Compromisos y acciones efectivas necesitan las niñas y mujeres en el Mundo: AI

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Elena, una niña de 10 años violada por un sacerdote en Nicaragua, sufrió presiones para que guardase silencio y no denunciase el abuso antes de que el violador fuese por fin procesado y condenado a 30 años de cárcel.

El cuerpo de María fue encontrado sin vida en México, después de que la policía se hubiera negado a atender un llamado de emergencia por considerarlo un asunto familiar.


Latifah, una niña Indonesia de 14 años, fue acusada de adulterio por la policía local cuando acudió a denunciar que había sido violada.


Los nombres de estas mujeres son ficticios, pero sus historias muestran las consecuencias de la arraigada discriminación que sufren millones de mujeres y niñas de todo el mundo, simplemente debido a su género.


Amnistía Internacional ha atestiguado, cuando las mujeres y las niñas carecen de servicios de salud efectivos y de información sobre ellos, las consecuencias son a menudo catastróficas. En muchos países, la falta de autonomía y capacidad a la que se enfrentan las mujeres y las niñas para tomar decisiones que afectan su vida constituye un impedimento crucial para acceder a sus derechos.


La ONU ha denunciado recientemente que cada día mueren en torno a 800 mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto, y que, por cada una de ellas, otras 20 soportan sufrimiento durante toda la vida como consecuencia de lesiones, infecciones, enfermedades o discapacidades derivadas del embarazo, el parto o abortos practicados en condiciones de riesgo.


En gran parte del mundo, la impunidad caracteriza la violencia contra las mujeres, escandalosos casos en India, México, Pakistán y Colombia han creado titulares y han arrojado luz sobre los preocupantes niveles de impunidad que facilitaron estas tragedias. En México, solo el 20% de las denuncias de violación terminan en sentencia y si se considera que el 80% de los casos no son denunciados, se puede deducir que se castiga en menos del 5% de las violaciones sexuales contra mujeres.


De Indonesia a México, de Sierra Leona a Estados Unidos, millones de mujeres y niñas pagan con su vida las políticas de salud fallidas, atención insuficiente, y las leyes discriminatorias. Muchas sufren discriminación y violencia en sus familias y comunidades, con poca o ninguna esperanza de obtener justicia o recibir apoyo de sus gobiernos, afirmó hoy Amnistía Internacional.


En 1994, en una conferencia pionera celebrada en El Cairo, dirigentes de 179 países reafirmaron los derechos humanos de las mujeres y las niñas a tomar sus propias decisiones sobre la sexualidad, el embarazo y la maternidad, y se comprometieron a convertir el empoderamiento de las mujeres en un elemento central de sus políticas sobre población y desarrollo.


Amnistía Internacional considera que en los años transcurridos desde la Conferencia de El Cairo se han tomado algunas medidas importantes para cumplir los compromisos adquiridos en ella. Pero estos progresos han tardado en llegar y, en algunas áreas como la salud sexual y reproductiva, han sido, como mucho, irregulares.


Representantes de los Estados miembros de la ONU se reunirán de nuevo en 2014 para revisar los avances logrados con el Programa de Acción aprobado 20 años antes en El Cairo. En concreto, examinarán las iniciativas de los gobiernos para cumplir sus compromisos.


Amnistía Internacional llama los Estados tomar seriamente esta oportunidad y que tomen compromisos para asegurar que toda persona pueda vivir sin violencia y tomar decisiones independientes e informadas sobre su salud, su cuerpo y su vida.


Así mismo, la organización recuerda a los gobiernos que no deben esperar esta conferencia para poner en marcha políticas efectivas que permitan a las mujeres y las niñas acceder a una vida sin violencia, sin discriminación y con un adecuado acceso a la salud.

Fuente: www.amnistia.org.mx

"Drones", una mala palabra para la ONU

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Sistema de Vigilancia RQ-7B Shadow 200. Foto: US Military. Dominio público

NUEVA YORK, NY (IPS).- Los aviones teledirigidos, conocidos por el vocablo inglés de "drones", son las controvertidas armas letales utilizadas por Estados Unidos en su guerra contra el terrorismo, pero por obvias razones son una mala palabra para la ONU.

Cuando el secretario general adjunto para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, el francés Hervé Ladsous, fue consultado sobre los planes de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para utilizar estos dispositivos en República Democrática del Congo (RDC), su respuesta fue refinada.

"No diría ‘drones’", dijo a los periodistas el miércoles 6 de febrero, en cambio prefirió utilizar el término militar "vehículos aéreos no tripulados" (VAT).

Ladsous dijo que la ONU prevé utilizar "VAT desarmados" con fines de vigilancia y con el permiso expreso del gobierno de la RDC y de los países vecinos.

"Vamos a ver cómo funciona este experimento", precisó, y añadió que la ONU estará "abierta" a compartir cualquier información que obtenga con los organismos regionales africanos, además de los comandantes del foro mundial en el terreno.

La "luz verde" para el uso de estos aviones teledirigidos en RDC, un país de África central asolado por una fuerte insurgencia, fue dada por el Consejo de Seguridad, de 15 miembros, en noviembre, con el fin de que la Misión de la ONU de Estabilización de la RDC (Monusco), con 17.500 efectivos, controle el movimiento de grupos armados insurgentes.

Pero algunos diplomáticos de las representaciones ante la ONU temen que los aviones teledirigidos puedan ser armados si, y cuando, el conflicto en ese país empeore.

Los aviones teledirigidos empleados por Estados Unidos están fuertemente armados y causaron muchas muertes, de presuntos terroristas mayormente, pero también de civiles, en Afganistán, Pakistán, Somalia y Yemen. Más de 40 países despliegan o fabrican estos dispositivos, según diversos informes consultados.

El analista de sistemas de defensa Larry Dickerson, del Forecast International, dijo que además de Estados Unidos, hay muchos países que fabrican VAT. Citó entre ellos a Alemania, Austria, Bulgaria, Canadá, China, Corea del Sur, España, Francia, Gran Bretaña, Grecia, India, Italia, Israel, Japón, Polonia, República Checa, Rusia, Singapur y Sudáfrica.

El abogado británico Ben Emmerson, relator especial de la ONU para derechos humanos y antiterrorismo, está preparando un informe sobre el uso de aviones teledirigidos. El documento se concentra en 25 ataques en Afganistán, Pakistán, territorios palestinos (por aviones israelíes), Somalia y Yemen, donde las operaciones dejaron varios civiles muertos. El informe será presentado a la Asamblea General de la ONU en octubre o noviembre.

El secretario general del foro mundial, Ban Ki-moon, ya expresó su preocupación por el uso de estos dispositivos para asesinatos selectivos, "pues deja dudas sobre el cumplimiento del principio fundamental de distinción entre combatientes y no combatientes".

El portavoz de la ONU, Farhan Haq, declaró en enero que los ataques con VAT causaron una cantidad "sustancial de víctimas, lo que deja dudas sobre la capacidad de garantizar el total complimiento del principio de proporcionalidad".

Apuntó que el secretario general pidió transparencia a los estados miembros involucrados, sobre las circunstancias en que los VAT fueron utilizados y los medios para garantizar que los ataques con estos aviones teledirigidos cumplan con el derecho internacional.

Según la organización humanitaria Amnistía Internacional, con sede en Londres, tan solo en Pakistán hubo más de 300 ataques con VAT en los últimos años, que causaron la muerte de civiles y de presuntos insurgentes.

Sobre el hecho de que el gobierno de Estados Unidos redacta pautas para los ataques selectivos con VAT, Susan Lee, directora de programa del capítulo de Amnistía en el país, fue terminante: "Ya existe un reglamento para estas cuestiones, se llama derecho internacional".

La política del gobierno estadounidense en la materia, remarcó, no solo debe ser divulgada, sino que debe ajustarse al derecho internacional.

Las justificaciones ofrecidas hasta ahora por miembros del gobierno de Barack Obama solo muestran que su política permite las ejecuciones extrajudiciales violando el derecho internacional, remarcó Lee.

Al ser consultado sobre cuán lejos han llegado China y Rusia en el uso de aviones teledirigidos en conflicto, Dickerson dijo que ambos países aumentan sus existencias, "pero aún están muy lejos de Estados Unidos en términos de cantidad desplegada y de complejidad de sus sistemas".

"Tampoco tienen la experiencia en combate del ejército de Estados Unidos, obtenida en los últimos 10 años", observó. Dickerson remarcó que Estados Unidos produce más VAT que cualquier otro país del mundo y tiene la mayor porción de mercado.

El mercado mundial de VAT alcanzará la friolera de 70.900 millones de dólares en los próximos 10 años, indicó, 39.200 millones destinados a la producción de estos dispositivos, 28.700 millones para investigación y desarrollo y unos 3.000 millones para contratos de servicio.

Por Thalif Deen

losangelespress.org

¿ Por qué la (in)seguridad ciudadana en Latinoamérica?

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Foto: Red

América Latina ha tenido un destacado desempeño económico en la última década, acompañado por una reducción significativa en los niveles de pobreza y, en algunos países, también en los niveles de desigualdad. Si comparamos la situación actual con lo que sucedía hace dos décadas, la región tiene hoy en día economías más fuertes e integradas, democracias más consolidadas, así como Estados que han asumido mayores responsabilidades en la protección social. Pero el flanco débil de la región es la violencia, el crimen y la inseguridad.

Con intensidades diferenciadas entre países, la región sufre de una epidemia de violencia, acompañada por el crecimiento y difusión de los delitos, así como por el aumento del temor entre los ciudadanos. Entre 2000 y 2010 la tasa de homicidios de la región creció 11%, mientras que en la mayoría de las regiones del mundo descendió. Si consideramos los países que tienen información entre 1980 y principios de 1990, en comparación al momento actual, encontraremos que los robos se han casi triplicado en los últimos 25 años. Más aún, 1 de cada 10 robos se producen con violencia, en su gran mayoría a través del uso de armas de fuego y 1 de cada 10 latinoamericanos han sido víctimas de violencia intrafamiliar. En un día típico en América Latina 460 personas sufren las consecuencias de la violencia sexual; la mayoría son mujeres.

El deterioro de la seguridad no se ha dado de manera homogénea. Cuando desagregamos los delitos por países encontramos dos Américas Latinas: una en la cual la violencia letal es la que más aqueja a la población, con países que sufren verdaderas espirales de violencia, y otra en la que los niveles de homicidio son relativamente bajos, pero en la que el aumento repentino y considerable de los delitos patrimoniales ha disparado la percepción de inseguridad en la ciudadanía. Al mismo tiempo, al interior de los países la situación es heterogénea, con municipios y estados que tienen indicadores comparables a los países de Europa y lugares en los que la violencia letal es incluso mayor a la de países en guerra.

Los latinoamericanos tenemos menos pobreza, menos desigualdad y democracias relativamente estables en la región, pero mayores niveles de inseguridad. ¿Qué ocurrió?

En un día en América Latina 460 personas sufren las consecuencias de la violencia sexual; la mayoría mujeres

Esta es una de las preguntas centrales que ha asumido el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través de la elaboración en curso de un Informe de Desarrollo Humano para América Latina, el cual tiene como tema central la seguridad ciudadana. El informe señala cuatro claves para responder a esta pregunta. Primero, los Estados de la región siguen teniendo déficits de capacidades en materia de justicia y seguridad. Esto se refleja en índices de impunidad alarmantes, la crisis que atraviesan sus sistemas carcelarios y en la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones de justicia y policía. Es justamente a la luz de estos déficits que la privatización de la seguridad ha ido ganando fuerza, lo cual tiende a profundizar la desigualdad en el acceso a la seguridad y deja sin resolver los retos que atraviesa el Estado como principal garante de la seguridad ciudadana.

Segundo, el informe constata que la región ha crecido más en cantidad que en calidad: continúa teniendo fragilidades en el empleo, rezagos en la inclusión de las poblaciones más jóvenes, crecimientos urbanos acelerados acompañados de fracturas en el tejido social y de clases medias vulnerables.

Tercero, los vínculos comunitarios como la familia, la escuela y la comunidad han perdido su fuerza en algunos contextos como tensores sociales que permiten desarrollar formas positivas de convivencia. La inseguridad ha reconfigurado el tejido social en las sociedades latinoamericanas reduciendo los espacios de cooperación, confianza y participación ciudadana y propiciando, en algunos casos, formas de organización distorsionadas por el temor y la desconfianza como la llamada “justicia por mano propia.”

La agudización de las amenazas limita gravemente las capacidades y libertades de los latinoamericanos

Cuarto, la multiplicación y agudización de las amenazas a la seguridad tanto en espacios privados como públicos limitan gravemente las capacidades y libertades de los latinoamericanos. Si bien el crimen organizado ha ganado notoriedad como dinamizador de la violencia y el crimen a nivel local y transnacional, la afectación cotidiana de los ciudadanos revela que están expuestos a muchas otras amenazas como el delito callejero, la violencia de género y la violencia ejercida por y en contra de los jóvenes, y que dichas amenazas se entrecruzan y retroalimentan en la práctica.

Estas cuatro claves revelan la complejidad y multiplicidad de los problemas que subyacen a la inseguridad ciudadana. Más aún, exigen pensar en respuestas integrales de política pública, incluyendo el papel de los actores no estatales y de la comunidad internacional. Sabemos bien que hay que pasar de la reflexión a la acción, con respuestas creativas e innovadoras, aprendiendo de los aciertos y las fallas. De ahí que el objetivo más importante del Informe de Desarrollo Humano para América Latina 2013 –que cuenta con la colaboración de distinguidos especialistas, representantes del quehacer público y la sociedad civil–, sea contribuir a la creación de mejores y más efectivas políticas públicas en aras de proteger a las y los ciudadanos de América Latina.

Por Heraldo Muñoz*

(*) Heraldo Muñoz es subsecretario general de Naciones Unidas y director regional para América Latina y el Caribe del PNUD.

Millones padecen hambre en América Latina por no tener dinero: informe

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En El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2012 se presentaron nuevas estimaciones de la subnutrición basadas en una metodología revisada y mejorada. Las nuevas estimaciones indicaron que los avances en la reducción del hambre en los últimos 20 años han sido mayores de lo que se creía anteriormente y que, si se redoblan los esfuerzos, tal vez se pueda alcanzar la meta sobre el hambre establecida en los ODM a nivel mundial para el año 2015. Sin embargo, el número de personas que padecen subnutrición crónica sigue siendo inaceptablemente elevado y la erradicación del hambre sigue siendo un gran desafío a nivel mundial.

Este año, en el informe también se analiza el papel del crecimiento económico en la reducción de la subnutrición. El crecimiento agrícola sostenible es a menudo eficaz para llegar a los pobres, porque la mayoría de los pobres y hambrientos vive en las zonas rurales y depende de la agricultura para una parte importante de sus medios de vida. Sin embargo, el crecimiento no necesariamente tendrá como resultado una mejor nutrición para todos. Entre las políticas y programas que permitirán que el crecimiento incluya la dimensión de la nutrición figuran el apoyo a una mayor diversidad de la dieta, la mejora del acceso al agua potable, al saneamiento y a los servicios de salud, y la educación de los consumidores sobre la nutrición y las prácticas de cuidado infantil adecuadas.

El crecimiento económico tarda tiempo en llegar a los pobres y puede no llegar a los más pobres de los pobres. Por lo tanto, la protección social es fundamental para eliminar el hambre lo más rápidamente posible. Por último, a fin de hacer avances rápidos en la reducción del hambre son precisas medidas públicas para proporcionar bienes públicos y servicios fundamentales en el marco de un sistema de gobierno basado en la transparencia, la participación, la rendición de cuentas, el imperio de la ley y los derechos humanos.

En América Latina y el Caribe son cuarenta y nueve millones de personas las que padecen hambre, pero no por falta de alimentos sino porque carecen de dinero para comprarlos, reveló el informe de 2012 de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Los países con mayor hambruna son Haití, con 44,5%; Guatemala, con 30,4; Paraguay, 25,5%; Bolivia, 24,1% y Nicaragua, 20,1%.

Los únicos países que han disminuido el hambre son: Chile, Cuba, Uruguay y Venezuela. Según la FAO, América Latina registró entre el 2011 y este año tasas de crecimiento superiores a las de la Unión Europea y EE.UU cuando se registró un alza en los precios de los alimentos y materias primas.

Fuente: ONU-FAO

México considerado el país más peligroso para ejercer la actividad periodística: ONU

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Hoy viernes 4 de enero se celebra en México el Día del Periodista en honor a Manuel Caballero considerado el primer periodista "moderno" en la historia del país y fallecido un día como hoy pero de 1826.

A continuación mostramos algunos datos sobre esta celebración y la profesión a la que se festeja:

* Si bien en México se conmemora la actividad periodística el 4 de enero, el 8 de septiembre se celebra el Día Internacional del Periodista.

* México es el país más peligroso del mundo para ejercer la profesión, según estudios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

* Mientras que el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) considera a México como el cuarto lugar con mayor peligrosidad para los periodistas y su actividad, solo por debajo de Pakistán, Irán y Libia.

* En el balance anual de Reporteros sin Fronteras (Reporters sans Frontiers), el país se encuentra como el país peligroso en el continente americano para los periodistas.

* De 1983 a 1999, según datos de la Comisión Especial de Seguimiento a Agresiones a Periodistas y Medios de la Cámara de Diputados, se reportaron 33 asesinatos; a partir del 2000 la cifra aumentó a 77, tendencia que se atribuye a la acción emprendida por la pasada administración federal en contra del crimen organizado.

* La organización no gubernamental Campaña Emblema de Prensa (CEP) ubicó a México en el periodo 2010-2011 como el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, y de acuerdo con su último análisis (2012) en el país se cometieron 11 de los 141 asesinatos de periodistas ocurridos en el mundo.

Con información de www.altonivel.com

Condena la ONU a México por utilizar cuarteles militares para arraigar y torturar

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Posicionamento de la CMDPDH ante las recomendaciones del CAT sobre la lucha contra la Tortura en México. View this email in your browser

ONU condena a México por utilizar cuarteles militares para arraigar y torturar  El Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas expresó su preocupación por la persistencia del uso del arraigo en México y recomendó nuevamente su pronta eliminación.  En sus recomendaciones condena el uso de instalaciones militares para mantener arraigadas a personas. En un informe dado a conocer en Ginebra, el 24 de noviembre del año en curso, el Comité Contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas condenó el uso reiterado del arraigo en México, tanto a nivel federal como en las entidades federativas, y recomendó nuevamente al Estado a eliminar dicha figura de la legislación y la práctica, tanto a nivel federal como estatal. Ésta es la novena recomendación internacional de organismos de derechos humanos que instan a México a poner fin al uso del arraigo.   Tras haber analizado el informe presentado por el Estado mexicano el pasado mes de octubre, a cuya sesión en Ginebra acudieron más de 35 funcionarios públicos, así como los distintos informes presentados por las organizaciones de la sociedad civil, las y los expertos del Comité emitieron sus observaciones finales y recomendaciones a México con el fin de poner fin a la práctica de la tortura en nuestro país.   El CAT, entre otros temas, criticó la elevación a rango constitucional de la figura del arraigo en 2008, ignorando con ello las recomendaciones previas de diversos organismos internacionales de derechos humanos, incluido este mismo Comité.   En particular, el Comité expresó su preocupación por las denuncias de tortura y malos tratos a personas sometidas bajo arraigo, y condenó que personas sean puestas bajo arraigo en instalaciones militares. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) en su informe evidenció ante el Comité su uso sistemático en instalaciones militares para facilitar detenciones ilegales, torturas y muchas otras violaciones a los derechos humanos.   Juan Carlos Gutiérrez, Director General de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), ante las conclusiones del CAT resaltó: “La práctica del arraigo ha sido condenada nuevamente por organismos internacionales de derechos humanos de la ONU, Sin embargo, el Estado lejos de avanzar hacia el cumplimiento de las recomendaciones y poner fin a ésta práctica, ha continuado con su defensa y justificación, En este sentido, el Comité señaló que la figura del arraigo conlleva severas restricciones indebidas a diversos derechos, entre ellos la presunción de inocencia. Asimismo, criticó el incumplimiento de las medidas de control para su aplicación, el uso indiscriminado que realiza el Ministerio Público y la ausencia de criterios de proporcionalidad en la determinación del periodo de arraigo.   “A pesar de ello – agregó  Juan Carlos Gutiérrez – México insiste en continuar con una práctica que a todas luces es violatoria de los derechos humanos y de su propia constitución. Por ello, el Estado en su conjunto debe avanzar hacia la eliminación del uso del arraigo; es decir, tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial tienen responsabilidades para cumplir con las obligaciones internacionales que México ha adquirido. Los tres poderes de la Unión tienen facultades y responsabilidades para así hacerlo.”   Por otra parte, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos lamenta la postura del gobierno mexicano que sigue negando el uso de la tortura y tergiversando las recomendaciones internacionales. Esto se evidencia en el comunicado conjunto de la Secretaria de Relaciones Exteriores, la Secretaria de Gobernación y la Procuraduría General de la República, publicado el 23 de Noviembre, en respuesta a las recomendaciones emitidas por el Comité Contra la Tortura.   En dicho comunicado el Gobierno mexicano sigue evadiendo sus responsabilidades al desconocer el amplio número de recomendaciones presentadas por el CAT, ocultando todas ellas, entre otras, la eliminación del arraigo, las cuales describe como “recomendaciones puntuales, de las cuales el Gobierno de México toma debida nota.” Lo cual demuestra la escasa voluntad para asumir las responsabilidades internacionales que el país asumió al firmar los tratados internacionales.   La CMDPDH viene realizando una campaña para la eliminación de la figura del arraigo, la información sobre el tema puede ser consultada en nuestra página web www.cmdpdh.org.

ONU pide a México abolir la práctica del arraigo; éste niega sea equiparado a "desaparición forzada"

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Considera la ONU que la práctica de arraigo en México es arbitraria. Foto Red

Se prevé que será hasta finales de noviembre cuando expertos del Comité contra la Tortura de la ONU, como George Tugushi,  emitirá sus recomendaciones, sin embargo, le pidieron a México la abolición del arraigo, una figura que podría asemejarse a las desapariciones secretas e incluso incurrir en tortura: “Pero, la clave sigue siendo que es una práctica que queda al margen del control judicial, por eso, en vez de defender el sistema, yo creo que lo que hay que hacer es proceder a abolirlo”.


Este pasado miércoles y  aún ayer jueves México intentó justificar ante Naciones Unidas el arraigo, argumentando que sólo se aplica en casos graves y con apego a derecho. Contestó a casi un centenar de preguntas sobre fuero militar, desapariciones, feminicidios y migración, entre otros. El CAT sugirió a México la visita de la relatora especial para defensores de Derechos Humanos.


Luego de escuchar el posicionamiento en contra de los expertos de la ONU que le piden a México la abolición del arraigo, contemplado incluso en la Constitución, la Subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Ruth Villanueva, rechazó en Ginebra, Suiza, que esta figura sea equiparada a una desaparición forzada.


“De ninguna manera es una desaparición forzada. Las personas que están arraigadas no pierden la comunicación con su familia, no la pierden con sus defensores. Las comisiones de derechos humanos, en el momento que quieran pueden ir a visitarlos. Hay en cada una de estas instituciones módulos de unidades para la atención del respeto a los derechos humanos…”.


La Subprocuradora encabezó la delegación de México que defendió su quinto y sexto informe consolidado ante el Comité contra la Tortura de la ONU. Insistió en que el arraigo no es arbitrario, ya que lo concede un juez, hay registro del detenido, no se le incomunica de su familia y defensores y recibe asistencia médica en condiciones dignas.

 

Con Información de NTX. 

Tortura e impunidad, denuncia de años en Guerrero

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Militares en la Montana, Guerrero. Foto: Tlachinollan

LA MONTAÑA, Guerrero.- Existen decenas de casos documentados de tortura en Guerrero, sin contar la cantidad de delitos de esa índole que no se denuncian. El Centro de Derechos Humanos de La Montaña “Tlachinollan”, fundado y dirigido por el antropólogo Abel Barrera Hernández, así lo destacó junto con otras organizaciones que expondrán ante Naciones Unidas (ONU) su preocupación por el rezago de la abolición de la tortura en México, ante la evaluación al estado mexicano que se lleva a cabo el 31 de octubre y 1 de noviembre, en Ginebra, Suiza.

"En Guerrero no existe la tipificación del delito de tortura en su código penal a pesar de que persiste esta práctica", se explicó en el marco de la revisión del quinto y sexto informe periódico del Estado mexicano ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza, órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención Contra la Tortura.

En el informe en enfatizó en las deficiencias en la investigación sobre tortura incluyendo la nula aplicación del Protocolo de Estambul, así como el rezago en la reforma del sistema de justicia penal y la subsistencia del fuero militar.

Guerrero, impunidad de torturadores

Tlachinollan recuerda en su informe que Guerrero tiene un largo historial de graves violaciones a los derechos humanos marcadas por la impunidad. En esta entidad se cometió la mayoría de las desapariciones forzadas durante la década de los años setenta sin investigaciones judiciales.

En años más recientes, han continuado estos patrones de violaciones a derechos humanos, como lo comprueban los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, ambas mujeres indígenas del pueblo Me’phaa, violadas y torturadas por militares en el año 2002. La búsqueda de justicia por estas mujeres fue una tarea titánica y dolorosa para sus familias, sin embargo sus casos llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y desde ahí el tribunal publicó su sentencia en 2010.

Otro caso es el de los ecologistas desaparecidos de la sierra de Petatlán, Eva Alarcón y Marcial Bautista que llevan meses sin que las autoridades pongan atención en el caso.

En La Montaña de Guerrero, el Monitor Civil de las Fuerzas Policiales ha documentado más de 60 casos de tortura y tratos crueles en los últimos tres años en la región, principalmente contra personas indígenas siendo la Policía Investigadora Ministerial responsable de la mayoría de las vejaciones.

Represión de policías federales a estudiantes de Ayotzinapa en diciembre de 2011 Foto: red

El caso Ayotzinapa no se olvida

Un caso emblemático de la persistencia de la tortura fue la “ejecución extrajudicial, tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes en contra de estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa”, cometidas el 12 diciembre de 2011 por policías federales y del estado.

El informe del “caso Ayotzinapa” será presentado por Tlachinollan, y da cuenta del doble crimen de la detención arbitraria de 42 personas de las cuales 24 fueron sometidas a golpes de palos y toletes, entre las que se hallaban cuatro menores y una mujer.

La organización documenta pormenorizadamente el caso de Gerardo Torres, estudiante de 19 años de edad, víctima de tortura y acusado de disparar un rifle Ak47, sufriendo la táctica militar para obtener confesiones ilegítimas en casos de alto impacto.

De acuerdo al informe de la CNDH se constató que los manifestantes de Ayotzinapa estaban desarmados y hubo empleo excesivo de la fuerza pública con armas. Sin embargo, la labor del Ombudsman no ha cobrado la fuerza necesaria para que se imparta la justicia, señalan miembros de la organización.

El informe de Tlachinollan, advierte que la investigación de la tortura en el estado de Guerrero es prácticamente inexistente, pues a la ausencia de un marco jurídico adecuado, se suma la falta de capacidades forenses mínimas del Ministerio Público, incluyendo a peritos y policías. Sentencias por tortura ignoradas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha dictado tres sentencias condenatorias contra el Estado mexicano por casos de tortura ocurridos en Guerrero. Para el Centro de derechos humanos Tlachinollan es impostergable que el gobierno estatal reforme el Código de Justicia Penal para tipificar el delito de tortura. “De lo contrario no se va a poder garantizar un marco que abata la impunidad y de castigo ejemplar a los torturadores”, refieren los derechohumanistas.

El CAT de la ONU, en sus revisiones sobre México ha marcado la falta de tipificación del delito de tortura en el estado de Guerrero, a pesar de la expresa solicitud de las organizaciones no gubernamentales de la entidad. El informe presentado por el Estado mexicano tampoco hace alusión alguna a ello, por lo que Tlachinollan adelanta que solicitará al Congreso local la aprobación de reformas legislativas armónicas con los tratados internacionales en este campo.

“La falta de garantías de seguridad para las víctimas de actos de tortura inhibe la presentación de denuncias como lo constataron en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa”, sostiene Tlachinollan y abunda que incluso hubo amenazas de muerte contra un abogado del centro de derechos humanos, Vidulfo Rosales Sierra, a quien le exigieron dejar ese caso a través de una amenaza escrita por lo que tuvo que salir del país varios meses.

Indiferencia ante recomendaciones de CNDH

Los abusos cometidos por los militares, incluyendo la práctica de tortura, continúan en aumento, de acuerdo al informe de Tlachinollan. Respecto al estado de Guerrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) difundió haber recibido 415 quejas y de éstas sólo 5 han concluido en recomendaciones, se denuncia.

En el informe de Tlachinollan también se da cuenta de la ratificación de la Procuraduría General de la República (PGR) con supuesta base en el Protocolo de Estambul, publicitado como la herramienta pericial para investigación de la tortura, en la que la misma autoridad reconoció que sus peritos han aplicado en 302 ocasiones el dictamen médico psicológico, especializado para casos de posible tortura y maltrato, y han encontrando en 128 casos lesiones posiblemente derivadas de tortura.

También se ha informado que no existe una sola sentencia condenatoria en contra de algún funcionario o miembro de seguridad estatal ni federal por el delito de tortura.

SEDENA, principal torturador

El Centro de Derechos Humanos de Tlachinollan obtuvo información a través del IFAI, respecto a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), y reveló que se iniciaron 142 averiguaciones previas por el delito de “violencia contra las personas causando tortura” y 821 averiguaciones previas por el delito de “violencia contra las personas causando lesiones” contra órganos militares, del 2002 a la fecha.

Sin embargo, a pesar del alto número de averiguaciones previas iniciadas, explican los miembros de la organización no gubernamental de La Montaña, "sólo seis expedientes fueron consignados ante los juzgados penales por el delito de tortura, y en ninguno de estos casos hubo sanción penal para los responsables".

Los derechohumanistas de Tlachinollan explican que “el hecho de que el delito de la tortura esté legislado en una norma secundaria que además está vinculada a la creación un organismo público autónomo y no en el Código Penal del Estado, contribuye a que los actos de tortura que se perpetran en Guerrero no sean investigados ni sancionados de forma adecuada”.

La organización internacional Human Rights Watch, por su parte, constató que no se ha iniciado ninguna investigación por los últimos seis años, a pesar de que el Ombudsman estatal recibió 52 denuncias de tortura, 41 de tratos crueles e inhumanos y degradantes y 275 denuncias por lesiones físicas contra las fuerzas de seguridad. “Ello repercute en la impunidad, porque no ha sido ninguna averiguación previa por el delito de tortura en el estado de Guerrero ni tampoco ha sido dictada una sola sentencia condenatoria por el delito de tortura en la entidad”, sostuvieron.

La tipificación de la tortura en Guerrero se encuentra prevista en la Ley que crea la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CODDEHUM) y establece el Procedimiento en Materia de Desaparición Involuntaria de Personas.

Bonfilio Rubio Villegas, asesinado el 20 de junio de 2009, por militares en el retén sobre la carretera que comunica municipios de Tlapa y Huamuxtitlán Foto: sipse

La ejecución de Bonfilio Rubio Villegas

La revisión sobre la gravedad de estas violaciones de derechos humanos también se realizó a nivel federal. Aquí se destacó el caso de Bonfilio Rubio Villegas, originario náhuatl de La Montaña de Guerrero, quien fue ejecutado por militares el 20 de junio de 2009. Las organizaciones participantes en la revisión del caso lo señalaron como “otro de los pendientes del Estado mexicano que se encuentra en el acotamiento al fuero militar" por lo que ha sido llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Hasta ahora -se explicó- si bien no se han logrado los fallos necesarios para generar jurisprudencia de la SCJN, en las discusiones se han establecido principios relevantes en relación a la restricción de la jurisdicción militar.”

El caso de Villegas se puso de ejemplo para su estudio, porque en agosto de 2012, el pleno de la SCJN declaró por una votación mayoritaria de 8 en el amparo en revisión 133/2012, promovido por los familiares de la víctima, la inconstitucionalidad del artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar, a la luz del artículo 13 constitucional, y 2o y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Para la organización Tlachinollan, el estado mexicano no se encuentra en condiciones de informar objetivamente que se ha reformado el Código de Justicia Militar para garantizar que ningún caso de tortura o tratos crueles, inhumanos y/o degradantes sean investigados o juzgados en instancias castrenses. Enfatiza que "es muy grave el incumplimiento del estado a sus obligaciones internacionales asumidas en diversos tratados internacionales de derechos humanos y derivadas de cuatro sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos", se concluyó.

Por Sergio Ferrer

losangelespress.org

La justicia en México es una utopía: Alejandro Solalinde

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“La paz es un término muy cortito, pero que debe incluir a todas las personas, todas las aspiraciones para una vida digna”, aseveró el padre Alejandro Solalinde en su participación en la mesa de trabajo de Diálogos por la Paz de la campaña  “Corazón Azul” que se realiza en la ciudad de Puebla.

Este jueves dio inicio  dicho encuentro que el gobierno del estado ha promocionado y que coincide con los 10 días por la paz, iniciativa que desde la semana pasada inició a nivel nacional por varios grupos de activistas.

Corazón Azul, proyecto impulsado desde la ONU a nivel mundial, es una campaña enfocada al combate al problema de la trata de personas. México se ubica en el quinto lugar “al amasar sumas espeluznantes de 35 millones de dólares anuales, y en el que Puebla se encuentra como uno de los focos rojos, junto con Tlaxcala, Veracruz, Chiapas y Oaxaca”, señala la página oficial de esta campaña.

En la primera mesa de trabajo participaron Dolores González Saravia, coordinadora de formación y análisis de Servicios y Asesoría para la Paz A.C., así como Gabriela Warkentin, académica del Departamento de Comunicación de la Ibero Santa Fe, y el padre Alejandro Solalinde, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur.

Foto: Xavier Rosas.

Los tres ponentes coincidieron en que el estado mexicano se ha visto rebasado en las capacidades que pude y debe tener para la ciudadanía, así como en el caso del trato a los inmigrantes centroamericanos.

En palabras de González Saravia: “nuestros marcos legales e institucionales deben adaptarse a una problemática frente a la que hoy no tienen respuesta (…) el marco legal actual no es suficiente”.

Por su parte, la catedrática de la Ibero Santa Fe consideró que es necesario entender que la comunicación contribuye a la paz, por lo que es imperante construir una agenda mediática que logre la integración de las diferentes voces y formas de pensar.

Alejandro Solalinde abundó en el tema de las Centros de Readaptación Social (Ceresos) en México: “las cárceles actualmente son boutiques para la comercialización de todo tipo de personas”, aseveró.

Y agregó: “la justicia en México es una utopía (…) lo único que se está haciendo es añejar el crimen organizado en las cárceles. Es el pinche dinero lo único que les interesa (…) ahora no importa si eres rico, si eres pobre, sólo somos mercancía. Todos tenemos un precio, de cualquier manera todos podemos ser secuestrados. La justicia es una demanda, un anhelo al que todos debemos insistir”.

Cabe señalar que en los últimos seis años “más de 700 presos han escapado de cárceles en varias ciudades, muchos vinculados con la delincuencia organizada. La mayoría de las fugas han ocurrido en zonas con presencia del cartel de Los Zetas, uno de los más peligrosos de la región, según autoridades mexicanas”, dio a conocer el martes pasado Vanguardia.

Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha advertido que en las prisiones de Ciudad de México, por poner un ejemplo, el verdadero control lo tienen los internos que han formado una especie de “autogobierno”. Sin embargo, esta no es sólo una realidad focalizada en el país, ya que en la misma situación se encuentran al menos la mitad de las cárceles del país, especialmente las ubicadas en zonas que disputan los carteles de narcotráfico, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

A su consideración en necesario generar “una nueva visión” para poder solucionar los problemas de violencia e injusticia que en México existen: “ si no hay una democratización de los medios, siempre van a estar diciéndonos cómo tenemos que ver, pero también no sólo eso, sino la democratización política que se está condicionando a un modo de ver las cosas”.

Y es que de los casos de violación a los derechos humanos de los inmigrantes en el país, el 98 por ciento de los casos se encuentran impunes, aseveró el padre Alejandro Solalinde.

Cabe señalar que de acuerdo con la CNDH y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, los municipios poblanos de Lara Grajales, Palmar de Bravo y Acatzingo, siguen siendo focos amarillos, lugares de riesgo para indocumentados centroamericanos, tanto por la violación de sus derechos por policías locales o el propio INM, o por bandas del crimen organizado.

Asimismo, Amnistía Internacional (AI) ha señalado reiteradamente que “los migrantes irregulares que atraviesan México se ven condenados a una vida marginal, vulnerables a la explotación de las bandas delictivas y los funcionarios corruptos, e ignorados en gran medida por las autoridades que deberían protegerlos de los abusos contra los derechos humanos”.

“Este martes agentes del Instituto Naciones De Migración ( INM ) y la Policía Federal realizaron operativos violentos en contra de migrantes en el tramo La Palma – Tenosique. Este jueves los migrantes están llegando al albergue “ La 72 “  que dirige Fray Tomas Gonzales Castillo, presentando  fracturas y cortadas en sus extremidades. Asimismo, algunos de ellos llegaron descalzos  y con los pies lastimados debido a la persecución que los agentes emprendieron  en contra de ellos.

“Los migrantes fueron perseguidos en las zona de las vías en la ciudad de Tenosique. Pobladores  de la comunidad de La Palma reportaron que los agentes de estas coorporaciones los persiguieron y que los inmigrantes se vieron obligados a saltar desde un puente al rio de la comunidad poniendo en peligro sus vidas”, informó Rubén Figueroa, defensor de Derechos Humanos de los Inmigrantes Centroamericanos.

En la fase de preguntas y respuestas de los asistentes, la activista y defensora de Derechos Humanos de los Migrantes, Elvira Arellano, señaló que las autoridades mexicanas no reconocen el grave problema en el que se encuentra, al asegurar que el Estado “no acepta que hay secuestros, no acepta que a los migrantes se les está balaceando, no acepta que a las mujeres se les está violando. Seis mujeres de cada 10 están siendo violadas en nuestro país, principalmente en Tapachula Chiapas, que se ha convertido en un paraíso sexual. Realmente está ocurriendo un desastre humanitario en nuestro país y el gobierno no ha querido reconocer lo que está ocurriendo”

Foto: Xavier Rosas.

Y recordó un caso particular de violación de derechos humanos en la entidad: “nosotros como defensores hemos sido amenazados. Nuestro compañero Irineo Mújica en Puebla, por venir documentando las presiones del INM fue detenido, fue golpeado, y se tuvo que poner en una huelga de hambre para que le hicieran caso y reconocieran que le habían quitado más de 10 mil pesos que traía, que le habían quitado su celular y que le habían quitado las memorias de las fotografías donde él había documentado todas esas agresiones contra los migrantes”.

Al término de la participación de los asistentes, el padre Alejandro Solalinde dio un mensaje final: “pudiera parecer, después de todo lo que dijimos, que las cosas están del cocol. Y sí están, es imposible negarlo, estamos mal. Pero saben qué, aún es tiempo, no está todo perdido. Hay mucho trabajo, eso sí”, indicó.

Por Xavier Rosas

@wachangel

Denuncian expulsión masiva de bachilleres de la BUAP por reprobar matemáticas

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Injusta Expulsión masiva de jóvenes estudiantes de la Preparatoria Emiliano Zapata de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Enviar sus comunicaciones a: enrique.aguera@correo.buap.mx, enrique.aguera@correo.buap.mx, oacnudh@ohchr.org, cidhdenuncias@oas.org, appeals@fidh-omct.org

Dr. Roberto Enrique Agüera Ibáñez Mtro. José Alfonso Esparza Ortiz
Rector de la BUAP Secretario General de la BUAP

Javier Esteban Hernández Valencia Emilio Álvarez Icaza
Representante en México de la Oficina Secretario Ejecutivo de la CIDH
de la Alta Comisionada de la ONU

Souhayr Belhassen
Presidente de la FIDH

Expediente: 23/PEZBUAP-Pue
Puebla, México, a 12 de septiembre de 2012

La Red de Defensa de los Derechos Humanos con domicilio para recibir información en Avenida Reforma 1516, despacho 4, Centro Histórico de Puebla, y correo electrónicocontacto@reddh.org, reddh.mex@gmail.com y numero celular 044 22 21 27 68 39, solicita su intervención urgente ante la injusta expulsión masiva de jóvenes estudiantes de la Preparatoria Emiliano Zapata de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

HECHOS:

De acuerdo con información del joven estudiante Eduardo Villaraldo Jiménez (víctima de expuslsión), integrante de la Unión Por la Organización Estudiantil-Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (UPOE-FNLS), el día 30 de agosto del año en curso aproximadamente a las 10:00 am, un grupo de más de 60 alumnos de la Preparatoria Emiliano Zapata de la BUAP fueron reunidos en la calle frente a la puerta principal de las instalaciones de la Preparatoria por la Lic. Guillermina Pérez López, Directora de la institución, para informarles que estaban dados de baja por no aprobar la materia de Matemáticas II, en el segundo examen extraordinario.

Es importante señalar que a esta reunión acudieron padres de familia, mismo que fueron corridos de manera prepotente.

ANTECEDENTES:

En el año escolar 2011-2012, la Dirección de la Preparatoria Emiliano Zapata a través de la Academia de Matemáticas, cambió al menos en 4 ocasiones al profesor que impartía la materia de Matemáticas en dos grupos, provocando el incumplimiento del programa de estudios, cambios en las metodologías de enseñanza que en ocasiones se contraponían, es decir los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje fueron deficientes, incompletos e irregulares.

Los exámenes extraordinarios que se aplicaron fueron calificados con resultados no aprobatorios, utilizando métodos poco claros y dudosos en la evaluación. Por lo que los estudiantes solicitaron la revisión de los mismos, sin embargo se les negó este derecho por indicaciones de la Academia de Matemáticas y Dirección, por lo cual los preparatorianos se negaron a firmar dichas evaluaciones.

El mismo jueves 30 de agosto alrededor de las 4pm los estudiantes solicitaron en Rectoría una entrevista. Fueron atendidos por el Lic. Federico Limón Serrano, mismo que les dijo que se aplicaría un examen a los estudiantes presentes. Sin embargo, la directora de la Preparatoria se negó a realizar el examen justificando que ya habían realizado Consejo de Unidad Académica para avalar la expulsión.

Cabe destacar que por comentarios de los propios Consejeros de Unidad Académica, los estudiantes se enteraron que la mayoría del Consejo no avaló la expulsión.

El 31 de agosto el Mtro. Rafael Torres Rocha contactó a los estudiantes para buscar una solución. En la reunión que tuvieron con dicho funcionario, este se comprometió a hablar con el Dr. Enrique Agüera para que conociera el conflicto de manera directa y que además les propondría una solución.

El lunes 3 de septiembre buscaron al Mtro. Rafael Torres para saber la respuesta, comentándoles que aún no tenía información.

El jueves 6 los estudiantes trataron de tomar clases, sin embargo fueron sacados de las instalaciones de la Preparatoria de manera prepotente por parte de la Directora.

Este mismo día los preparatorianos acudieron a Defensoría de Derechos Universitarios a interponer queja por los hechos referidos, sin embargo les dijeron que no les podían tomar la queja, que de hecho una de las hijas de los funcionarios de esa dependencia ya había sido expulsada y enviada a escuela particular.

El viernes 7 entregaron oficios en Rectoría para solicitar una entrevista con el Rector Dr. Enrique Agüera. A lo que respondieron con una cita con el Mtro. Jorge Luis Lima Villegas, sin que exista solución hasta el momento. Solamente han ofrecido becas al 50% en preparatorias particulares incorporadas a la BUAP.

Como Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH) vemos con preocupación que los hechos descritos con anterioridad contrastan con la información vertida en el pasado informe de labores del Dr. Enrique Agüera Ibáñez, en la que se señala que el nivel medio superior de la BUAP es reconocido por su alto nivel académico. Por lo que negar a jóvenes estudiantes preparatorianos el derecho a la educación contraviene los más elementales derechos constitucionales y humanos de nuestra Carta Magna, así como también de los Pactos y Tratados Internacionales firmados y ratificados por el gobierno mexicano, más aún cuando el estudiante Eduardo Villaraldo Jiménez tiene un promedio de 9, además de haber participado como articulista en revistas digitales culturales.

Por lo anteriormente mencionado, la Red de Defensa de los Derechos Humanos, solicita:

I. El reingreso a sus estudios de educación media superior de Eduardo Villaraldo Jiménez, a efecto de no perder el derecho a merito académico que otorga la propia BUAP, así como de todos los jóvenes expulsados de la Preparatoria Emiliano Zapata de la BUAP.

II. Garantizar la integridad académica, física, psicológica y moral de Eduardo Villaraldo Jiménez a efecto de no perder el derecho a merito académico que otorga la propia BUAP, así como de todos los jóvenes expulsados de la Preparatoria Emiliano Zapata de la BUAP.

III. Que la BUAP garantice la recuperación del periodo 2011-2012 en Matemáticas y 2012-2013 perdido por la mala planeación académico-administrativa de la Dirección y la Academia de Matemáticas de la Preparatoria Emiliano Zapata, a efecto de no perder el derecho a merito académico que otorga la propia institución.

IV. Que al término del semestre recuperado, sean docentes de la Facultad de Físico-Matemáticas de la BUAP quienes evalúen la acreditación del joven estudiante Eduardo Villaraldo Jiménez, a efecto de que sea una evaluación imparcial y no pierda el derecho a merito académico que otorga la propia BUAP

V. Con base en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos realizar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial de los hechos antes narrados a efecto de que se sancione administrativa y/o penalmente a quien resulte responsable de la expulsión masiva de jóvenes estudiantes de la Preparatoria Emiliano Zapata de la BUAP.

Atentamente

Israel Sampedro Morales

Dignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa de los Derechos Humanos
REDDH

Dr. Roberto Enrique Agüera Ibáñez
Rector de la BUAP
Calle 4 Sur 104 Altos,
Col. Centro. Edif. Carolino
Teléfono: 229 55 00 Extensión: 5011
Correo electrónico: enrique.aguera@correo.buap.mx

Mtro. José Alfonso Esparza Ortíz
Secretario General de la BUAP
4 Sur 104-Altos,
Col. Centro. Edif. Carolino
Teléfono: 229 55 00 Extensión: 5023
Correo electrónico: alfonso.esparza@correo.buap.mx

Javier Esteban Hernández Valencia
Representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU
Alejandro Dumas No 165
Col. Polanco. Del. Miguel Hidalgo,
C.P 11560, México D.F.,
Tel: (52-55) 5061-6350, Fax: (52-55) 5061-6358
oacnudh@ohchr.org

Emilio Álvarez Icaza
Secretario Ejecutivo de la CIDH
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1889 F Street NW
Washington, D.C., 20006
Estados Unidos
Teléfono: 1 (202) 458 6002
Fax: 1 (202) 458 3992 / 6215
Correo electrónico: cidhdenuncias@oas.org

Souhayr Belhassen
Presidente de la FIDH
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Calderón y Ebrard: exilios

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En el sálvese quien pueda del final del sexenio, Felipe Calderón vomitó ayer hasta el último de los autoelegios que se le ocurrieron para convencernos de que su “gobierno” (?) fue el más glorioso de todos los tiempos. Sin mencionar ni pedir perdón a las decenas de miles de personas que por el sometimiento de Los Pinos a los intereses militares estratégicos de Estados Unidos fueron secuestradas, torturadas y asesinadas de la manera más espantosa –decapitadas, mutiladas de brazos y piernas, despojadas de la piel con alcohol y sábanas en llamas, colgadas de los puentes, desfiguradas a palos, a tubazos, a martillazos, o incluso enterradas vivas-- no escatimó flores para las fuerzas del orden que exacerbaron la matanza y nada más le faltó declarar héroe nacional a García Luna.

Calderón se va dentro de 86 días y la Corte Penal Internacional de La Haya no se ha pronunciado acerca de las gravísimas denuncias que ante esa instancia fueron presentadas contra él, por crímenes de lesa humanidad y genocidio. La pregunta que genera toneladas de morbo acerca de su futuro inmediato es: ¿dónde va a esconderse? No sólo de los jueces de La Haya, sino de tantos y tantos que lo odia y le desean lo peor de lo peor.

Otro que se va de México, según se supo ayer, es Marcelo Ebrard. Presidirá en la ONU la Comisión de Ciudades Seguras, con lo que a partir de 2013, probablemente, si ustedes viajan a Londres, Washington, Berlín, Rio de Janeiro, Nairobi, Moscú o Maputo y encuentran calles cerradas intempestivamente y sin explicación alguna, ello se deberá a que el “güerito adorado” de Elba Esther Gordillo desquiciará el tráfico a escala planetaria.

Quien ha de sentirse regocijado frente a tal noticia debe ser Miguel Angel Mancera, el nuevo jefe del Gobierno del Distrito Federal, que podrá irse quitando los candados que Ebrard le puso para que nomás haga como que manda pero en realidad lo obedezca. Pero si Mancera estará feliz con la noticia, ésta sin duda acabó de enloquecer a la rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, doña (Elba) Esther Orozco, que se encuentra al borde del desempleo.

Contra todos los pronósticos, la rectora no acudió ayer a la mesa de diálogo al que la citaron sus estudiantes en el plantel del Centro Histórico, para volver a decirle que no desocuparán el plantel de la colonia del Valle, ni las oficinas de la Rectoría que dentro de ese edificio se localizan, si no se instala el Consejo Universitario con todos sus integrantes, incluyendo a aquellos que en las elecciones de agosto ganaron legalmente y conformaron una mayoría adversa a ella, pero fueron desconocidos con marrullerías para que una falsa mayoría de la mitad más uno le permitiera seguir dominando el máximo órgano de gobierno de la institución.

En reveladora evidencia de su estado de ánimo y de sus intenciones malignas, la malvada señora huyó el fin de semana a Chihuahua, su ciudad natal, y desde ahí instruyó a sus abogados para que interpusieran denuncias penales (ojo: pe-na-les) en contra de los profesores que según ella “azuzan” a los muchachos. Su medida fue tan astuta que ayer por la tarde, mientras la mesa de diálogo se desarrollaba en el plantel del Centro Histórico, el de San Lorenzo Tezonco, el más grande y concurrido de la UACM, también fue tomado por los opositores y entró en huelga general indefinida, con una sola demanda: que se instale el Consejo Universitario tal como fue electo.

La batalla contra Orozco proseguirá el jueves, cuando la mesa de diálogo se abra de nuevo para recibirla y escucharla. Mientras tanto, los grupos porriles que organizó en el plantel de Cuautepec amenazaban anoche con golpear a los antiorozquistas y escalar aun más un conflicto en el que la protegida de Ebrard y Gordillo pierde terreno y poder cada día que pasa.

Atento a los preparativos para la gran concentración del próximo domingo en el Zócalo con AMLO y a los procesos de discusión y análisis que se están dando en #YoSoy132, Morena y otras agrupaciones políticas, hoy también estaré en Twitter, en la cuenta @Desfiladero132, por si ocupan.


Por Jaime Avilés

fuentesfidedignas.com.mx

Septiembre 4 de 2012

Exigen padres de Guardería ABC a la ONU retirar premio a México

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Padres de los 49 niños fallecidos y de los más de 70 que sufrieron diferentes tipos de lesiones por el incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio del 2009, exigen a la Organización de las Naciones Unidas cancelar el premio que pretende otorgar al gobierno de México por su Programa de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras.

El pasado 10 de mayo, el presidente, Felipe Calderón, celebró que la ONU haya otorgado el segundo lugar del “Premio al Servicio Público” al Gobierno de México, por el Programa de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras, cuya entrega será el próximo 27 de junio en Nueva York.

“Si Felipe Calderón tiene los mínimos valores de un ser humano, respeto a los derechos humanos y a los derechos de los niños, que renuncie a ese premio”, exigió José Francisco García, padre del niño Andrés Alonso, quien falleció a los 3 años en el incendio de la guardería ABC.

“Este premio es una burla”, dijo José Francisco García. Él y su esposa Patricia Duarte, en representación de los padres de los niños afectados por el incendio, acudieron este miércoles a las oficinas de la Unicef y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la ciudad de México, donde entregaron una documento en el que exigen a la ONU cancelar el reconocimiento al gobierno mexicano.

“Solicitamos que la ONU investigue y se informe sobre el crimen en la guardería ABC, cuyo proceso penal, a casi tres años, continúa abierto”, señala el documento, acompañado por la firma de los 49 padres de los niños fallecidos, de los 70 de niños lesionados, así como por diversas organizaciones civiles.

Los padres también solicitaron que la ONU envíe una comisión de los derechos de los niños para que investigue sobre el estado en que se encuentran las estancias infantiles en México, “ya que estas continúan siendo un riesgo latente hacia la niñez mexicana”.

Con información de NTX

En México la violencia por delincuencia organizada desplazó en el 2011 a 160 mil habitantes

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En México la violencia de los cárteles de la droga que se disputan territorios provocó que en 2011 alrededor de 160 mil personas la mayoría en siete estados del país fueran desplazadas de sus lugares de origen; sólo en Ciudad Juárez, Chihuahua, se estima que en lo que va del año 24 mil 500 personas han abandonado sus hogares, de acuerdo con el informe que dio a conocer Antonio Guterres, Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Expertos en seguridad y derechos humanos, indicaron que este diagnóstico es la evidencia de la incapacidad del Estado mexicano para impedir que el crimen organizado controle territorios y para proteger a comunidades enteras, y ante la cifra de desplazados el problema adquiere visos de crisis humanitaria.

Así coincidieron Jorge Chabat, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Javier Oliva Posadas, coordinador del diplomado de Seguridad Nacional de la UNAM, y Arturo Arango Durán experto en estadísticas de la consultora Seguridad Pública en México, quienes señalaron que el desplazamiento es un costo más de la lucha contra el narcotráfico, sin que el gobierno tenga una estrategia para enfrentar el fenómeno.

El informe avalado por ACNUR fue elaborado por el Consejo Noruego de Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés). Revela que durante 2011, en México alrededor de 160 mil personas fueron forzadas a desplazarse dentro del territorio nacional, como consecuencia de la violencia provocada por los grupos del crimen organizado que se disputan el control de territorios para sus actividades criminales.

Se detalla que Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Michoacán y Guerrero, son los estados que concentran el mayor número de desplazados. Un fenómeno que no cesa, ya que en lo que va de 2012, en Ciudad Juárez, Chihuahua se estima que alrededor de 24 mil 500 personas dejaron sus hogares.

Frente a este escenario Antonio Gutiérrez recordó que radica en los gobiernos la responsabilidad de la proteger a los desplazados internos.

El informe establece que a pesar de que el gobierno mexicano se ha estado enfrentando a un conflicto interno contra los cárteles de la droga, en los últimos cinco años, todavía no ha reconocido la existencia del desplazamiento asociado a esta violencia. Agrega que a pesar de que la estrategia militar del gobierno para combatir a los cárteles ha conducido a un aumento de la violencia, no incluye un plan para abordar las consecuencias de su intervención, incluyendo el desplazamiento.

No existe ningún mecanismo para vigilar o informar sobre desplazamientos, garantizar la protección física y jurídica de la propiedad que abandonan los desplazados internos, o proporcionarles apoyo para integrarse en el lugar de desplazamiento o en cualquier otro lugar del país.

El gobierno tampoco ha procurado el apoyo de los organismos internacionales, como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), para establecer una respuesta que concuerde con la normativa internacional, señala textualmente el documento.

Ante las cifras reveladas por ACNUR sobre los desplazados en México, el investigador Jorge Chabat sostuvo que es una tragedia que enfrentan miles de ciudadanos, ante la incapacidad del Estado por contener a estas organizaciones criminales, impedir que se apoderen de territorios. No es una cuestión de números, cuando se habla de una tragedia humanitaria es un costo muy alto el que se ha pagado en esta estrategia de seguridad del gobierno.

Consideró que los gobiernos federales y locales no han puesto la debida atención ante este fenómeno, para amortiguar la condición que enfrentan estas personas que lo dejan todo ante el miedo de perder la vida.

El analista Arturo Arango uno de los expertos que elaboró la estadística del gobierno federal sobre homicidios por rivalidad delincuencial destacó que frente a esa crisis humanitaria, no existe un diagnóstico del gobierno mexicano que permita cifrar el número de víctimas desplazadas, tasar sus pérdidas, el impacto económico en las regiones, dónde hay comunidades enteras abandonadas, el tema no es de ahora, lo advertimos desde hace por lo menos tres años, pero ninguna autoridad lo enfrentó y la situación que inició en Ciudad Juárez se multiplicó.

Oliva Posadas apuntó que los desplazados además de ser un efecto colateral más de esta errática estrategia de seguridad, son muestra de la incapacidad del Estado de controlar territorio en el país.

Fuente: ACNUR

México debe actuar con urgencia ante aumento en violencia de género: ONU

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En México, a pesar de los avances para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, es necesario acelerar el cumplimiento de esta norma para que la violencia hacia este sector de la población disminuya, según afirmó Ana Güezmes, representante de la ONU para la Mujer.

La funcionaria del organismo internacional dijo que todavía es preocupante que en el país, siete de cada diez mujeres reporten haber sufrido alguna forma de violencia a lo largo de su vida y que según del Inmujeres 34 mil mujeres han sido asesinadas en los últimos 25 años con presunción de feminicidio.

El subsecretario de asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de Gobernación, Max Diener Sala, coincidió en que en los últimos años ha habido una mejora importante en prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en el marco institucional; sin embargo, que el estado mexicano haya pedido perdón a la indígena Inés Fernández es un caso que debe hacer reflexionar al país sobre el tema.

El progreso de la obesidad en México es atribuido al TLCAN

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El relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, atribuyó hoy al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente desde 1994, buena parte del rápido progreso del sobrepeso y la obesidad en México, según agencia Efe.

“México enfrenta una situación muy grave en este sentido. Un 70 por ciento de los adultos padece sobrepeso u obesidad (35 millones). Ese impacto se está sintiendo ahora mismo”, dijo hoy en videoconferencia desde Ginebra el belga Olivier De Schutter.

“Hemos visto desde la conclusión del TLCAN que la inversión de las empresas de agroalimentación de ESTADOS UNIDOS en México han aumentado entre 5-10 por ciento por año. El resultado de esto, en parte, es que el consumo de Coca-Cola, por ejemplo, por niños mexicanos, se ha duplicado entre 1992 y 2002″, afirmó.
Este patrón nutricional no es exclusivo de México, sino “resultado de una transición en la dieta que es característica de las economías emergentes”, añadió el experto.

Señaló que lo que está sucediendo es que la fruta y las verduras producidas en México “son exportadas a mercados de alto valor (…) y los mexicanos consumen dietas menos nutritivas y que se hacen de alimentos procesados con algo contenido en grasas saturadas, sal y azúcar”.

Esta situación ha hecho que aumente la incidencia de enfermedades crónicas como la diabetes y las cardiovasculares, o el cáncer.

El relator de la ONU recomendó para tratar de revertir esta situación, a la que llamó la “cocalización de las dietas”, “reconstruir los sistemas de alimentación locales conectando a productores y consumidores urbanos”.

Ello conllevaría un aumento de ingresos para los pequeños agricultores, y un mejor “acceso a comidas frescas” para los mexicanos que habitan las ciudades.
“Creo que México tiene políticas tremendamente efectivas cuando se trata de apoyar a los grandes agricultores para que produzcan a precios competitivos para los mercados mayores, pero creo que se debe poner más énfasis en los pequeños productores, especialmente dándoles más acceso a los mercados”, agregó.

De Schutter presentó hoy en Ginebra (Suiza) ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe sobre el derecho a la alimentación en México basado en la misión que realizó a este país del 13 al 20 de junio de 2011.

En su análisis reconoció que ha habido progresos en cuanto al respeto al derecho a la alimentación en México, reconocido en la Constitución desde 2011, pero señaló que aún queda un largo camino por recorrer para darle efectivo cumplimiento.

En este país desde 2010 la Ley General de Salud señala que una alimentación equilibrada y baja en grasas y azúcar es importante, refiere el informe, que indica que hay “una conciencia cada vez mayor de la situación de emergencia en México con respecto al sobrepeso y la obesidad”.