómo las leyes van a ser aplicadas, cuáles instituciones deben operarlas y de dónde deben venir los recursos. El trabajo que tendremos después de la aprobación es mucho mayor. Es necesario tener los mecanismos para que se pueda aterrizar todo esto”.
HistoriaDe acuerdo con el abogado y jurista indígena
Francisco López Bárcenas, los pueblos indígenas de Oaxaca tienen una larga historia y tradición de lucha en defensa de sus derechos, que han sabido combinar para relacionarse con el Estado y el resto de la sociedad manteniendo su identidad étnica. Esto se ha reflejado en las constituciones y leyes que han normado la vida política de esta entidad federativa desde antes de la federación mexicana.
“El estado de Oaxaca cuenta entre sus méritos haber sido el primero de la República mexicana que comenzó a legislar en materia de derechos indígenas, mucho antes incluso de que el gobierno federal firmara el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, en el año de 1989, y por lo mismo antes de que se reformara el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde por primera vez se reconoció la pluriculturalidad de la nación mexicana sustentada en la presencia de sus pueblos indígenas y algunos derechos culturales de ellos”, afirma López Bárcenas.
Un factor determinante fue el surgimiento del movimiento armado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, compuesto mayoritariamente por indígenas, que marcó una nueva generación del movimiento indígena en México y el mundo.
“Fue un parteaguas en la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas de México y del mundo. El levantamiento del EZLN, y en particular, los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena fueron factores fundamentales para la generación de un fuerte movimiento indígena nacional que conformó el Congreso Nacional Indígena (CNI), mismo que se hizo portavoz principal –junto con el EZLN- de las exigencias de los pueblos indígenas”, son los antecedentes que fundamentan los documentos de esta nueva iniciativa de reforma.
ContradicciónLas herramientas jurídicas han sido importantes para que los pueblos puedan ser reconocidos como sujetos colectivos de derecho, pero independientemente de esto, existen comunidades que con reconocimiento o sin él, siguen fortaleciendo sus lazos comunitarios y su autonomía. Los desobedientes y rebeldes seguirán siendo las minorías, los que siguen construyendo su cotidianidad con o sin permiso.
“Nosotros tenemos muy bien arraigadas nuestras formas de organizarnos y una cosa es lo que las leyes dicen en los papeles, aquí todo tiene que pasar por asamblea y nosotros seguiremos viviendo así porque nos ha funcionado bien”, afirma Saúl Aquino, comisariado de bienes comunales de la comunidad zapoteca de Capulalpam de Méndez.
“Los pueblos indígenas deben fortalecer sus procesos autonómicos preparando a las nuevas generaciones como autónomas y no esperar nada bueno de la clase política de este país”, afirma el antropólogo e investigador Gilberto López y Rivas.
Renata Bessi y Santiago Navarro F. /
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