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Amnistía Internacional se encuentra preocupada por el patrón de detenciones e intimidaciones de los que han sido objeto activistas y periodistas en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
De acuerdo a información recibida por la organización, Filiberto Vicente Aquino, un activista y locutor de una radio comunitaria, recibió una amenaza de muerte el pasado 20 de marzo tras cubrir una conferencia de prensa sobre las acciones de oposición a la construcción de un parque eólico cerca de San Mateo del Mar, en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
Tras cubrir la conferencia, Vicente Aquino recibió una llamada en la cual se le dijo: “…El gobierno ya no quiere personas como tú, yo ya tengo órdenes expresas de acabar contigo y con tu familia”.
Al día siguiente, el 21 de marzo, policías municipales acompañados de personas no identificadas detuvieron injustificadamente a seis periodistas, Rosa Rojas, Francisco Olvera, David Henestrosa, Ignacio Garrido, Karina Martínez y Eliseo Ramírez. Los periodistas fueron liberados horas después.
El 18 de marzo, fueron también detenidos activistas de la comunidad cuando hacían campaña contra la construcción del parque eólico, quienes fueron liberados unas horas después.
De forma separada ya se han presentado denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca por estos incidentes.
Amnistía Internacional llama a las autoridades a garantizar la seguridad de Filiberto Vicente Aquino así como de los activistas y periodistas que fueron detenidos arbitrariamente. Así mismo la organización recuerda a las autoridades que es su deber tomar todas las acciones necesarias para asegurar que quienes se dedican a informar en la región y quienes han decidido manifestarse abiertamente en contra de la construcción de parques eólicos en la región, puedan hacerlo sin temor a ser víctimas de represalias.
Es también necesario que se cumpla la suspensión vigente a la construcción del parque eólico y que las obras solo se reanuden una vez se cuente con consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas afectadas.
Finalmente, la organización llama a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca a investigar de forma pronta e imparcial las denuncias detenciones injustificadas y de amenazas de las que han sido objeto periodistas y activistas, y que quienes sean responsables de estos hechos –incluidos funcionarios públicos – rindan cuentas ante la justicia.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Integrantes de comunidades indígenas del estado de Oaxaca se oponen a que se construya parques eólicos en sus tierras. Hay proyectos en gran escala de parques eólicos, actualmente en fase de desarrollo, en los municipios de San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar, y Álvaro Obregón y Juchitán. Quienes se oponen a los proyectos alegan que no se ha llevado a cabo un proceso adecuado de consulta para obtener su consentimiento libre, previo e informado –requisito establecido por la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas–, y que les preocupa el impacto de la construcción sobre su agricultura, sus tierras y sus medios de vida. A consecuencia de su oposición, llevan varios meses sufriendo amenazas e intimidación.
Amnistía Internacional ha informado sobre amenazas y actos de violencia ocurridos anteriormente en otras comunidades cercanas contra quienes se oponen a la construcción de turbinas eólicas en el istmo de Tehuantepec. En meses anteriores, la organización ha denunciado las amenazas recibidas por Lucila Bettina Cruz Velázquez, integrantes de las comunidades de Álvaro Obregón y San Dionisio del Mar, en el estado de Oaxaca, y defensoras y defensores de los derechos humanos locales que protestan contra la construcción de parques eólicos.
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martes, 2 de abril de 2013
jueves, 2 de agosto de 2012
México debe poner atención a los ataques a mujeres, defensoras y periodistas: AI
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Un Comité de expertos de las Naciones Unidas ha enviado un mensaje claro a las autoridades Mexicanas: hay que tomar medidas urgentes para cumplir con su obligación de proteger los derechos de las mujeres y poner fin a la discriminación, violencia e impunidad.
Amnistía Internacional insta a las autoridades mexicanas a cumplir con las recomendaciones del Comité sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (en adelante el Comité), las cuales fueron emitidas el 27 de julio de 2012.
En el informe el Comité expresa su “profunda preocupación” ante el aumento del femicidio en varios estados en México. Ante foros internacionales, el gobierno mexicano frecuentemente se compromete a asumir sus obligaciones en materia de derechos humanos, pero ese compromiso usualmente no se convierte en acciones y resultados concretos en México. En esta ocasión, es imprescindible que el compromiso de erradicar la discriminación y violencia de género se convierta en una política de Estado que transforme la situación de las mujeres y niñas en México.
Amnistía Internacional resalta en particular la recomendación del Comité para asegurar la justicia, verdad y reparaciones para las mujeres víctimas de tortura, incluso la violencia sexual, en San Salvador Atenco en el 2006.
La organización resalta la preocupación del Comité que muchas iniciativas gubernamentales para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres no han tenido impacto.
El Comité subraya que la violencia contra las mujeres y la impunidad han empeorado durante la crisis de seguridad pública del país sin que haya vuelto a ser una prioridad para este gobierno. Esto debe ser una llamada de atención urgente tanto para esta administración como para la nueva.
En materia de derechos sexuales y reproductivos, es también importante el reconocimiento del Comité del peligro que implican las reformas constitucionales en ciertos estados, las que, en la práctica, pueden aumentar los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres al intentar acceder a los servicios legales y seguros de aborto.
También el Comité urge al estado Mexicano garantizar el acceso a los servicios de salud para las mujeres indígenas, lo cual es esencial para destacar la desigualdad y discriminación que sigue afectando a muchas mujeres y niñas indígenas.
Basada en las recomendaciones del Comité, la administración actual y la que tomará las riendas del poder en diciembre debe implementar acciones concretas, consultando a la sociedad civil, en particular al movimiento de mujeres, para cumplir con las recomendaciones del Comité.
Amnistía Internacional insta a las autoridades mexicanas a cumplir con las recomendaciones del Comité sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (en adelante el Comité), las cuales fueron emitidas el 27 de julio de 2012.
En el informe el Comité expresa su “profunda preocupación” ante el aumento del femicidio en varios estados en México. Ante foros internacionales, el gobierno mexicano frecuentemente se compromete a asumir sus obligaciones en materia de derechos humanos, pero ese compromiso usualmente no se convierte en acciones y resultados concretos en México. En esta ocasión, es imprescindible que el compromiso de erradicar la discriminación y violencia de género se convierta en una política de Estado que transforme la situación de las mujeres y niñas en México.
Amnistía Internacional resalta en particular la recomendación del Comité para asegurar la justicia, verdad y reparaciones para las mujeres víctimas de tortura, incluso la violencia sexual, en San Salvador Atenco en el 2006.
La organización resalta la preocupación del Comité que muchas iniciativas gubernamentales para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres no han tenido impacto.
El Comité subraya que la violencia contra las mujeres y la impunidad han empeorado durante la crisis de seguridad pública del país sin que haya vuelto a ser una prioridad para este gobierno. Esto debe ser una llamada de atención urgente tanto para esta administración como para la nueva.
En materia de derechos sexuales y reproductivos, es también importante el reconocimiento del Comité del peligro que implican las reformas constitucionales en ciertos estados, las que, en la práctica, pueden aumentar los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres al intentar acceder a los servicios legales y seguros de aborto.
También el Comité urge al estado Mexicano garantizar el acceso a los servicios de salud para las mujeres indígenas, lo cual es esencial para destacar la desigualdad y discriminación que sigue afectando a muchas mujeres y niñas indígenas.
Basada en las recomendaciones del Comité, la administración actual y la que tomará las riendas del poder en diciembre debe implementar acciones concretas, consultando a la sociedad civil, en particular al movimiento de mujeres, para cumplir con las recomendaciones del Comité.
Proteger las garantías individuales de las mujeres en México tiene un alto costo para las defensoras de los derechos humanos y periodistas, así lo advierte la organización Amnistía Internacional, al detectar que las agresiones en contra de estos dos grupos aumentaron y son más violentas, dice Daniel Zapico, coordinador de Movilizaciones.
“Se enfrentan no sólo a los mismos riesgos y a la misma violencia que los casos de los hombres sino además a violencia añadida, como es el hecho de la violencia sexual que se ejerce contra defensoras de derechos humanos y de periodistas y el ensañamiento en muchos de los casos de ataques y esto es especialmente relevante cuando estamos hablando de, por ejemplo, defensoras de los derechos humanos de otras mujeres”.
Dice que, por ejemplo, Norma Andrade, fundadora de la organización Nuestras Hijas de regreso a Casa y madre de una joven desaparecida y asesinada en Ciudad Juárez, fue amenazada y atacada a balazos en esa ciudad (Guadalajara) en 2011 y en el Distrito Federal trataron matarla con una arma blanca
Información complementaria
Información complementaria
El Comité de las Naciones Unidas (ONU) para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU es el órgano experto establecido por la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Se compone de 23 miembros independientes e imparciales elegidos por los Estados Partes en el tratado. Los gobiernos deben presentar informes periódicos al Comité, quien, a su vez, formula recomendaciones para mejorar el cumplimiento del tratado por parte del Estado en cuestión.
Amnistía Internacional presentó un informe al Comité con antelación al examen, por parte de este comité de expertos, del séptimo y octavo informe periódico consolidado de México, presentado en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Si desean una copia del informe presentado por Amnistía Internacional al Comité, consulten:
http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR41/041/2012/en
Amnistía Internacional presentó un informe al Comité con antelación al examen, por parte de este comité de expertos, del séptimo y octavo informe periódico consolidado de México, presentado en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Si desean una copia del informe presentado por Amnistía Internacional al Comité, consulten:
http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR41/041/2012/en
lunes, 28 de mayo de 2012
Impunidad, la constante en esclarecimiento de crímenes contra periodistas y defensores(as) de derechos humanos: AI
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Amnistía Internacional, (AI), capítulo México concluyó en su Informe Mundial Anual 2012 sobre la libertad de expresión, la protección a periodistas y defensores (as) de derechos humanos que la constante en el país, en todos los casos, fue la impunidad de las autoridades para esclarecer los mismos.
Según la CNDH, al menos nueve periodistas murieron violentamente y decenas más sufrieron ataques e intimidación. La impunidad siguió siendo la norma en la mayoría de estos crímenes, pese a la existencia de una fiscalía federal especial para los delitos contra periodistas. Continuaron debatiéndose las reformas para que los delitos contra periodistas se tipificaran como delitos federales y para mejorar las investigaciones.
Como consecuencia de los ataques y la intimidación contra periodistas, la información publicada en la prensa local sobre la delincuencia y la seguridad pública era escasa o prácticamente inexistente en algunas regiones de elevada criminalidad. Las redes sociales desempeñaron un papel cada vez más destacado al facilitar información sobre amenazas contra la seguridad de las comunidades locales. Las bandas de delincuentes mataron al menos a tres blogueros y amenazaron a otros por publicar información que denunciaba sus actividades delictivas.
En Veracruz, las autoridades estatales detuvieron durante un mes a dos usuarios de Twitter y aprobaron leyes que penalizaban la distribución –por cualquier medio– de información falsa que perturbase el orden público. La CNDH presentó un recurso de constitucionalidad contra los cambios de la ley alegando que violaban el derecho a la libertad de expresión.
En junio, unos hombres armados no identificados mataron a Miguel Ángel López Velasco, a su esposa y a su hijo en su casa de Veracruz. El conocido periodista, que informaba sobre la delincuencia y la corrupción política, había recibido amenazas de muerte con anterioridad. Al finalizar el año proseguía la investigación sobre los homicidios.
Más de 20 defensores y defensoras de los derechos humanos fueron objeto de amenazas o ataques en 2011. Las investigaciones oficiales no habían identificado a los autores al concluir el año. La provisión de protección a defensores y defensoras era a menudo lenta, burocrática e inadecuada. En julio, el presidente firmó un decreto que establecía un mecanismo de protección, pero al finalizar el año no había datos que indicasen que el mecanismo estuviera activo o hubiera mejorado la protección de los periodistas o de los defensores de derechos humanos. Al concluir el año se debatía un proyecto de ley para reforzar el mecanismo.Defensores y defensoras de los derechos humanos
El compromiso del gobierno de respetar la labor de defensores y defensoras quedó en entredicho en julio, cuando el almirante secretario de Marina atacó públicamente el trabajo de las organizaciones de derechos humanos que documentaban abusos cometidos por las fuerzas armadas.
José Ramón Aniceto y Pascual Agustín Cruz continuaban cumpliendo sendas penas de seis años de prisión impuestas en julio de 2010. Ambos activistas de la comunidad indígena nahua fueron declarados culpables sobre la base de cargos penales falsos como represalia por sus esfuerzos para obtener un acceso equitativo al agua para su comunidad en Atla, estado de Puebla.
En julio entraron en vigor las reformas constitucionales que obligaban a las autoridades de todos los niveles a promover, respetar, proteger y garantizar las normas internacionales de derechos humanos que tuvieran categoría de constitucionales. Además, las reformas establecían que no se podían suspender ciertos derechos fundamentales durante los estados de emergencia, reconocían por ley varios derechos sociales y económicos, como el derecho a la alimentación y al agua no contaminada, y reforzaban las facultades de la CNDH.Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales
En agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el Estado debía cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre México, incluida la que ordenaba que los militares implicados en violaciones de derechos humanos fueran investigados y juzgados por tribunales civiles y que se reformase a tal efecto el Código de Justicia Militar. Al concluir el año, los cuatro casos de abusos cometidos por militares sobre los que la Corte Interamericana había dictado sentencia habían sido transferidos a la jurisdicción civil. Sin embargo, el cumplimiento de otros elementos clave de las sentencias de la Corte Interamericana seguía siendo muy limitado, y se continuó aplicando la jurisdicción militar en otros casos de derechos humanos.
Según la CNDH, al menos nueve periodistas murieron violentamente y decenas más sufrieron ataques e intimidación. La impunidad siguió siendo la norma en la mayoría de estos crímenes, pese a la existencia de una fiscalía federal especial para los delitos contra periodistas. Continuaron debatiéndose las reformas para que los delitos contra periodistas se tipificaran como delitos federales y para mejorar las investigaciones.
Como consecuencia de los ataques y la intimidación contra periodistas, la información publicada en la prensa local sobre la delincuencia y la seguridad pública era escasa o prácticamente inexistente en algunas regiones de elevada criminalidad. Las redes sociales desempeñaron un papel cada vez más destacado al facilitar información sobre amenazas contra la seguridad de las comunidades locales. Las bandas de delincuentes mataron al menos a tres blogueros y amenazaron a otros por publicar información que denunciaba sus actividades delictivas.
En Veracruz, las autoridades estatales detuvieron durante un mes a dos usuarios de Twitter y aprobaron leyes que penalizaban la distribución –por cualquier medio– de información falsa que perturbase el orden público. La CNDH presentó un recurso de constitucionalidad contra los cambios de la ley alegando que violaban el derecho a la libertad de expresión.
En junio, unos hombres armados no identificados mataron a Miguel Ángel López Velasco, a su esposa y a su hijo en su casa de Veracruz. El conocido periodista, que informaba sobre la delincuencia y la corrupción política, había recibido amenazas de muerte con anterioridad. Al finalizar el año proseguía la investigación sobre los homicidios.
Más de 20 defensores y defensoras de los derechos humanos fueron objeto de amenazas o ataques en 2011. Las investigaciones oficiales no habían identificado a los autores al concluir el año. La provisión de protección a defensores y defensoras era a menudo lenta, burocrática e inadecuada. En julio, el presidente firmó un decreto que establecía un mecanismo de protección, pero al finalizar el año no había datos que indicasen que el mecanismo estuviera activo o hubiera mejorado la protección de los periodistas o de los defensores de derechos humanos. Al concluir el año se debatía un proyecto de ley para reforzar el mecanismo.Defensores y defensoras de los derechos humanos
El compromiso del gobierno de respetar la labor de defensores y defensoras quedó en entredicho en julio, cuando el almirante secretario de Marina atacó públicamente el trabajo de las organizaciones de derechos humanos que documentaban abusos cometidos por las fuerzas armadas.
José Ramón Aniceto y Pascual Agustín Cruz continuaban cumpliendo sendas penas de seis años de prisión impuestas en julio de 2010. Ambos activistas de la comunidad indígena nahua fueron declarados culpables sobre la base de cargos penales falsos como represalia por sus esfuerzos para obtener un acceso equitativo al agua para su comunidad en Atla, estado de Puebla.
En julio entraron en vigor las reformas constitucionales que obligaban a las autoridades de todos los niveles a promover, respetar, proteger y garantizar las normas internacionales de derechos humanos que tuvieran categoría de constitucionales. Además, las reformas establecían que no se podían suspender ciertos derechos fundamentales durante los estados de emergencia, reconocían por ley varios derechos sociales y económicos, como el derecho a la alimentación y al agua no contaminada, y reforzaban las facultades de la CNDH.Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales
En agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el Estado debía cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre México, incluida la que ordenaba que los militares implicados en violaciones de derechos humanos fueran investigados y juzgados por tribunales civiles y que se reformase a tal efecto el Código de Justicia Militar. Al concluir el año, los cuatro casos de abusos cometidos por militares sobre los que la Corte Interamericana había dictado sentencia habían sido transferidos a la jurisdicción civil. Sin embargo, el cumplimiento de otros elementos clave de las sentencias de la Corte Interamericana seguía siendo muy limitado, y se continuó aplicando la jurisdicción militar en otros casos de derechos humanos.
Foto: Tomada de Internet
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