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lunes, 8 de septiembre de 2014

Morena entregará más de 2 millones 500 mil firmas para la Consulta Popular contra Reforma Energética









El líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, aseguró en entrevista para Jaime Cárdenas, que el miércoles 10 de septiembre se llevará a cabo por parte de Morena la entrega de más de 2 millones 500 mil firmas a favor de una consulta popular sobre la reforma energética.

López Obrador comentó que entregará las firmas el próximo miércoles acompañado de Martí Batres (presidente del CEN de Morena), la escritora Elena Poniatowska y el ingeniero Javier Jiménez Espriú. De validarse la autenticidad de las firmas y aprobar jurídicamente la pregunta por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las elecciones del próximo año se le consultaría a los ciudadanos lo siguiente:


¿Estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares, nacionales o extranjeros, para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica?

Además aprovechó la entrevista para asegurar que la “noticia” donde se informaba acerca de una supuesta crítica de López Obrador hacia el PRD es falsa. “La inventó la Agencia de Noticias Chong o la Agencia Bucareli News, lo único que he dicho sobre el PRD es que me salí de ahí porque los dirigentes del partido se fueron con Peña Nieto, al firmar el Pacto por México” dijo el líder de Morena.

Al cuestionársele sobre porqué Morena no se alía en torno a la consulta con el PRD, el político tabasqueño señaló: “tenemos diferencias, porque el PRD pactó con Peña y abrió la puerta a las reformas contrarias al interés del pueblo y de la nación, no le tenemos confianza a los dirigentes del PRD”.

megafonomx.com


martes, 2 de septiembre de 2014

Mal tiempo: Pedro Miguel



“Como en las épocas de Santa Anna, de Maximiliano, de Porfirio Díaz y de Victoriano Huerta, el país vive tiempos oscuros y, al igual que en esas épocas, la oscuridad se espesa con los aluviones de mentiras vertidos desde las cúpulas y con el ejercicio de poderes aparentemente omnímodos e imbatibles que oprimen a la sociedad”.




Cunde el desaliento social. La oleada de propaganda del segundo informe de Peña Nieto lo ahondará, pero también extenderá el descrédito gubernamental y la exasperación ciudadana. No es grato experimentar el bombardeo de una retahíla de éxitos falsos, triunfos de papel, avances de utilería. Digan lo que digan los espots presidenciales, México es hoy más desigual, más inseguro, más dependiente y más antidemocrático que hace 22 meses, cuando el régimen oligárquico adulteró la voluntad popular por segunda ocasión consecutiva para impedir un cambio de rumbo en la conducción del Estado. En realidad, cada triunfo del régimen –desde la alineación tripartidista del Pacto por México hasta las reformas estructurales que hizo posibles, desde la destrucción de las autodefensas michoacanas hasta las impunidades otorgadas a diestra y siniestra entre políticos padrotes, empresarios causantes de desastres ecológicos– ha representado una derrota para el país, de modo que el mensaje presidencial es un recuento de descalabros y tragedias en imagen invertida.

La ruta de la consulta popular para echar abajo las reformas es, por ahora, la más transitable para que la sociedad ponga freno al saqueo y a la acelerada destrucción nacional que ha caraterizado a este más reciente tramo del ciclo neoliberal, impuesto abiertamente en el país en 1988 mediante otro fraude electoral. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que escoger entre someterse sin argumentos al poder presidencial o acatar la demanda de millones de ciudadanos que exigen ser tomados en cuenta. El Instituto Nacional Electoral se las va a ver negras para decirle no a la organización de un referéndum a todas luces necesario. El régimen, en su conjunto, pasará las de Caín para distorsionar el sufragio de los dos tercios de los votantes que se oponen a la privatización del sector energético. Y el gabinete de Peña, empezando por Videgaray, tendrá que sudar la gota gorda para desconocer la voluntad de la mayoría absoluta de los mexicanos, expresada en las urnas, y proseguir, pese a todo, la entrega de los recursos naturales del país a un puñado de zopilotes corporativos.

Como en las épocas de Santa Anna, de Maximiliano, de Porfirio Díaz y de Victoriano Huerta, el país vive tiempos oscuros y, al igual que en esas épocas, la oscuridad se espesa con los aluviones de mentiras vertidos desde las cúpulas y con el ejercicio de poderes aparentemente omnímodos e imbatibles que oprimen a la sociedad desde casi todos los frentes: el presidencial, el legislativo, el judicial, el mediático, el empresarial, el delictivo y el represivo propiamente dicho. Pero un régimen tan destructivo, depredador, violento y corrupto como el que padece México en el presente tropieza más temprano que tarde con su propia inviabilidad y acaba por desmoronarse. Los informes presidenciales son el canto del cisne del ciclo neoliberal y repiten su sonsonete triunfalista y exasperante (todos son iguales: los de Salinas, los de Zedillo, los de Fox, los de Calderón, los de Peña) en tanto el grueso de la sociedad no cae en la cuenta de que en buena medida la apariencia del poder se sustenta en el poder de la apariencia: de inamovilidad, de control absoluto, de impunidad inveterada.

Una vez que la mayoría social cobra conciencia de las dinámicas empleadas para oprimirla, explotarla, endeudarla, desarticularla, manipularla y despreciarla, los días del régimen están contados. Y la gestación de esta lucidez mayoritaria no puede tomarse demasiado tiempo.

Por Por Pedro Miguel
navegaciones.blogspot.com

Twitter: @Navegaciones

navegaciones@yahoo.com

jueves, 24 de abril de 2014

La dictadura de las mayorías





Este sábado 19 de abril se venció el plazo para la aprobación de las leyes secundarias en materia energética mandatadas por la reforma constitucional del 20 de diciembre de 2013. Son excelentes noticias para la lucha social en contra de la consumación de esta vulgar traición a la patria. Habría que luchar para dejar en letra muerta a todos y cada uno de los otros oscuros artículos “transitorios” de la reforma para que jamás se concrete este histórico atraco al patrimonio nacional.

Llama la atención la pasividad de los grupos parlamentarios de la supuesta “oposición” frente a este importante acontecimiento. Cómodamente sentados en sus curules y de paseo para Semana Santa, esperan pacientemente a que Peña Nieto finalmente presente las iniciativas de ley en materia energética preparadas en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, y negociadas en Los Pinos con las grandes empresas petroleras internacionales. Eventualmente, los pocos diputados y senadores patriotas probablemente harán un “show” público de supuesta dignidad con una clausura simbólica de los recintos parlamentarios, pero difícilmente serán capaces de tomar la iniciativa para fijar las coordenadas del debate público sobre el tema.

En lugar de esperar a que el rey haga llegar sus propuestas pactadas a los levantadedos del Congreso de la Unión, la oposición tendría que tomar acciones contundentes y lanzar sus propias iniciativas. Por ejemplo, la iniciativa de ley para prohibir totalmente la fracturación hidráulica (el llamado fracking) en México, elaborado entre otros por Ricardo Mejía del Partido Movimiento Ciudadano, constituye un importante esfuerzo al respecto. Francia recientemente prohibió esta práctica en absolutamente todo su territorio nacional por los graves daños que genera al medio ambiente y a la salud pública. La “modernidad” y el desarrollo son perfectamente compatibles con la defensa del patrimonio nacional.

Los esfuerzos de este tipo tendrían que multiplicarse. Por ejemplo, se deberían desarrollar otras iniciativas de reforma para aumentar de manera radical los estándares ecológicos, sociales, laborales y fiscales para cualquier empresa privada que opera en materia energética en el territorio nacional. El incumplimiento de cualquiera de estos estándares debería provocar la revocación inmediata de los “contratos” o “permisos” correspondientes. Recordemos que fue precisamente el incumplimiento de las empresas petroleras internacionales con las leyes laborales del país lo que empujó al general Lázaro Cárdenas a nacionalizar la industria petrolera en 1938.

También sería importante unir la lucha energética con la batalla en materia de telecomunicaciones. En ambas materias los traidores apuestan a utilizar su presencia numérica en el Congreso de la Unión para imponer reformas profundamente antipopulares y autoritarias. Los voceros del régimen defienden esta estrategia en base a un supuesto derecho de las mayorías a imponer su voluntad en los sistemas democráticos. Un argumento similar se utiliza en Quintana Roo, San Luis Potosí y el Distrito Federal como pretexto para “regular” las marchas con el fin de proteger los intereses de las “mayorías”.

Esta postura exhibe una enorme ignorancia de las teorías más básicas sobre la democracia. “Democracia” significa el gobierno del demos o del “pueblo”, es decir, de todos. Si bien a veces es conveniente tomar decisiones de acuerdo con el principio mayoritario, el poder de la mayoría también fácilmente se vuelve dictatorial e intolerante. Los Nazis, por ejemplo, gozaban de una amplia aceptación en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Sus “mayoriteos” a favor de la aniquilación de todos los judíos, discapacitados, morenos y homosexuales no tenían nada ver con la democracia. La defensa de los derechos de las llamadas “minorías” forma parte integral del funcionamiento de cualquier sociedad moderna.

Hoy en México nos encontramos en una situación similar. Los mayoriteos del Congreso de la Unión y del Congreso del Estado de Quintana Roo, por ejemplo, sirven para imponer la voluntad de un grupo de personas que compraron sus cargos y han dado la espalda a la mayoría de la sociedad. Se busca utilizar la vía “institucional” para doblegar a la voluntad general y poner a todo México al servicio de la oligarquía nacional y los intereses financieros internacionales.

Una excelente indicación del nivel de disfuncionalidad democrática actual es el perfil de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Si la clase política estuviera confiada en el apoyo mayoritario de la ciudadanía, no hubiera tenido que colocar a un grupo de tímidos burócratas que apuestan a limitar los “excesos en el cumplimiento de la ley” en materia electoral, como dijera el nuevo consejero presidente en una de sus primeras entrevistas. Una clase política sin miedo al mandato popular se hubiera atrevido a incluir aunque sea un par de consejeros con criterios independientes y sociales.

Es particularmente vergonzante que todo el proceso de selección de los consejeros electorales fue conducido por un diputado supuestamente de “izquierda” del Partido de la Revolución Democrática, Silvano Aureoles, y que los consejeros propuestos por aquel partido son personajes que en su momento avalaron abiertamente y con todo cinismo el fraude de 2006 y la compra-venta de 2012. El reciente pacto de desarme entre las “autodefensas” de Michoacán y las autoridades más corruptas del país tampoco es un buen augurio para el futuro de la institucionalidad democrática.

¿Algún día los mexicanos podremos volver a ver con orgullo a nuestros líderes políticos y autoridades electorales como dignos representantes de nuestros intereses? ¿Cabalgarán de nuevo Zapata y Villa? ¿Retornará el espíritu rebelde del general Cárdenas?

Por John M. Ackerman

miércoles, 16 de abril de 2014

Políticos en la calle



Cuauhtémoc Cárdenas y Javier Corral. Foto: La Jornada

El rompimiento de Cuauhtémoc Cárdenas y Javier Corral con el pacto de silencio y desmovilización de la restauración autoritaria podría marcar el principio del fin del avasallamiento de la oposición que ha caracterizado los primeros 16 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto.

La decisión de estos políticos de apostar a la movilización popular para detener la contrarreforma en telecomunicaciones refleja una importante maduración en su pensamiento y práctica pública. Si asumen su nuevo papel con convicción y humildad, la cadena humana convocada para el próximo sábado 26 de abril desde Los Pinos a Televisa podría convertirse en un importante detonador del despertar social que tanto necesita el país.

Desde la toma de posesión de Peña Nieto hasta la fecha, las acciones tanto del ingeniero Cárdenas como del senador Corral han fortalecido al régimen. La alianza del ingeniero con el actual liderazgo corrupto, pactista y traidor del Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue fundamental en permitir que Jesús Zambrano y sus secuaces pudieran caminar de la mano con Peña Nieto en la preparación del gran festín de la traición consumado el 20 de diciembre de 2013 con la publicación de la contrarreforma energética.

Las discrepancias personales de Cárdenas con Andrés Manuel López Obrador, así como el nostálgico apego del ingeniero al partido que fundó en 1989, lo cegaron por completo y no lo permitieron percibir la profundidad de la crisis por la cual atraviesa la nación.

Corral también mordió el anzuelo del supuesto reformismo del Pacto por México. Su ingenuo acogimiento de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones a principios del año pasado fue fundamental para legitimar la gestión de Peña Nieto y así limitar el impacto del movimiento estudiantil de 2012 y las gestas magisteriales de 2013.

Si bien el senador no llegó a los extremos entreguistas que en su momento caracterizó la exagerada celebración de la reforma de parte de la diputada Purificación Carpinteyro, la activa colaboración del panista con el régimen lo coloca en una situación similar. Asimismo, la tibia crítica de Corral a la contrarreforma energética, en todo momento defendió el espíritude la apertura de Pemex al capital extranjero, claramente lo colocó del lado de los traidores a la patria.

Hoy, sin embargo, habría que celebrar que tanto Cárdenas como Corral han decidido salir a la calle. Al parecer, finalmente se han dado cuenta de que bajo el régimen actual los procesos de debate y votación parlamentarios son una gran simulación cuyo único propósito sería dar una apariencia de legitimidad a pactos corruptos tomados desde las más altas esferas del poder. Tanto el importante papel de las minorías parlamentarias como la necesaria interlocución directa de las instituciones políticas con la sociedad han sido clausurados.

Precisamente por ello, en diciembre del año pasado López Obrador llamó a cercar tanto al Senado como a la Cámara de Diputados para detener la contrareforma energética. Pero Cárdenas, Corral, así como numerosos otros políticos supuestamente de laoposición ignoraron el llamado de López Obrador. Prefirieron lucharcómodamente desde sus curules y sus oficinas en lugar de acompañar a la sociedad indignada en la calle.


Ahora que algunos políticos de oposición aparentemente empiezan a entrar en razón, sería importante que enfrenten con humildad y convicción su nuevo papel de convocantes sociales. El próximo 26 de abril los reflectores tendrían que dirigirse hacia la sociedad en lugar de los políticos. Las organizaciones y los líderes ciudadanos, incluyendo, por ejemplo, los dignos jóvenes recientemente liberados por supuestamente causar disturbios durante la marcha del 2 de octubre, deberían tomar la batuta y fungir como los voceros del esfuerzo.

Y si los políticos de la oposición quisieran enviar una señal realmente contundente, sería recomendable que se separaran temporalmente de sus cargos para dedicarse de tiempo completo a la lucha social. Ya es práctica común que los legisladores piden licencia para participar en campañas electorales en sus estados. ¿Por qué no hacer lo mismo, pero para un fin nacional mucho más valioso y necesario?

El Congreso no es hoy un lugar digno para un verdadero representante popular. Los pocos legisladores que toman en serio su papel serían mucho más útiles y efectivos en la calle. Dentro del Congreso son mayoriteados, ignorados y pisoteados.

Afuera de los recintos parlamentarios encontrarían una enorme cantidad de ciudadanos y líderes sociales dispuestos a caminar juntos en favor de la patria. Sin embargo, para que su salto a lo social sea creíble, los políticos tendrían que comprobar más allá de cualquier duda sus verdaderas intenciones de contribuir a la lucha ciudadana y no lucrar políticamente con el esfuerzo. La separación de su cargo enviaría una señal clara y contundente al respecto.

Como senador en funciones, Corral tiene una gran oportunidad para poner el ejemplo. Alejandro Encinas y Dolores Padierna se encuentran en la misma situación. Cárdenas también tendría que considerar renunciar a su intención de convertirse en presidente de un partido, el PRD, que se ha separado definitivamente de las causas sociales. Si estos u otros políticos pusieran el ejemplo de valentía, humildad y convicción, muchos seguramente seguirían su camino.

México necesita urgentemente volver a confiar en sus representantes. Un excelente camino para alcanzarlo sería que los políticos asuman plenamente su vocación social y dejen de ser, aunque sea por un momento, los mismos políticos de siempre.

Por John M. Ackerman
Tomado de La Jornada
14 de Abril de 2014

www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman


lunes, 24 de marzo de 2014

Soberanía y energía





La soberanía nacional sigue siendo un gran tema de todos los países. Sin embargo, no en todas partes tiene las mismas implicaciones y complicaciones. La cuestión de la energía es para muchos uno de los elementos principales del ejercicio de la soberanía.

Para México, una correcta estrategia soberana es producir su propia energía y asegurar el suministro futuro sencillamente porque eso es posible: tiene los recursos naturales. Sin embargo, las cosas se complicaron cuando los políticos neoliberales descubrieron que era más barato comprar gasolinas y petroquímicos en el extranjero mientras se vendía cuanto crudo fuera posible. Ahora, las cosas se han complicado aún más con la reciente reforma energética que pretende compartir el crudo y el gas con las trasnacionales.

La soberanía de México depende en gran medida de su capacidad para producir la energía que consume y para asegurar dicha producción en el futuro, es decir, administrar sus reservas de hidrocarburos y promover la generación alternativa a través de medios diferentes a la materia fósil. Esto es lo que no se ha estado haciendo y lo que no se quiere hacer.

La energía no puede analizarse como si se tratara de una mercancía cualquiera ni debe verse sólo a través de criterios de comercio internacional. El crudo tiene un precio mundial establecido a través de mecanismos de manipulación de los niveles de producción para el mercado mundial. En consecuencia, las gasolinas de origen fósil llevan en la etiqueta el precio del petróleo. Con el gas ocurre un fenómeno similar con la diferencia de que los precios de éste son de carácter regional.

El crudo y el gas son grandes negocios de trasnacionales y de países productores. El esquema de industrias nacionales es el único que puede asegurar las decisiones energéticas soberanas cuando las trasnacionales son eso, es decir, no corresponden al país. La reforma energética de Peña hará depender de las trasnacionales las decisiones estratégicas y, por tanto, reducirá la soberanía energética de México. Este traslado de capacidad de decisión se realiza para obtener ingresos mayores en el corto plazo pero deja al país al garete, sometido a intereses y negocios por completo ajenos.

En un mundo cada vez más integrado, el ejercicio de la soberanía ha tenido modificaciones pero la cuestión de la energía adquiere un significado de mayor alcance pues toda la actividad económica se amarra ahí. Así lo ha entendido el gobierno de Estados Unidos que se propone la autosuficiencia mientras que el gobierno de México lo entiende exactamente al revés no sólo por su afán de entregar el crudo a las trasnacionales sino también al sostener la tesis de que es mejor comprar en el exterior las gasolinas que producirlas dentro del país. Sólo piénsese que México no tiene capacidad de abasto interno de más de 15 días: una interrupción de suministros haría que las gasolinas escasearan y se detuviera la mitad del transporte nacional pues no contamos con un ejército que pudiera ir a Texas a traer el combustible. ¿No es éste un problema de soberanía?

Se repite con frecuencia que los conceptos de soberanía y defensa de los intereses nacionales son obsoletos y, más aún, falsos. Pero en los hechos, un país que en asuntos básicos depende de decisiones externas no sólo se vincula mal al resto del mundo, es decir, con debilidad y vulnerabilidad, sino malbarata lo suyo. Así como se desprecia la autosuficiencia alimentaria y se somete al país a los vaivenes de un mercado mundial manipulado, se quiere mantener a México como importante proveedor de crudo para otros y comprador de refinados y productos petroquímicos.

Enero 2, 2014
politecnicosenlinea.blogspot.com

¿Quién es Pablo Gómez Álvarez?
Formación Académica:Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, titulado en 1976

Actividad Política y Legislativa:
1967 - 1968. Presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Economía (UNAM).

1968. Participante del Movimiento Estudiantil de 1968. Preso político de este movimiento a partir del dos de octubre de 1968 y hasta el mes de abril de 1971. 1973 - 1976. Jefe del Departamento de Difusión de la Facultad de Economía de la UNAM.

Otros...

Publicaciones: Autor de: "Democracia y Crisis Política en México", ECP, México, 1976; "La Izquierda y la Democracia", ECP, México, 1984; "México 1988: Disputa por la Presidencia y Lucha Parlamentaria", ECP, México, 1989; "Los Gastos Secretos del Presidente", Grijalbo, México 1996. Coautor de otros libros colectivos.

Actualmente es Senador de la República dentro de las Comisiones:

Comisión Especial para el Análisis y Seguimiento de las Finanzas Públicas (Secretario)
Estudios Legislativos (Secretario)
Energía (Integrante)
Justicia (Integrante)
Puntos Constitucionales (Integrante)

lunes, 10 de marzo de 2014

Gobernadores del PRD y Mancera cierran filas "institucionales" en favor de Peña Nieto



Miguel Ángel Mancera y Enrique Peña Nieto. Foto: Red


MÉXICO, D.F. (apro).- Cuatro gobernadores perredistas, así como el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, acordaron cerrar filas institucionales con el titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto.

En un comunicado del partido del sol azteca, se informó que en el acuerdo participaron los gobernadores de Guerrero, Ángel Aguirre; Morelos, Graco Ramírez; Oaxaca, Gabino Cué; y de Tabasco, Arturo Núñez, luego de una reunión en el puerto de Acapulco, Guerrero, propuesta por Zambrano.

Aguirre Rivero “subrayó que se mantendrá la unidad y el trabajo institucional como hasta el día de hoy con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto”, según el documento.

El presidente nacional perredista comentó que “también se mantendrá la relación institucional, de respeto y de diálogo constructivo” con el gobierno federal “para que al país le vaya mejor”.

Los participantes del encuentro acordaron unificar esfuerzos en torno a los programas con acento social y consideraron prudente tener reuniones mensuales para analizar “asuntos no sólo de carácter local, sino nacional”. Sin embargo, no abundaron en los detalles.

En el comunicado se destacó que Aguirre Rivero, priista converso al perredismo, “ratificó su compromiso de mantener la unidad de la izquierda”, así como intercambiar con sus homólogos los “programas exitosos que tienen acento social”.

Así lo dijo, pese a las denuncias por la falta de recursos a las zonas damnificadas por los huracanes del año pasado.

“Agradecemos su disposición para seguir celebrando este tipo de reuniones en el resto de las entidades donde hoy gobernamos. Les refrendamos nuestro reconocimiento por la serie de acuerdos que se han producido a nivel nacional que, sin duda, repercutirán en beneficio de los mexicanos”, dijo Aguirre Rivero.

El próximo encuentro está programado para marzo y se celebrará en la ciudad de México.

Tomado de Proceso
Febrero 13, 2014

domingo, 2 de marzo de 2014

Pemex y el monopolio de Repsol






Se habla nuevamente de Repsol, de su jefe, de que Petróleos Mexicanos le compró 9 por ciento de sus acciones y de las pérdidas de Pemex, porque debido a que Repsol fue nacionalizado en sus empresas por Argentina. Pemex de todos modos pierde, a sus jefes no les importa y lo que les importa es ganar ellos.

La primeras empresas petroleras fueron las siete primeras premiadas, desde el primer sexenio panista. Repsol fue contratada por 20 años en absoluto reino de su terreno para extraer gas natural. Como hemos dicho, en los pasados cinco años su producción va en bajada.

Repsol en México ha tenido muchos más premios. En 1985 se posesionó de gas natural de Perú, en medio de protestas de organizaciones diversas. Le venta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a precios mucho más caros que los que reportaba Repsol en sus informes a autoridades de accionistas de Estados Unidos. Llegaron a publicarse ahí, por Repsol, precios de 2.15 dólares por millar de pies cúbicos de gas.

En México, Repsol tiene alrededor de 20 empresas eléctricas y de gas y petróleo. Pemex les ha hecho favores como pagar obra en zonas de España que quiere apoyar el gobierno de ese país.

En España, tuvieron dudas por sus tratos con La Caixa y la de una de sus empresas, Gas Natural. En cada asociación entre Repsol y Petróleos Mexicanos, ésta sale peor. El trato de compra de gas es de 15 años en Manzanillo, Colima, aunque se habla de uno aún mayor.

La Comisión Federal de Electricidad tuvo su retraso de unos años en Manzanillo. Repsol se aprovechó para mandar gas a Chile y de ahí a Argentina en la que había escasez y se vendió gas más caro.

Cuando Argentina nacionalizó una empresa de electricidad porque había incumplido sus deberes, el entonces presidente de México alza la voz pararegañaral país que se defendió. Y, claro, a elogiar a la empresa faltante.


Repsol tuvo otra aventura en España. Entró en tratos con una empresa petrolera privada rusa, que compraría a Repsol. Pero el acto fue interrumpida por la autoridad judicial máxima de Rusia, que prohibió esa operación, pues estaba comprando a Repsol un organismo criminal ruso.

Como vemos, hay dos juegos de joyitas. Una en Petróleos Mexicanos y otra en Repsol. En la paraestatal mexicana han cambiado las joyitas, por lo menos desde 2009 hasta 2014, reduciendo las siete dueñas de Burgos, en una cuarta parte de su producción de gas, en cinco años, con Repsol incluso. Por supuesto que los funcionarios no van a castigar a las trasnacionales. ¡Nunca, jamás!

En diferentes momentos, hubo actos masivos en diversos países de América Latina para protestar por atropellos de Repsol. Llevamos décadas con eso. Pero aquí tenemos gobiernos suficientemente derechistas para apoyarlos. De ahí que se hacen susnegocios. Para todas las empresas, a su vez propias de otras, como son Unión Fenosa y Gas Natural. Es propietaria de numerosas eléctricas en diferentes ciudades.

Debemos señalar un peligro en el sector del petróleo y la electricidad.

Casi todas las empresas propiedad que generan electricidad, que se las venden a la Comisión Federal de Electricidad, son españolas. Muchas plantas, de vientos y otras, también son de ese origen. Numerosos funcionarios de Pemex están haciendo negociosen España.

Al final del gobierno pasado, hubo un gran contacto entre funcionarios de los dos países. Se movió mucho dinero.

Entonces, Repsol no fue un caso único, ni mucho menos. Gas Natural, Unión Fenosa y otras están en varias ramas del negocio de la energía.

Se oyen muchos nombres de empresas, por ejemplo de los que tienden gasoductos en ciudades o regiones. Varias de ellas sonsucursales de las grandotas y, de ellas, son de Repsol.


Por Antonio Gershenson
La Jornada, Marzo 2 de 2014

antoniogershenson@gmail.com





domingo, 16 de febrero de 2014

Más entregas de Pemex, y a quién




Los adelantos de trabajos de petróleo fueron entre funcionarios petroleros y empresarios. Similares a las del principio de hace ocho días con la Compañía Petrolera de Altamira y Cheiron Holdings Limited. Y a las de otras que vimos en esa página. Ahora hay algunas diferencias.

Los ritmos fueron ahora fast track, con la intención de producir 200 mil barriles diarios de crudo super pesado en el mar, frente a Campeche. .

A fines de 2012 y principios de 2013 se va extendiendo la mezcla de los crudos ligeros del Litoral de Tabasco con los ultrapesados de las aguas someras, medias y profundas frente a Campeche.

Como se sabe, más allá de Ku_Zaap_Maloob, avanzando mar adentro, hacia aguas más profundas, se ha descubierto un paquete de más de 20 campos.

Al mismo tiempo, se confirma que en Tabasco (Tsimin, Xux, Kimbé), la industria petrolera funciona como un enclave, sin nexo con la industria local, la que, imposibilitada de participar en proveeduría, tampoco puede tomar parte en la fiesta de los contratos.

Tardíamente, cuando ya las obras están en marcha, algunos empresarios propusieron en septiembre pasado que los contratos se desglosaran o fraccionaran. Hemos visto otros casos, incluido el domingo pasado, en los que empresas locales son hechas a un lado y se paga a las grandotas.

Citamos de una revista: “Sólo el contrato de los texanos de McDermott International, Inc, para la nueva plataforma en Tsimin, tiene un monto de más de 4 mil millones de pesos y se propuso que los subsecuentes se dividieran en varios pequeños de 20 millones, para adecuarlos a empresas medianas, y de menos de un millón para que microempresas pudieran participar. Pero es muy difícil, incluso Emilio Lozoya, el director de Pemex, ya tiene amarrados varios contratos con Keppel Offshore & Marine, de Singapur.

En el testimonio sobre el proceso de contratación se exhibe que el contenido nacional en el contrato de la plataforma Tsimin, en el mejor de los casos, llegaría al 10 por ciento.

Pero la coalición apoderada del gobierno, en su afán de obtenerproducción temprana, no sólo beneficia a los extranjeros, sino que también realiza una explotación ineficiente, depredadora.

La que podríamos llamar solucióna la Peña Nieto, es decir, la mezcla de ligeros y pesados, privilegia el interés de vender, es expresión del nuevo modelo de esta etapa del capitalismo mexicano.

Esta solución contrasta con otras burguesías petroleras, como la brasileña, cuya política de explotación de crudos pesados o ultrapesados es distinta, como lo muestra el caso del campo Peregrino, donde no se buscó resolver el problema, de hacerlo aceptable para el mercado, sino de lograr un factor de recuperación más elevado.

El campo Peregrino se descubrió en 1994, pero el factor de recuperación estimado era de 9 por ciento; de ahí que sólo hasta 2007, después de más de 10 años, las autoridades brasileñas aprobaron su desarrollo, cuando la compañía operadora presentó un programa que elevó el factor de recuperación a 20 por ciento; es un caso ejemplar por la aplicación de criterios de gradualidad.

En Brasil existe una política de impulso a la industrialización; en México se pretende su integración al bloque de América del Norte y se impone un modelo de saqueo de minerales, fundamentalmente del petróleo. Por ello, la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que pretende Peña Nieto es retrógrada y debe ser rechazada.

No sólo estamos ante una política de entrega de Pemex al extranjero, sino también ante un sacrificio de empresas nacionales y pequeñas.

Por Antonio Gershenson
La Jornada/Febrero 16, 2014
antonio.gershenson@gmail.com

martes, 21 de enero de 2014

2018: Izquierda unida y en apoyo a Andrés Manuel López Obrador, afirma Monreal Ávila



Ricardo Monreal Ávila, Coordinador de Movimiento Ciudadano. Foto: Archivo


El coordinador de MC, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que este es el momento para que se unan las izquierdas del país y dijo que la unión es indispensable para ganar las elecciones presidenciales del 2018, con Andrés Manuel López Obrador como candidato.

López Obrador tiene una característica que no tienen los otros, la autoridad moral, indicó el legislador federal en declaraciones a la prensa al presentar su libro La Larga Travesía, sobre la campaña del ex candidato presidencial.

El diputado federal comentó que estuvo con López Obrador el pasado fin de semana, durante un recorrido por Baja California, y dijo que el dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) “está completo en su lucidez intelectual, en su ánimo. Está renovada su actitud y su espíritu”.

Señaló que López Obrador es un hombre congruente y “nadie le impide participar, en su momento, si él lo desea, en esta tercera etapa”, como candidato presidencial.

“Por eso la descripción del libro es la larga travesía, porque entiendo que todavía nos falta un buen trecho para poder transformar las instituciones y que ésta es la etapa más difícil de la izquierda nacional y que (su unión) sí lo considero una condición sine qua non para transformar al país”, agregó.

Dijo que su deseo personal es que se aproveche la experiencia que se tiene para buscar la unificación de las izquierdas del país, con el propósito de “enfrentarnos a este régimen de oprobio y de corrupción” e insistió en que la unión “es la única manera de salir adelante”.

“No hago recomendaciones particulares, pero toda la izquierda debería estar unida, pero actuar con congruencia y definición política clara en beneficio de la ciudadanía”, insistió.

Cuestionó el Pacto por México, suscrito en diciembre de 2012 entre el gobierno federal, PRI, PAN y PRD, señaló que fue un error que participara éste último partido y aseguró que ese acuerdo “actuó en contra de la unidad de la izquierda”.

“Para iniciar un proceso de unidad (de la izquierda), el PRD tiene que definir con claridad su posición y tiene que deslindarse del Pacto por México”, indicó.

Notilegis/Palacio Legislativo
JGM

miércoles, 15 de enero de 2014

Mancera y la izquierda



Miguel Ángel Mancera, Jefe del Gobierno del D.F. Foto: Artchivo

Con Miguel Ángel Mancera pasa lo mismo que con esos elevadores que, cuando abren sus puertas, uno no sabe si suben o bajan. A pesar de que ganó las elecciones como parte de una coalición de partidos de izquierda, su afán por llevarla bien con el gobierno federal es tan grande que, en lugar de comportarse como el alcalde de la ciudad más progresista del país, lo hace como si fuera un político descafeinado.

Aunque en los comicios obtuvo más de 60 por ciento de los votos, en mucho como producto del deseo de la ciudadanía capitalina de tener un contrapeso al regreso del PRI a Los Pinos, Mancera se ha mimetizado con el gobierno federal. No sucedió lo mismo con sus antecesores. Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard fueron claros opositores de Vicente Fox y Felipe Calderón. Sin embargo, el actual gobernante de la ciudad de México no lo es de Enrique Peña Nieto.

Es cierto que ha conservado conquistas sociales como la pensión universal a los adultos mayores, el derecho a suspender el embarazo y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, son muy graves los retrocesos de su administración en el terreno del respeto a las libertades públicas, el incremento al precio del sistema de transporte colectivo y el manejo que ha hecho de los conflictos sociales en los medios masivos de comunicación.

Los efectos de esta política están a la vista. Mientras se destacan miles de policías para encapsularmanifestaciones e impedir protestas en el Zócalo, la inseguridad pública en la ciudad crece. Los expedientes filtrados a la prensa sobre los supuestos dirigentes del movimiento contra el alza en el costo del Metro, la invención de supuestas mesas de trabajo con grupos inconformes y la minimización de la protesta retraen a la metrópoli a las peores prácticas del priísmo.

Durante 2013, Mancera apostó a que su relación con Miguel Osorio Chong le proporcionara un margen de maniobra suficiente para proyectarse políticamente y para prescindir de lastribus perredistas. Sin contar con base social real, se hizo del control de los órganos de poder político y representación en la ciudad de México. Es el primer jefe de Gobierno de izquierda que controla simultáneamente la administración pública, el PRD en el DF y la Asamblea Legislativa. Ni Cárdenas, ni AMLO ni Ebrard lo hicieron. Esta concentración de poder le ha creado muchos enemigos dentro de sus filas amigas.

Hasta ahora, la gran apuesta política de Mancera, la de realizar una reforma política para la ciudad de México, ha resultado un fracaso. Aunque la estrategia que siguió para aprobarla, absolutamente atada al destino del Pacto por México, naufragó, no ha hecho autocrítica alguna.

No pocos problemas de Mancera provienen de que ha dejado casi toda la operación política del día a día en manos de Héctor Serrano, su secretario de Go­bierno. Personaje proveniente de las cañerías del sistema político, Serrano acostumbra utilizar marrullerías como inventar que un policía estuvo en coma a punto de morir por una supuesta agresión de maestros de la CNTE, o divulgar la versión de que AMLO pidió protección policiaca en una de sus movilizaciones contra la privatización del petróleo, cuando no lo hizo. Él fue quien asignó de manera directa el contrato para restaurar El Caballito.


Héctor Serrano ocupa un lugar privilegiado en el museo de las camisetas políticas. Las ha vestido todas. Ha saltado de un partido a otro y de un equipo político a otro sin pudor alguno. Como priísta, fue subdelegado en la demarcación Venustiano Carranza de 1986 a 1988. Luego se desempeñó como secretario técnico de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la 54 Legislatura. Entre 1991 y 1997 trabajó de oficial mayor, primero en la Asamblea de Representantes y el siguiente trienio en la Cámara de Diputados. En 2000 se hizo panista. De 2001 a 2003 fue delegado en Venustiano Carranza, cuando la panista Guadalupe Morales pidió licencia para buscar una diputación local. De allí pasó a las filas del perredismo bejaranista y luego, de la mano de Marcelo Ebrard, fue director de la Caja de Previsión Social.

Negoció la reubicación de los vendedores ambulantes en el Centro. Y durante unas semanas se incorporó al equipo de campaña de Miguel Ángel Mancera, cargo que dejó cuando Ebrard lo designó secretario de Gobierno del DF. Fue uno de los hombres que el jefe del Gobierno dejó en herencia al entrante.

Sin embargo, Serrano, dirigente de Vanguardia Progresista, la corriente de Marcelo dentro del PRD, no tardó en romper con su antiguo jefe, alinearse con Mancera y agenciarse la corriente. El ex jefe de Gobierno se vio obligado a formar una nueva tribu, con distinto nombre pero el mismo apellido: Movimiento Progresista.

Además de controlar a los vendedores ambulantes, Serrano maneja los reclusorios de la ciudad, con todo lo que eso significa. Es un hábil plomero en los bajos mundos de la política capitalina, pero es incapaz de comprender la naturaleza de una ciudadanía como la del DF. Muchos de los problemas que hoy enfrenta Mancera se deben a la torpeza de su secretario de Gobierno para dilucidar la naturaleza de los conflictos que la ciudad enfrenta y el refinamiento de la cultura política de una parte de sus habitantes.

Mancera enfrenta un creciente descontento, parte del cual proviene de las filas del PRD. El mandatario ha querido presentarse como un político que está más allá de ese partido, como un ciudadano preocupado por la ciudad, al que no se le puede culpar del desprestigio del sol azteca. Disfruta así de todos los privilegios de ser el jefe de Gobierno de la izquierda, pero se niega a pagar sus costos. Esta actitud no hace ninguna gracia a los militantes que tienen que hacer la obra negra de la política cotidiana.

Pero la inconformidad está presente también en muchos capitalinos que no militan ni en el PRD ni en otros partidos, y que rechazan a los políticos que son como esos elevadores que, al abrir sus puertas, no se sabe si suben o bajan. Demandan que en la ciudad de México exista un gobierno claramente diferenciado de Enrique Peña Nieto: uno de izquierda.

Por Luis Hernández Navarro
Tomado de La Jornada
Martes 14 de enero de 2013

Twitter:@lhan55



viernes, 10 de enero de 2014

Cuando la moda se vuelve política





La moda de las reformas supuestamente “modernizadoras” amenaza con borrar de un plumazo el gran legado histórico de luchas populares y democráticas, todavía hoy condensado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. A algunos les parece suficiente justificación para todo tipo de modificación constitucional, reforma “estructural” o nueva política pública la afirmación de que México es “un caso único en la materia”, por lo que sería necesario imitar o copiar lo que se hace en otros países. Esta ligereza argumentativa inspirada por un arraigado malinchismo genera una ceguera que hoy amenaza con desaparecer uno a uno todos nuestros derechos ciudadanos y conquistas sociales.

De acuerdo con esta destructiva lógica, urge privatizar la industria petrolera nacional para ponernos a la par con las “grandes potencias internacionales” cuyos sistemas políticos y económicos yacen hoy postrados ante la enorme fuerza de las empresas petroleras transnacionales. También supuestamente habría que avergonzarnos del hecho de que el Metro de la Ciudad de México “es uno de los más baratos del mundo”. De acuerdo a este facilón relato, urgiría subir de golpe la tarifa en un 66% para que nuestros amigos internacionales no se burlen de nuestras “populistas” políticas en defensa de la economía popular. Mientras, de manera hipócrita y contradictoria, a las mismas voces les tienen sin cuidado nuestro “excepcionalismo” internacional con respecto a la concentración de la riqueza, la desigualdad social y el estancamiento económico.

Con respecto a la “reforma política”, ocurre lo mismo en el tema de la reelección consecutiva de legisladores federales y presidentes municipales. Al parecer solamente un ciudadano desubicado, totalmente atrasado en la moda, podría defender el principio de “Sufragio efectivo, no reelección”, una conquista histórica supuestamente rebasada por los tiempos de la posmodernidad neoliberal. Escuchemos la voz de los honorables senadores de la República en su dictamen para la “Reforma Política” del 6 de diciembre de 2013:

Estas comisiones dictaminadoras estimamos que la reelección inmediata o elección consecutiva de legisladores trae aparejadas ventajas, como son: tener un vínculo más estrecho con los electores, ya que serán éstos los que ratifiquen mediante su voto, a los servidores públicos en su encargo, y ello abonará a la rendición de cuentas y fomentará las relaciones de confianza entre representantes y representados, y profesionalizará la carrera de los legisladores, para contar con representantes mayormente calificados para desempeñar sus facultades, a fin de propiciar un mejor quehacer legislativo en beneficio del país; lo que puede propiciar un mejor entorno para la construcción de acuerdos. Aunado a lo anterior, la ampliación de tal temporalidad fortalecerá el trabajo legislativo y permitirá dar continuidad y consistencia a las funciones inherentes de las cámaras respectivas.

Mimetismo desafortunado

El problema central es que las comisiones dictaminadoras no ofrecen un solo dato empírico en su dictamen que respalde esta “estimación” puramente especulativa. Si bien se incluyen un par de citas sueltas de juristas, así como algunos ejemplos de antecedentes históricos en México, no se aporta absolutamente ninguna evidencia científica para sustentar las ligeras afirmaciones con respecto a los supuestos impactos positivos de la reforma. No hay más que una fe ciega, cuasi religiosa, en las bondades de la reelección consecutiva.

Un caso en que la reelección institucionalizada ha fracasado totalmente en profundizar la democracia es Estados Unidos. La experiencia demuestra que allá los legisladores en funciones utilizan sus cargos para establecer relaciones de complicidad con intereses económicos y grupos políticos minoritarios para garantizar su permanencia en el Congreso.

En cada elección los diputados y senadores afianzan más su poder y se atrincheran con mayor solidez en sus cargos. Ello obstaculiza la rendición de cuentas a la sociedad, ya que deben sus cargos, no al voto popular sino a los acuerdos cupulares.

Esta corrupción estructural del Congreso estadunidense ha sido ampliamente documentada por destacados estudiosos de la materia. Una lectura obligada, por ejemplo, es el reciente libro de Larry Lessig, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, titulado Republic Lost: How Money Corrupts Congress—and a Plan to Stop it (Twelve, New York, 2011).

Otro importante texto que desenmascara de manera elocuente las mentiras de la supuesta “democracia” estadunidense –modelo único para la mayor parte de los impulsores de las reformas políticas mexicanas– es la del distinguido investigador emérito de la Universidad de Princeton Sheldon Wolin: Democracy Inc.: Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism (Princeton University Press, Princeton, 2008). Ambos textos resumen de manera prístina la forma en que la constante reelección de diputados y senadores al servicio del dinero y el poder lastima profundamente el funcionamiento de las instituciones políticas.

De acuerdo con el centro de investigación Open Secrets (http://www.opensecrets.org/bigpicture/reelect.php), en cada elección entre 85% y 95% de los miembros de la “Casa de Representantes” (equivalente a la Cámara de Diputados en México) y entre 80% y 90% de los senadores logran su reelección. Ello lleva los expertos de esta organización independiente con sede en Washington a afirmar que “pocas cosas en la vida son más predecibles que las posibilidades de reelección de un incumbent(legislador en funciones que busca reelegirse) de la Casa de Representantes. Con amplio conocimiento de su nombre por la sociedad y usualmente una ventaja insuperable de dinero para su campaña, los incumbents de la Casa típicamente tienen pocas dificultades para mantener sus curules”.

Asimismo, cuando por arte de magia un diputado federal estadunidense llega a perder su curul, normalmente no es resultado de una evaluación ciudadana de su desempeño, sino por cambios políticos al nivel nacional que están totalmente fuera de su control. En suma, en los Estados Unidos la reelección sirve más para premiar a la clase política por dar la espalda a la ciudadanía que para evaluar el desempeño de los políticos o acercarlos a la población.

Con la pomposamente anunciada “reforma política” en México ocurrirá algo similar. En lugar de estimular una mayor rendición de cuentas de los legisladores federales, la reelección consecutiva consolidará la impunidad de la clase política. La obsesión con el tema de la reelección de los impulsores del movimiento #ReformaPolíticaYa ha facilitado una derrota histórica para el sistema político mexicano en su conjunto. Nadie sabe para quién trabaja.

Escepticismo ciudadano

La reelección consecutiva de legisladores federales y de presidentes municipales también entra en conflicto directo con el nuevo texto del artículo 134 constitucional, promulgado en 2007, que prohíbe tajantemente tanto la utilización de recursos públicos para “influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos” como la promoción personalizada de los servidores públicos “bajo cualquier modalidad de comunicación social”.

¿Cómo se desarrollarían las campañas de los incumbentsmexicanos si nuestra Constitución señala que no podrán utilizar sus cargos para promoverse políticamente? ¿Cómo distinguir entre, por un lado, el presupuesto que manejan a razón de sus cargos y, por otro lado, los recursos públicos y privados recibidos para sus campañas políticas? Sin duda se establecerá un escenario para abusos de poder, complicidades mediáticas, simulación y corruptelas de toda índole.

Es importante señalar que el texto de la reforma política aprobada por el Congreso incluye tanto la reelección inmediata para legisladores plurinominales como la necesidad de que los partidos políticos avalen las nuevas candidaturas para la reelección de diputados y senadores en funciones. Ambas disposiciones asegurarán que efectivamente la reforma política sirva para consolidar el control absoluto de la vieja clase política. En lugar de introducir un renovado “dinamismo” al sistema político, fortalecer al Congreso de la Unión, ampliar la rendición de cuentas y acercar los legisladores a los ciudadanos, ocurrirá precisamente lo contrario.

Con toda razón la gran mayoría de la población rechaza de manera contundente la reelección consecutiva. Todas las encuestas reflejan un enorme escepticismo ciudadano en esta materia. Sistemáticamente, más de 60% de la población expresa su desacuerdo con esta nueva moda política.

El Diccionario de la Real Academia Española define “moda” como “uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en determinado país, con especialidad en los trajes, telas y adornos, principalmente los recién introducidos”. Así, la decrépita clase política de siempre busca engañar a la ciudadanía con la aprobación de reformas supuestamente “de avanzada” que en realidad no son más que los mismos trajes” hechos con nuevas “telas y adornos” que buscan cubrir a emperadores desnudos que incurren en la misma ineficacia, corrupción e impunidad de siempre.

La buena noticia es que a lo largo de la gran historia política mexicana, desde la Independencia, pasando por la Revolución e incluyendo el proceso de “democratización” simulada, la sociedad mexicana ha demostrado una y otra vez que no está dispuesta a ser engañada tan fácilmente como muchos quisieran. Tarde o temprano la población se dará cuenta de la gran mentira no solamente de la reforma política sino también del sistema político en su conjunto y se movilizará de manera independiente para que de una vez y para siempre “se vayan todos” los traidores a la Constitución de 1917.

Por John M. Ackerman*
Revista Variopinto


*John M. Ackerman es doctor en Sociología Política por la Universidad de California, Santa Cruz. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Presidente Adjunto de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo. Director Editorial de la Mexican Law Review y columnista de La Jornada y el semanario Proceso. Frecuentemente escribe para medios internacionales como New York Times, Los Angeles Times, The Guardian, Financial Times, The Atlantic, Foreign Policy, The Nation y Newsweek. Contacto: Blog: www.johnackerman.blogspot.com, Twitter: @JohnMAckerman Correo: johnackblog@gmail.com

miércoles, 25 de diciembre de 2013

"Yo voy a transformar a este país"



Daniel Blázquez Aguilar/Foto: Francisco Olvera, La Jornada

"¡Ya inició el movimiento y vamos a tirar tu gobierno. Vamos a derrocarte! ¡Yo voy a transformar este país; voy a ser Presidente y vamos a acabar con tu gobierno!”, gritó el valiente joven Daniel Blázquez Aguilar durante la pomposa ceremonia de promulgación de la contrarreforma energética en Palacio Nacional el pasado 20 de diciembre. Fueron las únicas palabras auténticas y verdaderamente audaces pronunciadas durante el acto en que se consumó una de las traiciones a la patria más grandes de la historia. En contraste con los huecos e hipócritas discursos de la caduca clase política que sólo sirvieron como cortina de humo para tapar la inmundicia que pavimenta el camino para el saqueo del país, se levantó cual ave fénix la voz de Blázquez Aguilar con una imponente claridad que seguirá retumbando por cada una de las paredes y los rincones de Palacio Nacional hasta que el pueblo sacie su sed de justicia.

La inédita velocidad con la cual los políticos corruptos impusieron las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refleja su enorme miedo al pueblo que universalmente rechaza el remate de la riqueza nacional a las empresas trasnacionales. Aprovecharon de la desorganización y el desánimo de los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, generados a raíz de la enfermedad de su líder, para acelerar el paso y consolidar el atraco antes de que el gigante dormido de la protesta social despertara. Así como compraron la Presidencia de la República en 2012, los mismos actores hoy venden el país a cambio de unas cuantas migajas ofrecidas por las empresas petroleras.

La interesada y desbordada celebración de la contrarreforma energética por parte de los principales medios estadunidenses contrasta con la creciente indignación y rabia del pueblo mexicano. No es gratuito que The Economist, medio británico comúnmente complaciente con el régimen, reconozca que México se encuentra al borde de un estallido social, al incluirlo entre los 65 países en el mundo con altas o muy altasprobabilidades de experimentar unarebelión durante 2014 (véase:http://ow.ly/rZOej).

Solamente es cuestión de tiempo para que irrumpa el descontento social. Recordemos que durante el sexenio de Felipe Calderón no fue hasta cuatro años después de su declaración deguerra contra el pueblo que surgió un movimiento masivo en contra de la irresponsabilidad criminal del presidente, primero con la campaña No más sangre, después con el Movimiento por la Paz y finalmente con la presentación de una demanda colectiva ante la Corte Penal Internacional en La Haya. Y hoy esta lucha continúa con la multiplicación de grupos ciudadanos de autodefensa a lo largo y ancho del país ante el fracaso del gobierno para garantizar la seguridad.

También pasaron varios años entre el lanzamiento mediático de Enrique Peña Nieto como el candidato de continuidad del régimen neoliberal a la Presidencia de la República y el surgimiento del movimiento #YoSoy132 cuya enorme fuerza casi detuvo la llegada a Los Pinos de alguien considerado un asesino corrupto por los jóvenes. Y el año pasado el movimiento magisterial nacional tomó varios meses para madurarse después de la aprobación de la contrarreforma educativa antes de salir a las calles de manera masiva y contundente. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) también requirió de más de una década para consolidar su fuerza antes de irrumpir en la escena política nacional el 1º de enero de 1994.


No se trata, desde luego, de cruzarnos de brazos para esperar una futura revolución en favor de la justicia y la paz, sino de que cada quien actúe ahora desde su ámbito personal, laboral, profesional y comunitario para multiplicar las muestras de repudio, articular acciones y acumular fuerzas. Hay que asegurar que el próximo e inevitable estallido social no se quede como un desahogo más, sino que siente las bases para una profunda transformación de la República.

Ello es el objetivo, por ejemplo, de la propuesta de constituir un congreso popular el próximo 5 de febrero, día en que se conmemora la promulgación de nuestra Constitución revolucionaria de 1917. Se trata de desconocer a los vendepatrias y sus cómplices que impusieron la contrarreforma energética, revertir las modificaciones constitucionales aprobadas e instalar una nueva instancia política-popular que cuente con mayor legitimidad social que las instituciones formalmente constituidas. Esta idea ya ha tenido una amplia aceptación tanto en las redes sociales como por los asistentes a la emotiva y multitudinaria #MarchaEnDefensaDeMéxico convocada por artistas, periodistas e intelectuales el pasado 20 de diciembre.

También es importante reconocer que las vías jurídicas no están completamente agotadas. Por un lado, habría que respaldar los necesarios e importantes esfuerzos de impugnar la constitucionalidad y la legalidad de la reforma, de realizar una consulta popular y de demandar a Peña Nieto por el delito de traición a la patria. Por otro lado, habría que vigilar con lupa la eventual redacción de las leyes secundarias en la materia. Los traidores no se atrevieron a incluir las partes más privatizadoras de la reforma en el texto constitucional, sino que fueron incorporadas en una serie de artículos cuyo incumplimiento no genera sanción alguna. Se mantiene incólume la tajante prohibición del otorgamiento de concesiones en materia de petróleo y de todos los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo. Así que cualquier intento de incluir en las leyes secundarias licencias ocontratos de riesgo que en los hechos serían concesiones disfrazadas tendría que ser revocado inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ningún artículo constitucional se aplica solo, sino que su eficacia práctica siempre requiere de una fuerte dosis de apoyo social y político, algo de lo cual carece totalmente la contrarreforma energética. Con una consistente movilización social y la construcción de alternativas de contrapoder ciudadano, tarde o temprano el pueblo mexicano una vez más será victorioso en defender su legado revolucionario del saqueo de los oligarcas.

Por John M. Ackerman
Tomado de La Jornada

lunes, 23 de diciembre de 2013

¿ Y la reforma contra la corrupción, apá?



Senado de la República. Foto: Archivo


A estas alturas de diciembre, la pregunta por los motivos que la política mexicana ofrece para festejar el fin de año a los ciudadanos suspirantes por el interés público nacional ha entrado ya en su fase de mayor frenetismo, que incluso raya en lo obsesivo-compulsivo, ante la falta de respuestas racional y razonablemente aceptables. Y es que la emblemática figura del reformismo político, que es El Pacto por México, dio lo que podía dar y no más, dada su naturaleza de pacto de elites partidistas y su condición de divorcio estructural respecto de sus supuestas bases sociales y del interés público: paquetes de componendas constitucionales, carentes de visión estratégica, que son clara expresión de negociaciones truculentas en las que las elites de los partidos defienden soterradamente a los grupos de interés que representan y, sobre esa base, intercambian favores.

Desde la perspectiva del interés público nacional, hubiese sido un buen motivo de festejo la aprobación de una reforma laboral que pusiera fin a los contubernios entre los empleadores y las dirigencias sindicales, que precarizan las condiciones laborales, obstruyen la productividad y desalientan la inversión productiva. En lugar de ello, habrá que seguir lidiando con la falta de democracia y de transparencia sindical y, más aún, habrá que sumarle un marco legal sesgado a los intereses empresariales.

Desde la perspectiva del interés público nacional, hubiese sido un gran motivo para festejar una reforma educativa enfocada estratégicamente a promover una oferta de servicios educativos ajustada a los estándares internacionales de formación y a mejorar la atracción y retención de las jóvenes generaciones, en el entendido consensual de que no hay mejor política de equidad y combate a la pobreza que la política educativa. En lugar de ello, habrá que seguir lidiando con un sistema de instrucción pública plagado de vicios burocráticos y de prácticas hiper sindicalizadas, incapaz de una transformación radical de sus esquemas de gestión del conocimiento y, en la comparativa internacional, poco apto para elevar el nivel de la formación de los estudiantes; aunque, eso sí, más gobernable para el poder central en turno.

Desde la perspectiva del interés público nacional, asimismo, un buen motivo de festejo hubiese sido una reforma fiscal que, congruente con el principio de justicia, ampliara la base de recaudación, frenara los privilegios de los grandes inversionistas y, más aún, se orientara a gestar los impactos redistributivos de la riqueza. En lugar de eso, lo que hoy tenemos es una miscelánea fiscal, plagada de excepciones y tratos preferenciales, que denota los efectos de la presión de los grupos rentistas sobre los diputados y los senadores así como el cuidado de éstos para no dañar los contubernios de las dirigencias políticas con amplios sectores de la economía informal.

Desde la perspectiva del interés público nacional, un excelente motivo para festejar era la aprobación de una reforma energética que respondiera de manera conjunta y equilibrada a los imperativos de eficiencia en el manejo de los hidrocarburos y otras fuentes de energía y de un uso de la riqueza energética orientado a la promoción del desarrollo nacional, con especial énfasis en el manejo transparente, el combate a los contubernios existentes y, por sobre todas las cosas, en la superación de los riesgo del establecimiento de nuevos contubernios. En lugar de ello, lo que tenemos es una reforma de orientación privatizadora que puede ampliar significativamente la inversión extranjera directa y la base de recaudación fiscal, lo que en sí mismo no es menospreciable, pero que deja la puerta abierta al manejo discrecional de los contratos y a privilegiar ilegalmente a ciertas empresas a cambio de favores privados.

Desde la perspectiva del interés público nacional, un buen motivo para festejar hubiese sido una reforma político-electoral que sacara a los procesos electorales de la inmundicia en la que se encuentran: organismos electorales administrativos y de justicia secuestrados por los partidos políticos, carentes de autonomía; campañas políticas federales y locales cínicamente estructuradas para ver qué competidor dispone de mayores recursos para publicitarse y coaccionar el voto; amplias franjas de electores dispuestas a ceder su voto al mejor postor; y, como corolario de lo anterior, un amplio margen de oportunidad para el flujo de recursos ilegales hacia las campañas políticas, que a todas luces pervierten la representación política. En lugar de ello, lo que tenemos es una “solución” ocurrente, que es la creación del Instituto Nacional de Elecciones en un escenario de coexistencia con los institutos electorales locales, financieramente onerosa y que, además, pone en riesgo lo poco de rescatable que aún existe en el actual modelo: el IFE y su servicio profesional electoral y la posibilidad de implementar una política estatal en materia de educación cívica.

A propósito de lo anterior, no es de dudar que desde la perspectiva de los grupos rentistas, por definición buscadores de ventajas privadas, exista una versión cualitativamente distinta. Muchos grupos de interés libraron la amenaza de perder sus ventajas rentistas, por ejemplo, los grandes capitales que disponen de movilidad fiscal; liderazgos sindicales de peso electoral, vinculados a las dirigencias de los partidos políticos; liderazgos de las agrupaciones de la economía informal, que representan un valioso capital de movilización y de protesta; entre otros. El problema con sus indudables victorias es que lastran las posibilidades del desarrollo nacional y la satisfacción del interés público.

Pero de todos los motivos para festejar, una que ni siquiera barruntó en los horizontes de las deliberaciones reformistas fue la reforma para prevenir y combatir la corrupción. Lo que desde una perspectiva de interés público era de esperarse al respecto era un paquete de modificaciones constitucionales y legales que elevará significativamente la probabilidad de que los actos de corrupción queden impunes y, a la par, que ampliara los tipos penales e intensificara las sanciones. Como es evidente, aquí afloró el consenso entre tácito y explícito de las elites de los partidos políticos, consistente en no moverle al asunto, dado su común entender de que una batalla de esta naturaleza, los situaría a todos como perdedores netos.

En virtud de lo anterior, y bajo la premisa que la satisfacción del interés público nacional coloca a los intereses rentistas como damnificados, la pregunta relevante es, ¿y la reforma anticorrupción pa’cuándo, apá?

Por Francisco Bedolla Cancino*
* Analista político

@franbedolla

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domingo, 22 de diciembre de 2013

El momentum de Morena



Cerco de Morena en la Cámara de Diputados el pasado 11 de diciembre de 2013

La única virtud del golpe de Peña para imponer la reforma que abrió a los monopolios nacionales y extranjeros los re­cursos energéticos de México es que destruyó cualquier ilusión sobre la democracia mexicana. La maquinaria legislativa, que abarca dos cámaras y a casi todos los congresos locales, actuó como en la época de oro del PRI, y también el gran aparato mediático, capaz no sólo de anular el derecho a la información y al debate, sino de ma­nipular la opinión pública hasta extinguirla. Sólo una ceguera radical po­dría negar que el viejo sistema está ahí.

El Pacto por México levantó expectativas candorosas, porque incluía, junto con la promesa de hacer la reforma energética, otras tendientes a reorganizar la vida política del país, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la reanimación de la economía. Con excepción del golpe, nada de ello ocurrió. El consenso fue un engaño que sirvió a la derecha para imponerse en todo: no existe más que una fuerza política verdadera en el país, la alianza orgánica, a largo plazo entre PRI y PAN, dos partidos de derecha que responden al proyecto oligárquico. No hay un centro político y el PRD, que representaba a la izquierda, ha quedado arruinado por su autoengaño. El único factor que parece sobrevivir es Morena (con sus aliados).

Es una situación muy comprometida para una organización que ni siquiera tiene aún el registro oficial de partido. Ha logrado constituir ya 25 asambleas estatales, superando las 20 que se requieren. Además, sus mínimos de afiliación oficial están por encima del medio millón de miembros. Tiene comités constituidos en todos los municipios del país y en los 300 distritos electorales. AMLO obtuvo 17 millones de votos como candidato a la Presidencia en 2012; las tendencias de los últimos 20 años muestran que la oposición auténtica tenderá a crecer con los nuevos votantes; que el PAN se estancará y el PRI pagará un alto costo por el mal desempeño de Peña.

Estas son condiciones propicias para el surgimiento de Morena. Sin embargo, existen puntos muy débiles: como ha demostrado el quebranto reciente de AMLO, la organización depende en exceso de su presencia. Será necesario, no sólo fortalecer la organización, sino extender en un espectro amplio e incluyente su base de simpatizantes y activistas. Los núcleos locales, aunque se han organizado en forma democrática, son, en muchos casos, endebles. Muchos de los fundadores han desencadenado una lucha anticipada para asegurarse candidaturas en las futuras elecciones. Los vicios que minaron al PRD están latentes y tendrán que identificarse y eliminarse de modo implacable para que la organización emerja sana hasta convertirse en opción atrayente para la mayoría de los ciudadanos. Sólo desde esa perspectiva podrá alcanzar el poder y restaurar el proyecto nacional.

Por José Agustín Ortíz Pinchetti
La Jornada/Diciembre 22, 2013

Twitter: @ortizpinchetti

joseaorpin@hotmail.com

viernes, 20 de diciembre de 2013

MORENA, Frente Amplio Social y demás ONG´s sociales y campesinas no descansarán hasta revertir reforma energética





Bernardo Bátiz, ex procurador capitalino que encabeza el equipo de abogados del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), al anunciar las 10 acciones jurídicas que llevará a cabo contra la reforma energética, afirmó que Morena no descansará hasta revertir la reforma:

“Estamos abiertos y vamos a considerar todas las posibilidades jurídicas que estén a nuestro alcance para no dejarlos en paz nunca hasta que den marcha atrás en este atropello”.

Destacó que entre dichas acciones jurídicas, se encuentra la denuncia de traición a la Patria contra el presidente Peña, controversias constitucionales a través de un gobierno estatal o municipal, solicitudes de juicio político, denuncias ante la CNDH y no se descartan también denuncias ante organismos internacionales.

Bátiz reiteró que el proceso legislativo mediante el que se aprobó la reforma “carece de validez jurídica”, en virtud de que se legisló a través del Pacto por México, el cual no es una instancia legal y rompe el sistema de división de Poderes.

Por su parte, y en el mismo tenor; Martí Batres Guadarrama, presidente nacional de el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), anunció hoy un plan de acción con el cual intentará revertir la reforma Constitucional en materia energética, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto.

Batres Guadarrama, confirmó que integraron un grupo de abogados, encabezado por el Secretario de Combate a la Corrupción, Bernardo Bátiz, con el cual continuarán la lucha pacífica en contra de la reforma, a través de diversas acciones.

El dirigente nacional,  en rueda de prensa, declaró que interpondrán amparos individuales y colectivos en contra de la reforma promulgada, e impugnarán las licitaciones que se puedan presentar en el sector energético, así como los contratos que se puedan suscribir.

Subrayó que para esa organización, que busca constituirse en partido político, son bienvenidas todas las acciones por la vía pacífica y legal que desarrollen otras fuerzas, como el PRD, pero su convocatoria no va dirigida a algún instituto político en particular, sino a todo el pueblo de México.

Por último, el Frente Amplio Social (FAS) anunció que con el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, el próximo 31 de enero harán una movilización nacional de protesta contra la reforma energética.

El organismo precisó que también participarán los integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), así como organizaciones campesinas y sociales.

martes, 10 de diciembre de 2013

Soplan aires de dictadura en México





Con Estado de Sitio en el Congreso y la Imposición de Reformas

*La Reelección con la Reforma Política de Peña Nieto nos Regresa al Porfiriato

*No se Aprobó la Revocación de Mandato ni la Segunda Vuelta ni Cuota Indígena

*Sordera a Encuestas de Opinión Ciudadano Contra las Reformas: CESOP

*Unos Cuántos Senadores y Diputados Deciden Autoritariamente por Millones de Mexicanos sin Consultarlos.

*La Ley de Participación Ciudadana Podría Quedarse en la Congeladora


La reelección de legisladores, presidentes municipales y otros funcionarios públicos fue el sello de la reforma política que se aprobó el 05 de diciembre del 2013 en la Cámara de Diputados y que puso fin a la era antireeleccionista que inició con la Revolución Mexicana de 1910. En cambio, no se incluyó ninguna modificación democrática de control como la revocación de mandato ni la segunda vuelta ni la representación indígena en el Congreso de la Unión. Tampoco se redujo el número de diputados federales ni de senadores por elección, mucho menos los plurinominales, como habían prometido.

“Estamos regresando a un estado dictatorial”, opinó el diputado federal Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez a nombre propio. Advirtió que en México “la lucha política se va a seguir dando desde los espacios que tenemos y…efectivamente soy de los que cree que sí estamos regresando a un estado dictatorial… La ley que se aprobó contra el terrorismo, que yo voté en contra -que se aprobó el 03 de diciembre del 2013- no es más que el temor del gobierno mexicano…que está buscando enjuiciar a los luchadores sociales”.

Por mayoría de votos de las bancadas del PRI, PAN, Partido Verde y Nueva Alianza, así como de 53 del PRD, también se aprobó crear el Consejo Nacional de Evaluación de Politicas de Desarrollo Social, cuyos integrantes igualmente podrán reelegirse. El Instituto Federal Electoral desaparecerá para constituir el Instituto Nacional Electoral, cuyos consejeros aumentarán su permanencia en el cargo de 6 a 9 años. El Procurador General de la República cambiará su nombre a Fiscal General de la República y tamibén ampliará su permanencia de 6 a 9 años, pero no tendrán opción reeleccionista.

La reforma política -con las modificaciones al artículo 41 de la constitución mexicana- prohibe expresamente a las organizaciones gremiales a conformar partidos políticos. Y se obliga a los partidos políticos a obtener el 3% del total de los votos de una elección, para mantener su registro. Los diputados federales podrán reelegirse a partir del 2015 hasta por 4 ocasiones consecutivas (12 años) y los senadores a partir del 2018 hasta por 2 ocasiones consecutivas (para mantenerse en el cargo 12 años). También habrá candidaturas independientes y se avalaron los gobiernos de coalisión.

Lo grave fue que para aprobar esta reforma a 30 artículos constitucionales que se conoce como reforma política, los diputados del PRI y PAN transgredieron el reglamento parlamentario que obliga a discutir las iniciativas o minutas, en comisiones antes de pasarla para someterla al voto mayoritario en el pleno. Y aprobaron pasarla directamente al pleno, para aprobarla de fast-track tres días después de que recibieron la minuta que llegó del Senado de la República. En el debate para omitir el trámite legal se desarrollo el miércoles 04 de diciembre del 2013 el vicecoordinador del Partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía, de un atropello a la democracia en México.

“Este es el colmo del absurdo, del atropello, de la desfachates. Ya se había hecho una reforma mediante una fe de erratas. Ahora pretenden equiparar a una reforma de 30 artículos constitucionales y 21 transitorios, con un acuerdo de urgente y obvia resolución…ese es el tamaño del atropello legislativo”.

En favor de dar trámite de fast-track a la reforma política, argumentó el priista Francisco Arroyo Vieyra quien dijo que “hay antecedentes en la Cámara de Diputados, en donde se desprende que de diversas discusiones que no han sido sometidas a una comisión han sido convalidadas por el pleno de la Cámara de Diputados…por ser de urgente y obvia resolución”.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el perredista Julio César Moreno, criticó desde la tribuna que se pretendiera dar un albazo y transgredir el trámite parlamentario. Pero un legislador panista le recordó que él mismo había hecho lo mismo para aprobar de fast-track las reformas educativa, la reforma en materia de telecomunicaciones y la reforma para privatizar a las playas y fronteras mexicanas…y entonces se quedó callado y ya no habló más. (Leer Noticia Relacionada: “AHORA APRUEBAN LA VENTA DE PLAYAS A EXTRANJEROS” link: http://www.frecuencialaboral.com/diputadosvenderanplayasaextranjeros2013.html“) ( Lee: “*Denosta vs Maestros el Perredista Julio César Moreno, Diputado Responsable de no Convocar a Audiencias Públicas” link: http://www.frecuencialaboral.com/reformaeducativadesobedienciacivil2013.html

El diputado perredista Fernando Zárate, explicó en entrevista que los 53 diputados del PRD que se adhirieron a la reforma política lo hicieron para asegurarse de que se reglamente el derecho constitucional a la consulta popular y los gobiernos de coalición “no es lo que deseabamos, pero tampoco podíamos llegar a más”, porque será la única vía por la cual se pueda revocar vía ciudadana “la atrocidad que van a cometer” con la reforma energética que tendrá un trámite de fast-track igual que la política.

Sin embargo, durante la noche del 05 de diciembre del 2013, el coordinador de la bancada de diputados federales perredistas, Silvano Aureoles, declaró que alguien -una mano negra- modificó la redacción la Ley Secundaria de la consulta popular, que habían negociado, en la que metieron un párrafo que no estaba “que dice que se le dejará tiempo al presidente de la República para que promueva la consulta popular…no se ni siquiera si eso es bueno o malo, pero estoy convencido de que es una trampa”. O sea, la razón por la cual dejaron solos a sus 40 compañeros que votaron en contra de la reforma política, está a punto de quebrarse. Y el domingo 8 de diciembre del 2013, dió conferencia de prensa para reclamar que el PRI y PAN que aproben esta ley reglamentaria de la consulta popular.

Desde principos de octubre del 2013 en la Cámara de Senadores los representantes del Partido Acción Nacional advirtieron que si el PRI -partido que encabeza la presidencia de la República- no aprobaba la reforma política primero, sus legisladores no aprobarían la reforma energética para validar los contratos privados en materia de petróleo y electricidad que propuso el presidente de México, filiación priista Enrique Peña Nieto. El mismo miércoles 04 de septiembre el coordinador de la bancada del PAN en la cámara de Diputados anunció -en entrevista- que ya había un acuerdo con sus homólogos del PRI para que ambas reformas estuviesen aprobadas antes del 15 de diciembre del 2013.

Debido a que se había hecho público que inmediatamente después de aprobar la reforma política comenzaría la aprobación de fast-track y sin discusión de la reforma energética, la cámara de diputados y de senadores fueron cercadas con murallas de metal y retenes policíacos. Literalmente se encuentran en estado de sitio para evitar que las manifestaciones públicas que iniciaron el lunes 02 de diciembre del 2013 llegaran a sus puertas.

A un año de que el presidente Enrique Peña Nieto asumió la presidencia de la República, el poder legislativo agudiza su rechazo a escuchar las demandas de la ciudadanía y aprueba reformas constitucionales de fast-track. El gobierno federal y los legisladores del PRI-PAN-Verde Ecologista y Nueva Alianza no prestan atención ni a los resultados de las encuestas que señalan que el 70% de los mexicanso rechazan la reforma energética, aunque también demuestran que a la ciudadanía no le interesa la reforma política.

El director general de la empresa Buendia y Laredo, Jorge Buendía, indicó que la reforma política “es la reforma que menos atención genera, antes que nada están la reforma educativa, la reforma energética, la reforma fiscal, pero la reforma electoral simplemente es un tema al que no le prestan atención; sin embargo nuestros legisladores están interesados desde muchas legislaturas atrás, en pasar cada tres años una nueva reforma política”.

En conferencia de prensa que encabezó el presidente del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (PRD), lamentó que se hayan instalado murallas metálicas y cercos policíacosen el senado y la cámara de Diputados, instalando prácticamente un estado de sitio, porque eso demuestra que los legisladores tampoco quieren escuchar a la ciudadanía, sino ejercer una “una representación parlamentaria”, que en los hechos consiste en que unos cuantos diputados y senadores deciden por millones de mexicanos, sin consultarlos.

En el artículo 29 se aprobó facultar al presidente de la República para suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente a una invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente…el problema es que el término de garantías constitucionales desaparecieron en el texto de la carta magna desde el 10 de junio del 2011 y en su lugar se inscribió el termino de derechos humanos constitucionales, lo cual indica ignorancia u omisión de quienes aprobaron ese texto.

A continuación transcribimos textualmente una parte de la reforma política:

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Por María de Lourdes Martínez González
Periodista y Conductora de Frecuencia Laboral

martes, 12 de noviembre de 2013

Cárdenas califica de "ilegítima" la iniciativa energética de Peña



Cuauhtémoc Cárdenas durante su intervención en el Debate Público sobre reforma energética. Foto: Jesús Villaseca

Al participar en la clausura de los foros en materia energética, organizados por el PRD en el Senado, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas aseguró que la reforma del Ejecutivo Federal es una iniciativa ‘‘ilegítima’’ desde el punto de vista político, porque en la campaña presidencial de 2012 ningún candidato planteó cambios a la Constitución ‘‘para abrir la puerta al retorno de las compañías petroleras al manejo de los recursos de México’’.

En la antigua sede senatorial de Xicoténcatl, donde se realizó el foro de análisis, el ex candidato presidencial convocó a los senadores perredistas a ‘‘convencer a los legisladores de otros partidos de votar en contra de la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, para que no queden marcados de por vida por ese voto de la ignominia’’.

Sería muy grave, insistió Cárdenas, ‘‘que los legisladores queden marcados por este voto contrario a la lucha emancipadora del pueblo de México’’. En caso de que se apruebe esa reforma, aseveró Cárdenas Solórzano, ‘‘recurriremos a la Constitución para pedir que se convoque a una consulta popular y echemos abajo’’ esas modificaciones a la Carta Magna.

A su vez, Marcelo Ebrard Casaubon, ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, ante el presidente nacional perredista, Jesús Zambrano, y el coordinador de los senadores del sol azteca, Miguel Barbosa, llamó a que sea ‘‘el PRD el que encabece sin titubeo alguno la oposición eficaz y contundente a esa iniciativa de contrarreforma constitucional que compromete gravemente el futuro de los mexicanos’’.

Ebrard llamó a los legisladores de su partido a que ‘‘no tengamos las ambigüedades de la reforma hacendaria vergonzosa. Actuemos con resolución. En esta hora de México, demostremos por qué la izquierda no sólo tiene el derecho y la razón para gobernar, sino también tiene las agallas y la integridad para hacerlo’’.


Porfirio Muñoz Ledo, en su turno, subrayó que la iniciativa de Peña es un retroceso histórico y condena al país a ser un proveedor permanente de crudo. Precisó enseguida: ‘‘Las reformas constitucionales son válidas cuando se garantizan la identidad y continuidad de la Constitución, considerada como un todo, lo que implica el reconocimiento de la irreformabilidad de las decisiones políticas’’.

A su vez, el sacerdote dominico Miguel Concha Malo manifestó que la reforma del presidente Peña Nieto ‘‘nos pone en manos de quienes no tienen interés en beneficiar o proteger la economía del país, y constituye, en el mejor de los casos, una ingenuidad, una inexperiencia mayúscula, una ignorancia supina, una pérdida del sentido nacional más elemental’’.

Sin embargo, sostuvo que ‘‘en el peor de los escenarios, se trata de una verdadera traición que antepone intereses particulares o singulares al interés común y, por tanto, debiera ser sancionada’’.

Zambrano, en su oportunidad, aseveró: ‘‘Quiero dejar muy claro que en este tema en el PRD no tenemos absolutamente ninguna diferencia, estamos en favor de una reforma energética integral; lo hemos resumido en una frase: reformar sin privatizar’’.

Por su parte, el coordinador de los senadores del sol azteca, Miguel Barbosa, convocó a las fuerzas progresistas del país a formar un frente único para la defensa del petróleo y llamó a la movilización social para impedir la privatización de Pemex. ‘‘Esa batalla yo estoy cierto que la vamos a ganar, pero la vamos a ganar mejor si estamos unidos’’.

Luego, en entrevista, dijo: ‘‘Tenemos acercamiento con 16 senadores del PAN, que hacen el número mágico: 16 votos panistas, 22 del PRD, cinco del PT, más la senadora Layda Sansores hacen un total de 44. Número mágico para parar cualquier reforma’’.

Víctor Ballinas
La Jornada/Noviembre 12, 2013